Adela Yarenny Hernández Alvarado

Expediente 962/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
962/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Adela Yarenny Hernández Alvarado
  • Sala del Municipio del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo dispone su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado. En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de quince de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro de la queja 146/2020, en el que se determinó:"PRIMERO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por Adela Yarenny Hernández Alvarado, por conducto de su autorizada María Hicinia Juárez, contra el auto de diez de septiembre de dos mil veinte, dictado en el amparo indirecto 962/2020. SEGUNDO: Se revoca el auto recurrido para el efecto de que el juez de Distrito provea lo conducente sobre la admisión o desechamiento de la demanda, en términos de los artículos 112 a 115 de la Ley de Amparo. Acúsese recibo de estilo. Agréguese el testimonio de cuenta y efectúese las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. En consecuencia, como lo ordena el tribunal de alzada, se procede a dictar el siguiente acuerdo: DEMANDA Vista de nueva cuenta la demanda de garantías promovida por María Hicinia Juárez Pizaña, en su carácter de representante legal de la quejosa Adela Yarenny Hernández Alvarado, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la ley de la materia, en atención a la constancia que anexa en su demanda de amparo, contra actos de la Sala de Municipio del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad. DESECHAMIENTO DE DEMANDA A continuación, se procede a analizar en su integridad la demanda que nos ocupa, en virtud de ser un todo, por lo que así debe interpretarse para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman, a fin de alcanzar una interpretación completa de la voluntad del promovente; lo que se efectúa en términos de la tesis 169, publicada en la página 207, del Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima que en el presente asunto lo conducente es desechar de plano la demanda promovida por María Hicinia Juárez Pizaña, en su carácter de representante legal de la quejosa Adela Yarenny Hernández Alvarado, contra actos de la Sala de Municipio del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, al considerar actualizada de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)." El precepto transcrito revela que el legislador ordinario estatuyó como motivo de improcedencia del juicio de amparo, la existencia de una ejecutoria pronunciada en otro juicio de la misma materia, en el cual se presente identidad en los sujetos y en el objeto. La razón prevista en esa fracción es impedir que la cosa juzgada, que constituye la verdad legal frente a las partes y frente a la sociedad en general, pueda ser cuestionada a través de una resolución ulterior; ya que, de lo contrario, se produciría una cadena interminable de juicios de amparo, lo que evidentemente quiso evitar el legislador, al prohibir que los actos reclamados en un juicio constitucional cuya resolución quedó firme, puedan impugnarse nuevamente. La figura jurídica que se analiza encuentra justificación en la seguridad jurídica de las decisiones o resoluciones que establecen situaciones de derecho concretas, mediante la individualización de normas jurídicas a través del procedimiento jurisdiccional respectivo, que concluye con la sentencia definitiva; en materia de amparo, su finalidad es evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios con idéntico objeto. En efecto, la cosa juzgada, como verdad legal, significa que si en un diverso juicio se ha emitido un fallo en el que se resolvió el fondo sustancial controvertido, es improcedente someter el mismo punto en un proceso distinto; y conforme a las fracciones precisadas se requiere para su actualización de los requisitos siguientes: Que la ley o acto sea materia de otro juicio de amparo. Que ambos juicios estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones sean distintas. c) Que exista ejecutoria en el juicio de amparo anterior. En ese sentido, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal del Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, la existencia del Juicio de Amparo 1375/2020, del índice de este juzgado. Por tanto, es pertinente hacer una comparación entre los actos que esencialmente fueron reclamados en la demanda de que dio origen al juicio que nos ocupa 962/2020; y los correspondientes al diverso controvertido constitucional 1375/2020, lo que se sintetiza en el siguiente cuadro a efecto de mayor ilustración: Juicio de amparo 962/2020 Juicio de amparo 1375/2020 IV. ACTO RECLAMADO. Lo es la omisión de acordar emplazar al demandado, señalar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos y notificar a las partes dentro del expediente laboral 102/M/2020 del índice de la Sala de los Municipios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Así como la omisión de acordar el escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte. IV. ACTO RECLAMADO. Lo es la omisión de acordar, notificar y emplazar de la demanda al R. AYUNTAMIENTO de Ciudad Victoria, Tamaulipas, señalar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos y notificar a las partes dentro del Expediente laboral 102/M/2020 del índice de la Sala de los Municipios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Así como la omisión de acordar el escrito de fecha 24 de febrero del 2020. Como se puede observar, los actos reclamados son sustancialmente los mismos, y en ambos, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, es señalado como autoridad responsable. Es así, que en el juicio de amparo 1375/2020, se dictó sentencia el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se sobreseyó por una respecto del acto reclamado consiste en la omisión de acordar el escrito de demanda de cinco de febrero de dos mil veinte, recibido el siete siguiente, registrado con el número 102/M/2020, y ordenar emplazar a la parte demandada, al haber cesado los efectos del mismo y por otra parte, se concedió el amparo y la protección constitucional para que el Tribunal obrero responsable, acordara el escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinticuatro en el expediente laboral de origen. Determinación que quedó firme por ejecutoria de cinco de marzo del presente año y se tuvo por cumplida el treinta de marzo siguiente. Atento a lo anterior, y luego de la confrontación que se hizo entre el presente juicio de amparo y el diverso 1375/2020, se advierte que la parte quejosa pretende que se lleve a cabo el análisis de los mismos actos reclamados. Por lo tanto, tal panorama pone de relieve que opera la causal de improcedencia en estudio, respecto de la cual existe una decisión judicial que constituye cosa juzgada, pues como se dijo, en el juicio de amparo 1375/2020 del índice de este juzgado, fueron estudiadas las omisiones que se reclaman, por lo que es indudable que esa circunstancia veda la posibilidad de inconformarse nuevamente contra dicha determinación, por lo que hace per se inejercitable toda acción de amparo ulterior en la que pretenda reclamar el mismo acto; de ahí que el presente juicio de amparo resulte improcedente, pues en atención a la firmeza que adquirió la resolución dictada en el citado juicio constitucional, es inconcuso que legalmente no puede desconocerse dicha sentencia, sin afectarse con ello la institución de la cosa juzgada, lo que atento a la técnica del juicio de amparo es inadmisible, en consecuencia, como se precisó, opera en este asunto la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, se apoya en el criterio de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, visible en la Página 197, cuyo contenido es el siguiente: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra." En consecuencia, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por María Hicinia Juárez Pizaña, en su carácter de representante legal de la quejosa Adela Yarenny Hernández Alvarado; al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de Ley de la materia. .

  3. Principal

    Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, que en síntesis señala: Agréguese a los autos el oficio signado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de quince de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro de la queja 146/2020, en el que se determinó: "PRIMERO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por Adela Yarenny Hernández Alvarado, por conducto de su autorizada María Hicinia Juárez, contra el auto de diez de septiembre de dos mil veinte, dictado en el amparo indirecto 962/2020. SEGUNDO: Se revoca el auto recurrido para el efecto de que el juez de Distrito provea lo conducente sobre la admisión o desechamiento de la demanda, en términos de los artículos 112 a 115 de la Ley de Amparo. Acúsese recibo de estilo. En consecuencia, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por María Hicinia Juárez Pizaña, en su carácter de representante legal de la quejosa Adela Yarenny Hernández Alvarado; al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de Ley de la materia.

  4. Principal

    Agréguense a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio enviado vía Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, por conducto de quien se ostenta como su apoderada, en contra del auto de diez de septiembre de dos mil veinte, el cual quedó registrado con el número de Queja 146/2020.

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