Adelina Mohedano Rocha

Expediente 553/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
553/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Adelina Mohedano Rocha

Actuaciones

  1. Principal

    X... Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído a través del cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada norma en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al capítulo cuarto, artículo 14 y capítulo octavo, artículo 21, inciso d), del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, se considera susceptible de destrucción....

  2. Principal

    X... Vista la demanda de amparo promovida por Adelina ..., por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla; regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número Cabe señalar que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables los siguientes actos: Los acuerdos dictados dentro del expediente laboral 55/2019, en fechas veintiocho de enero; diecinueve, veinte, veintiuno y veinticinco de abril, todos del año en curso, al señalar que los mismos fueron celebrados con violaciones, errores y omisiones al debido proceso, generando la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a éstos, en los que respectivamente la junta responsable admitió pruebas, desahogó confesionales y testimoniales. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu. El primero de los artículos citados, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte alguna disposición de la ley. Por otra parte, el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento dispone que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Es decir, el juicio de amparo procede únicamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que correspondan a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. Ahora, como ya se adelantó, la parte quejosa reclama los autos de veintiocho de enero; diecinueve, veinte, veintiuno y veinticinco de abril, todos del año en curso, dictados por Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla, así como por la Sala de la Secretaria General de Asuntos Colectivos y Huelgas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla; en el expediente laboral número 55/2019, del índice de la primera nombrada, autos en los que se admitieron y desahogaron pruebas. Por ende, dichas actuaciones no irrogan por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en su esfera jurídica, esto es, no afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que únicamente constituyen la admisión de pruebas y el desahogo tanto de confesionales como de testimoniales, lo que refleja una violación de tipo procesal que no genera una afectación a un derecho fundamental y por ende no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, con relación al diverso numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, pues la actuación combatida tiene efectos de carácter procesal. Además, cabe la posibilidad de que el laudo que posteriormente emita el la Junta responsable dentro del juicio del que deriva el reclamo, sea favorable a sus intereses, en cuyo caso lo que ahora estima le causa perjuicio quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica y, de modo contrario, estará en condiciones alegarlo como violación procesal a través del medio de impugnación que promueva contra el fallo definitivo. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en términos de lo que dispone el numeral 113, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO QUEJOSO Con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado. Por otra parte, no pasa inadvertido que se señala cuenta de correo electrónico y número telefónico para oír y recibir notificaciones; sin embargo, por sí solos, no están regulados en la Ley de Amparo como medio para ello; y conforme al artículo 3° de la citada legislación con relación a los diversos 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo- la posibilidad de presentar demandas, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas a través de los sistemas tecnológicos, está sujeta a que la persona interesada cuente con firma electrónica (FIREL) generada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación e informe el usuario ante el órgano Federal que se trámite el asunto de su interés. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene señalando dichos medios para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS Se autoriza a las personas que indica, en términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, pues al tratarse de un asunto en materia laboral promovido por la parte trabajadora, conforme a la primera parte del segundo párrafo, del citado numeral, aplicado a contrario sensu, no se requiere la acreditación para ejercer la profesión de licenciado en derecho. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.

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