Adelaida García Rodriguez
Expediente 97/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 97/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Adelaida García Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
III.- Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las partes no realizaron manifestación alguna en relación a la vista que se ordenó en proveído de once de junio de dos mil veintiuno; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento, y este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos del efecto para el cual fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Adelaida García Rodríguez, contra el acto que reclamó del Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, que fue el siguiente: ". para el efecto de que la autoridad responsable Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, con libertad de jurisdicción, de respuesta inmediata a las peticiones realizadas por la parte quejosa mediante los escritos recibidos el veintiocho de julio y veintinueve de septiembre de dos mil veinte, y se lo notifique personalmente.". Por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, en proveído de once de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio número SEDETUS/DSDTUS/SSV/0041/2021, suscrito por el Subsecretario de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remitió el acta de entrega-recepción de siete de mayo de dos mil veintiuno suscrita por la promovente del amparo y el responsable de la empresa "Mejoramiento Integral Asistido, Sociedad Anónima de Capital Variable", con la que dieron respuesta a las peticiones realizadas por la quejosa, al haberla reubicado de domicilio al diverso en la calle Nassau, manzana trescientos veintiocho (328), lote seis (06), unidad privativa doscientos dieciséis (216), en la que además se especificaron los arreglos realizados a esa casa, los cuales fueron solicitados por ella misma, remitiendo las constancias correspondientes para acreditar su dicho. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. En este contexto, de las constancias remitidas se advierte que, la autoridad responsable Subsecretario de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, realizó las gestiones correspondientes a fin de que el siete de mayo de dos mil veintiuno se suscriba por la promovente del amparo y el responsable de la empresa "Mejoramiento Integral Asistido, Sociedad Anónima de Capital Variable", el acta de entrega-recepción respectiva con la que dieron respuesta a las peticiones realizadas por la quejosa mediante los escritos de veintiocho de julio y veintinueve de septiembre de dos mil veinte, al haberla reubicado de domicilio al diverso en la calle Nassau, manzana trescientos veintiocho (328), lote seis (06), unidad privativa doscientos dieciséis (216), acta en la que además se especificaron los arreglos realizados a esa casa, los cuales fueron solicitados por la misma justiciable, tal y como consta en la copia certificada de las constancias relativas a esas actuaciones. Por ende, es inconcuso que la responsable acató los lineamientos del fallo constitucional y al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que el presente expediente debe ser depurado, toda vez que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en referido artículo, éste debe ser depurado y posteriormente deberá ser transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación; asimismo, y como lo dispone el párrafo segundo del referido artículo, en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda, sentencia respectiva, acuerdo donde cause ejecutoria el fallo emitido, así como el presente proveído, mismas que deberán digitalizarse debiendo depurarse las constancias restantes; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que deberá realizarse la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. De igual manera, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el siete de mayo de dos mil veintiuno. Finalmente, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
III.- Con esta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de once de junio del año en curos, que en lo conducente dice: "Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Subsecretario de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al proveído de tres de junio de la presente anualidad, remite en copia certificada el acta de entrega recepción de siete de mayo de dos mil veintiuno y diversas constancias, tal y como se advierte de las constancias remitidas como sustento de sus manifestaciones. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con las aludidas documentales, para que dentro del plazo de TRES DÍAS computados a partir de la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga si así lo estima pertinente; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis 2.XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON EL APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY."
- Principal
III.- Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta aparentemente signado por el Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento establecido en el proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en el que se declaró que la sentencia constitucional causó ejecutoria y se le requirió el cumplimiento de la misma. Sin embargo, en el oficio que se atiende y las constancias con las que pretende acreditar el cumplimiento del fallo protector, las firmas que obran estampadas son impresiones digitales y no autógrafas, ni tampoco obra firma electrónica; es decir, los citados documentos fueron firmados de manera autógrafa, escaneados, impresos y posteriormente fueron presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, lo que además se corrobora con el sello de recepción de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, toda vez que las aludidas documentales fueron remitidas únicamente en copia simple, las mismas que carecen de valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, por lo tanto, en el caso, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio, y por ende, son insuficientes para demostrar el extremo pretendido. Máxime, de que al ser éstas reproducciones fotográficas de los documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia irreal del documento o datos y signos en él contenidos, que se pretende hacer aparecer; de ahí que los documentos de que se trata, al carecer de certificación autógrafa emitida por algún fedatario público, no puede otorgársele el efecto pretendido. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página trescientos setenta y nueve, III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194, de la Ley de Amparo, mediante atento oficio con transcripción del presente proveído, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS legalmente computados, acredite ante este Juzgado con constancias fehacientes, haber dado cabal cumplimiento al fallo protector de mérito en los términos del proveído de veintiséis de mayo de la presente anualidad; apercibida de que en caso de no hacerlo, se le hará efectivo el apercibimiento establecido en el referido auto. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
III.- Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en el presente juicio, hubiesen interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; en tal virtud, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, el efecto del fallo protector es el siguiente: ".la autoridad responsable Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, con libertad de jurisdicción, de respuesta inmediata a las peticiones realizadas por la parte quejosa mediante los escritos recibidos el veintiocho de julio y veintinueve de septiembre de dos mil veinte, y se lo notifique personalmente.". En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, acredite ante este Juzgado con constancias fehacientes, haber dado cabal cumplimiento al fallo protector de mérito. Apercíbase a dicha autoridad responsable que de ser omisa a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que esté realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley de la materia, y en relación con los diversos numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintiuno, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2 transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, así como, conforme a lo dispuesto en el artículo 267, fracción I, del ordenamiento legal antes invocado, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique esta juzgadora la omisión advertida. Además de que se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193 y 194 de la ley de la materia, esto es, la separación del cargo de la autoridad omisa y su consignación ante el Juez de Distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE.
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