Adelfo Méndez Tovilla
Expediente 194/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/03/2022
Partes del expediente
- Adelfo Méndez Tovilla
- Inés Domínguez Vázquez
- Bladimir Juarez Utrilla
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista; la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de diecisiete de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Bladimir Juárez Utrilla y otros. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formaron los cuadernos incidentales, de deja acordar lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto, el oficio de cuenta signado por Misael Barragán Álvarez, Perito Profesional Ejecutivo "B" en Medicina Forense de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite su informe respecto de la diligencia ordenada en autos, relativa a la práctica del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como a las directrices señaladas en el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, vinculado con el Protocolo de Estambul, que habría de efectuarse el once de este propio mes y año; sin embargo, estableció que no pudo llevarse a cabo, debido a que el quejoso Jesús Abner Turegano Olvera, manifestó que no era su deseo realizar la prueba de referencia por las razones que expuso; asimismo, exhibe la documental con la que sustenta su dicho. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. En ese tenor, toda vez que de la hoja de consentimiento informado signada por el quejoso se advierte que estableció que por cuestiones personales y por su proceso jurídico no era su deseo continuar con el dictamen que ofertó en el presente asunto, en consecuencia, REQUIÉRASELE para que en el acto de la propia diligencia o dentro del plazo de TRES DÍAS contado a partir de su legal notificación ratifique lo esgrimido ante el perito oficiante, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido se tendrá por desierta dicha probanza. En ese orden de ideas, toda vez que dicho impetrante de amparo, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Número catorce "El Amate", con sede en Cintalapa de Figueroa, se ordena a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado a fin de que realice la diligencia encomendada en párrafo que antecede. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES-. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS: Número de expediente: 194/2022 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida 1. Bladimir Juárez Utrilla, 2. Alejandro Gómez Villegas, 3. Inés Domínguez Vázquez, 4. Adelfo Méndez Tovilla, 5. Jesús López Damián, 6. Guillermo Juárez Castellanos, 7. Martín Méndez López, 8. Arnulfo González Jiménez, 9. Jaciel Alvarado Mendoza, 10. Asunción Alvarado Domínguez, 11. Ismael Castellanos Gómez, 12. Genaro Gutiérrez Pérez, 13. Ociel Cruz González, 14. Daniel de la Cruz Méndez, 15. Armando Castellanos Chávez, 16. Fredi Cruz González, 17. José Villegas López, 18. Fredy Alvarado Mendoza, 19. Alfredo Díaz Gómez, y 20. Felipe de Jesús Castellanos López, contra el acto que reclama del Juez de Jurisdicción Administrativa del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas y otra. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 194/2021-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda debemos tomar en consideración que el artículo 113, de la Ley de la Materia, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Cobra aplicación la tesis del texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: El acuerdo de fecha tres de enero de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad responsable ordenadora dentro del expediente número 57/2021, en el que determina notificarles por lista. En la especie, respecto al acto reclamado se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente deben agotarse dichos recursos. Pues bien, en principio es menester destacar uno de los principios que rigen el juicio de amparo consiste en el de definitividad, relativo a que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Así, tenemos que, en contra del acto reclamado, acotado con antelación, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; y en el caso, la parte quejosa al no haberlo agotado previamente, no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el recurso o medio de defensa legal que debe tener a su alcance la peticionaria de amparo, para impugnar la medida cautelar decretada por una autoridad, es algún recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada, lo que quiere decir que no cualquier medio de defensa en su terminología "lato sensu", cuyo concepto comprende medios de defensa ordinarios y extraordinarios, que se deje de interponer, conduce necesariamente a la conclusión de que se pueda actualizar esta causal de improcedencia. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la institución agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos reclamados. Ahora, tales recursos, cuya no promoción hace improcedente el juicio de amparo, deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen. Por otra parte, para que tenga obligación la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que lo agravie, debe existir entre éste y aquél una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Ahora bien, de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se haga valer en contra de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra las cuales resulte procedente algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; ello no obstante que la parte perjudicada no hubiese hecho valer tal recurso con la oportunidad legal debida. Es decir, el amparo únicamente procederá cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa que pudieren tener por efecto revocar, modificar o nulificar las resoluciones, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamadas; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En la especie, los artículos 43 y 44 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, establece un medio Impugnación de Notificaciones, de realizarse contrario a las solicitadas y realizadas por el actuario. Luego, si los quejosos señalaron como acto reclamado -como ya se dijo- el acuerdo de fecha tres de enero de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad responsable ordenadora dentro del expediente número 57/2021, en el que determina notificarles por lista, como lo manifestó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Expuesto lo anterior, este juzgado de distrito considera que contra el acto que reclama la parte quejosa, procede el recurso en términos de lo dispuesto por el ordinal 43 y 44 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas. Atento a lo anterior apoya la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2017117, del Pleno, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Pág. 8, del rubro siguiente: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. En tal tenor, el recurso administrativo constituye el medio ordinario idóneo de defensa que eventualmente pudiese resolverse a su favor, luego entonces, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, es inconcuso que dicha demanda resulta improcedente. Lo anterior, tomando en consideración que es el medio para que la parte afectada puede lograr que desaparezca el agravio cometido en su esfera jurídica, y las violaciones que argumenta se le ocasionaron, pues de la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 61, fracción XVIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Por el sentido que informa, es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. En ese contexto, resulta evidente que los promoventes debieron interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XVIII, del invocado dispositivo 61, de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo; a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, que se trate de órdenes privativas de la libertad, que el acto importe peligro de privación de la vida, deportación de destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22, Constitucional; o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional. Al efecto, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA PENAL QUE DEBEN AGOTARSE POR NO ATACARSE LA LIBERTAD PERSONAL. Aun cuando en los amparos en que se reclaman ataques a la libertad personal, no es necesario agotar previamente los recursos ordinarios procedentes (tesis jurisprudencial número 40 de la Primera Sala, correspondiente al Apéndice de los años 1917 a 1965 del Semanario Judicial de la Federación y tesis 43 del Apéndice 1917-1975, misma Sala), sí se hace indispensable, en cambio, el agotamiento de tales recursos, cuando en los juicios constitucionales se reclaman actos que, aun proviniendo de autoridades con jurisdicción penal, no son privativos de la libertad personal (tales como aseguramiento de los objetos materia del delito, restitución de la posesión del inmueble al despojado, etcétera), pues, en esos casos, existiendo recurso, no podría tratarse de actos definitivos. Y la diversa sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. REPRESENTACIÓN COMÚN En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Bladimir Juárez Utrilla. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos el que indican en su demanda. Como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Registro de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. V. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realiza el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta.VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
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