Adelina Migueles Domínguez y Otros.
Expediente 730/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Síndico Municipal de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca
- Adelina Migueles Domínguez y Otros.
- Adelina Migueles Domínguez
- Carolina Migueles Domínguez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintiuno. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las quejosas Adelina Migueles Domínguez y Carolina Migueles Domínguez interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de octubre del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiesen hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las diversas partes procesales; pues, dado el sentido de la sentencia dictada (sobreseimiento), ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Efecto de providencias decretadas. Por lo anterior, se dejan sin efecto las providencias que se decretaron en favor de Adelina Migueles Domínguez y Carolina Migueles Domínguez, en auto de nueve de julio de del año en curso. 5. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Archivo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado a contrario sensu) y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 7. Destino. Tomando en consideración que en proveído de nueve de julio de este año se decretó, de oficio y de plano, la suspensión de los actos reclamados; con fundamento en el artículo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal este expediente es DEPURABLE. 8. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación 9. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 10. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y, como se precisó en el auto inicial, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 11. Precisión. En relación a las copias certificadas que obran en autos, no se ordena su devolución, al no ser documentos originales; es decir, no se ubican en la hipótesis del artículo 18, antepenúltimo párrafo, del acuerdo general previamente citado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.730/2021.MESA-6 RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de julio del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, las quejosas Adelina Migueles Domínguez y Carolina Migueles Domínguez, a través de Alfonso García Martínez, a quien en el contexto de esta sentencia se le denominará parte quejosa, promovieron juicio de amparo contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unido s Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, previa ratificación de la demanda, se admitió la demanda, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde y se le notificó de la presentación de la misma; además, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, se negó la ampliación de la demanda que intentó la parte quejosa contra el acta de nueve de julio de dos mil veintiuno y los diversos actos consecuencia de la misma. El escrito de ampliación se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Bartolo Coyotepec, a fin de que diera el turno correspondiente. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General número 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales SEGUNDO, fracción XIII, números 1, 2, y 3, así como el CUARTO, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, además de que las autoridades responsables tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con el objeto de resolver este juicio de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar qué reclama la parte quejosa. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclamó: La detención en la cárcel municipal de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca; tiempo en el que, dicen, las autoridades a las que señalan como responsables no las sacaron al baño y no les dieron de comer, además que no las dejaron hablar con sus familiares ni alguna otra persona (aspectos a los que las quejosas hace referencia como actos de tortura). Incomunicación; y Peligro de privación de la vida. Actos que reclaman del 1) síndico Municipal, 2) síndico suplente, 3) alcalde Municipal, 4) alcalde suplente, 5) secretario interino y 6) primer mayor, todos del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado respecto a la quejosa Carolina Migueles Domínguez. Las autoridades responsables negaron los actos reclamados, como se puede advertir en la siguiente imagen: [Imagen escaneada]. Esa negativa se corrobora con la copia certificada del oficio sin número de nueve de julio de dos mil veintiuno, firmado por el síndico y el alcalde Único de Tamazulapam del Espíritu Santo Mixe, Oaxaca, en el que se advierte que intentaron detener a Carmen Migueles Antúnez, como se advierte enseguida: [Imagen escaneada]. En esa imagen se advierte que las autoridades responsables no dieron con el paradero de Carmen Migueles Antúnez, quien es la misma persona que Carolina Migueles Domínguez. Lo anterior, pues, como hecho notorio y como se hizo constar en la audiencia que antecede, se tiene que en el juicio de amparo 838/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Adelina Migueles Domínguez y Carolina Migueles Domínguez, presentaron un escrito el veinte de septiembre último, en el que manifestaron que Adelina Migueles Domínguez y Carolina Migueles Domínguez son la misma persona que Adelina Migueles Antúnez y Carmen Migueles Antúnez. Además, manifestaron que la variación en los nombres es un error atribuible a las autoridades responsables. En consecuencia, como la parte quejosa no desvirtuó esa negativa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, promovido por el Carolina Migueles Domínguez. Es aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 18, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia 167, de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180, Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN, Registro 911100, cuyo rubro dice: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS." CUARTO. Existencia del acto reclamado respecto a la quejosa Adelina Migueles Domínguez. Como se dijo en el apartado anterior, las autoridades responsables negaron genéricamente los actos reclamados, pues manifestaron que no han ejecutado detención, destierro, incomunicación, tortura ni actos que pusieran en peligro la vida de la quejosa. Sin embargo, de la copia certificada del oficio sin número de nueve de julio de dos mil veintiuno, firmado por el síndico y el alcalde Único de Tamazulapam del Espíritu Santo Mixe, Oaxaca, se advierte que las autoridades responsables reconocieron expresamente la detención de Adelina Migueles Antúnez, quien es la misma persona que Adelina Migueles Domínguez, como quedó precisado. Por tanto, se desvirtúa la negativa de las autoridades responsables y se tiene por cierto el acto reclamado. QUINTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si, en la especie, existe alguna causa de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo . Respecto de los actos consistentes en detención, incomunicación y peligro de privación de la vida, se actualiza la hipótesis prevista el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos de los actos combatidos. El numeral invocado en primer término, en lo conducente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De la lectura del artículo y fracción transcritos se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la anterior Ley de Amparo, que es idéntico al antes transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado, radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 193758, cuyo rubro dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En efecto, la improcedencia invocada se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso, conforme a las constancias que obran en autos se advierte que la quejosa Adelina Migueles Domínguez fue detenida el ocho de julio y puesta en libertad el nueve siguiente, como ella misma lo manifestó en su escrito de demanda y ampliación; documentos que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. Por tanto, las citadas autoridades señaladas como responsables dejaron de intervenir en la detención e incomunicación que se les atribuyó, ya que si bien es cierto que la quejosa estuvo detenida, también lo es que fue puesta en libertad con posterioridad; por lo que, desapareció la privación material de su libertad, dejó de estar incomunicada y su vida dejó de estar en peligro. Así que al haber quedado en libertad Adelina Migueles Domínguez, cesaron los efectos de los actos reclamados. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia señalada lo procedente es sobreseer en este juicio, respecto a dicho acto reclamado, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Debe precisarse que el sobreseimiento por la causa de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adelina Migueles Domínguez y Carolina Migueles Domínguez, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo; atribuidos a la autoridad responsable: 1) síndico Municipal, 2) síndico suplente, 3) alcalde Municipal, 4) alcalde suplente, 5) secretario interino y 6) primer mayor, todos del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca; en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.730/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio del Jefe de la Oficina Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Decimotercer Circuito, mediante el cual remite: 1° Etiqueta adherible de Buzón Judicial, con número de folio 214769. 2° Oficio firmado por el 1) síndico Municipal, 2) síndico suplente, 3) alcalde Municipal, 4) alcalde suplente, 5) secretaria Interina de la Sindicatura Municipal y 6) Primer Mayor (en representación del Mayor de Vara), todos del Municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca; y acta de asamblea. 3° Acuse de cambio de asunto (Demanda-promoción). En su atención, se tiene a la referida autoridad remitiendo las documentales descritas en el párrafo anterior, mismas que se acordarán a continuación, en conjunto con el diverso oficio de cuenta. 2. Informe justificado. Agréguense los oficios firmados por el 1) síndico Municipal, 2) síndico suplente, 3) alcalde Municipal, 4) alcalde suplente, 5) secretaria Interina de la Sindicatura Municipal y 6) Primer Mayor (en representación del Mayor de Vara), todos del Municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, mediante los cuales rinden informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus derechos convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 2.1 Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de las autoridades responsables, la copia certificada del acta de asamblea de veintidós de agosto y cinco de septiembre del año en curso; misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en el momento procesal oportuno. 2.2 Delegada. Se tiene como delegada de las autoridades responsables a la licenciada Monserrat Prado Cienfuegos, toda vez que la designación de las diversas personas que realizan las autoridades, ya fue atendida favorablemente en acuerdo de trece de julio último. 2.3 Precisión. Hágase la precisión que en acuerdo de trece de julio del año en curso, se acordó favorablemente el correo electrónico, teléfono, domicilio y usuario; además, se hizo la denominación correcta del Primer Mayor (en representación del Mayor de Vara); por lo que, se estima innecesario pronunciarse al respecto. 3. Diferimiento de la audiencia constitucional. Para dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido de los informes justificados, dentro del plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y, en su lugar se señalan las nueve horas con dieciséis minutos del once de octubre de dos mil veintiuno, para su celebración. 4. Notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 730/2021-6B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil veintiuno. 1. Estado procesal. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que las autoridades responsables quedaron notificadas del proveído en que se les requirió informe justificado, el treinta de julio de este año (como se aprecia de la constancia que obra en el expediente electrónico). 2. Diferimiento de audiencia. Por tanto, como se hizo constar en la certificación de cuenta, hasta hoy se encuentra transcurriendo el término de quince días hábiles previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para rendir el informe justificado; de ahí que no es posible desahogar la audiencia constitucional señalada para esta fecha. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se señalan las nueve horas con veintiséis minutos del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, para su celebración. 3. Notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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