Adelina Lima Era

Expediente 727/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
727/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Adelina Lima Era

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido al tercero interesado ***, en su calidad de albacea definitivo sustituto de la sucesión intestamentaria a bienes de ***, para que su perito ***, compareciera a aceptar y protestar el cargo en perito de materia de valuación inmobiliaria, sin que lo haya hecho, pese a estar debidamente notificado para tal efecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en mención y, se le tiene por perdido su derecho para intervenir con su perito y por conforme con el dictamen que emita el experto que designe este juzgado federal. Por otra parte, se advierte que los expertos *** y *** fueron omisos en dar cumplimiento al requerimiento efectuado en el acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós; por tanto, se les tiene por desinteresados en fungir como peritos en el presente asunto. Ahora bien, del estado de autos se advierte que a la fecha en que se actúa, se cuenta con la información requerida a las personas que pueden fungir como peritos registrados en la materia de topografía ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, con residencia más cercana a la sede que ocupa este juzgado federal. En ese sentido, debe precisarse que, por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se requirió a las personas que figuraban dentro de la lista de quienes pueden fungir como peritos registrados en la materia de topografía, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, con residencia más cercana a la de este juzgado federal, a efecto de que proporcionaran los datos siguientes: 1. El tipo de servicio, principales actividades y objetivos que desarrollarán para poder rendir su peritaje; 2. El tiempo de horas necesarias para realizar su dictamen y si se ajusta a lo establecido en el arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que puedan fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio ***, el cual establece que el arancel de honorarios para la rama de Valuación de Bienes muebles e Inmuebles correspondiente al año dos mil veintiuno, dentro de la cual se encuentran los peritos en valuación, asciende a la cantidad de *** Unidades de Medida y Actualización (U.M.A.), la cual tiene un valor de $***. 3. Si es que los montos que señalaron son los definitivos, o en su caso, si además deberán pagárseles otras cantidades por concepto de impuesto, viáticos, gastos no reembolsables, etcétera; 4. Si se encuentran en aptitud de expedir comprobantes digitales que cumplan con los requisitos fiscales, o en su caso, la documentación comprobatoria de gastos que corresponda (facturas, recibos de honorarios, etcétera); 5. La forma en la que requieren que se realice el pago de sus honorarios (transferencia electrónica o cheque de caja); 6. Si están de acuerdo en que dicho pago se realice con posterioridad a que rindan su dictamen pericial y una vez que se hayan llevado a cabo las gestiones inherentes a la prestación de sus servicios. Lo anterior, toda vez que tal información es necesaria para la designación y el pago respectivo, la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, después de la revisión de cada una de las propuestas de los referidos peritos, se advierte que el presupuesto que se encuentra más apegado al Arancel correspondiente a la materia de su dictamen pericial es el propuesto por el perito ***, por cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones generales sexta y séptima del arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que puedan fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio ***, el cual establece que el arancel de honorarios para la rama de Valuación de Bienes muebles e Inmuebles correspondiente al año dos mil veintiuno, dentro de la cual se encuentran los peritos en valuación, asciende a la cantidad de *** Unidades de Medida y Actualización (U.M.A.), la cual tiene un valor de $***, así como a lo determinado en el artículo ***, que regula la integración de la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se toma consideración que el experto en mención tomará treinta días para la elaboración del dictamen, cubriendo las exigencias necesarias a efecto de llegar a una conclusión a efecto de que el suscrito pueda emitir una determinación. En consecuencia, que regula la Integración de la Lista de Personas que puedan Fungir como Peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación publicado en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve y después de la revisión de cada una de las propuestas de los expertos que obran en autos, se designa como perito oficial a ***. En consecuencia, remítase mediante oficio a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, la propuesta de pago de los honorarios del perito oficial en materia de topografía, al cual se deberá anexar copia electrónica del presente proveído. Esto, a fin de que la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentre en posibilidad de hacer la previsión de los recursos. Al respecto, se señala que, constituye un hecho notorio para este juzgador, que en el diverso juicio de amparo 1030/2018-I de la estadística de este juzgado, mediante acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno se tuvo al Director General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal informando que es factible continuar con la secuela procesal, sin que sea óbice los movimientos presupuestales que con posterioridad se realicen respecto de las cotizaciones efectuadas por los peritos oficiales. En consecuencia, requiérase al perito oficial ***, a fin de que se presente ante este juzgado, con identificación oficial y vigente (así como una copia simple de la misma), para el efecto de que acepte y proteste el fiel y legal desempeño del cargo conferido. En esas condiciones, con motivo de las medidas de sanidad tomadas con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 y con apego a lo determinado en el numeral 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional le generará una cita para que pueda comparecer a este órgano jurisdiccional. Asimismo, se le informa que para el ingreso al inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional, deberá exhibir el código QR que se ha generado desde el Portal de Servicios en Línea desde el micrositio "servicios jurisdiccionales" y que se inserta a continuación, ya sea de manera impresa o digital, sin el cual le será negado el acceso, en el entendido de que deberá estar cinco minutos antes de la hora ahí señalada; además, se le indica que deberá respetar las medidas de sana distancia conforme la señalización respectiva y usar cubrebocas en todo momento. Se le requiere para que, en caso de ser persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o contar con algún tipo de discapacidad, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional con la anticipación debida, a modo de que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en el que se localiza este juzgado federal. Con el apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa. Hágase del conocimiento del referido perito la presente determinación a través de su correo electrónico ***.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***, contra la autoridad y acto siguiente: Autoridad responsable: Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Acto reclamado: Omisión de acordar los escritos presentados ante la autoridad responsable el once y veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Acto que estima violatorio en su perjuicio del derecho fundamental previsto en los artículos 1, 8 y 17 constitucionales. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 727/2022-K. Procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de derechos fundamentales cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se pone de manifiesto que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, por actos de ejecución irreparable se entienden únicamente aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos emitidos en un procedimiento en forma de juicio, de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos, no afectan a los gobernados, pues sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la resolución que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso se podrán interponer los recursos correspondientes e incluso recurrirlos en vía de amparo directo o indirecto, como en el caso. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una resolución favorable en el procedimiento en forma de juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en la que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación del juicio que resulten de imposible reparación, a fin de evitar la promoción de juicios indefinidos por cuestiones que se pudiera considerar que afectan sin que alcancen las condiciones que se establecen ahora específicamente, pudiendo llegar a generar ese pernicioso efecto. Por ello, se estima que los actos dictados en los procedimientos en forma de juicio siguen la misma suerte y, por ende, son reclamables una vez que hayan trascendido a la resolución final, y solo cuando hayan afectado derechos sustantivos pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. En el caso, la parte quejosa se duele de la omisión de acordar los ocursos presentados ante la autoridad responsable el once y veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Al respecto, este juzgador estima que dicho acto no constituye para la parte promovente del amparo un acto de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Para afirmar lo anterior, debe precisarse que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, no obstante que se duela de violaciones al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo; por tanto, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, en el caso concreto, en virtud de que la parte quejosa se duele de que la autoridad responsable no ha dictado la determinación correspondiente en el procedimiento de origen. Asimismo, dado que, por regla general, la omisión en que incurre una autoridad al no acordar promociones de las partes en el procedimiento, o de proseguir en tiempo con su trámite, resulta una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. En efecto, el acto reclamado no tiene una ejecución que, objetivamente analizada, amerite sujetarla al control constitucional inmediato, ya que no vulnera o menoscaba derechos sustantivos de las partes; por el contrario, únicamente produce efectos en el procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, una vez que se emita la resolución correspondiente. Por otro lado, cabe señalar que tampoco se está ante una abierta dilación del procedimiento o paralización total de este amerite declarar procedente el presente juicio, lo cual engendraría una excepción a lo anteriormente dicho. Lo anterior es así, pues al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que se estime la existencia de una abierta dilación al procedimiento, susceptible de ser reclamada en vía de amparo indirecto, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente la autoridad debió pronunciarse o realizar el acto procesal respectivo. De esta forma, atendiendo al contenido de dicho criterio jurisprudencial, el término de cuarenta y cinco días naturales que prevé, es el referente para estimar si en el caso existe una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento. Luego, el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece lo siguiente: "Artículo 90. Los autos deben dictarse dentro de tres días contados desde que la Secretaría dé cuenta con la promoción; las sentencias interlocutorias dentro de ocho días y las definitivas dentro de quince, salvo en los casos en los que la ley fije otros términos." Del precepto invocado se advierte que el Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, prevé que el término para la contestación al derecho de petición es de tres días, por tanto, resulta relevante para evidenciar que la autoridad responsable a la fecha de la presentación de la demanda no ha incurrido en la omisión reclamada. En tal virtud, el término de cuarenta y cinco días a que se refiere la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, aún no ha fenecido, con lo cual se tiene que a la fecha de presentación de la demanda constitucional (catorce de junio de dos mil veintidós), habían trascurrido veintinueve días naturales a partir del día siguiente a la fecha en que la autoridad responsable recibió el primer ocurso de la quejosa y catorce días naturales respecto a la presentación del segundo escrito a la autoridad responsable. De acuerdo a lo anterior, tal dilación no puede entenderse como una paralización total del procedimiento, y por tanto, la falta de emisión del acuerdo de que se duele la parte quejosa, no afecta derechos sustantivos, sino que solamente contraviene normas procesales durante la tramitación del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. De ahí que el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto de imposible reparación, ya que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental en perjuicio de la parte quejosa, sino que, en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento. Luego entonces, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, por no actualizarse el caso de excepción a que se hace referencia. En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes analizada, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, por su propio derecho. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que índica y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que designo, en su demanda por así solicitarlo expresamente. Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificaran inmediatamente en que sean pronunciadas. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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