Adelfo Bolaños Villegas

Expediente 173/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
173/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Adelfo Bolaños Villegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa. I. Por tanto, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1 relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las diez horas con cinco minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con la Secretaria de acuerdos, Lizeth Ortiz Segura, procede a celebrar la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, la Secretaria hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo promovida por Adelfo Bolaños Villegas, (ii) auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, donde se admitió a trámite la demanda de amparo; (iii) informe justificado rendido por el Contralor Interno de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Acto seguido, el Juez, tiene por hecha la relación de constancias; por tanto, se ordena pasar a la siguiente etapa de la audiencia. Etapa probatoria. En esta fase se hace constar la documental ofrecida por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado. El Juez acuerda. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas enunciadas y al no haber diligencias pendientes que resolver se ordena pasar a la siguiente etapa. Etapa de alegatos. La secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Toda vez que las partes no ejercieron su derecho a alegar, se les tiene por perdido y se cierra dicho período; luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se dicta la siguiente:S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 173/2022, promovido por Adelfo Bolaños Villegas. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, la autoridad responsable ha sido omisa en dar contestación al escrito formulado por el quejoso y presentado el trece de enero de dos mil veintidós. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Adelfo Bolaños Villegas, presentó un escrito el catorce de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado al Contralor interno de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito el quince de febrero de este año, por lo que en auto de dieciséis de febrero siguiente dio trámite a la demanda, registrándola bajo el expediente 173/2022; asimismo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y los actos reclamados tendrían ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridad responsable: Contralor Interno de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Acto reclamado: la omisión de dar respuesta al escrito de doce de enero de dos mil veintidós, formulado por el quejoso y presentado el trece de febrero siguiente. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza del citado acto reclamando, en relación con la autoridad responsable. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, en virtud que refirió haber dado respuesta al escrito petitorio del quejoso el veintiuno de enero de este año, informándolo a través de una diversa misiva de dos de marzo siguiente. No obstante lo anterior, toda vez que la contestación recaída al ocurso del quejoso se dio a conocer al quejoso hasta el tres de marzo del año en curso, resulta evidente que a la fecha en que se promovió la demanda de amparo aun subsistía el acto reclamado -esto es el catorce de febrero de dos mil veintidós-, por lo cual, se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable y se tiene por cierto el acto reclamado. VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia de los actos reclamados. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." El suscrito advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados, como ocurre en el presente caso. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, mismas que tienen valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 1978 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se desprende que el veintiuno de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable dio contestación al escrito petitorio del quejoso, la cual se hizo del conocimiento del quejoso a través de la diversa misiva DDHPO/OD/CI/030/2022 de dos de marzo de este año, respuestas que fueron enviadas al quejoso el tres de marzo siguiente, a través del correo electrónico que proporcionó. En ese contexto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio, pues la responsable subsano la omisión de la cual se duele la parte quejosa, en virtud de haber dictado un acuerdo en el cual dio contestación al ocurso petitorio del quejoso. En consecuencia, resulta evidente que la inactividad reclamada, traducida en la conducta omisiva que conforma la Litis del presente asunto, ha dejado de existir, puesto que dicha autoridad se pronunció en el sentido de realizar una conducta que extinguió la desatención que originó el acto reclamado a estudio. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos de los actos reclamados a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la inactividad procesal reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubieran existido los actos omisivos reclamados, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente los destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, debe concluirse que los actos reclamados cesaron en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la inactividad reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno al quejoso. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sin que obste el hecho que no se tenga certeza que el quejoso haya quedado notificado del contenido de las respuestas recaídas a su escrito petitorio, mismas que se remitieron al correo de la parte quejosa el tres de marzo pasado; toda vez que, con la vista que este Juzgado dio con el informe justificado y pruebas remitidas por la responsable, a través del auto de ocho de marzo pasado, este se encontró en aptitud de imponerse de las mismas y alegar lo que a sus intereses conviniera. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. VII. DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adelfo Bolaños Villegas, en contra del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, en términos del considerando VI de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de ocho de marzo de este año se agregó el informe justificado y pruebas remitidas por el Contralor interno de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, auto que se notifica con esta fecha, por lo cual no ha comenzado a transcurrir el plazo de ocho días que indica el artículo 117 de la Ley de Amparo, como mediación entre la fecha de acuerdo del informe justificado y el de la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad descrita rindiendo su informe justificado. Asimismo, conforme al artículo 119 de la ley de la materia téngase a la responsable oficiante ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa al mismo, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Con el informe justificado y pruebas, dese vista a las partes. Notifíquese.

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