Adelfa Zuñiga Fuentes
Expediente 724/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Adelfa Zuñiga Fuentes
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y en específico la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de derechos. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda recibido electrónicamente en este juzgado y remitido por ***, por el que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 724/2020-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 6 y 3 del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley. En ese tenor, es dable destacar que la demanda de amparo que nos ocupa fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual, es un sitio web a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos; lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el mismo orden de ideas, el ordinal 3 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Acorde con lo anterior, los artículos 16, 17, 18, 19 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la tramitación y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, indican lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." "Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal." "Artículo 18. El registro en el Portal no implica la consulta de los expedientes electrónicos en los que la persona tenga interés, ni tampoco la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, pues ello depende que así lo haya solicitado quien cuente con capacidad procesal para ello, y que, a su vez, lo haya autorizado el órgano jurisdiccional que conozca del expediente respectivo." "Artículo 19. Una vez realizado el registro en el Portal, la persona usuaria podrá entrar al sistema a través de su "Nombre de Usuario y Contraseña", o bien, a través de su Firma Electrónica vigente." "Artículo 52. El módulo para presentar promociones y recursos contará con un mecanismo que permita registrar la fecha y hora del envío, de la conclusión del mismo, y de la recepción de los documentos remitidos. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como las horas y fechas de envío y de recepción. Para efectos del cómputo de los plazos, se tomarán los datos de envío de las promociones o recursos. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la Firma Electrónica que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, lo cual se tomará en consideración por los órganos jurisdiccionales para acordar lo correspondiente." En este contexto, según se advierte del artículo 3 de la Ley de Amparo, las promociones que se hagan en el juicio podrán realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. Asimismo, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en el caso de que se presenten demandas en donde se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. En ilación a lo anterior, se advierte que el escrito de cuenta no cumple con lo establecido en los citados preceptos legales invocados, pues ni siquiera cuenta con una firma autógrafa de la quejosa y aunque así lo fuera; al presentarse el escrito de demanda en línea, el mismo debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la quejosa, por lo cual no se puede considerar que manifieste su voluntad y consentimiento, y por ende, que a dicha persona le cause un agravio los actos reclamados. Y, si bien se advierte la evidencia criptográfica de la firma electrónica de Juan Roberto Ramírez González, cierto es que ésta no corresponde a la quejosa, sino al autorizado de aquélla, como se advierte de su escrito de demanda. Además, debe decirse que de la lectura íntegra del escrito de demanda, no se advierte que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; lo cual sería una excepción a la regla y permitiría a un tercero promover la demanda en favor del directo quejoso. A manera de precisión, se explica que no se soslaya la excepción que refiere la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concatenado con los artículos 109 y 15, ambos de la Ley de Amparo, en lo atinente a que, tratándose de actos que implique peligro de privación de la vida, será innecesaria la firma electrónica. Sin embargo, tal excepción no se actualiza en el presente asunto, en razón de que de los hechos manifestados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, no se advierte que existan condiciones que pongan en peligro la vida del mismo; además, que el acto que reclama la parte promovente es en materia penal, esto es la orden de presentación, detención y en su caso de aprehensión; por tanto, no se colige acto alguno que atentara contra la vida del quejoso, ni de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo en su perjuicio, ni siquiera tomando en consideración la contingencia de salud referida. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2019715, tesis P./J. 8/2019 (10ª.), visible en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria.Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.". Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 6 y 3 del mismo ordenamiento legal y atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la misma norma, lo procedente es desechar de plano por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por Adelfa Zúñiga Fuentes, dado que si bien existe evidencia criptográfica a nombre de Juan Roberto Ramírez González, dicho profesionista tiene la calidad de autorizado de la parte quejosa. Sustenta tal determinación, a contrario sensu, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el registro 186605, tesis 2ª. LXXI/2002, visible en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Se tiene a la parte quejosa solicitando la consulta vía electrónica del presente expediente, a través del usuario "gasrace", lo anterior de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad; ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dé el trámite correspondiente a efecto de que se pueda consultar vía internet el expediente en que se actúa. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 6 y 3 del mismo ordenamiento legal y atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la misma norma, lo procedente es desechar de plano por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por Adelfa Zúñiga Fuentes, dado que si bien existe evidencia criptográfica a nombre de Juan Roberto Ramírez González, dicho profesionista tiene la calidad de autorizado de la parte quejosa. ". NOTIFÍQUESE
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