Adelaida Ramona Peralta Chacon

Expediente 1733/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1733/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • Adelaida Ramona Peralta Chacon

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado inciso y numeral ya citados, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    MESA V. Agréguense a estos autos el escrito de Angélica Espíndola Zarazúa, quien se ostenta apoderada de la autoridad tercera interesada en este juicio, Procuraduría Agraria en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompaña; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo en vigor, se reconoce a la ocursante el carácter de apoderada de la autoridad tercera interesada, en términos de la copia certificada del testimonio del instrumento notarial número 210481, de fecha ocho de abril de dos mil trece, otorgado ante la fe del Notario Público número treinta y cinco del entonces Distrito Federal. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se tiene por apersonada al presente juicio de amparo en su carácter de tercera interesada, Procuraduría Agraria en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por conducto de su apoderada. Por otro lado, y en relación a lo que solicita la apoderada de la citada tercero interesada en el sentido de que se le entregue el testimonio del instrumento notarial número 210481, de fecha ocho de abril de dos mil trece, otorgado ante la fe del Notario Público número treinta y cinco del Distrito Federal que exhibió, devuélvase a la ocursante el instrumento notarial a que se ha hecho referencia, para lo cual, proceda la Secretaría de este Juzgado a realizar el cotejo y certificación de tal documento con la copia simple que acompañó, a fin de que ésta última sea agregada a los presentes autos y el original le sea devuelto, en días y horas hábiles, cuando las labores del Juzgado lo permitan, previa identificación y recibo que obre en autos. Asimismo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle sesenta y seis, número quinientos trece, con cruzamientos en la calle sesenta y tres, de la colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, y por autorizados a Julio Armando Mares Lorenzo, Oscar Cruz Pérez, José Gabriel Santiago Hernández, Jessica Pamela Cruz Ávila, Francisco Hernández Pérez, Jazmín Durand Silva, Rita Candelaria Chuil Gómez, Sergio Vidal Gómez Guzman, David Rolando López Ambrosio, Alejandrina Gámez Rey, y José Zeferino Andrade Corona, los siete primeros citados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y los restantes con las limitaciones que establece el artículo antes invocado, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cuanto a su diversa solicitud de reproducir constancia alguna que obran en autos del juicio de garantías en que se actúa a través de cámara fotográfica y teléfono celular; en consecuencia, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para que pueda hacer uso de los medios que alude en su escrito de cuenta al momento de la consulta del presente asunto. NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA V. Vista la demanda de amparo promovida por ADELAIDA RAMONA PERALTA CHACÓN, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte que por cuanto al Auxiliar de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 112, de la Ley de la Materia, se deba desechar la demanda de amparo, solamente por cuanto al acto que se reclama de dicha autoridad responsable. Se afirma lo anterior, toda vez que no tiene calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, toda vez que sus actos carecen de imperio y facultad de decisión. Al respecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". Por su parte, el artículo 1° de la invocada ley de la materia establece: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Asimismo, el artículo 5 de la invocada Ley de la materia, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación literal y sistemática de los preceptos invocados permiten establecer, que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso, de particulares en los casos señalados en la propia Ley. Igualmente se precisa que son partes en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En este sentido destaca lo previsto en la norma, referente a que, para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, pero cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, esto es, cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En relación con esto, es decir, al analizar el concepto de autoridad responsable o particular responsable en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en la ejecutoria de veintiséis de marzo de dos mil catorce, emitida en la contradicción de tesis 4/2014, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Tercero del Segundo Circuito, Tercero del Tercer Circuito, Segundo, Sexto y Décimo Séptimo del Primer Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "Aun cuando el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: "... para los efectos de esta ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general'; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra a subordinación." Posteriormente, la misma Segunda Sala del Alto Tribunal, en la ejecutoria de treinta de abril de dos mil catorce, dictada en el amparo directo en revisión 736/2014, en lo que interesa expresó: "Que en tratándose de juicios promovidos bajo la vigencia de la nueva Ley de Amparo, existe un nuevo paradigma respecto del concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional... Que en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo vigente, es autoridad responsable la que, independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Que a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general... Que este tribunal y la doctrina constitucional han sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: de subordinación, de supraordinación y la de coordinación. Las relaciones de subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Que con base en las notas distintivas de cada uno de los tipos de relaciones jurídicas que existen en el Estado, atendiendo al marco conceptual que dio origen al texto de la vigente Ley de Amparo, es que, como se indicó en el asunto citado, en cada caso concreto debe analizarse si los actos de que se trata, pueden reputarse como provenientes de autoridad." De lo transcrito se advierte que para el Alto Tribunal del País, la identificación del concepto "autoridad" y, por ende, del concepto "particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad", en la actual Ley de Amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: de subordinación, de supraordinación y de coordinación, que consisten en: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; b) Supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. En tal virtud, será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otra parte, tratándose de particulares, los sujetos en contra de quienes es procedente el juicio de amparo son aquellos cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad; esto es, siguiendo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquellos que desde una posición de supra a subordinación, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Bajo estas premisas, en el caso no se actualizan los supuestos normativos precisados, toda vez que el acto reclamado al Auxiliar de la junta responsable, consiste en la omisión de vigilar que el juicio laboral no quede inactivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que es autoridad para efectos del amparo, la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, por las razones jurídicas que la sustentan, la tesis P. XXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Materia(s): Común, Página: 118 y registro: 199459, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Luego, si en la especie, el acto atribuido al Auxiliar de la junta responsable, consiste en la apuntada omisión; es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que el Auxiliar de la junta sólo cumple con las funciones que le fueron encomendadas por parte de sus superiores, por lo que carece de imperio y facultad de decisión y, por ende, no puede ser autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, en tanto que sus funciones se encuentran limitadas a acordar lo relativo a los escritos de demanda y promociones relacionadas con los expedientes tramitados ante la junta, quien es a la que corresponde, por medio de su presidente, la responsabilidad y pronunciamiento de las determinaciones que emita en dichos asuntos, en forma unilateral y obligatoria. De ahí que, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no existe razón legal que implique la posibilidad de considerar como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo al Auxiliar de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad. En ese tenor, lo procedente es desechar la demanda de amparo por cuanto a dicho funcionario se refiere. Ahora bien, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ADELAIDA RAMONA PERALTA CHACÓN, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídanse sus informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual las responsables deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dichos informes; apercibidas, que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de la Materia. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se estima que le recae el carácter de tercera interesada en este juicio a la Procuraduría Agraria en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de la Materia, gírese atento oficio a la Procuraduría Agraria en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para efectos de hacerle saber la admisión de la demanda que nos ocupa, al que se adjuntará copia simple de ella e indíquesele que con tal carácter puede comparecer a juicio si a su interés conviniere, y comunicándole la fecha y hora de la celebración de la audiencia constitucional precisada en párrafos anteriores. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de su parte, la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, en todo cuanto favorezcan a sus intereses, así como las documentales que anexa a su escrito de demanda, las cuales serán tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa, en su caso. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para ello en su escrito de demanda; y como sus autorizados para tal fin, a José Jonatan Benítez Aguilar y Nidia Concepción Arceo Gamboa, el primero de los citados, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y la restante, con las limitaciones que establece el citado numeral, hasta en tanto se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales. Por otra parte, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó. Notifíquese y Personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA V. Agréguense a estos autos el oficio signado por la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante los cuales cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de seis de diciembre del año en curso, por ende, déjese sin efecto legal el apercibimiento decretado en dicho auto. Ahora bien y toda vez que de la lectura del oficio y anexo de cuenta se advierte que la citada autoridad manifestó que, en relación a la forma y términos en que antendió la solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública, en el cual se le solicitó diversa información para efecto de cumplimentar debidamente la ejecutoria de mérito, ya ha proporcionado la información, situación que le fue comunicada el veintiocho de noviembre del año en curso. En atención a lo anterior, requiérase al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, para que en el término de tres días hábiles contados a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, informe las gestiones realizadas en torno a lo manifestado por la autoridad oficiante e informe a esta autoridad el acuerdo recaído respecto a tal determinación, así como las gestiones realizadas en torno al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente asunto; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano