Adelina González González
Expediente 596/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/07/2023
Partes del expediente
- Adelina González González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 20, fracción I, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. Finalmente, se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de julio de dos mil veintitrés. I. Vence vista quejosa. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de quince días concedido a la parte quejosa mediante auto cinco de junio de dos mil veintitrés, respecto a lo informado por las autoridades responsables en sus informes justificados, mediante oficio ********************, sin que así lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que se continuará el trámite del presente juicio constitucional en los términos inicialmente planteados en su escrito de demanda. II. Precisión de acto reclamado. Ahora, atendiendo a las constancias que obran en el juicio en que se actúa, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio constitucional al haber cesado los efectos del acto reclamado que consiste en: ( La omisión de dar contestación al escrito presentado el 24(13:28) de enero de dos mil veintitrés, en la Subdelegación Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social. III. Cesación de efectos. La disposición jurídica que prevé la causa de improcedencia de que se habla, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Al respecto se destaca que la cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. Establecido lo anterior, en el caso que nos ocupa, de las constancias que allegó el Jefe del Departamento de Afiliación Vigencia de la Subdelegación Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Encargado de la Subdelegación, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social, a su misiva, se advierte lo siguiente: Que mediante oficio ******************** de primero de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acordó el escrito presentado por la parte quejosa el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en el que solicitaba la modificación correspondiente al error en que incurrió la institución respecto a la constancia de semanas cotizadas en el cual se asentó como salario base de cotización el monto de ******************** Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de un funcionario público en ejercicio de sus facultades. Se invoca al caso la Jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de las aludidas constancias y de lo informado por la autoridad responsable se desprende que en el caso, a la fecha, ya no existe la omisión aquí reclamada por la parte quejosa ********************, puesto que mediante oficio ******************** de primero de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acordó el escrito presentado por la parte quejosa el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Por ende, es claro que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la omisión combatida, toda vez que al ser así, la violación atribuida a la autoridad responsable dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso al haberse pronunciado sobre el laudo correspondiente. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De tal manera, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la multicitada ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." IV. Sobreseimiento fuera de audiencia. En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. V. Audiencia constitucional sin efectos. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese a la autoridad responsable. VI. Captura de proveído. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las responsables.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de junio de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Visto lo asentado en la certificación de cuenta, se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional; sin que sea factible su desahogo, en razón a que aún transcurre la vista otorgada a la parte quejosa en auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, para ampliar su demanda de amparo respecto a lo informado por las autoridades responsables en sus informes justificados, mediante oficio ********************. II. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio signado en representación del Encargado de Subdelegación, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social, y anexo, en consecuencia, se tiene a dicha autoridad dando cumplimiento al requerimiento realizado en autos y al efecto remite copia de la constancia de notificación realizada a la quejosa ******************** respecto del oficio ********************. III. Pruebas. Ahora, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba las documentales que anexa, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de la audiencia que se celebre en el presente juicio. IV. Se da vista a la parte quejosa con constancias. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con su contenido y anexos para los efectos legales a que haya lugar. V. Diferimiento. Por lo que a efecto de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS Notifíquese.
- Principal
I. Informe justificado. Agréguense a los autos los informes justificados que se rinden en representación de las siguientes autoridades responsables: Jefe del Departamento de Afiliación Vigencia de la Subdelegación Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social; y Encargado de la Subdelegación, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados de las referidas autoridades, dese vista a las demás partes, para los efectos legales conducentes. II. Delegados y domicilio. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que refieren en sus informes, y como domicilio para oír y recibir notificaciones los que indican. III. Prueba. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la citada Ley, ténganse como pruebas de las autoridades oficiantes, la documental que anexan, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia del presente expediente. IV. Se requiere constancia de notificación a las autoridades responsables. Vistos los informes justificados se advierte que mediante oficio *************, de primero de junio del presente año, la responsable dio respuesta a lo solicitado por la quejosa, misma que se encuentra en vías de notificación. Consecuentemente, se requiere a las autoridades responsables Jefe del Departamento de Afiliación Vigencia de la Subdelegación Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social y Encargado de la Subdelegación, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que remitan la constancia de notificación realizada a la parte quejosa Adelina González González, del oficio *********** de primero de junio de dos mil veintitrés; o, en su caso, manifieste su imposibilidad para dar cumplimiento al citado requerimiento. V. Apercibimiento. Apercíbase a los citados órganos que de ser omisos en atender el presente requerimiento, en el plazo concedido para tal efecto, se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el nueve de enero de dos mil veintitrés. VI. Vista de ampliación de demanda. Por lo anterior, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa se da vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, manifieste a este juzgado ÚNICO: Manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto a lo informado por las autoridades responsables en sus informes justificados, mediante oficio **********, del que se advierte: "En atención a su escrito de fecha 24/01/2023, en el que solicita "la modificación de salario base de cotización de ***** a *****" al respecto y después de un análisis minucioso por parte del Depto. De afiliación, se localizaron los antecedentes que menciono a continuación. Solicitud de inscripción a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio Invalidez y Vida, Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez, de fecha 18/11/2022, con salario base de cotización por ***** Aviso de Inscripción del trabajador (******), de fecha 18/11/2022, con salario base de cotización por ****** Por lo que en lo que concierne al área de Afiliación, las acciones realizadas se encuentran de acuerdo a su petición, sin embargo, derivado de la automatización en los aplicativos relacionados con MODALIDAD 40, se detectó una incidencia en la base de datos del Depto, de cobranza, en la cual se visualiza un salario menor del registrado, por tal motivo se están realizando las gestiones necesarias para su regularización." En la inteligencia que deberá ajustar su ampliación a las formalidades establecidas en los artículo 108 y 110 de la Ley de Amparo. Igualmente, el requerimiento de referencia sólo podrá cumplirlo la parte quejosa o apoderado con facultades para ello, y no así alguno de sus autorizados ni siquiera en términos amplios, debido a que aquélla hace las veces de la demanda, la cual únicamente puede solicitarla el promovente del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, que sostiene la Primera Sala del más alto tribunal del país, consultable en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011 Novena Época, con registro: 161909 que dice: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." VII. Apercibimiento. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en el tiempo concedido para tal efecto, se continuará el trámite del presente juicio constitucional en los términos inicialmente planteados en su escrito de demanda. Notifíquese personalmente a la quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
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