Adelaido Luengas Marquez

Expediente 859/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
859/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Adelaido Luengas Marquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, toda vez que el proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Beatriz Rodríguez Trinidad defensora particular de ADELAIDO LUENGAS MÁRQUEZ, contra actos del Titular de la Décima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otra autoridad; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso con el número 859/2022, regístrese en el libro de gobierno. Análisis de la demanda: Del análisis de la demanda de amparo, se advierte la parte quejosa reclama del Titular de la Décima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: La sentencia dictada en el toca penal JOTPAI/14/2022, en su apartado IV en lo general. Refiere, bajo protesta de decir verdad, que en la causa penal 217/2022 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Región Costa, sede Putla Villa de Guerrero, que se instruye contra el quejoso Adelaido Luengas Marquez, con fecha diecinueve de abril de dos mil veintidós se inició la audiencia intermedia, la que se reanudó el seis de mayo de dos mil veintidós, en la que el juez declaró improcedente admitir el medio de prueba consistente en la prueba pericial en materia de criminalística ofertada por la defensa, y se dictó auto de apertura a juicio en el que no se tuvo por admitido dicho medio de prueba. Inconforme con esa determinación la defensa interpuso recurso de apelación, el que se radicó bajo el toca penal JOTPAI/14/2022 del índice de la Décima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el que se resolvió el treinta de junio de dos mil veintidós, declarando infundados los agravios de la defensa. En el presente caso, se estima actualizada, de manera notoria y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario; que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De tales preceptos deriva que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio, únicamente será procedente cuando esos actos afecten derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. La interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; en tanto que los que no son de imposible reparación solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora bien, el legislador precisó el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos, con lo cual proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de este tipo, ya que estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación materia a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían recaer sobre derechos sustantivos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente a las leyes adjetivas. De esta interpretación se deducen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos. Tales derechos sustantivos, son considerados antagónicos a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que dependen de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso concreto, se trata de un tema procesal que, por el momento, no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, pues la determinación combatida no afecta de modo material, directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos del quejoso, como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión, puesto que, como se dijo, no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación procesal que pudiera ocasionarse puede ser subsanada al momento de que el Juez emita la resolución definitiva favorable a sus intereses, por lo que esa esa violación que impugna desaparecería y, en caso contrario, esto es, aun cuando no fuera así, puede remediarse mediante el medio de defensa que se promueva en contra del citado fallo definitivo, alegándolo como una violación procesal, incluso en amparo directo. Conforme a lo anterior, el acto reclamado no tiene ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no reviste la categoría de un derecho "sustantivo", consagrado en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Esto es así, pues los efectos que ocasionó el auto combatido, no constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que la afectación que provocan los mencionados actos no es actual, sino que produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, en cuya hipótesis podrá hacer valer esa situación al inconformarse contra la resolución que resuelva en definitiva el proceso laboral, y podrá hacer valer alegaciones en contra de dicho acto reclamado; incluso, de resultarle adversa la citada impugnación, podrá reclamar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo correspondiente. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos artículos 107, fracción V, este aplicado a contrario sensu, así como el 170 y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Notificación a la parte quejosa. Toda vez que parte quejosa no proporciona domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, se ordena que las notificaciones que deriven del presente juicio se realicen mediante lista que publica la Administración Regional y que debido a la contingencia sanitaria se encuentra en el acceso del edificio del Poder Judicial de la Federación, así como en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Así también, se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que indica, sin gozar de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no proporciona número de cédula profesional o de registro en Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene proporcionando los correos electrónicos betsyrt1@hotmail.com y lic_alejandramartin@hotmail.com, así como los números telefónicos 5549878280 y 5611235132, únicamente como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales). Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a quince horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

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