Adelina Hernández Mota

Expediente 1547/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1547/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
21/10/2015

Partes del expediente

  • Adelina Hernández Mota
  • Pascuala Hernández Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de octubre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del seis al veinte de octubre del presente año, sin que haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de uno de octubre de dos mil quince dentro del juicio de amparo número 1547/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y, de manera particular, con la certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días referido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de uno de octubre de dos mil quince, que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes. Ahora bien, en atención a que el fallo de trato no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión relativo (el cual se ordena glosar al presente asunto), SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en atención a que en relación al primero se decretó el sobreseimiento y, por cuanto hace al segundo, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, éste Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Asimismo, el duplicado del mencionado incidente, guárdese por separado para que atendiendo a la disposición legal antes aludida, dentro del término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por medio de lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. ARS

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del uno de octubre de dos mil quince, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1547/2015, estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. A continuación, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido los informes justificados de las autoridades responsables Director Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas y Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, en términos del artículo 117 de la Ley reglamentaria. Acto seguido, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 119 del ordenamiento legal invocado, se da cuenta con las documentales anexadas por la autoridad responsable Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, concernientes en el procedimiento administrativo de nulidad 869/2013, en dos tomos; de igual manera, con la copia simple del resolución de seis de mayo de dos mil catorce, pronunciada por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, medios de convicción que se tienen por ofrecidos, admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes formuló alegaciones. Luego, al no haber diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se declara: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 1547/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Adelina Hernández Mota, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violaciones a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- Lic. Jaime Santoyo Castro, Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, como ordenadora, y como ejecutora resulta serlo la Dirección de Fraccionamientos Rurales de Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto de su Directo (sic) el C. Lic. Salvador Ortiz García les reclamo la resolución de fecha seis (6), de mayo del dos mil catorce (2014), dictada por el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, y la cual me fue notificada el día catorce (14), de agosto del dos mil quince, y de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado, reclamo la ejecución que pudiese darse en relación a esta sentencia." Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil quince, se dictó auto de radicación de la demanda de amparo, se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado, se ordenó dar intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, así como el emplazamiento de la parte tercero interesada; finalmente, fue celebrada la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: La resolución de seis de mayo de dos mil catorce, dictada por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, dentro del procedimiento administrativo de nulidad 869/2013, promovido por Adelina Hernández Mota, respecto del diverso procedimiento de administrativo de adjudicación y declaración de vacancia instado por Pascuala Hernández Hernández. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza. Las autoridades responsables Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas y Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, pues así lo expresaron en su informe justificado; sin embargo, respecto a la primera, dicha postura queda desacreditada en base a las pruebas documentales ofrecidas por la segunda de las autoridades en mención, consistentes en el procedimiento administrativo de nulidad 869/2013, en dos tomos, valoradas, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación, esto es, de manera plena, al demostrar que efectivamente existe la resolución de seis de mayo de dos mil catorce, dictada por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, dentro del procedimiento administrativo de nulidad 869/2013, promovido por Adelina Hernández Mota, respecto del diverso procedimiento de administrativo de adjudicación y declaración de vacancia instado por Pascuala Hernández Hernández, acto que constituye la materia del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226 epígrafe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese tenor, al corroborarse que la diversa autoridad responsable, señalada como ordenadora, Secretario General del Gobierno del Estado de Zacatecas, no dictó ni pronunció el acto reclamado, como refiere la quejosa, sin que hubiera aportado prueba idónea alguna para desvirtuar su negativa, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) "IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo disponen los artículos 61 y 113, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, el suscrito Juzgador de manera oficiosa, en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo, considera actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a cesación de efectos del acto reclamado. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" (.) Como preámbulo, conviene destacar qué debe de entenderse por cesación de efectos del acto reclamado, para ello, debe de recurrirse a las acepciones establecidas por los tribunales federales, los cuales en forma unánime coinciden en establecer que se trata de una figura legal que se actualiza cuando el acto reclamado deja de producir sus efectos y consecuencias en forma inmediata, total y material, sobre la esfera jurídica del quejoso, restituyéndole ipso facto (por el hecho mismo) su derecho fundamental vulnerado; a este tipo específico de cesación de efectos se le denomina por revocación, en donde es la propia autoridad responsable la que deroga o revoca su propio acto; ahora, también existe un segundo supuesto, denominado como por sustitución, el cual se actualiza cuando el acto reclamado es reemplazado por uno nuevo que lo secunda, afectando su ejecutividad y vigencia, en atención a la firmeza que adquiere al ser ordenado, dictado o emitido el acto posterior. En ambos casos, el estudio de la pretensión constitucional es infructuosa, en atención a que los efectos del acto reclamado han dejado de repercutir en el mundo exterior de manera incondicional y, de forma precisa, sobre los intereses jurídicos del gobernado. En ese contexto, como se adelantó, el impetrante de amparo reclama la resolución de seis de mayo de dos mil catorce, dictada por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, dentro del procedimiento administrativo de nulidad 869/2013, promovido por la propia quejosa Adelina Hernández Mota, respecto del diverso procedimiento de administrativo de adjudicación y declaración de vacancia instado por Pascuala Hernández Hernández, por mérito de la que se declaró como subsistente el título de propiedad de quince de febrero del año dos mil, expedido por la propia autoridad responsable, a favor de la citada Pascuala Hernández Hernández, respecto del lote cincuenta y tres, localizado en el fraccionamiento de Sauceda de la Borda, Ex Hacienda de Sauceda de la Borda, municipio de Vetagrande, Zacatecas, con una superficie de 6-65-00 hectáreas de labor. No obstante, del análisis de las constancias que integran el aludido procedimiento administrativo de nulidad 869/2013, se aprecia una resolución ulterior al dictado del acto reclamado, consistente en el fallo de ocho de julio de dos mil quince, emitido por el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la propia quejosa en contra de la que constituye el acto reclamado (resolución de seis de mayo de dos mil catorce), por el que la confirmó y reiteró que, efectivamente, la actora-quejosa no acreditó los extremos de la acción de nulidad ejercida en contra del título de propiedad de quince de febrero del año dos mil. Documentales anteriores con mérito probatorio pleno, según lo permite los numerales 129 y 202 de la legislación adjetiva civil federal, de aplicación supletoria de acuerdo al numeral 2° de la ley de la materia. De esta manera, resulta inconcuso que el acto reclamado en examen, la resolución de seis de mayo de dos mil catorce, dictada por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, dentro del procedimiento administrativo de nulidad 869/2013, fue sustituido procesalmente con motivo del pronunciamiento del diverso fallo de ocho de julio de dos mil quince, emitido por el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, dentro del propio procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cesando así los efectos perjudiciales sobre la esfera jurídica de la peticionaria de amparo de una manera total e incondicional, devolviendo al estado que se encontraban antes de su dictado. Esto es así, pues al haber sido sustituida procesalmente por una ulterior determinación, el efecto inmediato hace cesar la afectación a los derechos humanos cuya transgresión se alega; empero, si bien subiste la situación de declaración de plena vigencia del título de propiedad cuya nulidad se reclama, ello se debe a la ulterior resolución de ocho de julio de dos mil quince, dictada por el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, de ahí que la situación actual de la quejosa está regida por esta última, no por la primera. Por tal motivo, al haber cesado los efectos y consecuencias derivadas de la resolución reclamada, es que se infiera no irrogue vulneración a la esfera jurídica del peticionario de amparo, ni en consecuente transgresión de sus derechos humanos, al haber sido sustituida procesalmente por una ulterior determinación, cuyo efecto inmediato hizo cesar la afectación a los derecho fundamentales de debido proceso, como de fundamentación y motivación cuya trasgresión alega. Por tanto debe sobreseerse el juicio en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la legislación de la materia. Apoya la anterior consideración la tesis aislada I.3o.C.92 K, que instruye sobre el tema, la cual se encuentra visible en la página1491, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." De igual forma, la tesis jurisprudencial 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, localizable en la página 38, tomo IX, materia común, junio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Adelina Hernández Mota, por el acto precisado en el considerando II.1, reclamado a las autoridades responsables señaladas en el resultando primero, de acuerdo a los razonamientos expuestos en los considerandos II.2.1. y III de la presente sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. ARS

  3. Incidental

    En treinta y uno de agosto de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez, con el oficio registrado con el número de folio 17211.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito de cuenta signado por María de los Ángeles Alfaro Elías, en su carácter de quejosa, por el cual en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de veintiséis de agosto del año en curso y exhibe nueve copias más del escrito de expresión de agravios; en atención a su contenido se provee lo siguiente: Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 84, 86, 87, 88 y 90, todos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este juzgado el treinta de julio del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de cuenta, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto, debiendo acompañase el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo para el Agente del Ministerio Público adscrito a dicho Órgano Colegiado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por su Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 306, Tomo XX, Septiembre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios.". NOTIFIQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. *FEHF

  4. Principal

    En treinta y uno de agosto de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un oficio con registro 17139 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de agosto de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que la Superioridad admitió los recursos de revisión adhesiva interpuestos por Esther Contreras Chávez, en su carácter de delegada de la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas y Uriel Márquez Cristerna, en su carácter de Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado de Zacatecas, delegado de las autoridades responsables, Titular del Poder Ejecutivo del Estado y Secretario General de Gobierno, al de revisión principal que interpuso José Pilar Rosales Zapata en su carácter de quejoso y autorizado de los diversos garantes en el juicio de amparo 635/2015; adjuntando copia de los escritos de expresión de agravios correspondientes; circunstancia de la cual se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.

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