Adelina Monserrat Martínez Doroteo y Otros.

Expediente 1246/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1246/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Adelina Monserrat Martínez Doroteo y Otros.

Actuaciones

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura de incidente. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con copia fotostática simple de la demanda de amparo tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 980/2023 promovido por ********************y********************, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca y otras autoridades. Informe previo. Con fundamento en lo previsto por los artículos 138, fracción III y ********************0 de la Ley de Amparo pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les deberá acompañar copia de la demanda de amparo. Se autoriza al (a) actuario (a) de la adscripción para que la solicitud de informe previo sea entregada al correo electrónico oficial de cada autoridad, misma que deberá ser corroborada por el fedatario por cualquier medio, levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Se les hace saber a las autoridades responsables que la no rendición del informe previo se sanciona con multa en términos de lo dispuesto por el arábigo 260, fracción I, de la Ley de Amparo y esa misma omisión permite tener por cierto el acto reclamado, según lo previsto por el numeral ********************2 de la citada ley reglamentaria. Audiencia incidental. Para la celebración de la audiencia incidental, se señalan las once horas con cinco minutos del uno de diciembre de dos mil veintitrés. Suspensión provisional. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre la suspensión provisional del acto reclamado, es conveniente establecer que de la interpretación armónica de la fracción I, del artículo 128, en relación con el 138, ambos de la Ley de Amparo, la medida cautelar procede a petición de parte, y el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre ella, en los términos y para los efectos que lo solicite la parte quejosa. En ese tenor, debe precisarse, que los quejosos ********************y******************** señalan como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Juez de Control del Circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. Presidente Municipal de San Juan Guelavía, distrito judicial de Tlacolula, Oaxaca. Síndico Municipal de San Juan Guelavía, distrito judicial de Tlacolula, Oaxaca. Comandante de la policía Municipal de San Juan Guelavía, distrito judicial de Tlacolula, Oaxaca. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones. Órdenes verbales o escritas de aprehensión y/o comparecencia. Orden verbal o escrita de privarlos del uso del local número ********************ubicado en el interior del mercado Municipal de San Juan Guelavía, distrito judicial de Tlacolula, Oaxaca. La parte quejosa solicita la medida cautelar de manera genérica, por lo que al efecto se provee: Estudio de la suspensión provisional respecto de la orden verbal o escrita de privarlos del uso del local número ********************ubicado en el interior del ********************, distrito judicial de Tlacolula, Oaxaca. Los quejosos refieren que se desempeñan como comerciantes en un local del mercado municipal de San Juan Guelavía, distrito judicial de Tlacolula, Oaxaca, identificado con el número catorce (********************). Así, acuden a sede Constitucional y solicitan la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que se no se les prive del uso del citado local. En ese contexto, el suscrito considera que debe negarse la suspensión provisional de los actos reclamados con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 128 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, debido a que los inconformes no aportaron documento idóneo con el que acrediten al menos de modo presuntivo que son propietarios del local que refieren o cuentan con un derecho adquirido. Fortalece lo expuesto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de contenido: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA. Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario debe concluirse que no surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues, en primer lugar, no se tiene la certeza de quien solicita la suspensión sea 'agraviado'; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación. Así como la Jurisprudencia 2a./J. 15/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1578, Décima Época, con registro digital: 2003168, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL INMINENTE DESALOJO, DESTRUCCIÓN O CLAUSURA DE LOCALES COMERCIALES FIJOS O SEMIFIJOS, SI EL INTERESADO NO ACREDITA CONTAR CON LA CÉDULA DE EMPADRONAMIENTO VIGENTE. De los artículos 3o., fracciones II a IV, y 26 a 31 del Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, deriva que el derecho a ejercer el comercio está condicionado a que el interesado cuente con la cédula de empadronamiento vigente, pues de no contar con dicha cédula se ubica en una situación irregular contraria al referido artículo 31, al ser un requisito indispensable para que tenga derecho a ejercerlo; por tanto, cuando el quejoso no acredite contar con la cédula de empadronamiento vigente, resulta improcedente conceder la suspensión contra el inminente desalojo, destrucción o clausura del local comercial fijo o semifijo, al carecer del derecho cuya preservación pretende obtener, ya que su otorgamiento permitiría el desarrollo de un giro comercial aun a sabiendas de que el titular del establecimiento en el cual se presta ese servicio no cumple con el aludido requisito.". Así, de conceder la medida cautelar provisional sin que los promoventes acrediten al menos de modo indiciario la titularidad de los derechos sustantivos de propiedad y posesión que defienden se constituiría una prerrogativa no acreditada a su favor, lo que se opondría al interés social, que está por encima del interés personal del solicitante del amparo. Estudio de la medida cautelar solicitada respecto de la orden de aprehensión reclamada al Juez de Control. La Ley de Amparo establece en su artículo 166 que cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, el órgano de control constitucional debe estarse a lo siguiente: "[.] I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128". Como puede verificarse, el legislador establece qué efectos debe darse a la suspensión en tratándose de orden de aprehensión o reaprehensión o medida cautelar que implique privación de la libertad, como es el caso. Sin embargo, en este momento no existen mayores elementos que permitan identificar cuáles de las hipótesis descritas en el numeral 166 de la ley de la materia se actualizan; empero, para no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo, la medida se concede de forma genérica para los siguientes efectos: a) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el ordinal 19 constitucional, el efecto será únicamente para que quede a disposición de este Juzgado de Distrito en lo que se refiera a su libertad, en el lugar en el que sea recluida, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. b) En cambio, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la quejoso no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que se especificarán más adelante, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en el caso de que no obtenga la protección de la Justicia Federal. Estudio de la medida cautelar solicitada respecto de la orden de comparecencia. Por lo que hace a la orden de, comparecencia que los disidentes reprochan a la autoridad judicial ordenadora y su ejecución material por parte de las restantes, debido a que concurren los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues, aun cuando se refiere a casos en los que no se pretende privar de la libertad personal, constituyen un acto que puede causar daños y perjuicios de difícil reparación, ya que su ejecución implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal, aunque en menor grado que la orden de aprehensión. Con fundamento en los artículos 125 y 139 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional se concede para el efecto de que los quejosos queden a disposición del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se les instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público, por lo cual los quejosos deberán proceder de la siguiente manera: a) Los quejosos deberán comparecer personalmente ante la autoridad judicial, dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquel en que se reciba el informe previo del juez que acepte la existencia del acto, lo que deberá acreditar ante este juzgado, dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia. b) También deberán presentarse ante la autoridad responsable ordenadora cuantas veces sean citados y en caso de inasistencia, la referida autoridad deberá informarlo a este Juzgado de Distrito para que revoque la concesión de la suspensión decretada. c) Deberán señalar domicilio ante la autoridad ordenadora a fin de que se les realicen todas las notificaciones correspondientes y citaciones. Apoya lo expuesto la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 430, Materia Penal, Novena Época, registro digital 172458, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE COMPARECENCIA. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS, 130, 136 Y 138 DE LA LEY DE AMPARO. Contra la ejecución de una orden de comparecencia procede la suspensión provisional, aun cuando se trate de delitos de pena alternativa o que no ameriten pena privativa de la libertad, en virtud de que concurren los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues constituye un acto que puede causar daños y perjuicios de difícil reparación, ya que su ejecución implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal, aunque en menor grado que la orden de aprehensión. Así, conforme a los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de la materia, la suspensión que se conceda contra la ejecución de una orden de comparecencia será para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Además, para que no cesen los efectos de la suspensión concedida, el quejoso debe cumplir con los siguientes requisitos: a) en el plazo que establezca el juzgador de amparo que conozca del asunto, otorgar la garantía que éste decrete; b) comparecer ante el Juez de la causa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que concede la suspensión, para la continuación del procedimiento penal, conforme al artículo 138 de la Ley de la materia, lo que deberá acreditar ante el Juez de garantías dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia, mediante la constancia respectiva de la que se advierta el sello del juzgado responsable; c) presentarse ante el Juez de la causa cuantas veces sea citado, y en caso de inasistencia éste deberá informarlo al Juez de amparo para que revoque la concesión de la suspensión decretada y, d) señalar domicilio a fin de que puedan hacerle las notificaciones respectivas; asimismo, se le apercibirá que de no cumplir con los requisitos fijados en los aludidos incisos b) y c), se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal. Lo anterior, a fin de que el quejoso pueda ser devuelto al Juez responsable en caso de no obtener el amparo federal solicitado, y sin perjuicio de las que adicionalmente el juzgador estime imponer, acorde a las circunstancias del caso concreto y en uso de las amplias facultades que los señalados preceptos legales le conceden para decretar las medidas de aseguramiento pertinentes para prevenir que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia y evitar perjuicios a terceros y al interés social." Estudio de la medida cautelar solicitada respecto de la orden de aprehensión reclamada a autoridades administrativas. El suscrito considera que procede conceder la suspensión provisional solicitada, con fundamento en los artículos ********************7, 162 y 163 de la Ley de Amparo, para que las responsables se abstengan de privar a la quejosa de su libertad personal. Estudio de la medida cautelar solicitada respecto de la orden de aprehensión reclamada a autoridades administrativas. El suscrito considera que procede conceder la suspensión provisional solicitada, con fundamento en los artículos ********************7, 162 y 163 de la Ley de Amparo, para que las responsables se abstengan de privar a la quejosa de su libertad personal. Sustenta lo anterior el criterio corresponde a la jurisprudencia 1ª/J.66/2001 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, página 434, registro digital 188725, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales dichas autoridades pueden ordenar o proceder a la detención de una persona, mientras que aquellas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal y el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgador deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, el que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la ley de la materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aun cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continúe surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar una garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad." Estudio de la medida cautelar solicitada respecto de la orden de comparecencia atribuida a autoridad administrativa. Por lo que hace a la orden de comparecencia que la quejosa reclama a las autoridades ordenadoras y su ejecución material por parte de las restantes, debido a que concurren los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues, aun cuando se refiere a casos en los que no se pretende privar de la libertad personal, constituye un acto que puede causar daños y perjuicios de difícil reparación, ya que su ejecución implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal, aunque en menor grado que la orden de aprehensión. Apoya lo expuesto la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 430, Materia Penal, Novena Época, registro digital 172458, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE COMPARECENCIA. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS, 130, 136 Y 138 DE LA LEY DE AMPARO. Contra la ejecución de una orden de comparecencia procede la suspensión provisional, aun cuando se trate de delitos de pena alternativa o que no ameriten pena privativa de la libertad, en virtud de que concurren los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues constituye un acto que puede causar daños y perjuicios de difícil reparación, ya que su ejecución implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal, aunque en menor grado que la orden de aprehensión. Así, conforme a los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de la materia, la suspensión que se conceda contra la ejecución de una orden de comparecencia será para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Además, para que no cesen los efectos de la suspensión concedida, el quejoso debe cumplir con los siguientes requisitos: a) en el plazo que establezca el juzgador de amparo que conozca del asunto, otorgar la garantía que éste decrete; b) comparecer ante el Juez de la causa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que concede la suspensión, para la continuación del procedimiento penal, conforme al artículo 138 de la Ley de la materia, lo que deberá acreditar ante el Juez de garantías dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia, mediante la constancia respectiva de la que se advierta el sello del juzgado responsable; c) presentarse ante el Juez de la causa cuantas veces sea citado, y en caso de inasistencia éste deberá informarlo al Juez de amparo para que revoque la concesión de la suspensión decretada y, d) señalar domicilio a fin de que puedan hacerle las notificaciones respectivas; asimismo, se le apercibirá que de no cumplir con los requisitos fijados en los aludidos incisos b) y c), se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal. Lo anterior, a fin de que el quejoso pueda ser devuelto al Juez responsable en caso de no obtener el amparo federal solicitado, y sin perjuicio de las que adicionalmente el juzgador estime imponer, acorde a las circunstancias del caso concreto y en uso de las amplias facultades que los señalados preceptos legales le conceden para decretar las medidas de aseguramiento pertinentes para prevenir que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia y evitar perjuicios a terceros y al interés social." Con fundamento en los artículos 125 y 139 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional se concede para el efecto que la orden de comparecencia no se ejecute, siempre que ello no hubiere acontecido. Requisitos de eficacia. Esta suspensión que surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si no se cumple con las siguientes medidas de aseguramiento. i) Que la quejosa exhiba, a favor de este Juzgado dentro del plazo de cinco días, garantía económica por la suma de $4,000.00 (cuatro mil pesos, 00/100, moneda nacional), en cualquiera de las formas permitidas por la ley. En el entendido que dicha garantía se fija al arbitrio del suscrito, tomando como datos los siguientes: Que la quejosa señala como responsable ordenadora a 1 (una) autoridad judicial respecto de la que se fijan $2,000.00 (dos mil pesos, 00/100, moneda nacional) y dos autoridades administrativas ordenadoras de las que se fija $1,000.00 (mil pesos, 00/100, moneda nacional) por cada una . Que por el momento no se tiene conocimiento del delito o delitos por el que se libró la orden de captura. Que no existe constancia alguna sobre las características personales y la situación económica de la referida parte quejosa, por lo cual, ese dato no se puede tener en cuenta para fijar la garantía. Esta garantía se establece al ponderar el beneficio que se otorga con la presente medida cautelar y los datos anteriores, a efecto de evitar una conducta evasiva por parte de la quejosa en relación con el proceso que aparentemente se le sigue; además, tomando en cuenta el equilibrio entre la salvaguarda de la libertad personal, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del proceso penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. ii) Aunado a lo anterior, dentro del plazo de tres días, luego de que surta efectos la notificación de este acuerdo, la quejosa deberá presentarse ante la autoridad que designó como responsable judicial, para la continuación del procedimiento; con apercibimiento que de no hacerlo se hará efectiva la garantía pecuniaria en favor del Erario Federal y la suspensión aquí decretada será revocada. iii) También deberá presentarse ante la autoridad judicial ordenadora cuantas veces sea citado y en caso de inasistencia, la referida responsable deberá informarlo a este Juzgado de Distrito para que revoque la concesión de la suspensión decretada. iv). Que los quejosos ********************y******************** no se ausenten de esta ciudad. Lo anterior para que este Juzgado al momento de resolver la suspensión definitiva determine el monto de la garantía que corresponda. Una vez transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que exhiba la garantía, sin que esto suceda, ésta dejará de surtir sus efectos y se comunicará a las autoridades responsables, que quedan expeditas sus facultades para ejecutar la orden de captura combatida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, segundo párrafo y 150 de la Ley de Amparo. Requerimiento a las autoridades responsables: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo ********************0 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades para que en su informe previo precisen: 1. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso (aquí deberá expresarse el monto de la reparación del daño). 2. La situación económica del mismo; y, 3. La posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia (según las constancias o antecedentes del acto). Lo anterior para que este Juzgado al momento de resolver la suspensión definitiva determine el monto de la garantía que corresponda. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos a partir del dictado de este acuerdo y hasta que se notifique a las responsables la interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva. Expedición de copias. Expídase a la parte quejosa copia certificada de esta determinación, autorizando a las personas que señala en el escrito inicial para recibirla; lo anterior, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica para tal efecto. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************, quienes cuentan con cedula profesional ********************y********************, respectivamente, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho. Medios de comunicación. En cuanto a los números telefónicos y correo electrónico que proporciona, téngase su autorización para ser utilizados únicamente como medios de contacto, conforme a lo dispuesto por el numeral 2°, fracción XIX del Acuerdo General 13/2020 del Pleno de la Judicatura Federal y no como medio de notificación. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria (o) judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo señalada en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los arábigos 251, 252, 253, 254 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo y regístrese con el progresivo 1246/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes, y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Adelina Monserrat Martínez Doroteo, Micaela López García y Eric García Martínez, contra el acto reclamado al juez de control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca y otras autoridades. Incidente de suspensión. Con una copia simple de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión y fórmese únicamente un cuadernillo, de conformidad con el numeral 128 de la Ley de Amparo y con apoyo en el numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendir dentro del plazo de quince días. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que lo reclamado sea cierto, se sirvan remitir copias autorizadas, legibles y completas de las constancias y actuaciones que tomaron en consideración para emitirlo; apercibidas que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en caso de que no rinda su informe justificado. Así también, deberán informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra del acto aquí reclamado. Se autoriza al (a) actuario (a) de la adscripción para que la solicitud de informe justificado sea entregada al correo electrónico oficial de la responsable, la cual deberá ser corroborada por el fedatario por cualquier medio levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Notificación a las autoridades señaladas como responsables. En términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán mediante lista que publica este Juzgado. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo. Fecha de la audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro de enero dos mil veinticuatro para la celebración de la audiencia constitucional. Representante común. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Eric García Martínez, por así solicitarlo expresamente. Emplazamiento del representante social de la Federación. Se otorga al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda y de esta determinación. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica para tal efecto. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rosario Fabiola Morales Martínez y Crispín Grijalva Luis, quienes cuentan con cedula profesional 7467293 y 2917031, respectivamente, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho. Medios de comunicación. En cuanto a los números telefónicos y correo electrónico que proporciona, téngase su autorización para ser utilizados únicamente como medios de contacto, conforme a lo dispuesto por el numeral 2°, fracción XIX del Acuerdo General 13/2020 del Pleno de la Judicatura Federal y no como medio de notificación. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria (o) judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano