Adeli Viana Rodríguez.
Expediente 109/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 23/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Adeli Viana Rodríguez.
- Joaquín Enrique Olivares Torres.
- José Antonio Turrubiarte Delgadillo.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Amparo en revisión
Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, mediante el cual se acusa recibo, así como de las constancias que se enviaron. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido.
- Amparo en revisión
PRIMERO: Se confirma la sentencia constitucional recurrida. SEGUNDO: La Justicia de la Unión no ampara no protege a la parte quejosa.
- Juicio de Amparo Directo
Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en la fracción III, del punto Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de depuración los expedientes relativos a juicios de amparo directo, en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, por tal motivo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; por lo que únicamente deberá conservarse el escrito de demanda de amparo, así como la resolución dictada en el presente asunto, pues este expediente no contiene resolución que tenga especial trascendencia jurídica, política, social o económica a nivel nacional, estatal o municipal; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de cinco años de haberse ordenado su archivo.
- Juicio de Amparo Directo
Vistos los presentes autos y de conformidad al proveído de uno de abril de dos mil diecinueve, se procede a analizar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informado por la autoridad responsable Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, sin que las partes hubieran hecho manifestación alguna. En efecto, una vez que la autoridad responsable informa sobre el cumplimiento a la sentencia constitucional, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia, el órgano de control constitucional, después de dar vista a las partes con lo informado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y en su caso, para que alegarán el defecto o exceso en el cumplimiento, tiene la obligación ineludible de examinar si dicha ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, pronunciándose al respecto. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que una ejecutoria de amparo se declare cumplida es necesario que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Asimismo, dicha Superioridad estableció sobre tales características que existe exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, hay defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente, en el entendido de que al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable. Ahora bien, en la ejecutoria dictada el catorce de marzo de dos mil diecinueve, por este Tercer Tribunal Colegiado, en la parte conducente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "[.] En las relatadas consideraciones, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emita otra en la cual reitere todos aquellos aspectos que no fueron materia de la concesión, tales como 1. La acreditación de los delitos de sustracchidrocarburo Pemex Diesel y posesión de hidrocarburo Pemex Magna atribuidos al quejoso y su responsabilidad penal en su comisión. 2. El grado de culpabilidad mínimo fijado atendiendo al concurso real que impera en el presente asunto, las penas de prisión (ocho años, seis meses), multa (mil cien días de salario mínimo) reparación del daño, decomiso (muestras representativas y objetos) y amonestación impuestas. 3. El cómputo de los días que lleva el enjuiciado Adelí Viana Rodríguez en prisión preventi 4. La suspensión de derechos civiles y políticos. Sin embargo, deberá precisar que al quejoso a la fecha de emisión del acto reclamado le restaba por compurgar una pena de prisión de seis años, nueve meses, siete días. [...]". Atento a lo anterior, el Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito previo requerimiento que se le hizo mediante auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, remitió el oficio 289/2019, al cual adjuntó copias certificadas de la resolución emitida dentro del toca penal 72/2018 de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve; documentos que gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, como lo ordena su numeral 2. Asimismo de la resolución en mención, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente el controvertido de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y dictó otro, en el que precisó: I. Respecto de la acreditación del delito de sustracción de hidrocarburo refinado Pemex Diesel de ductos de Petróleos Mexicanos, el tribunal responsable estimó que los elementos que integran el delito antes mencionado son los siguientes: a) La existencia física de un ducto (poliducto) de Petróleos Mexicanos; b) La existencia de hidrocarburo refinado (en el caso concreto, Pemex Diesel); y c) Los activos del delito sustraigan tal hidrocarburo, justamente de un ducto de Petróleos Mexicanos. Asimismo refirió que los elementos del delito antes enunciados se acreditaban con el siguiente material probatorio: Inspección ministerial de ocho de abril de dos mil quince, practicada en un lugar abierto que se encuentra a un costado de la carretera Federal México-Laredo, en el tramo Pachuca-Actopan, a la altura del kilómetro 08+650, con dirección a Pachuca de Soto, Hidalgo (como referencia se ubica frente al motel "Euro-Confort" y a espaldas [sic] de la Ciudad del Conocimiento, en la comunidad de Santa Catarina). Prueba pericial en materia de criminalística de campo de nueve de abril de dos mil quince, emitida por José Luis Ortiz Escobar, perito adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales, Delegación Estatal en Hidalgo, de la Procuraduría General de la República. Dictamen pericial en materia de fotografía forense, de ocho de abril de dos mil quince, suscrito por Ana Karen Mendoza Herrera, adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales, Delegación Estatal en Hidalgo, de la Procuraduría General de la República. Dictamen de causalidad de daños por toma clandestina, suscrito por Andir de Jesús Cuevas Ortiz, perito habilitado de Pemex Refinación -ahora Logística-. Testimonial de ocho de abril de dos mil quince, a cargo de Alejandro Céspedes Martínez del Campo, apoderado legal de Pemex-Refinación -ahora Pemex Logística-Dictamen en materia de identificación de hidrocarburo de nueve de abril de dos mil quince, emitido y ratificado ante el fiscal y juzgador, por la perito habilitada, Jessica Adriana González Carrasco. Dictamen en materia de cuantificación volumétrica y avalúo comercial de hidrocarburo de nueve de abril de dos mil quince, emitido y ratificado ante el fiscal y juzgador, por la perita habilitada, Jessica Adriana González Carrasco. Parte informativo con número de oficio CSE/2337/2015, de ocho de abril de dos mil quince, signado por Alejandro Aguilar Gómez, Pascual Hernández Herver, Karla Aldana Lira y Carlos Nicolás Sánchez Juan, agentes de la Coordinación Estatal y por Edgar Cuevas Rafael, Félix Ibarra Hernández, Néstor Vicente Domínguez Álvarez, Víctor Manuel León Ramírez y Alfredo Gallegos Romo, agentes de la Coordinación de Investigación, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, así como su ratificación y ampliación por sus suscribientes. Dictamen pericial en materia de fotografía forense, de ocho de abril de dos mil quince, suscrito por Ana Karen Mendoza Herrera. II. Respecto sobre la acreditación del delito de posesión ilícita de hidrocarburo refinado del petróleo (Pemex Magna), el tribunal responsable estimó que los elementos que integran el delito antes mencionado son los siguientes: a) La existencia de un hidrocarburo refinado del petróleo denominado Pemex Magna (en cantidad menor de trescientos litros); b) Que los sujetos activos posean dicho combustible; y c) Que dicha acción se despliegue de manera ilícita, esto es, sin derecho o que no cuenten con el permiso que en forma excepcional otorga la autoridad competente (precisa el suscrito, lo es la Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, ahora denominada Pemex Logística). Asimismo refirió que los elementos del delito antes enunciados se acreditaban con el siguiente material probatorio: La inspección ministerial de ocho de abril de dos mil quince, practicada en un lugar abierto que se encuentra a un costado de la carretera Federal México-Laredo, en el tramo Pachuca-Actopan, a la altura del kilómetro 08+650, con dirección a Pachuca de Soto, Hidalgo (como referencia se ubica frente al motel "Euro-Confort" y a espaldas [sic] de la ciudad del Conocimiento, en la comunidad de Santa Catarina) Dictamen en materia de identificación de hidrocarburo de nueve de abril de dos mil quince, emitido y ratificado ministerial y judicialmente por la perito habilitada, Jessica Adriana González Carrasco. Dictamen en materia de cuantificación volumétrica y avalúo comercial de hidrocarburo de nueve de abril de dos mil quince, emitido y ratificado por la perito habilitada, Jessica Adriana González Carrasco. arte informativo con número de oficio CSE/2337/2015, de ocho de abril de dos mil quince, signado por Alejandro Aguilar Gómez, Pascual Hernández Herver, Karla Aldana Lira y Carlos Nicolás Sánchez Juan, agentes de la Coordinación Estatal y por Edgar Cuevas Rafael, Félix Ibarra Hernández, Néstor Vicente Domínguez Álvarez, Víctor Manuel León Ramírez y Alfredo Gallegos Romo, agentes de la Coordinación de Investigación, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, así como su ratificación. Comparecencia del licenciado Alejandro Céspedes Martínez del Campo, apoderado de Pemex Refinación -ahora Pemex Logística-. Dictámenes periciales en las especialidades de identificación de hidrocarburo y cuantificación volumétrica y avaluó comercial de hidrocarburo, ambos de nueve de abril de dos mil quince, suscritos por la perito Jessica Adriana González Carrasco. III. Por lo que hace a la responsabilidad del sentenciado de mérito, el Tribunal responsable estimó que con los mismos elementos de convicción con los que se acreditó la materialidad de los delitos en estudio, también se acreditaba la plena responsabilidad del mismo. IV.- En cuanto al grado de culpabilidad, el Tribunal determinó que existió el concurso real de los delitos de sustracción de hidrocarburo refinado denominado Pemex Diesel de ductos de Petróleos Mexicanos y posesión ilícita de hidrocarburo refinado identificado como Pemex Magna, en virtud de que el enjuiciado Adelí Viana Rodríguez obró de forma independiente para la perpetración de tales figuras ilícitas, que se integran por actos específicos, y que en el caso no conforman una unidad, dada la naturaleza propia de cada una de esas acciones delictivas y el resultado antijurídico provocado (actos de sustracción y posesión de hidrocarburos refinados distintos Pemex Diesel y Pemex Magna). Como consecuencia, se le impuso al sentenciado la pena de ocho años y seis meses de prisión y mil cien días de multa, equivalente a la cantidad de setenta y cinco mil ciento ocho pesos, en cuanto a la multa la cantidad de $75,108.00 (setenta y cinco mil ciento ocho pesos 00/100 moneda nacional), ante la imprecisión del salario que manifestó obtener el sentenciado, al no existir dato cierto de sus ingresos netos, en términos del artículo 29 del Código Penal Federal, sanción pecuniaria que podría ser sustituida por mil cien jornadas de trabajo a favor de la comunidad sin remuneración salarial, de conformidad con los artículos 27 párrafo cuarto, y 29 párrafos cuarto y quinto, ambos del Código Penal Federal. V.- Respecto del cómputo de los días que lleva el enjuiciado Adelí Viana Rodríguez en prisión preventiva, el Tribunal responsable, precisó que los ocho años seis meses de prisión, equivalen a tres mil cien días, a los cuales deberán abonarse seiscientos treinta y tres días, que corresponden a la prisión preventiva, que se cuentan desde el día de la detención del acusado (ocho de abril de dos mil quince), hasta el día en que se dictó la primera resolución de segunda instancia (treinta de diciembre de dos mil dieciséis), equivalentes a un año, ocho meses y veintidós días en prisión; por lo que, al dictado de la resolución de alzada (treinta de diciembre de dos mil dieciséis) le restaban por compurgar dos mil cuatrocientos sesenta y siete días en prisión, lo que también equivale a seis años, nueve meses, siete días en prisión. VI.- De los sustitutivos de prisión y condena condicional, la responsable negó los sustitutivos de prisión y el beneficio de la condena condicional previsto en los numerales 70 y 90 del Código Penal Federal, en virtud de que la pena impuesta excede los parámetros establecidos en tales preceptos legales, que señalan como máximo la pena de cuatro años de prisión para gozar de los citados beneficios y en el particular, la pena impuesta es de ocho años y seis meses de prisión. VII.- De la reparación del daño, la responsable condenó al sentenciado Adelí Viana Rodríguez al pago de la reparación del daño ocasionado con motivo de los delitos que se le atribuyen, dejando a salvo el derecho de la víctima, que en el caso es a través de Pemex Logística, como empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, para hacerlo líquido y exigible en el incidente de liquidación del monto de este derecho establecido por la ley, en vía de ejecución de sentencia. VIII.- En cuanto al decomiso la autoridad responsable decretó el decomiso de las muestras representativas afectas a la causa, a favor de Petróleos Mexicanos, para su aprovechamiento lícito o destrucción; así como de los objetos consistentes en seis tramos de manguera y una planta de luz, color azul con negro, marca Infra, modelo Bronco 3700, para su destrucción o uso lícito. Por cuanto hace a los vehículos automotores sostuvo que no quedaron a disposición del juez, al ser la Representación Social quien inició el aseguramiento de los vehículos y es quien debe concluirlo, de conformidad con lo establecido en el numeral 182, penúltimo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales; por lo que será este último quien provea lo conducente para determinar el destino final de tales automotores. De igual manera respecto de los ocho mil quinientos cincuenta litros de hidrocarburo dictaminado como Pemex Diésel y doscientos noventa litros de Pemex Magna; se precisó que el fiscal de la Federación consignador dejó a disposición del apoderado de la extinta filial Pemex Refinación el hidrocarburo relacionado, sin que se hiciera mayor pronunciamiento al respecto. IX.- De igual manera se ordenó la amonestación del enjuiciado, en términos de los ordinales 42 del Código Penal Federal y 528 del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que se le deberá hacer saber las consecuencias de los delitos que cometió, incitándolo a la enmienda y conminándolo con que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere. X.- Por último y respecto de la suspensión en sus derechos y prerrogativas del sentenciado Adelí Viana Rodríguez, el tribunal responsable estimó correcta tal situación por ser una consecuencia lógica y jurídica de la imposición de una sanción, más aun tomando en cuenta el primero de los preceptos como una disposición de nuestra carta fundamental de observancia general sin más limitaciones o condición alguna que no sea la imposición de una sanción en un juicio como el de esta naturaleza. Reflejándose lo anteriormente expuesto en los siguientes puntos resolutivos del laudo sujeto a análisis, y cuyo contenido es el siguiente: "[.] PRIMERO. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en sesión de catorce de marzo de dos mil diecinueve, por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en el juicio de amparo directo penal 109/2018, promovido por el quejoso Adelí Viana Rodríguez, se dejó insubsistente la sentencia reclamada de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el presente toca penal, sólo por cuanto hace al justiciable de mérito, dejándola intocada por lo que resulta a los diversos sentenciados Daniel Humberto Amador Navarro, Ricardo Peña Estrada, José Manuel Amador Navarro, Rubén Darío Rugama Velázquez, Leonardo Márquez Plasencia, Juan Roberto Esparza Amézquita, José Juan Guerrero Alba y Alejandro Luna de la Torre. SEGUNDO. Salvo la precisión destacada en esta ejecutoria, relativa a que al justiciable Adelí Viana Rodríguez, le restaban por compurgar dos mil cuatrocientos sesenta y siete días en prisión, lo que también equivale a seis años, nueve meses, siete días en prisión, al dictado de la primera resolución de alzada de treinta de diciembre de dos mil dieciséis se confirma la sentencia condenatoria de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, en la causa penal 42/2015-I, al justiciable Adelí Viana Rodríguez, por su responsabilidad en la comisión de los delitos de sustracción de hidrocarburo refinado denominado Pemex Diesel de ductos de Petróleos Mexicanos, previsto y sancionado en el artículo 368 Quáter, fracción IV, del Código Penal Federal vigente en la época en que acontecieron los hechos (ocho de abril de dos mil quince); y, posesión ilícita de hidrocarburo refinado identificado como Pemex Magna, contemplado y reprimido en el numeral 368 Quáter, fracción I, párrafo segundo, del código punitivo federal en cita. TERCERO. Envíese por triplicado testimonio certificado de la presente resolución al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en atención al juicio de amparo directo penal 109/2018, para los efectos legales a que hubiere lugar. CUARTO. Remítase testimonio certificado de este pronunciamiento al Director del Centro de Reinserción Social en esta Ciudad, para su conocimiento y efectos legales conducentes. [.] Así, el Magistrado Presidente de este órgano pluripersonal, en términos de lo ordenado en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación a la circular número 11/2017-AGP, que modificó el Acuerdo General Plenario 5/2013, una vez analizadas las constancias que integran este cuaderno de amparo, estima que no existe exceso ni defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable, pues ésta dejó insubsistente la sentencia que fue reclamada, pronunciada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del toca penal 161/2016, ahora 72/2018, de los registros de la autoridad que llevó a cabo el mismo y en su lugar dictó otro, en el cual reiteró aquellos aspectos que se dejaron intocados, y luego, fundada y motivadamente se pronunció respecto de la acreditación de los delitos de sustracción de hidrocarburo Pemex Diesel y posesión de hidrocarburo Pemex Magna atribuidos al quejoso y su responsabilidad penal en su comisión, el grado de culpabilidad mínimo fijado atendiendo al concurso real que impera en el presente asunto, las penas de prisión, multa, reparación del daño, decomiso, los sustitutivos de las penas impuestas y la amonestación decretada, el cómputo de los días que lleva el sentenciado Adelí Viana Rodríguez en prisión preventiva, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos, precisando que al enjuiciado de nuestra atención, le restaba por compurgar una pena de prisión de seis años, nueve meses, siete días. En consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido.
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