Adelina Nuñez Cruz
Expediente 631/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Adelina Nuñez Cruz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de la cual se advierte que no se interpuso el recurso de QUEJA previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Nueva Ley de Amparo, en contra del auto de tres de agosto de dos mil dieciocho, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo solicitada, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado. Por tanto, al resultar innecesaria la retención de la documental que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda; con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. En último orden, respecto de las copias del escrito de demanda, al resultar innecesario su agregado al sumario en que se actúa, procédase a su destrucción.
- Principal
Al no atender el aviso de la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintiuno de agosto actual, que en lo conducente dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de la cual se advierte que no se interpuso el recurso de QUEJA previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Nueva Ley de Amparo, en contra del auto de tres de agosto de dos mil dieciocho, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo solicitada, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado. Por tanto, al resultar innecesaria la retención de la documental que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda; con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. En último orden, respecto de las copias del escrito de demanda, al resultar innecesario su agregado al sumario en que se actúa, procédase a su destrucción.
- Principal
Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra el acto que reclama del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Altar, Sonora, Juzgado Civil Especializado en Materia Familiar y Actuario adscrito a la Central de Actuarios, los dos últimos del Partido Judicial de Apaseo el Grande, Guanajuato; que estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 631/2018-I.1, anótese su ingreso en el Libro de Control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias correspondientes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Por tanto, una vez analizada la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa, se acuerda lo siguiente: El suscrito Juez Federal, estima que la demanda de amparo en análisis, debe ser desechada de plano por su notoria e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, la cual es de estudio preferente, oficioso y de orden público, al efecto, dicho numeral señala: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, los diversos numerales 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, del cuerpo de leyes invocado son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, del escrito de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que la solicitante del amparo señala como autoridades responsables al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Altar, Sonora, Juzgado Civil Especializado en Materia Familiar y Actuario adscrito a la Central de Actuarios, los dos últimos del Partido Judicial de Apaseo el Grande, Guanajuato; de quienes reclama el acto que describe de la forma siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO: La violación a mis derechos humanos de legalidad, consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, que se traduce en la orden dada por parte de las autoridades responsables citadas donde ejecutaron y me emplazaron con el carácter de demandada, como si la suscrita fuese a quien intentan localizar; dentro del expediente, Juicio Sumario Civil sobre perdida de la patria potestad número ***, que se tramita ante el Juez de primera instancia de lo Civil, del Distrito Judicial de Altar, Sonora, y que sin embargo no se trata de la misma persona. Como antecedentes del acto reclamado, se desprende que la promovente ***, aduce tener su domicilio en la ciudad de Apaseo el Grande, donde vive son su esposo y sus tres hijos. Refiere que el diez de julio de dos mil dieciocho, fue emplazada como parte demandada al Juicio Sumario Civil sobre perdida de la patria potestad número ***, que se tramita ante el Juez de primera instancia de lo Civil, del Distrito Judicial de Altar, Sonora, con relación al menor de edad de nombre ***. Indica BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que ella NO es la madre biológica de ese menor de edad, de ahí que, la persona que efectivamente es demandada en aquel procedimiento, probablemente es su homónima, por guardar identidad su nombre; desconociendo por tanto quién es efectivamente la madre biológica de tal menor; de ahí que a ella no le recae el carácter de demandada en aquel procedimiento de pérdida de la patria potestad. Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contario sensu, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que el emplazamiento practicado como parte demandada al Juicio Sumario Civil sobre perdida de la patria potestad número 1434/2017, que se tramita ante el Juez de primera instancia de lo Civil, del Distrito Judicial de Altar, Sonora, con relación al menor de edad de nombre Juan Ismael Núñez Cruz; no es de aquellos actos que la ley de la materia considera como de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Ello es así, porque por acto de imposible reparación, debe entenderse aquel cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que emanan, aunque se obtenga resolución favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, ya sea durante el trámite; o bien, al momento de resolverse el expediente de origen. Empero, cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por estos actos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto Constitucional a través de los llamados derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable en el juicio; en tanto que, los derechos adjetivos son aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de violación que atente contra los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), no procederá el amparo biinstancial por tratarse de un acto que no conlleva una imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dicho de otro modo, la ejecución irreparable se presenta para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado que no pueden ser convalidados o reparados a través de la obtención de una resolución favorable; por consecuencia, si el acto que se reclama no atenta contra tales derechos sustantivos, sino contra derechos adjetivos o procesales, los cuales sí pueden ser reparados o convalidados, ello se traduce en que la promoción del amparo biinstancial sea improcedente. Expuesto lo anterior, la demanda de amparo promovida por ***, resulta improcedente porque el emplazamiento practicado como parte demandada al Juicio Sumario Civil sobre perdida de la patria potestad número ***, que se tramita ante el Juez de primera instancia de lo Civil, del Distrito Judicial de Altar, Sonora, con relación al menor de edad de nombre ***; no es de aquellos actos que la ley clasifique como de los que vulneran los principios fundamentales del peticionario de amparo, por no estar en presencia de actos dentro de juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, en la especie, el acto reclamado no implica una violación de imposible reparación porque no afecta por sí solo y en forma inmediata los derechos fundamentales de la parte solicitante del amparo; esto es, la determinación que se reclama es un acto que en todo caso solo produce efectos de carácter intraprocesal, al no dejarlo sin defensa, coartarle o negarle derecho alguno dentro de ese proceso penal, puesto que no se le priva de asistir a las siguientes etapas del Juicio, en su caso, derivado de la etapa en que se encuentre, comparecer al mismo y oponer las excepciones pertinentes, en su caso ofertar los medios de prueba adecuados y acreditar que ello NO ES LA MADRE BIOLÓGICA del menor Juan Ismael Núñez Cruz; sino que se trata de una homónima, al guardar identidad en los nombres; por lo que NO le coarta oportunidad alguna o determina a que el dictado de la sentencia respectiva, lo sea imponiéndole carga alguna. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, página 291, del tenor literal siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." La causal de improcedencia abordada se materializa en la especie, aunado a que, de ser el caso, de conformidad con lo que establecen los artículos 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, la parte promovente podrá reclamar en Amparo Directo como violación procesal, el acto de emplazamiento que ahora combate. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***. En la inteligencia de que la Tesis invocada es aplicable de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada ley. Por otra parte, por ser innecesario se agreguen al expediente, las copias del escrito de demanda, guárdense por separado. Igual suerte corren las documentales que adjuntó la promovente a su escrito de demanda, las cuales al ser innecesario sean agregadas al presente, se ordenan dejar a su disposición por separado en la Secretaría de este Juzgado Federal. En otro orden, téngase como autorizados a los licenciados ***, en amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los autorice a ejercer la profesión de abogado, en cumplimiento al Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente en términos restrigidos del indicado numeral a la diversa profesionista ***, por así señalarlo expresamente la promovente y como domicilio para tal fin, el ubicado en calle ***, colonia *** de esta ciudad. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se DESECHA DE PLANO por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el presente proveído.
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