Adelina Sangabriel Espinoza

Expediente 289/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
289/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Adelina Sangabriel Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    ... transcurrió el término... para interponer recurso de queja contra el proveído en que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la promovente haya hecho uso de ese derecho... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO... archívese este asunto como concluido...

  2. Principal

    ... promueve juicio de amparo... regístrese el juicio de amparo con el número 289/2021... se concluye respetuosamente que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los treinta días al en que entró en vigor el Decreto 588 que abrogó la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; ello es así, pues la parte promovente debió combatir dicho decreto a partir del treinta de septiembre de dos mil veinte, fecha en la que entró en vigor. Máxime que incluso si se tomara como fecha de conocimiento del acto reclamado, aquella que refiere la parte quejosa (enero de dos mil veintiuno), la demanda sería extemporánea en exceso... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se faculta como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a... asimismo, se autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a... por no contar con dicho registro... Se exhorta a la parte quejosa a que haga uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, previa promoción, puedan consultar el expediente electrónico, presentar promociones y notificarse vía electrónica en este asunto... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos del Gobernador del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número 289/2021 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Asimismo, el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé que el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, salvo en los siguientes casos: I. Treinta días cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. II. Ocho años cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. III. Siete años cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. IV. Cualquier tiempo cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, se destaca que el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé que los plazos previstos en el artículo 17 de dicha ley se computarán a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme con la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor; hipótesis legales que resultan excluyentes entre sí y carecen de prelación, por lo que la actualización de una hipótesis impide que opere alguna otra y no es necesario que se siga el orden en que fueron previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al analizar su actualización. En ese sentido, en el caso de que se impugnen leyes generales debe distinguirse, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, lo que implica que debe atenderse al momento en que se ocasiona a la persona gobernada un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo que conlleva también a determinar cuándo y de qué término dispone la persona gobernada para ejercer la acción constitucional. De los artículos citados se advierte que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante juicio de amparo en distintos momentos, según la naturaleza de la propia norma, es decir, por su sola entrada en vigencia (autoaplicativas), o bien, con motivo de un acto posterior de aplicación o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). El primer caso concierne a las denominadas disposiciones generales autoaplicativas, que son las que producen efectos jurídicos frente a quienes están destinadas por sí mismas, sin requerir un acto de aplicación, es decir, esas normas generales, al iniciar su vigencia, imponen deberes jurídicos a las persona particulares; de ahí que, si los supuestos contenidos en las hipótesis normativas se actualizan automáticamente sin que sea necesario un acto de aplicación, procederá en su contra el juicio de amparo de inmediato dentro del plazo concedido (treinta días a partir de su inicio de vigencia). Así, basta con que la persona gobernada se encuentre ubicada en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico, que por su sola expedición le obliguen a hacer, dejar de hacer o dar y provoquen la afectación de su esfera jurídica sin ningún acto para que esté en aptitud de ejercer la acción de amparo dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. El segundo supuesto corresponde a las normas generales heteroaplicativas, que son aquellas que, por sí solas, cuando se inicia su vigencia, no afectan la esfera de las personas gobernadas, sino que es necesaria la aplicación de la norma jurídica mediante un acto posterior. HECHOS En el caso, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La abrogación de la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por otra parte, resulta un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno Estado de Veracruz, el decreto 588 de treinta de julio de dos mil veinte, que en lo conducente establece lo siguiente: "Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed: Que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto para su promulgación y publicación: (.). LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 18 FRACCIÓN I Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 77 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE: D E C R E T O Número 588 (.). Artículo Único. Se abroga la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de fecha 14 de febrero de 2015. T R A N S I T O R I O S Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado." Asimismo, se toma en cuenta que la parte quejosa refirió que tuvo conocimiento del acto reclamado en enero de dos mil veintiuno. Por otra parte, del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, se advierte que la demanda de amparo fue recibida el ocho de abril de dos mil veintiuno. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los treinta días al en que entró en vigor el Decreto 588 que abrogó la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; ello es así, pues la parte promovente debió combatir dicho decreto a partir del treinta de septiembre de dos mil veinte, fecha en la que entró en vigor. Máxime que incluso si se tomara como fecha de conocimiento del acto reclamado, aquella que refiere la parte quejosa (enero de dos mil veintiuno), la demanda sería extemporánea en exceso. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "Época: Novena Época Registro: 196391 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 26/98 Página: 461 LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** debido a que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a ***, por no contar con dicho registro. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se exhorta a la parte quejosa a que haga uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, previa promoción, puedan consultar el expediente electrónico, presentar promociones y notificarse vía electrónica en este asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primer Transitorio de la Ley de Amparo, así como en los "Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como al expediente electrónico". LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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