Adelina Espino Sánchez
Expediente 1454/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1454/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/12/2018
Partes del expediente
- Adelina Espino Sánchez
Actuaciones
- Principal
1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por la secretaría, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. 1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
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...3. Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura integral de la demanda, se advierte que la promovente del amparo reclama del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y de la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Oficialía Mayor de ese Ayuntamiento, la orden de retención su sueldo a partir de la primera y segunda quincenas de noviembre que comprende del uno al quince y del dieciséis al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, respectivamente. Hecha la anterior precisión, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II, segundo párrafo, 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo; y, 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, del análisis de las disposiciones legales y constitucional en consulta, se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en el que el Estado Mexicano sea parte; de la misma forma que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Bajo esa óptica jurídica, la orden de retención de salarios que debate la peticionaria de amparo tiene una naturaleza eminentemente laboral, que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón; en este caso entre la impetrante, quien aduce tener la categoría de auxiliar "C", con número de empleado 101574 y el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez; toda vez que deriva de la relación laboral que sostiene en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, sometidos a las prevenciones del derecho laboral como particular; por ende, el acto de que se duele no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del juicio de amparo; además que la patronal no actúa en cumplimiento de una norma general. Por lo anterior, es claro que el juicio de amparo no es el medio para reclamar los derechos que considera se le pretenden desconocer, dado que la promovente tiene a su alcance para hacer valer su reclamación la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes de acuerdo al vínculo trabajador-patrón que existe entre el agraviado y las responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 136, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No pasan desapercibidas las jurisprudencias invocadas por el promovente bajo los registros 2009367 y 2009496, toda vez que se trata de criterios emitidos por Plenos de Circuito de diversa jurisdicción a la que no se encuentra circunscrita este órgano de control constitucional, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 217, párrafo segundo de la Ley de Amparo, no resulta obligatoria su observancia. 4. Desechamiento. Por las consideraciones expuestas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 5o, fracción II, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en los cardinales 112 y 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO...
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NOTIFICACIÓN POR LISTA PARTE QUEJOSA "...3. Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura integral de la demanda, se advierte que la promovente del amparo reclama del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y de la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Oficialía Mayor de ese Ayuntamiento, la orden de retención su sueldo a partir de la primera y segunda quincenas de noviembre que comprende del uno al quince y del dieciséis al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, respectivamente. Hecha la anterior precisión, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II, segundo párrafo, 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo; y, 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, del análisis de las disposiciones legales y constitucional en consulta, se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en el que el Estado Mexicano sea parte; de la misma forma que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Bajo esa óptica jurídica, la orden de retención de salarios que debate la peticionaria de amparo tiene una naturaleza eminentemente laboral, que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón; en este caso entre la impetrante, quien aduce tener la categoría de auxiliar "C", con número de empleado 101574 y el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez; toda vez que deriva de la relación laboral que sostiene en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, sometidos a las prevenciones del derecho laboral como particular; por ende, el acto de que se duele no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del juicio de amparo; además que la patronal no actúa en cumplimiento de una norma general. Por lo anterior, es claro que el juicio de amparo no es el medio para reclamar los derechos que considera se le pretenden desconocer, dado que la promovente tiene a su alcance para hacer valer su reclamación la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes de acuerdo al vínculo trabajador-patrón que existe entre el agraviado y las responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 136, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No pasan desapercibidas las jurisprudencias invocadas por el promovente bajo los registros 2009367 y 2009496, toda vez que se trata de criterios emitidos por Plenos de Circuito de diversa jurisdicción a la que no se encuentra circunscrita este órgano de control constitucional, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 217, párrafo segundo de la Ley de Amparo, no resulta obligatoria su observancia. 4. Desechamiento. Por las consideraciones expuestas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 5o, fracción II, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en los cardinales 112 y 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO...
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