Adelina Sánchez Flores
Expediente 490/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 490/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Adelina Sánchez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el trece de octubre de dos mil veinte, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al archivo, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo dos mil veinte, por haberse sobreseído en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tlaxcala, el expediente remitido como apoyo a su informe justificado, así como el documento original relativo al oficio SP/DPSH-1158/2021. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da felomelí
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Apizaco, Tlaxcala, siendo las trece horas con diez minutos del trece de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 490/2021-III, promovido por Adelina Sánchez Flores; en audiencia pública de derecho, Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, la declara abierta con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante la secretaria Ciliany Álvarez Ayala, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, la Secretaria con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de amparo, escrito aclaratorio y anexos (fojas 2 a 42, 52 y 53); La legal vinculación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 101 y 102); El informe justificado que rindieron las autoridades responsables: Subdirector de Controversias y Acciones de Inconstitucionalidad Amparos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (fojas 69 a 71); Subdirector de Amparos y Representante Legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (fojas 75 y 76); Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Tlaxcala (fojas 77 a 84); Director General de Amparos Contra Actos Administrativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (fojas 111 a 134). Todo lo anterior consta en autos. Por otro lado, la secretaria CERTIFICA: 1. Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia, tanto de la Oficialía de Partes Común como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. 2. El presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables con sus informes justificados se encuentran completas, en orden cronológico, certificadas, selladas y foliadas. Doy fe. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos; y se declara abierto el periodo de pruebas. PERÍODO PROBATORIO Acto seguido, se abre el período de pruebas: en el cual la Secretaria da cuenta con las documentales que anexó la quejosa a su escrito de demanda, así como las que remitió la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Tlaxcala, como apoyo a su informe justificado, las cuales obran en autos (fojas 39 a 42 y 85 a 95) y en un tomo por separado (fojas 96 y 97). El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, dada su propia y especial naturaleza; sin más pruebas por recibir, se cierra el período de pruebas. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que la Secretaria hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Al no existir más alegatos por relacionar, se cierra la fase respectiva. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia, quedando el asunto en estado de dictar la sentencia que en derecho corresponda. S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 490/2021-III, promovido por Adelina Sánchez Flores; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Por escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado en esa misma data a este órgano jurisdiccional, Adelina Sánchez Flores, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: ". III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (.). La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos (.). La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos (.). Subdelegado de Prestaciones Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por sus siglas ISSSTE en el Estado de Tlaxcala (.). V. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. DEL C. PRESIDENTE CONSTITUICONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: EL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA UNIDAD MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2016; Y DE MANERA PARTICULAR EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN III DE DICHO DECRETO, aplicada tácitamente al quejoso. (.) DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN: LA APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN: LA APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Del Subdelegado de Prestaciones Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 1. La EMISIÓN del acuerdo SP/DPSH-1158/2021 de fecha 03 de mayo de 2021, con motivo DEL PRIMER ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, resultado de inconformidad del suscrito quejoso mediante el escrito de fecha 08 de abril de 2021, dirigido al Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en la Delegación del Estado de Tlaxcala, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el suscrito en mi calidad de jubilado y pensionado por viudez, donde solicité a dicha autoridad: (.) 2. La restricción del otorgamiento mi (sic) pensión por jubilación, en los mismos términos en los que fue concedida, afectando mi esfera jurídica, soslayando y desconociendo las aportaciones realizadas al fondo de pensiones, realizadas de forma ininterrumpida cotizadas en las Dependencias al régimen de Ley del ISSSTE, en razón de que, se advierte que los peticionarios de amparo accedieron a los beneficios pensionarios cuando aún estaba vigente la Ley del citado instituto publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, documentales a las que solicito previamente se les conceda valor probatorio pleno. 3.Los pagos que me corresponde a mi beneficio pensionario conforme a los incrementos que sufre el salario el salario mínimo, ya que la responsable pretende equiparar la Unidad de Medida y Actualización con el salario mínimo por lo que disminuye el monto que nos debe pagar, bajo el argumento de que nos ajustan nuestra pensión de jubilación con base a la Unidad de Medida de Actualización (UMA) el cual es de $86.34 pesos para el ejercicio 2020 siendo que en dicho ejercicio el salario mínimo general es de $123.21 pesos, por lo que claramente existe una disminución en nuestro pago de pensión por jubilación que en derecho nos corresponde, aclarando si es bien cierto (sic) la responsable manifiesta que nuestras pensiones, no están afectadas porque no existe la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización al señalar que no rebasan las diez UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo cierto es que dicha situación fue la que originó la presente litis, ya que al observar el quejoso que los incrementos en proporción a los incrementos que se otorgaron a las pensiones son con base a las Unidades de Medida y Actualización y no en salarios mínimos, existe una afectación a nuestra esfera jurídica de derechos, ya que como lo alude la responsable nuestras pensiones fueron concedidas con sustento en el artículo 64, el cual determina que para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión en los términos de los artículos 60, 63, 67, 76 y demás relativos de esta ley, se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador o de su fallecimiento, siendo entonces que el quejoso coticé en salarios mínimos y mi pensión fue pagada de origen en dicha proporción. Por lo expuesto la EMISIÓN de la resolución emitida por el oficio SP/DPSH-1158/2021 de fecha 03 de mayo de 2021, así como el AJUSTE Y DISMINUCIÓN efectuado en perjuicio del monto de mi pensión por, que me fue asignada con el número de pensión: 822389, afecta mi esfera jurídica y mi derecho adquirido, afectando el artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del ISSSTE vigente y trasgrediendo el principio de progresividad de los Derechos Humanos, ya que el hecho que la responsable incremente con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor INPC, este incremento es referente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin que pase desapercibido que si también es cierto el INPC era referente al salario mínimo este dejó de serlo al momento de la desindexación de este, para que la economía familiar creciera y no disminuye el poder adquisitivo.". SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 123 Aparatado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno (previa prevención) este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de mérito, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previos diferimientos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito Mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que se trata de un juicio de amparo de naturaleza administrativa, en el que se reclama un ordenamiento federal con motivo de su primer acto de aplicación, cuya ejecución se lleva a cabo en la misma en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, así como a las constancias integrantes del presente juicio de amparo y del juicio natural -remitidas en fotocopia certificada por la autoridad responsable, las que constituyen documento público por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que la parte quejosa reclama: Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, dentro del ámbito de sus atribuciones respectivas: La aprobación, expedición y promulgación de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de diciembre de dos mil dieciséis; particularmente respecto de su artículo 2, fracción III. Del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Tlaxcala: La emisión del acuerdo contenido en el oficio SP/DPSH-1158/2021, de tres de mayo de dos mil veintiuno, con motivo del primer acto concreto de aplicación, esto es, como precepto heteroaplicativo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y al Presidente de la República, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización; pues así lo reconocieron dichas autoridades al rendir sus informes justificados respectivos (fojas 69 a 71, 75 y 111 a 134); por tanto, se tienen como ciertos sin prueba en contrario. Máxime que, respecto de los actos pertenecientes al proceso de creación del ordenamiento legal impugnado, esa certeza les es implícita conforme al principio jurídico que establece que las leyes no son objeto de prueba, plasmado en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260 del Tomo XII, correspondiente a Agosto de 2000, Novena Época, el Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por otra parte, también es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del ISSSTE, en Tlaxcala, consistente en la emisión del acuerdo contenido en el oficio SP/DPSH-1158/2021, de tres de mayo de dos mil veintiuno, pues si bien al rendir su informe justificado, negó su existencia (fojas 77 a 84); lo cierto es que dicha negativa la hizo derivar de que, en el acto aludido, no realizó acto de aplicación alguno de la ley reclamada. Sin embargo, tal consideración pone de manifiesto la existencia del oficio SP/DPSH-1158/2021, de tres de mayo de dos mil veintiuno, que constituye propiamente el acto reclamado, razón por la cual dicho acto debe tenerse por cierto; máxime que su existencia se corrobora con el original del oficio en comento, que anexó la parte quejosa a su demanda de amparo (fojas 41 y 42), el cual cuenta con valor probatorio pleno. CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En ese orden, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En el caso concreto, el oficio SP/DPSH-1158/2021, que constituye el primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, se notificó a la parte quejosa el diecinueve de mayo dos mil veintiuno (fojas 13 y 35 del tomo de pruebas), por lo que dicha notificación surtió efectos el mismo día, por tanto el plazo de quince días transcurrió del veinte de mayo al nueve de junio de dos mil veintiuno, previo descuento de los días inhábiles por disposición expresa del artículo 19 de la Ley de Amparo, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: MAYO 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 17 18 19 Notificación del acto reclamado 20 Día 1 21 Día 2 22 Día inhábil 23 Día inhábil 24 Día 3 25 Día 4 26 Día 5 27 Día 6 28 Día 7 29 Día inhábil 30 Día inhábil 31 Día 8 JUNIO 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día 9 2 Día 10 3 Día 11 4 Día 12 5 Día inhábil 6 Día inhábil 7 Día 13 8 Día 14 Presentó demanda 9 Día 15 10 11 12 13 En consecuencia, es evidente que la promoción del amparo estuvo en tiempo, pues se hizo el ocho de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, según se advierte de la papeleta respectiva, siendo remitida el mismo día a este juzgado, por cuestión de turno. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como, la Jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Improcedencia respecto de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización Respecto de la norma calificada de inconstitucional, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, de donde se advierten las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra normas generales. Así, para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, debe atenderse al momento en que la disposición cuestionada ocasiona a la persona un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo que igualmente conlleva a determinar cuándo y de qué término dispone la parte agraviada para ejercer la acción constitucional. Al respecto, lo que permite efectuar la distinción de las normas para efectos de su impugnación, es el concepto de individualización, ya que constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o condicionada. Así, cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general: 1. Son consustanciales a la disposición legal desde que entran en vigor. 2. Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. 3. Nacen con ella misma. 4. No se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador: 1. Requieren la realización de algún acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede ser de la autoridad o del particular, para situarlo en la hipótesis legal (condición). 2. No surgen de manera automática con la sola entrada en vigor, sino que requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. 3. Se hallan sometidos a la realización o aplicación jurídica o material de la norma en un caso concreto. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 55/97, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 198200 de rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Asimismo, de los preceptos legales invocados, disponen que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos de autoridad que no afecten el interés jurídico de la parte quejosa, es decir, aquellos que no producen una afectación real y actual en su esfera normativa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación ante el ordenamiento legal. Lo anterior pone de manifiesto que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado por la norma jurídica, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga a la persona que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que el derecho protegido por la ley, no le sea violado o para que le sea reparado. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, número de registro 170500 y de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.", estableció que para la procedencia del juicio constitucional, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio real y actual a la persona física o moral que se estime afectada; además, indicó que tales transgresiones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca del acto que se combate es lo que determina tal agravio, sin que pueda hablarse entonces de perjuicio, cuando los daños que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De lo anterior, se desprende la existencia del denominado principio de agravio personal y directo que rige el juicio de amparo, el cual establece que la persona que solicite la protección constitucional tiene que haber resentido una afectación real y actual en su esfera jurídica, derivada del acto que reclama, lo cual significa, que dicho perjuicio presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por un ordenamiento legal objetivo, mismo que al ser transgredido por la actuación de la autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar que los efectos de esa afectación cesen y así restituirle en el goce de sus prerrogativas fundamentales vulneradas. En sentido inverso, los preceptos legales de referencia, indican que cuando el juicio se promueve por quien no sufre una afectación directa, real y actual, el procedimiento se torna improcedente, por no existir un agravio en la esfera jurídica de quien insta la acción constitucional. Por tanto, resulta imprescindible que la parte quejosa acredite fehacientemente que el acto de autoridad que reclama vulnera de forma real, actual o inminente, algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, para tener por acreditado el interés jurídico suficiente para accionar el juicio amparo, pues el procedimiento constitucional para la protección de los derechos fundamentales de las personas, se encuentra únicamente reservado a quien resiente ese tipo de perjuicio con motivo de un acto de autoridad, con la finalidad de ser restituido en el pleno goce de su prerrogativa infringida. En ese sentido, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de diciembre de dos mil dieciséis, que se tilda de inconstitucional establece lo siguiente: "Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer el método de cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para determinar el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización. Artículo 2. Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entenderá por: I. Índice Nacional de Precios al Consumidor: El que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía conforme a lo previsto en el artículo 59, fracción III, inciso a de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; II. INEGI: Al Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y III. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. Artículo 3. Las obligaciones y supuestos denominados en UMA se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. Artículo 4. El valor actualizado de la UMA se calculará y determinará anualmente por el INEGI, de conformidad con el siguiente método: I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la UMA del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la UMA por 30.4. III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la UMA por 12. Artículo 5. El INEGI publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA y entrarán en vigor dichos valores el 1o. de febrero de dicho año." De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: El objeto de la ley es establecer el método de cálculo para determinar el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización; Las obligaciones y supuestos denominados en UMA se solventarán en su equivalente en moneda nacional a la fecha correspondiente. El método a utilizar por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a fin de determinar el valor mensual y anual del UMA; y El reseñado instituto deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA dentro de los primeros diez días del mes de enero. Ahora, en el caso, la parte quejosa reclama el artículo 2, fracción III, de la ley en comento, con motivo el primer acto de aplicación, consistente en la emisión del oficio SP/DPSH-1158/2021, de tres de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Subdelegado de Prestaciones responsable; sin embargo, del análisis de su contenido, se advierte que no existió aplicación del precepto legal reclamado, ni de porción normativa alguna de dicho cuerpo normativo. En efecto, la misiva en comento, en lo conducente, es del tenor siguiente: "(.) En principio es conveniente señalar algunos antecedentes sobre la pensión que ostenta: De conformidad con los datos asentados en la concesión de pensión tenemos que, usted goza de pensión de jubilación a partir del 01 de enero de 2007, en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 01 de enero de 2002, con una cuota diaria inicial determinada en $228.90 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 90/100 M.N.), traduciéndose en la cantidad de $6,867.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.M), que después de la aplicación de los incrementos conforme al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 01 de enero de 2002 antes citada, a la fecha asciende a la cantidad de $432.03 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.); misma que elevada al mes asciende a $12,960.90 (DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 90/100 N.M.); dicha cantidad de multiplicar la cuota diaria por 30 días del mes. En ese sentido tenemos que usted goza de una pensión por jubilación equivalente a $12,960.90 (DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 90/100 N.M.) mensuales. En términos de lo antes expuestos se corrobora que a la fecha del otorgamiento de pensión, esto es el 01 de enero de 2007 el artículo aplicable respecto a los incrementos pensionarios es el 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 01 de enero de 2002. De lo anterior se desprende que la norma vigente al momento del otorgamiento de su pensión no contempla el incremento conforme al aumento del salario mínimo, por tanto, resulta improcedente aplicar a su pensión un sistema distinto al que tiene derecho conforme a la legislación con la que se otorgó la pensión que ostenta." De la reproducción del oficio reclamado, se observa que la autoridad responsable en ningún momento fundamentó su determinación en algún precepto legal contenido en la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización; sino al contrario, explícitamente señaló que el artículo aplicable respecto a los incrementos pensionarios es el 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del uno de enero de dos mil dos. Tampoco se advierte que se haya aplicado de manera implícita alguno de los artículos de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización transcritos, pues al explicar a la parte quejosa cuál fue la cuota diaria de su pensión inicialmente determinada, así como su actualización y el monto total mensual de la misma, no hizo referencia a las UMAS, ni a su equivalente en moneda nacional. En contraste, señaló que conforme a la fecha de otorgamiento de su pensión -uno de enero de dos mil siete-, el artículo aplicable a sus incrementos pensionarios es el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del uno de enero de dos mil dos, el cual no contempla el incremento conforme al aumento del salario mínimo, de lo que concluyó que resulta improcedente aplicar a su pensión un sistema distinto al que tiene derecho conforme a la legislación con la que se otorgó la pensión que ostenta. En consecuencia, la legislación que califica de inconstitucional la peticionaria del amparo, no le fue aplicada en el oficio que reclama, por lo que debe concluirse que la misma no causa una afectación a su esfera jurídica real, actual y directo a la parte quejosa, para estimar que le genera una afectación en su esfera jurídica y estimar la procedencia del juicio de amparo en que se actúa respecto del precepto legal materia de reclamación. Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, acorde a lo previsto en el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia. En razón de lo anterior, resulta innecesario realizar el estudio de las diversas causas de improcedencia hechas valer por el Presidente de la República respecto del ordenamiento jurídico cuestionado. Improcedencia respecto del oficio SP/DPSH-1158/2021, de tres de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Subdelegado de Prestaciones del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo contenido en el oficio SP/DPSH-1158/2021, de tres de mayo de dos mil veintiuno, atribuido al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del ISSSTE en Tlaxcala, al no haberse acreditado el acto de aplicación de la norma general reclamada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte accionante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, es decir, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que a través de dicho medio ordinario de impugnación se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto combatido en cita. En relación con ello, conviene precisar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Del citado artículo se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos fundamentales de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquéllas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Así las cosas, el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)" En ese contexto, este juzgado estima que el acto reclamado consistente en la emisión del acuerdo contenido en el oficio SP/DPSH-1158/2021, de tres de mayo de dos mil veintiuno, previamente a impugnarlo en la presente instancia constitucional, debió combatirse a través del juicio de nulidad en términos del citado artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Se estima lo anterior, en virtud de que el ordenamiento en estudio, en su artículo 3, precisa las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos de los que conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre los cuales, establece como resoluciones definitivas aquéllas que: 1) no admiten recurso administrativo en su contra y 2) admiten recurso administrativo pero su interposición es opcional. Además, en el supuesto normativo expresado en su fracción VII señala que el juicio contencioso administrativo federal procede contra resoluciones o actos dictados en materia de pensiones civiles a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En esas condiciones, si se toma en consideración que los actos reclamados se hacen consistir en la actualización en Unidad de Medida de Actualización, de la pensión otorgada a la parte quejosa por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resulta claro que el juicio de nulidad es procedente en contra de dicha determinación, pues se trata de una resolución emitida por una autoridad de la administración pública federal en materia de pensiones civiles. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 111/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 326, Tomo XXII, Septiembre de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." También, resulta aplicable la Jurisprudencia número XX.1o. J/67, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la Página 1724, Libro XXV, Mayo de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y SUS PENSIONADOS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y NO A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE RECLAME EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES JUBILATORIAS Y EL PAGO DE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES A DICHO AUMENTO POR TRATARSE DE UNA RELACIÓN DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y NO LABORAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). Del análisis lógico y sistemático de los artículos 1o., fracción I, 3o., fracción V, 4o., 48, 51, párrafos antepenúltimo y último, 60, 73, 74, 150, fracciones II y VI y 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, y 1o., 2o., fracción II, 5o., 6o., 23 y 25 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del propio instituto, se advierte que al citado organismo por sí o por medio de los diversos órganos que lo integran y que jerárquicamente dependen de él, compete resolver las solicitudes planteadas respecto de las pensiones que otorga, lo cual denota que la situación que éste guarda con los pensionados es de supra a subordinación, porque constituye una relación de carácter administrativo y no laboral, con independencia de que las pensiones tengan como fuente una relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia u organismo en los cuales laboró. En este sentido, en términos de la fracción VI del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que esencialmente le atribuye competencia a ese órgano para conocer y resolver los asuntos que sean de naturaleza administrativa, como las resoluciones emitidas en materia de pensiones civiles con cargo al referido instituto, resulta claro que las determinaciones relacionadas con las solicitudes de incremento de pensiones jubilatorias y el pago de diferencias correspondientes a dicho aumento, planteadas en términos del artículo 57 del ordenamiento citado en primer término, deben ser impugnadas a través del juicio contencioso administrativo y no ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque las pensiones las otorga el aludido instituto con cargo a su presupuesto, de acuerdo con los artículos 178, 181, 182 y 184 de la legislación que lo rige; sin que obste a lo anterior que el pensionado no precise en la demanda la existencia de una resolución definitiva, ni haga referencia a que existe alguna solicitud que pudiera configurar una negativa ficta, porque ello en modo alguno constriñe al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a soslayar la observancia de las normas contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para emitir la determinación que corresponda, porque para fijar la competencia material de un órgano jurisdiccional no debe estarse a la forma en que se ejercitó la acción, sino a la sustancia de la cuestión sometida a la litis pues, en todo caso, ello únicamente debe considerarse para establecer la procedencia o improcedencia del propio juicio, en términos de la fracción XI del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo." Al respecto, tal como se refirió en párrafos que anteceden, al estar en presencia de actos de naturaleza positivos, es dable concluir que la actualización de la pensión por jubilación, se encuentra comprendida en la hipótesis prevista en el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en razón de que, como se expuso, se trata de un acto que se estima irregular en relación con el otorgamiento de pensiones, y por tanto, la parte quejosa debió impugnarlo a través del juicio de nulidad a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En el entendido que no se surte la diversa excepción prevista en la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo que se analiza, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación, puesto que atendiendo a la naturaleza de los actos que aquí se combaten, resulta evidente que se emitieron atendiendo al contenido a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Estatuto Orgánico de dicho Instituto y al Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales del referido Instituto. De ese modo, cabe precisar que la excepción al principio definitividad que se estudia, atiende a que debe otorgarse certeza jurídica a los gobernados respecto a que tengan conocimiento real del fundamento de los actos de autoridad, y como consecuencia, del medio de impugnación procedente para su defensa, lo que en el presente caso se encuentra colmado, en tanto que desde que se concede una pensión a los derechohabientes del sistema de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, se contempla lo establecido en el precepto citado en el párrafo que antecede, como incluso se corrobora del contenido del escrito inicial de demanda, por lo que en caso de inconformidad con su concesión, negación, suspensión, revocación, modificación o reducción, es dable agotar los medios de defensa ordinarios, como en el caso acontece con el juicio contencioso administrativo federal, en el cual se debe cumplir con los mandatos constitucionales en materia de impartición de justicia y protección de derechos fundamentales. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia número 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Tomo X, Octubre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Además, tampoco se hacen valer exclusivamente violaciones directas a la Carta Magna, dado a que es necesario destacar que el tópico atinente a que a la quejosa le corresponde una actualización a su pensión por jubilación, constituye un tema de legalidad, ya que el Juzgador deberá confrontar los documentos referentes a la concesión de pensión, con la legislación aplicable, a saber, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y su Estatuto Orgánico, a efecto de verificar si la pensión de que goza el promovente se encuentra otorgada correctamente; es decir, se trata de verificar la aplicación de leyes en un acto concreto de autoridad. Bajo tales premisas, se tiene que si en el concepto de violación que se propuso en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa señala que la autoridad responsable dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se abstuvo de otorgarle una actualización en salarios mínimos a su pensión por jubilación que percibe; es inconcuso que al analizar la legalidad del acto reclamado en la demanda de amparo, únicamente se verificará cuáles son los conceptos que dispone la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado y demás ordenamientos secundarios, que deben ser tomados en consideración a fin de determinar si el beneficio pensionario que le fue otorgado se encuentra correctamente actualizado, sin que ello implique confrontar el acto reclamado directamente con la Constitución. En apoyo, sirve citar la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Atento a lo anterior, se considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que se impone decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo con relación al acto reclamado antes destacado, conforme al artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Similar criterio sostuvo este Juzgado de Distrito al resolver los juicios de amparo: a) 1161/2018 y 1162/2018, determinaciones que fueron confirmadas por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante ejecutorias de dos de diciembre de dos mil diecinueve y dieciséis de enero de dos mil veinte, en los cuadernos auxiliares 911/2018 y 1003/2019, derivados de los cuadernos de amparo en revisión 239/2019 y 236/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. b) 1163/2018 y 1164/2018, determinaciones confirmadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito mediante ejecutorias de doce de noviembre de dos mil veinte y veintitrés de julio de dos mil veinte, en los cuadernos de amparo en revisión 15/2020 y 258/2019, de su índice. En consecuencia, como lo dispone la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo promovido contra la emisión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se expide la ley para determinar el valor de la unidad medida y actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, de manera particular el artículo 2, fracción III de dicho decreto; mismos que atribuyó a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Presidente de la República; reclamado con motivo de su primer acto de aplicación. Derivado de lo anterior, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto de aplicación consistente en el oficio SP/DPSH-1158/2021, de tres de mayo de dos mil veintiuno, atribuido al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del ISSSTE en Tlaxcala, pues al no haberse acreditado el acto de aplicación de la norma general reclamada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte accionante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, es decir, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que a través de dicho medio ordinario de impugnación se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto combatido en cita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 75 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 490/2021-III, promovido por Adelina Sánchez Flores, contra los actos y autoridades responsables en términos del considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.*
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado, rendido por la autoridad responsable Director General de amparos Contra Actos Administrativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Director General de Amparos Contra Actos Administrativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado. Prueba Asimismo, téngase como prueba de la autoridad oficiante la documental que anexa, misma que será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Vista a las partes Con el contenido del informe de cuenta y anexo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la autoridad responsable a las personas que indica y por lo que respecta al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígase que en términos del artículo 28, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica en el domicilio de su oficina principal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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