ADELAIDA LOEZA ANELL y Otros.

Expediente 736/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 3 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
736/2014
Año
2014
Actuaciones
1
Última actuación
03/02/2015

Partes del expediente

  • ADELAIDA LOEZA ANELL y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guarda este expediente y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes quejosa y tercero interesada para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por las autoridades responsables, la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) Los actos reclamados por la parte quejosa consisten en los siguientes: La resolución de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, pronunciada por los Magistrados integrantes de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el toca 253/2014-A de su índice, mediante la cual resolvieron el recurso de apelación interpuesto contra el auto de libertad por falta de elementos para procesar, dictado a favor de la aquí tercera interesada como probable responsable del delito de despojo respecto de los hechos ocurridos en el mes de agosto de dos mil doce, por el Juez Tercero de Primera Instancia, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, en la causa penal 224/2013 de su índice, así como su ejecución. II) En sentencia terminada de engrosar el catorce de octubre del dos mil catorce, se concedió el amparo solicitado, para el efecto de que los Magistrados integrantes de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dejaran insubsistente la resolución reclamada y, con plenitud de jurisdicción, dictaran otra, en la que subsanaran los vicios de fundamentación y motivación que le afectaban, para lo cual debían hacer lo siguiente: Examinaran los motivos y fundamentos en que se apoyó el Juez de la causa para emitir la resolución apelada; pues se limitaron a señalar que compartían el criterio del Juez natural, sin explicar de manera exhaustiva cómo y por qué llegaron a tal conclusión. Analizaran si la apreciación de los hechos que realizó el juez natural se ajustó a esos motivos y fundamentos; es decir, soslayaron expresar por qué la actuación del Juez fue acertada, o no, al determinar, conforme a los hechos que se advertían de las constancias y de las pruebas desahogadas hasta ese momento procesal, que no se acreditaba el cuerpo del delito de despojo y la probable responsabilidad de la inculpada. Indicaran cómo llegaron a la convicción de que los motivos expuestos por el Juez se adecuaron a la ley aplicable; ya que sólo indicaron que no se logró demostrar que sin derecho o justificación, la aquí tercera interesada se haya introducido al inmueble propiedad de la aquí quejosa, construyendo una barda del lado sureste en el mes de agosto de dos mil doce; sin que al respecto aportaran consideración alguna respecto de los razonamientos en los que se basó el Juez natural para arribar a la conclusión de que no se demostró la ocupación del bien en controversia, y determinar así que no se encontraron reunidos los elementos constitutivos de delito; ni tampoco indicaron conforme a qué artículos y ley, estos habían sido, o no, acreditados. Verificaran si se observaron las normas reguladoras de la admisión y valoración de las pruebas y del legal desarrollo del procedimiento; pues únicamente señalaron que el material probatorio fue debidamente relacionado y valorado, y al referirse a las pruebas que fueron tomadas en cuenta al dictar la resolución de término constitucional, únicamente señalaron que por cuanto hacía a la inspección ocular y al peritaje de agrimensura, estos no precisaron, por una parte, los límites de cada terreno, para efectos de su plena identidad, y por otra, que la parte del inmueble supuestamente despojado, fuera de la aquí quejosa. Empero, no indicaron con base en qué normas esas pruebas fueron admitidas, desahogadas y valoradas y, además, omitieron señalar si eran las aptas para demostrar los hechos constitutivos del delito de estudio; y. Deberían externar un verdadero juicio valorativo sobre la eficacia de los elementos probatorios existentes, en la causa, pues si bien hicieron referencia a la inspección ocular y al peritaje de agrimensura, lo cierto es que no relacionaron las demás pruebas existentes en autos, ni efectuaron pronunciamiento alguno respecto de la consideración que emitió el Juez responsable en la resolución de término constitucional al señalar que: "se llegaría al absurdo darle mayor preponderancia a la denuncia y los testigos de cargo"; ni señalaron, si con algún otro medio de prueba, se advertían las medidas, límites y colindancias de los terrenos, que a decir de la Sala, no se lograron identificar plenamente, sin puntualizar el motivo de dicha aseveración. Concesión del amparo que se hizo extensiva a la autoridad responsable señalada con el carácter de ejecutora, debido a que los actos que se le atribuyeron no fueron combatidos por vicios propios, sino como una consecuencia del acto declarado inconstitucional. III) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Secretario de Acuerdos de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, informó las medidas adoptadas para dar cumplimiento y remitió copia certificada de la resolución de doce de noviembre del dos mil catorce, dictada en el toca 256/2014-A de su índice (fojas 92 a 118); asimismo, la Juez Tercero de Primera instancia, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, remitió copia certificada del acuerdo de veintiuno de noviembre de ese mismo año, dictado en la causa penal 224/2013 de su índice, y de su respectiva notificación a la aquí tercero interesada (fojas 124 y 125). IV) Por tal motivo, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesado (foja 126). V) Previo análisis de las constancias de autos, se concluye respetuosamente que la ejecutoria de amparo está cumplida, debido a que de la resolución remitida por los Magistrados integrantes de la Sala responsable, se advierte lo siguiente: Dejaron insubsistente la resolución que constituyó el acto reclamado en este juicio de amparo (foja 93); y, Respecto de los puntos a cumplimentar, se advierte que cumplieron con lo establecido en los incisos "a)", "b)", "c)", "d)" y "e)"; esto es, precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la comisión del delito de despojo, emitieron un juicio valorativo respecto de las pruebas existentes en autos de la causa penal de origen, así como un razonamiento respecto de la eficacia de los elementos probatorios existentes en la causa penal de origen, en los cuales se basaron para acreditar la probable responsabilidad de la tercera interesada, así como su participación en el delito que se le atribuyó; establecieron cuáles fueron los medios de prueba que tomaron en cuenta para demostrar cada uno de los elementos del cuerpo el delito y su probable responsabilidad, otorgando el valor probatorio que consideraron les correspondía; y, con plenitud de jurisdicción, por las razones que expusieron en la resolución de doce de noviembre del dos mil catorce, modificaron el auto mixto impugnado para el único efecto de revocar el auto de libertad por falta de elementos para procesar dictado a favor de la aquí tercero interesada Fátima Cecilia Loeza Anell, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo, cometido en agravio del patrimonio de la quejosa Adelaida Loeza Anell, decretando en su lugar el correspondiente auto de formal prisión. Bajo las circunstancias narradas, PROCEDE DECLARAR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como concluido. En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, al resultar innecesario conservar la copia certificada del toca 256/2014-A, que los Magistrados integrantes de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, allegaron al rendir su informe justificado, la cual obra en un tomo por separado; devuélvase a los Magistrados integrantes de la Sala responsable, solicitándoles atentamente que una vez que obre en su poder, acusen el recibo correspondiente.

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