Adelaida Ramirez Pedroza

Expediente 1219/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 26 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1219/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Adelaida Ramirez Pedroza
  • Rosa Torres Martinez
  • Jose Luis Porcayo Tavira
  • Gemma Figueroa Arizmendi
  • Poder Judicial del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA QUEDADO FIRME. CON INCIDENTE. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 inciso c) el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, se determinó negar la suspensión definitiva. Lo anterior, sin que se ordene glosar dicho cuadernillo, dado el volumen del mismo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por María Eugenia Figueroa Arizmendi, en su carácter de quejosa, mediante el cual solicita copias certificadas de la sentencia dictada en el presente juicio; al respecto, y, en virtud de que las copias solicitadas no se encuentran en los supuestos establecidos en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto de contener información reservada o confidencial, con fundamento en el artículo 3°, de la Ley de Amparo, expídanse y entréguense por conducto de la persona que autoriza para tal efecto; quien deberá comparecer para su fotocopiado y entrega, previa razón de recibo que quede en autos para constancia legal; lo anterior por la seguridad de la parte solicitante y la de este Juzgado. Así también, se hace de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su estricta responsabilidad. Se informa que la entrega de la copia certificada que solicita, deberá llevarse a cabo previa cita que el promovente haga a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, dado que este juzgado debe tomar las medidas necesarias a efecto de reducir el riesgo de contagio que dio origen a la pandemia que se vive, en estricta observancia a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se autorizan los medios electrónicos que refiere para los efectos que precisa. Por otra parte, por cuanto al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígasele que deberá estarse al señalado por el representante común y que se encuentra acordado en autos. Finalmente, respecto del correo electrónico y número telefónico que cita, se tienen únicamente como contacto, lo anterior, a efecto de privilegiar la salud, y aplicar el protocolo de prevención para evitar el contagio del virus que dio origen a la pandemia que se padece. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a tres de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, téngase por recibido el oficio con anexo signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual devuelve el cuadernillo original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa 1219/2020, asimismo, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de veinte de enero de dos mil veintidós, dentro del toca correspondiente al incidente en revisión 270/2021, en el cual en sus puntos resolutivos determinó: ".PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución interlocutoria recurrida.SEGUNDO. Se NIEGA la suspensión definitiva de los actos reclamados."; al respecto, agréguense a los autos para que obren como corresponda, teniendo por hecha la comunicación que vierte. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente, ello por el motivo que expone la autoridad oficiante. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a esta autoridad federal, Adelaida Ramírez Pedroza, José Luis Porcayo Tavira, Elizabeth Nava González, Patricia Guadalupe Berlanga Rivera, María Eugenia Figueroa Arizmendi, Jesús Flores Jiménez, Marina Lourdes Pineda Fernández, Gemma Figueroa Arizmendi, María Alejandra Rojas Porcayo y Rosa Torres Martínez, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Poder Judicial y Congreso Local, ambos del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".Del Poder Judicial del Estado. -La restricción o exclusión de nuestro derecho al incremento de la pensión jubilatoria, desde 2015 a la fecha, que adquirimos mediante los respectivos decretos jubilatorios del CONGRESO DEL ESTADO, y se encuentra así previsto específicamente en la Ley, lo que trastoca nuestros derechos humanos afectando gravemente nuestra dignidad personal, con motivo del trato discriminatorio por la autoridad responsable PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, y que por desigual, resulta cruel y degradante pues atenta contra nuestra subsistencia y nos impide al acceso pleno a un nivel de vida adecuada,. -La negativa del Poder Judicial. observar nuestro derecho de seguridad social al incremento de las pensiones jubilatorias, que nos corresponden desde 2015 a la fecha,. -El incumplimiento del Poder Judicial. de considerar dentro de sus pasivos deuda contingente, de conformidad con la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, su deber de pagar a los suscritos quejosos, las diferencias por concepto de incrementos conforme al aumento en el salario mínimo general desde 2015, así como integrado en concepto de aguinaldo el equivalente a noventa días, de esa pensión anualmente, en los términos que se encuentran específicamente previstos tanto en la Ley del -servicio civil, como en los correspondientes decretos jubilatorios que nos reconocen expresamente ese derecho por el Estado de Morelos,. -La omisión del Poder. de generar mecanismos que garanticen el pago completo y puntual de nuestra pensión por jubilación para el pleno ejercicio de nuestros derechos humanos, y así asegurar el bienestar que debe proveer el derecho humano a la seguridad social y al acceso a un nivel de vida adecuado, con el incremento a la pensión jubilatoria conforme a los incrementos al salario mínimo. -La violación al artículo 1º, párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de la omisión por las autoridades responsables. en el ámbito de sus respectivas competencias por el incumplimiento de deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los suscritos quejosos, . Del Congreso. -La omisión. de asegurar a los trabajadores jubilados del Poder Judicial del Estado, observando en la organización de la seguridad social a la que está obligada, la base mínima de cubrir la jubilación, asignando en cada ejercicio fiscal desde 2015 a la fecha, una partida autorizada en el decreto de Presupuesto de Egresos que anualmente aprueba, que comprenda el pago de los incrementos a las pensiones jubilatorias que fueron decretadas por ese mismo órgano legislativo en favor de cada uno de los trabajadores jubilados. -La omisión de hacer las observaciones y en su caso incluir oficiosamente, con motivo del procedimiento para la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado que establecen las disposiciones constitucionales y legales aplicables, los importes correspondientes al aumento de las pensiones de los Trabajadores jubilados del Poder Judicial del Estado." SEGUNDO. Previo auto aclaratorio el cuatro de enero de dos mil veintiuno, esta autoridad, admitió la demanda de amparo y radicó el asunto con el número de expediente 1219/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: Del Poder Judicial del Estado. 1.- La restricción, exclusión, omisión o negativa del derecho al incremento de la pensión jubilatoria, de acuerdo al salario mínimo desde dos mil quince, a la fecha. -2.- El incumplimiento de considerar dentro de sus pasivos deuda contingente, de conformidad con la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de pagar a los quejosos las diferencias por concepto de incrementos conforme al aumento en el salario mínimo general desde dos mil quince, así como integrado en concepto de aguinaldo el equivalente a noventa días. -3.- La omisión de generar mecanismos que garanticen el pago completo y puntual de la pensión por jubilación, conforme a los incrementos al salario mínimo. Del Congreso. -1.- La omisión de asegurar a los trabajadores jubilados del Poder Judicial del Estado, la base mínima de cubrir la jubilación, asignando en cada ejercicio fiscal desde dos mil quince a la fecha, una partida autorizada en el decreto de Presupuesto de Egresos que anualmente aprueba, que comprenda el pago de los incrementos a las pensiones jubilatorias. -2.- La omisión de hacer las observaciones y en su caso incluir oficiosamente, con motivo del procedimiento para la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, los importes correspondientes al aumento de las pensiones de los Trabajadores jubilados del Poder Judicial del Estado. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Poder Judicial del Estado de Morelos, en cuanto a los puntos dos y tres -actos reclamados- negó su existencia, sin que la parte quejosa los haya desvirtuado, no obstante que tal carga procesal le corresponde. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Por su aplicabilidad al caso, se cita la jurisprudencia 284, registro 917818, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia 284, página 236, tomo VI, común, jurisprudencia SCJN, apéndice 2000, sexta época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto, siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la responsable Poder Judicial del Estado de Morelos, pues así lo reconoció en su informe con justificación, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. En consecuencia, acorde al informe afirmativo y a la plena eficacia de las documentales exhibidas, está demostrada fehacientemente la existencia del acto combatido según las jurisprudencias doscientos setenta y ocho y doscientos veintiséis, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Quinta Época, visibles en las páginas doscientos treinta y uno y ciento cincuenta y tres del Tomo VI, publicadas en los Apéndices de dos mil y mil novecientos noventa y cinco, con registros electrónicos números 917812 y 394182 de rubros: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por su parte el Congreso del Estado de Morelos, negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo, por disposición constitucional corresponde a los diputados del Congreso del Estado aprobar el Presupuesto de Egresos para el Estado de Morelos, por tanto, se le tiene por cierto el mismo. Soporta la consideración precedente, la tesis sin número, registro 238215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis sin número, página 7, volumen 91-96, tercera parte, séptima época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto, siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual forma, se cita la tesis sin número, registro 211004, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 391, tomo XIV, julio de 1994, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley de Amparo. Causales de improcedencia fundadas: Ahora bien respecto a la quejosa Marina Lourdes Pineda Fernández, esta autoridad advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 63 fracción IV de la Ley de Amparo. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Así, dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha de presentación la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de amparo), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Apoya la Jurisprudencia 1a./J. 36/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, junio de 1998, página 5, titulada: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN". Así como la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante al segundo supuesto la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Se cita la Tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo Primera Parte, XLIII, página 181, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". En el caso, la disconforme reclama de la autoridad responsable Poder Judicial del Estado de Morelos, la restricción, exclusión, omisión o negativa de su derecho al incremento a su pensión jubilatoria, de dos mil quince a la fecha, con motivo del incremento al salario mínimo anual. De los antecedentes narrados en el escrito de demanda, se desprende que la quejosa Marina Lourdes Pineda Fernández y diversos jubilados, optaron por agotar el medio ordinario de defensa contra los actos reclamados ante el Tribunal Estatal de Conciliación y -Arbitraje del Estado de Morelos, autoridad laboral que radicó el asunto con el número 01/1600/2016, donde el siete de septiembre de dos mil veinte, dictó laudo que en sus resolutivos determinó: ".PRIMERO. Los actores . Marina Lourdes Pineda Fernández, . no acreditaron el ejercicio de su acción, mientras que los demandados CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, Y SECRETARÍA DE HACIENDA., acreditaron sus defensas y excepciones. SEGUNDO. Los actores acreditaron el ejercicio de su acción principal, y parcialmente las accesorias mientras que la demandada PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, no acreditó sus defensa y excepciones respecto de la acción principal y parcialmente respecto a las accesorias. TERCERO. De conformidad con lo expuesto en los considerandos que anteceden se condena al CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, al pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones: 1.- Pago de incrementos al salario en términos del presente laudo. 2.- Pago de pensión con incrementos al salario mínimo en términos del presente laudo. CUARTO. Se absuelve a los demandados H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS,., de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por los actores.." Dicha determinación fue impugnada por la quejosa y otros jubilados en cuanto a diversos actos como la prescripción, mediante amparo directo que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, amparo directo 771/2019, que en sesión de quince de enero de dos mil veintiuno, resolvió amparar a diversos jubilados y negar el amparo a la quejosa y otros, en esa tesitura, adquirió firmeza el laudo en cuanto a la condena al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, de pagar los incrementos con motivo del salario mínimo, es decir pago de la pensión con los incrementos salariales a partir del dos mil quince y hasta lograr su cumplimiento. Amparo directo que es un hecho notorio en términos del artículo 88 de la codificación adjetiva civil, puesto que fue emitida por un tribunal de este Circuito en razón de su actividad jurisdiccional. Sirve de sustento la jurisprudencia 2397 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, publicada en la página 2803 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Segunda Parte - TCC Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". Por ello, si la quejosa reclama que la autoridad responsable -Tribunal Superior de Justicia- restringe, excluye, omite o niega los incrementos a la pensión por jubilación a partir de dos mil quince a la fecha, sufridos por el salario mínimo, tal acto no existe, en razón que al haber optado por agotar el medio de defensa ordinario como fue tramitar ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el juicio laboral -01/1600/2016- donde fue dictado laudo en su favor, a fin de que la demandada Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, cubra los incrementos salariales sufridos por el salario mínimo, a su pensión por jubilación, a partir de dos mil quince y hasta lograr su cumplimiento. Es decir, para efectos de estudiar algún acto omisivo atribuido a determinada autoridad, en primer lugar es menester determinar su existencia a la presentación de la demanda, lo que en el caso no acontece, por los motivos antes precisados. Así, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo contra el acto en estudio, por virtud de su inexistencia. Apoya lo anterior la tesis VII.1º.C.4 K, visible en la página 433, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Así como la Jurisprudencia número XVII. 2o. J/10, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Epoca, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, respecto a los actos reclamados al Congreso del Estado de Morelos, en lo relativo a la asignación de recursos al Poder Judicial del Estado de Morelos, incluso de manera oficiosa a efecto de cubrir los incrementos a las pensiones jubilatorias en cada ejercicio fiscal a partir de dos mil quince a la fecha. En la especie, esta autoridad estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: [.] IV.- Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos" Del precepto jurídico citado en primer lugar, se observa que las causas de improcedencia del juicio de amparo se encuentran señaladas en forma enunciativa en las veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, más no de forma limitativa, porque pueden derivar de diverso mandamiento de la propia Ley de Amparo, de la Constitución o de criterio jurisprudencial, lo que implica que el citado artículo solo establece algunos supuestos de improcedencia, pero dichas hipótesis no son las únicas. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 175/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1344, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". Ahora bien, de conformidad con el artículo 74 constitucional, se desprende que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto anual de gastos, pues a ella corresponde discutir primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrir aquél, conjuntamente con la Cámara de Senadores, mediante la expedición de la ley de ingresos anual relativa; empero, posteriormente y de manera exclusiva y soberana, la Cámara de Diputados debe aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la federación; facultad que se concede de esa manera, por ser la que se integra por los representantes del pueblo en el Congreso de la Unión, siendo quien debe determinar la forma de erogar el gasto público a través del ejercicio de los recursos, con lo cual se reafirma su calidad de representantes del pueblo y su principal encomienda, que es la de representar sus intereses y lograr que el gasto público se ejerza con eficacia, transparencia y honradez. Con ello, el texto constitucional confirma que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo las características de reservada, primordial, básica y originaria. Así, equiparando dichos argumentos a la legislación del Estado de Morelos, se desprende que, en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone: "Artículo 40. Son facultades del Congreso: [.] V. Fijar los gastos del Estado y establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos. Asimismo, debe autorizar en el Presupuesto de Egresos las erogaciones plurianuales necesarias para cubrir las obligaciones derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración público privada que se celebren con la previa autorización del Congreso; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. Además deberá asignar en cada ejercicio fiscal al Poder Judicial del Estado una partida equivalente al cuatro punto siete por ciento del monto total del gasto programable autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos que anualmente aprueba;." De manera que, si para efectos del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es facultad del Congreso del Estado el autorizar el Presupuesto de Egresos -la cual sin duda es una de las facultades más importantes-, dado que le permite incidir en el proyecto que se es remitido por el Ejecutivo, lleva a concluir que con dicha aprobación se crea un acto materialmente administrativo que es de observancia general para los poderes del Estado y órganos autónomos, para ejercer el gasto público y atender las obligaciones económicas del Estado, ya que a través de ese acto de aprobación se autoriza la erogación de los ingresos públicos. En ese contexto, si el Congreso del Estado de Morelos, para expedir el Presupuesto de Egresos hace uso de una facultad exclusiva, debe establecerse que el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso, porque esa calidad es una manifestación de la voluntad del Poder Constituyente, por lo cual es un acto cuyo ejercicio reviste características de soberanía y discrecionalidad, respecto de la cual no puede tener injerencia un gobernado. Consecuencia de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la Acción de Inconstitucionalidad 4/98 valoró la naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y determinó su desechamiento, por estimar que ese medio de control constitucional solo es procedente contra nomas de carácter general. Luego, en referencia al Presupuesto de Egresos, indicó que su objeto es determinar la aplicación de una norma general (Código Financiero del Distrito Federal), por lo que lejos de considerarlo como una norma de carácter general, se le reconoce que se está en presencia de un acto materialmente administrativo. Ideas las anteriores que se contienen en la jurisprudencia 24/99 del Pleno del Alto Tribunal, visible con el registro 194259, en la página 251 del Tomo IX, Abril de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL CARÁCTER DE NORMA GENERAL. Por "Ley del Presupuesto" se entiende el conjunto de disposiciones legales que regulan la obtención, administración y aplicación de los ingresos del Estado, otorgando competencias y estableciendo derechos y obligaciones para la administración pública y para los particulares. Por "Presupuesto de Egresos" se entiende el decreto que contempla y autoriza las erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios públicos durante un periodo determinado. El "Decreto del Presupuesto de Egresos" constituye un acto de aplicación de la "Ley del Presupuesto", en cuanto autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar la inversión de los fondos públicos; empero, no es el decreto el que otorga competencias o establece derechos y obligaciones, pues éstos ya están previstos en la ley que se aplica. En el ámbito del Distrito Federal, la distinción entre "Ley del Presupuesto" y "Presupuesto de Egresos" está expresamente contemplada tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. De esta manera, a diferencia de lo que sucede con la Ley de Ingresos, la Constitución, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no otorgan el carácter de ley al Presupuesto de Egresos; en cambio, la "Ley del Presupuesto del Distrito Federal", esto es, las disposiciones conducentes del Código Financiero del Distrito Federal, le dan expresamente el carácter de decreto. Es relevante señalar que el multicitado decreto contiene algunas disposiciones que pudieran estimarse como normas de carácter general, porque aparentemente otorgan competencias; sin embargo, en realidad únicamente se limitan a reiterar, y en ocasiones de manera expresa, las que ya están otorgadas en las leyes respectivas. Por otra parte, el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, en cuanto a su aspecto material, tiene el carácter de un acto administrativo y no de una ley; es decir, no participa de la generalidad, como característica esencial de ésta. Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad que se promueva en su contra resulta improcedente." De lo anterior, impone concluir que la aprobación del Presupuesto de Egresos, también es un acto de administración general y no una ley en sentido estricto. De modo que, el Presupuesto de Egresos no tiene su génesis en un estricto proceso legislativo, sino que materialmente es un acto administrativo de colaboración entre poderes, porque lo crea originariamente el Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado lo aprueba anualmente, previo examen y discusión, inclusive modificación, con lo cual los representantes del pueblo electos democráticamente tienen una intervención constitucional exclusiva para determinar o fijar los montos y destinos del gasto público; máxime que al ser elaborado por el Poder Ejecutivo, no se presenta al Congreso del Estado como una iniciativa de ley, sino como acto de administración general, y aunque al final del proceso se aprueba con un Decreto, éste no es una norma jurídica ordinaria que tiene como destino directo regular una situación de la realidad para los gobernados. En conclusión, se trata de un Decreto expedido por los representantes del pueblo que los eligió en un sistema democrático, como una facultad exclusiva que es soberana y discrecional porque no tiene intervención ningún otro órgano, ni poder. De modo que por tener la naturaleza de una facultad exclusiva reservada expresamente al Congreso del Estado en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos que implica una facultad con ejercicio soberano, el juicio de amparo es improcedente. Así las cosas, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y, por ende, se sobresee en el juicio de amparo, con base en el artículo 63 fracción V del precitado ordenamiento jurídico. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía jurídica, la tesis I.8o.A.4 CS (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible con el registro IUS 2015444, en la página 25126 del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su contenido literal dice lo siguiente: "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. CONTRA SU APROBACIÓN (DECRETO) POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, prevista en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el presupuesto está dirigido a regular el ejercicio del gasto público y, en ese sentido, es un acto materialmente administrativo con contenido y finalidad de administración de los recursos públicos, que proviene de una colaboración entre el Poder Ejecutivo Federal que lo proyecta y la Cámara de Diputados que lo aprueba. Así, en la medida en que es una facultad exclusiva, se erige como una potestad soberana y discrecional, porque únicamente puede ser ejercida por la Cámara de Diputados, con exclusión de la de Senadores que, en este rubro, deja de ser colegisladora, porque no participa en la aprobación de una iniciativa que origine una ley en sentido formal y material. En estas condiciones, si la aprobación (decreto) del presupuesto es un acto de colaboración republicana y su ejercicio es exclusivo de la Cámara de Diputados, se trata de un acto soberano, inherente a la representación que ésta ostenta. Por tanto, contra dicho acto el juicio de amparo es improcedente, porque la acción constitucional no puede incidir en el ejercicio de esa facultad exclusiva." Por otra parte, que este órgano de control constitucional, tampoco entrará al estudio de la constitucionalidad propuesta por la parte quejosa respecto a la omisión de actualizar la pensión por jubilación de los quejosos de conformidad al salario mínimo a partir de dos mil quince a la fecha, toda vez que, para quien resuelve, se actualiza diversa causal de improcedencia. En ese sentido, al tratarse de una prestación de seguridad social en términos de los artículos 43, fracción XV, 45, fracción XV, inciso c) y 54, fracción VII; de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por constituir una controversia que se suscita derivado de los decretos pensionarios concedidos por el Congreso del Estado de Morelos, a los quejosos que ahora reclaman los incrementos con motivo de la actualización del salario mínimo, lo cual se ubica en el plano laboral, no puede considerarse tal actuación u omisión de la autoridad señaladas como responsables como actos de autoridad para efectos del amparo. "Artículo 43. Los trabajadores de base del Gobierno del Estado y de los Municipios tendrán derecho a: [.] XV. Pensión a los beneficiarios del trabajador fallecido; "Artículo 45.- Los Poderes del Estado y los Municipios están obligados con sus trabajadores a: (.) XV.- Cubrir las aportaciones que fijen las Leyes correspondientes, para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos siguientes: [.] c).- Pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte. (.)" Artículo 54.- Los empleados públicos, en materia de seguridad social tendrán derecho a: [.] VII.- Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las disposiciones legales aplicables;" Bajo esa tesitura, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que, con respecto a dicho acto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, de la Ley de Amparo y por las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Lo anterior queda de manifiesto en la Tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento dieciocho, Tomo V, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de mil novecientos noventa y siete, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Consecuentemente, es posible obtener como características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. Que sea emitido por un órgano público, al cual las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 2. Que sea un acto unilateral, a través del cual se cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, una situación jurídica concreta. 3. Que afecte la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el particular resulta ilustrativa las tesis 2a. XXXVI/99, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, Página 307, siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máxima intérprete de la ley, a través de diversos criterios, -Tesis: 2a. CCIV/2001, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Página: 39- ha definido lo que debe entenderse por autoridad para los efectos del juicio constitucional, estableciendo sus características o notas distintivas. "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Respecto a la primera nota distintiva que refiere la citada jurisprudencia, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto que la quejosa hace consistir en la omisión, negativa o restricción del derecho al incremento de la pensión jubilatoria desde dos mil quince a la fecha, en cuanto al salario mínimo, a la que tienen derecho, únicamente plantea aspectos de legalidad, los cuales deben resolverse en la vía ordinaria. Ello es así, pues de lo expuesto por los aquí recurrentes en su escrito de demanda, se desprende que por decretos pensionarios emitidos por el Congreso del Estado de Morelos: QUEJOSO DECRETO PERIODICO OFICIAL FECHA ADELAIDA RAMPÍREZ PEDROZA 836 5426 6ª EPOCA 17-08-16 JOSÉ LUIS PORCAYO TAVIRA 328 4543 6ª EPOCA 4-07-17 ELIZABETH NAVA GONZÁLEZ 577 5479 6ª EPOCA 8-03-17 PATRICIA GPE BERLANGA RIVERA 964 5141 6ª ECPOCA 13-11-13 MARÍA EUGENIA FIGUERO ARIZMENDI 74 5351 6ª EPOCA 9-12-15 J. JESÚS FLORES JIMÉNEZ 612 4944 6ª EPOCA 4-01-12 MARINA LOURDES PINEDA FERNÁNDEZ 690 5106 6ª EPOCA 24-07-13 GEMMA FIGUEROA ARIZMENDI 240 5366 6ª EPOCA 3-02-16 MARÍA ALEJANDRA ROJAS PORCAYO 720 5494 6ª EPOCA 3-05-17 ROSA TORRES MARTÍNEZ 840 5240 3-12-14 Les fue concedida pensión por jubilación, a ser cubierta por la autoridad Poder Judicial del Estado de Morelos, así, existió una relación laboral, en términos de los artículos 43, 45 y 54 de la Ley del Servicio Civil, citadas en párrafos que anteceden, y por ende, su relación como trabajador al servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, Morelos quedó acreditada. Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razón en la Tesis: 273887, Cuarta Sala, del libro LXXXII, del mes de abril de mil novecientos sesenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Sexta Época, que dice: "JUBILACIÓN, PERSISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL EN CASO DE. En supuestos de jubilación, no es en función del concepto "salario" que debe entenderse extinguida o vigente la relación de trabajo, ni tampoco la circunstancia de que se deje de prestar el servicio al patrón deja insubsistente la calidad de trabajador, pues la condición de jubilado no se opone al concepto en el cual la ley define a aquél, pues se reduce tan sólo al hecho de admitir una nueva categoría, la de trabajador jubilado. En otras palabras, en un sentido estricto, todo jubilado continúa vinculado al contrato de trabajo mientras disfrute de las prevenciones y prestaciones que dicho contrato establece y la pensión jubilatoria en forma alguna puede estimarse como una pensión alimenticia, pues ni su origen, ni su aplicación, ni sus objetivos son idénticos, sino absolutamente distintos, aparte de que se considera hoy en día, que el derecho a la jubilación es una prolongación de los efectos de toda contratación en la cual se ha establecido y constituye uno de los principios normativos de mayor fuerza en las relaciones de patronos y trabajadores" Lo cual constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, es evidente que entre la autoridad Judicial responsable y los quejosos, en su carácter de trabajadores, existe una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional, ante ello, al emanar el acto reclamado de un Poder en el caso judicial actuando como patrón, los quejosos tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes (Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje) pues la omisión, restricción, exclusión o negativa impugnada, no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ambos existió una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquélla y sus empleados. Al respecto, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en los artículos 108 y 114, establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un poder estatal (como en el caso -Poder Judicial-) con sus trabajadores y que el plazo de la prescripción de tal acción se interrumpe con la presentación de la reclamación o solicitud ante dicho tribunal en los casos de pensiones. "Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: I.- Por la presentación de la reclamación o solicitud ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en los casos de pensiones; y [.] "Artículo 114.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios." Por consiguiente, las omisiones combatidas por los impetrantes de amparo, son determinaciones que se circunscriben exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo cual implica que la parte quejosa, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, le vulneran con dicha determinación, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Ello, en virtud que la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores, y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso, si una omisión o retardo se encuentran justificados. Ilustra lo anterior, por las razones que informan la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo II, página 1426, décima época, con número de registro 2014236, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado". Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado la causal de improcedencia en análisis, se impone sobreseer en el juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, no es posible pronunciarse en torno a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su libelo de amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 2224, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Así como atender las diversas causales de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables, pues, en nada mejoraría el sentido del fallo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy catorce de enero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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