Adelaida Rodríguez Rodríguez
Expediente 579/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Adelaida Rodríguez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a once de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México en el pide que se le remita la demanda de amparo, así como, sus anexos y se informe el estado procesal que guarda el presente asunto. Al respecto, infórmese la Jueza oficiante que en fecha de trece de agosto de dos mil veintiuno, se radico la demanda de amparo en la que este órgano federal se declaró incompetente para conocer del asunto, remitiendo la demanda y sus anexos, al Tribunal Colegiado en turno. Asimismo, en auto de veintidós de septiembre del dos mil veintiuno, se recibió el oficio 6374 proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México, acusando de recibo de la demanda y las constancias anexas, avocándose en el conocimiento, registrándolo con el número de expediente D.C.506/2021, por lo que, se tuvo por concluido el presente asunto remitiéndose al archivo del juzgado. No obstante, se remite copia simple de la demanda, en atención de que es lo que obra en el presente cuaderno de antecedentes. Lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese por oficio al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y por lista a la parte quejosa.
- Principal
En la Ciudad de México, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio por el que se le remitió el cuaderno de amparo 579/2021-IV, en razón de la incompetencia planteada en relación a la demanda de amparo promovida por ******************** y otros, e informa que aceptó la competencia y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida, dada la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional. En las relatadas condiciones, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, al no existir actuación pendiente en este asunto, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de septiembre de dos mil veintiuno. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el último párrafo del artículo 20 del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, para ser considerado de relevancia documental. De conformidad con la fracción XX, del Punto Segundo, del apartado de Disposiciones Generales, y fracción I, del punto Vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este cuaderno es susceptible de destrucción, lo que deberá de realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación. Finalmente, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REASIGNACIÓN DE TITULAR Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del Juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis del mes y año en curso. NOTIFÍQUESE por lista a la parte quejosa.
- Principal
En la Ciudad de México, a trece de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la quejosa, y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.
- Principal
*AVISO.- Se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa el proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: "En la Ciudad de México, a trece de agosto de dos mil veintiuno. QUEJOSOS. ********** AUTORIDAD RESPONSABLE - Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. REGISTRO DE DEMANDA. Fórmese expediente y regístrese en el libro de registro de juicios de amparo, con el número 579/2021-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico en mención. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos reclaman, el proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, publicado el diecinueve del mismo mes y año, dictado por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en los autos del Procedimiento de Liquidación Judicial 227/2020, en el que no admitió los recursos de revocación interpuestos por los quejosos en contra de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, en la que al parecer no se les reconoció el carácter como acreedores de ******** (sin que se cuente con mayores datos). ACUERDO DE INCOMPETENCIA Atendiendo a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual debe analizarse antes de resolver cuestiones de fondo planteadas en la demanda, se estima que este Juzgado federal CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para resolver el juicio de amparo respecto del acto reclamado, ya que sin poner fin al juicio constituye una resolución definitiva y, por ende, corresponde conocer a un Tribunal Colegiado, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, inciso c), ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, los preceptos legales invocados, establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y (.)". Ley de Amparo: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido". Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y (.)". Del marco legal trascrito, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo promovido contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, las cuales son aquellas que deciden el juicio en lo principal, o sin resolverlo, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Además, que cuando se presente ante un Juzgado de Distrito una demanda de amparo contra alguna sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio, se debe declarar legalmente incompetente y remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Por su parte, el artículo 245, párrafo último, de la Ley de Concursos Mercantiles, establece: "Artículo 245.- [.] El concurso mercantil de las instituciones de crédito se regirá por lo dispuesto para la liquidación judicial y demás normas aplicables de la Ley de Instituciones de Crédito." El artículo 268 de la Ley de Instituciones de Crédito, dispone: "Artículo 268.- El recurso de revocación procede en contra de la sentencia que resuelva sobre la declaración de la liquidación judicial, la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos y contra la sentencia que declare la terminación de la liquidación judicial. El juez desechará de plano los recursos de revocación por los que se controviertan resoluciones diversas a las señaladas en este artículo." De los artículos transcritos, se advierten las normas que establecen que el concurso mercantil de las instituciones de crédito se regirá por lo dispuesto para la liquidación judicial y demás normas aplicables de la Ley de Instituciones de Crédito y que el recurso de revocación procede en contra de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Así, respecto a la naturaleza de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 78/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, página 140, registro digital 188077, que es del tenor y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN DE PAGOS. LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL AMPARO DIRECTO. La sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos resuelve en definitiva si se reconoce o no el crédito presentado por los presuntos acreedores, así como la prelación y graduación en que éstos deberán ser pagados por la suspensa, poniendo fin a la contienda judicial entre la pretensión de cada uno de los acreedores y la suspensa, por lo que al resolver esta sentencia cuestiones principales y no meramente accesorias del juicio de suspensión de pagos, la misma reviste un carácter de definitiva, puesto que dichas cuestiones ya no podrán ser modificadas con posterioridad, en virtud de que se constituyen diversos derechos a favor de los acreedores, y en caso de que esta sentencia resultara contraria a los intereses de algún acreedor, originaría un perjuicio directo e inminente a su esfera jurídica, que podrá controvertir mediante el recurso de apelación y posteriormente, en su caso, acudir al amparo directo." De terminó que lo siguiente: "[.] 7. En la sentencia de reconocimiento de créditos, el Juez establecerá el grado y la prelación que se le reconoce a cada crédito, clasificando a los acreedores según la naturaleza de sus créditos en acreedores singularmente privilegiados, acreedores hipotecarios, acreedores con privilegio especial, acreedores comunes por operaciones mercantiles y acreedores comunes por derecho civil. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la sentencia dictada por el Juez de lo Concursal, referente al reconocimiento, graduación y prelación de los créditos, resuelve en definitiva si se reconoce o no el crédito presentado por el presunto acreedor, poniendo fin a la contienda judicial entre la pretensión de cada uno de los acreedores y la suspensa, resolviéndose una cuestión principal, que en caso de resultar contraria a los intereses de algún acreedor, originaría un perjuicio directo e inminente a su esfera jurídica, que podrá controvertir mediante el recurso de apelación y posteriormente a esta sentencia definitiva de la segunda instancia, acudir al amparo directo." Es decir, otorgó a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, el carácter de una resolución definitiva porque en definitiva se reconoce o no el crédito presentado por el presunto acreedor, poniendo fin a la contienda judicial entre la pretensión de cada uno de los acreedores y la suspensa, resolviéndose una cuestión principal, que en caso de resultar contraria a los intereses de algún acreedor, originaría un perjuicio directo e inminente a su esfera jurídica, la que se podría combatir a través del recurso correspondiente y posteriormente acudir al amparo directo. Con base en la jurisprudencia referida diversos Tribunales Colegiados han aplicado de manera analógica a la Ley de Concursos Mercantiles la naturaleza de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar que constituye la sentencia definitiva en tal procedimiento. Así, se deprende de la tesis IV.2o.C.82 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2671, registro digital: 168180, que establece: "CONCURSO MERCANTIL. LOS ACTOS DICTADOS EN LA ETAPA DE QUIEBRA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO HASTA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE DECLARE CUMPLIDA O INOBSERVADA LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2002-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", determinó categóricamente que existen dos reglas genéricas y una específica para la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, y que atendiendo a que tales medidas tienen aplicación en distintas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es inconcuso que cada una de las aludidas reglas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí, pues de actuar en ese sentido existe el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías. En ese contexto, si se reclama una resolución dictada en un concurso mercantil, durante la etapa procesal de quiebra, y con posterioridad a la emisión de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, la cual constituye la sentencia definitiva en tal procedimiento de conformidad con la diversa jurisprudencia 1a./J. 78/2001, emitida por la referida Primera Sala del más Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 140, de rubro: "SUSPENSIÓN DE PAGOS. LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL AMPARO DIRECTO.", es indudable que en ese caso debe atenderse a la regla específica que prevé el artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de garantías en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, la cual consiste, según lo estableció el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en razón de que los actos dictados en ejecución de sentencia, no pueden ser regulados por la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para los actos dictados en el juicio, como lo prevé la jurisprudencia citada en primer término." De igual forma, de la tesis III.5o.C.121 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, página 1047, registro digital 172239, que dice: "CONCURSO MERCANTIL. LA SENTENCIA QUE CONFIRMA LA DIVERSA QUE DECLARÓ LA QUIEBRA, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o., 43, 122, 135, 175 y 265 de la Ley de Concursos Mercantiles, el juicio consta de dos etapas sucesivas denominadas de conciliación y de quiebra en las que se dictan diversas sentencias, como son: a) la que declara el concurso; b) la de reconocimiento, graduación y prelación de créditos; c) la de quiebra, y d) la de terminación. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 78/2001, de rubro: "SUSPENSIÓN DE PAGOS. LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL AMPARO DIRECTO.", la cual es aplicable por analogía a los concursos mercantiles, estableció que la resolución en la que se hace el reconocimiento, graduación y prelación de créditos es la que debe entenderse como definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, por ser ésta la determinación que pone fin a la contienda judicial entre la pretensión de cada uno de los acreedores y la concursada, resolviendo las cuestiones principales. Luego, si en todo juicio sólo puede haber una sentencia definitiva contra la que proceda amparo directo; consiguientemente, contra la resolución que confirma la declaración de quiebra el que cabe es el amparo indirecto, tanto por haber sido dictada en el concurso mercantil con posterioridad a la de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, de acuerdo a las reglas del artículo 114 de la ley de la materia, como debido a que no resuelve el juicio en lo principal; máxime que sus efectos son similares a los de la sentencia que declara el concurso mercantil (es decir, no definitivos), conforme lo establece el precepto 176 de la Ley de Concursos Mercantiles, que dice: "Sujeto a lo que se establece en este capítulo, las disposiciones sobre los efectos de la sentencia de concurso mercantil son aplicables a la sentencia de quiebra." Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 51/2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, página 21, registro digital 180958, estableció que el auto en el que se desecha un recurso interpuesto contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, debe considerase que pone fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural. Dicha jurisprudencia es el rubro y texto siguientes: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." Así las cosas, se estima que la resolución reclamada se encuentra en la hipótesis del artículo 170 de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, en términos de la fracción V del artículo 107 Constitucional, por lo que con fundamento en el numeral 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se declara carente de competencia legal para conocer de la demanda de garantías y se ordena remitirla al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno; SOLICITÁNDOLE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE, DE NO EXISTIR INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO, SE SIRVA ACUSAR EL RECIBO RESPECTIVO Y, ASIMISMO, SE SIRVA COMUNICAR SI ACEPTA O NO LA COMPETENCIA PLANTEADA. Con copia autógrafa de este acuerdo y con copia simple de la demanda de amparo, que se obtenga por este juzgado, fórmese por separado el toca de antecedentes respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. En la inteligencia, que en caso de encontrar cerrado el domicilio de la parte quejosa, el Actuario de la adscripción deberá actuar de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa autorizando a las personas que menciona, únicamente, en términos de la última parte, del segundo párrafo, del artículo 12 invocado, toda vez que no proporciona sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se le tiene señalando correo electrónico, para recibir comunicaciones no oficiales, en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, autoriza la consulta del expediente electrónico, en virtud de que los nombres de usuarios "****** y *********", se encuentran registrados en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico, atendiendo a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló domicilio ara oír y recibir notificaciones en su escrito de demanda, y solicita en su escrito de cuenta la práctica de notificaciones vía electrónica, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, precise cuál es la vía que elige para que se le practiquen notificaciones en este juicio, apercibida que de no desahogar dentro del término concedido para ello o no hacer manifestación alguna al respecto, se tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señaló en su escrito inicial de demanda. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis I.1o.P.35 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 2366, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, que dice: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS SOLICITA QUE SE LE PRACTIQUEN VÍA ELECTRÓNICA, PERO DEL ESCRITO DE DEMANDA O DEL APERSONAMIENTO A JUICIO, SE ADVIERTE QUE SU AUTORIZANTE (QUEJOSO O TERCERO INTERESADO) INDICÓ UN DOMICILIO CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE PRECISE CUÁL ES LA VÍA QUE ELIGE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. Si el autorizado en términos amplios solicita que las notificaciones de los autos o resoluciones emitidos en el juicio de amparo se le practiquen vía electrónica, pero del escrito de demanda o del apersonamiento a juicio, se advierte que su autorizante (quejoso o tercero interesado) indicó un domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el Juez de Distrito debe requerir a éste para que -por sí o sus autorizados- precise cuál es la vía que elige para esos fines. Lo anterior, porque debe tomarse en consideración que los autorizados que el quejoso o, en su caso, el tercero interesado puedan designar en el trámite del controvertido constitucional, no pueden ser partes para efectos del juicio de amparo, pues esa calidad no se las reconoce el artículo 5o. de la Ley de Amparo, ya que únicamente tienen ese carácter: el quejoso, el tercero interesado, la autoridad responsable y el Ministerio Público de la Federación; sino que de conformidad con los diversos 12 y 24 de la propia ley, los autorizados sólo son representantes de aquéllos en la litis constitucional, con el propósito de que realicen actos procesales a favor de los intereses legales de la parte que los designó, tan es así, que por mandato legal, no pueden sustituir o delegar dicha autorización a un tercero. Por tanto, a los autorizados no se les puede desvincular o desligar de la parte procesal -principal- a la que representan, pues quien se beneficia o se perjudica de las decisiones adoptadas tanto de trámite como de fondo que se emitan en el juicio de amparo, es su autorizante (quejoso o tercero interesado). Es decir, cualquier acto procesal que los autorizados realicen durante la tramitación y resolución del juicio de amparo, no lo hacen "a nombre propio", sino como representantes de la persona (física o moral) quien los autoriza. En consecuencia, en atención al hecho de que según la notificación que se practique en el caso concreto, ésta surte efectos de manera distinta conforme al artículo 31 de la Ley de Amparo, no puede aceptarse que existan dos clases de notificación y, por ende, dos cómputos para una misma parte procesal, como por ejemplo, que por un lado la directa parte quejosa señale la forma "tradicional" para oír y recibir notificaciones mediante la referencia de un domicilio convencional para esos fines en su escrito de demanda y, por otro, sus autorizados (en ese mismo ocurso o en uno diverso) adopten como vía de notificación la electrónica, pues no se trata de dos partes procesales distintas entre sí, sino los segundos son únicamente representantes de la parte principal que conforma al juicio de amparo, o sea, la parte quejosa. De ahí la necesidad de que el Juez de Distrito requiera al autorizante para que precise cuál vía de notificación es la que elige para los efectos legales a que haya lugar." PETICIÓN A LAS PARTES. Conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 55 51 33 81 00, ext. 1910, con un horario de atención de las nueve a las trece horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita."
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