ADELAIDA AGRIPINA SÁNCHEZ SANTIAGO y Otros.
Expediente 642/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 01/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ADELAIDA AGRIPINA SÁNCHEZ SANTIAGO y Otros.
- Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía Local de Ocotlán de Morelos
- Adelaida Agripina Sánchez Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de diciembre de dos mil diecisiete. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.
- Principal
MESA IV-B. Notificación personal por lista. (Quejoso) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el treinta y uno de julio del año en curso, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por la que decretó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 55(FOM)/2016. Ordenara reabrir la investigación a fin de que la fiscal responsable otorgara la debida intervención a la parte ofendida, en respeto a sus derechos humanos a recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público, ofrecer datos de prueba y lo concerniente a la reparación del daño. Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante oficio de once de octubre de la presente anualidad, acordó dejar insubsistente la resolución de veintiocho de abril del año en curso, por la que se decretó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 55/FOM/2016, y en consecuencia se ordenó continuar con la investigación, y se citó a la quejosa Adelina Agripina Sánchez Santiago para que coadyuvara con dicha autoridad en la citada investigación. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que dejó insubsistente la resolución de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por la que decretó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 55(FOM)/2016 y le otorgó la debida intervención a la parte ofendida, en respeto a sus derechos humanos a recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la caratula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el treinta y uno de julio del año en curso, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por la que decretó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 55(FOM)/2016. Ordenara reabrir la investigación a fin de que la fiscal responsable otorgara la debida intervención a la parte ofendida, en respeto a sus derechos humanos a recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público, ofrecer datos de prueba y lo concerniente a la reparación del daño. Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante oficio de once de octubre de la presente anualidad, acordó dejar insubsistente la resolución de veintiocho de abril del año en curso, por la que se decretó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 55/FOM/2016, y en consecuencia se ordenó continuar con la investigación, y se citó a la quejosa Adelina Agripina Sánchez Santiago para que coadyuvara con dicha autoridad en la citada investigación. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que dejó insubsistente la resolución de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por la que decretó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 55(FOM)/2016 y le otorgó la debida intervención a la parte ofendida, en respeto a sus derechos humanos a recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la caratula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente.
- Incidental
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 642/2017, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
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