Adela Silva Flores

Expediente 215/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
215/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Adela Silva Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Síndica Municipal y representante legal del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Secretario Municipal, Tesorero Municipal, Oficial Mayor, Subdirectora de Recursos Humanos, Consejero Jurídico; Contralor Municipal, Secretario Técnico, todo del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. En consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase al Tribunal Colegiado que corresponda, el escrito original, así como una copia más del mismo, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el mismo, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda, para que al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Juicio de amparo: 215/2023 Quejosa: Adela Silva Flores Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 215/2023. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el mismo día, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, Adela Silva Flores, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la [1] Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos y sus integrantes, del [2] Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y [3] Secretario municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, así como del [4] Gobernador Constitucional, [5] Secretario de Gobierno y [6] Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, -las últimas cuatro autoridades citadas, fueron señaladas con ese carácter en los escritos de ampliación de la demanda de amparo-, por el acto reclamado siguiente: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Consiste en la omisión por parte de las responsables: a) H. COMISIÓN DICTAMINADORA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CUAUTLA, MORELOS la omisión de tramitar, aprobar, expedir, publicar el decreto de pensión por jubilación, así como dar cumplimiento al pago correcto y completo de la solicitud de pensión por jubilación presentada por la suscrita con folio 1292 con fecha de presentación del 21 de julio de 2022 ante la misma. CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CUAUTLA, MORELOS la omisión de tramitar y dictaminar la solicitud de pensión por jubilación presentada por la suscrita con folio 1292 con fecha de presentación del 21 de julio de 2022 ante la misma. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA, MORELOS la omisión de tramitar y dictaminar la solicitud de pensión por jubilación presentada por la suscrita con folio 1292 con fecha de presentación del 21 de julio de 2022 ante la misma. 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión y ampliaciones de la demanda, trámite del juicio. Por auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no ordenó emplazar tercero interesado, al no advertir que le surgiera dicho carácter a persona alguna. Asimismo, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que alguna haya realizado manifestación al respecto; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante escrito recibido el treinta de marzo de dos mil veintitrés, la quejosa amplió la demanda de amparo por cuanto a las autoridades responsables [4] Gobernador Constitucional, [5] Secretario de Gobierno y [6] Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, respecto del acto reclamado inicialmente, la cual se admitió a trámite en proveído de treinta y uno de marzo siguiente, por lo que este juzgado pidió a las autoridades responsables su informe justificado respecto de tal ampliación, y ordenó hacerles del conocimiento el día y hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés, este juzgado requirió a la quejosa para que en el término de quince días, contados a partir de la legal notificación de dicho proveído, manifestara si deseaba atribuirle el carácter de autoridad responsable a la Secretaría municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, toda vez que las autoridades municipales manifestaron en su informe justificado que la solicitud de pensión por jubilación fue presentada ante dicha autoridad, en el entendido que de no realizar manifestación al respecto, no sería llamada a juicio, se continuaría con la secuela normal del procedimiento y se resolvería en sentencia lo correspondiente. A través del escrito recibido el nueve de junio de dos mil veintitrés, la quejosa señaló como autoridad responsable a la antes citada, a la que atribuyó los actos reclamados precisados en el escrito de demanda, por lo que en proveído de doce de junio siguiente, se admitió a trámite dicha ampliación, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se ordenó hacer del conocimiento el día y hora fijados para la audiencia constitucional. Una vez rendido el informe justificado del [3] Secretario municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, mediante auto de doce de julio de dos mil veintitrés, este juzgado ordenó que con copia de dicho informe se requiriera a la [1] Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos, para que en el término de tres días aclararan su informe a efecto si ya se habían pronunciado respecto a la petición de la parte quejosa, presentada el veintiuno de julio de dos mil veintidós y en su caso, remitieran copia certificada del acuerdo recaído y las constancias de la notificación respectiva, con el apercibimiento que en caso de incumplimiento se les aplicaría una multa. Aclarado que fue el informe requerido, el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado consiste en la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada ante una autoridad administrativa municipal, por lo que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda; además, este Juzgado Federal ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio consiste en: Autoridades responsables [1] Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos y sus integrantes. [2] Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. [3] Secretario municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. [4] Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. [5] Secretario de Gobierno del Estado de Morelos. [6] Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos. Acto reclamado La omisión o falta de contestación al escrito presentado por la quejosa el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en el que solicitó se le otorgara una pensión por jubilación, sustanciada dentro del expediente 437/2022, turnada el veintiocho de junio de dos mil veintitrés por el Secretario municipal responsable a la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos, la cual mediante acuerdo de treinta y uno de julio siguiente, tuvo por recibidos los autos del expediente relativo a dicha solicitud, para emitir el dictamen correspondiente dentro del plazo que establece el artículo 16 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos. lll. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables [4] Gobernador Constitucional, [5] Secretario de Gobierno y [6] Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, pues al rendir su informe justificado negaron su existencia, lo cual no fue desvirtuado por la parte quejosa. Lo anterior es así, porque del escrito de petición que la quejosa adjuntó a la demanda de amparo, se desprende que fue recibido por la Secretaría municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, como consta en el sello de recibo que obra en dicho escrito, al que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que dicha documental fue remitida en copia certificada por las autoridades municipales responsables, sin que de dicho escrito se advierta que fue dirigido a las autoridades señaladas en el párrafo que antecede. Es así, porque en este tipo de actos para ser existentes se requiere únicamente que la parte quejosa demuestre que existe el deber de la autoridad de realizar tal conducta, y que dicha autoridad esté en aptitud legal de atender lo solicitado, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO, en el entendido de que corresponde a la autoridad responsable la carga de probar lo fáctico en lo relativo a si incurrió o no en una conducta dilatoria. En ese sentido, para que se pueda considerar que las autoridades fueron omisas en dar trámite a la solicitud del quejoso, es necesario que se encuentre demostrado que éstas tuvieron conocimiento de la misma conforme a su ámbito de atribuciones, pues sólo de esa forma se puede considerar que la obligación de contestarla es existente, tal como dispone el criterio de la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional, con registro 265314, de rubro: PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. Entonces, si del escrito de petición se desprende que fue recibido por la Secretaría municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, es decir, la petición de la quejosa se elevó directamente a dicha autoridad, la que a su vez la remitió a la Comisión Dictaminadora responsable, y no a las diversas [4] Gobernador Constitucional, [5] Secretario de Gobierno y [6] Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, entonces no existe la obligación de dar contestación por aquéllas a las que no se les dirigió la petición. Además, no se advierte que en el momento en el que se encuentra dicho trámite, las últimas tres autoridades responsables tengan intervención en la emisión de la respuesta a la solicitud de pensión de la quejosa, porque si bien de conformidad con lo previsto en los artículos 38 al 44 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, una vez integrado el expediente se lleva a cabo el análisis y comprobación de la información, a efecto de estar en condiciones de realizar un proyecto de acuerdo de pensión o negativa de la misma, el cual se pondrá a consideración de la sesión correspondiente de cabildo, y en caso de que fuere aprobado el acuerdo de pensión es obligación del municipio su publicación en la Gaceta municipal y en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", es hasta que tal acuerdo es aprobado que se ordenará su publicación. Por tanto, como la parte quejosa reclama en este juicio la omisión de contestar su escrito de solicitud de pensión, la intervención que en su caso pudieran tener las autoridades responsables encargadas de la publicación del acuerdo pensionario, en su caso dependerá de que éste sea aprobado; de ahí que en este momento no se advierte que les asista el carácter de autoridades responsables al [4] Gobernador Constitucional, [5] Secretario de Gobierno y [6] Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, sin perjuicio de que en caso de una concesión de amparo y de resultar necesaria su intervención en el cumplimiento, sean vinculadas a este juicio para tales efectos en términos de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Por tanto, ya que las autoridades responsables precisadas al inicio del presente capítulo negaron el acto reclamado, lo cual no fue desvirtuado por la parte quejosa ni se advierte que tengan intervención en la contestación de la solicitud que constituye el acto reclamado, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto del acto reclamado a las autoridades responsables señaladas. Existencia del acto reclamado. Se tiene por cierto el acto reclamado a la [1] Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos y sus integrantes, así como al [2] Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y [3] Secretario municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, pues aun cuando negaron su existencia al rendir su informe justificado, lo cierto es que, al tener el carácter de acto omisivo el que se les imputa, les corresponde a dichas autoridades acreditar que cumplieron con el derecho de la parte quejosa. Precisamente, tratándose de omisiones, en términos de los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la carga de la prueba para justificar su inexistencia, corresponde a las autoridades responsables, en el sentido de que sí realizaron la acción cuya omisión se les reclama -de resolver la solicitud de pensión de la parte quejosa-, pues en este tipo de actos para ser existentes, como ya se dijo, se requiere únicamente que el quejoso demuestre que existe el deber de dicha autoridad de realizar tal conducta, y que ésta esté en aptitud legal de atender lo solicitado. Por tanto, en este caso se encuentra acreditada tal circunstancia, con las constancias que remitieron la [1] Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos y sus integrantes, y el [3] Secretario municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, de las que se obtiene que el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, el Secretario municipal responsable, ordenó remitir a la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos, el expediente formado con motivo de la solicitud de pensión por jubilación de la aquí quejosa, y dicha Comisión mediante acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, tuvo por recibidos los autos de tal expediente, para emitir el dictamen correspondiente dentro del plazo que establece el artículo 16 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos, ambos acuerdos que se hicieron saber a la impetrante de amparo, mediante la notificación correspondiente. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º de esta última, al tratarse de documentos públicos, en virtud de que fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, y las cuales resultan suficientes para acreditar que la quejosa presentó su petición ante la Secretaría municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, y a fin de dar respuesta, dicha autoridad dio intervención a la [1] Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos y sus integrantes, de ahí que la quejosa acreditó que las autoridades municipales tienen participación en dar contestación a la petición aludida, sin que hayan demostrado haber emitido tal contestación en forma congruente y completa, como se analizará más adelante. Cabe señalar que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en el amparo en revisión 415/2021, ha sido coincidente con lo aquí determinado, en virtud de que estimó sustancialmente que también le es atribuible la omisión de contestar un escrito, a la autoridad a quien se turna el mismo para atenderlo. Además, en términos de los artículos 23, 31 y 38 al 44 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, se tiene que las autoridades municipales aquí responsables cuentan con atribuciones para intervenir en lo solicitado, de ahí que se les pueda atribuir la omisión reclamada. Sin que se soslaye que el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, el Secretario municipal responsable, ordenó remitir a la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos, el expediente formado con motivo de la solicitud de pensión por jubilación de la aquí quejosa, y dicha Comisión mediante acuerdo de treinta y uno de julio siguiente, tuvo por recibidos los autos de tal expediente, para emitir el dictamen correspondiente dentro del plazo legal con el que señaló contar, sin que actualmente haya concluido el trámite y emitido la respuesta solicitada por la impetrante de amparo, porque si bien se informó de dichos acuerdos a la aquí quejosa, los cuales incluso le fueron notificados, de éstos no se deriva una respuesta completa y congruente con la petición realizada, pues hasta el momento no se ha resuelto sobre tal solicitud. En consecuencia, el material probatorio con que se cuenta, resulta suficiente para acreditar la certeza de la omisión que se le atribuye a las autoridades responsables, por lo que desde este momento se desestima la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, invocada por las autoridades municipales responsables; en tanto que como ya se expuso, tienen intervención en la omisión reclamada, aunado a que cuentan con facultades para dar cumplimiento a la solicitud de la quejosa, sin que hayan demostrado (al ser su carga probatoria), haber resuelto sobre la solicitud de pensión, con anterioridad a la presentación de la demanda, siendo que resulta el fondo del asunto determinar sí su omisión se encuentra o no justificada, de ahí que se continúe con el estudio del asunto. V. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se presentó oportunamente, pues al no establecer un plazo específico la Ley de Amparo para reclamar actos omisivos y estos producir, por su propia naturaleza, consecuencias jurídicas que se renuevan día con día, el plazo para impugnarlos se actualiza mientras persistan. VI. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, la autoridad responsable [3] Secretario municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, señaló que se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XII, XXI y XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativas a que no se acredita una afectación al interés jurídico de la quejosa, que han cesado los efectos del acto reclamado y a cuando el acto reclamado subsiste pero no puede surtir efecto legal alguno, toda vez había emitido respuesta a la solicitud de la quejosa, en la que le informó que remitió su solicitud así como el expediente relativo a la Comisión Dictaminadora responsable, la cual le había notificado en forma personal a la impetrante de amparo. No se actualizan dichas causas de improcedencia, toda vez que como se analizará más adelante, la respuesta emitida a la quejosa por las autoridades responsable no fue en forma congruente y completa, cuestión que se relaciona con el fondo de la solicitud planteada, por lo que será materia del estudio de los conceptos de violación que se efectúe en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Por otra parte, también se precisa que contrario a lo afirmado por las autoridades responsables, a la quejosa sí le asiste interés jurídico en este juicio, toda vez que demostró haber presentado ante la autoridad municipal su escrito de solicitud, cuya respuesta como se verá más adelante no resulta congruente y completa, por lo que sí tiene interés jurídico en el presente juicio, toda vez que sí resiente un perjuicio derivado de la omisión que reclama, al no obtener una respuesta íntegra de su solicitud. De igual forma, no se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a que han cesado los efectos de la omisión reclamada, puesto que si bien el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, el Secretario municipal responsable, ordenó remitir a la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos, el expediente formado con motivo de la solicitud de pensión por jubilación de la aquí quejosa, y dicha Comisión mediante acuerdo de treinta y uno de julio siguiente, tuvo por recibidos los autos de tal expediente, para emitir el dictamen correspondiente dentro del plazo legal con el que señaló contar, sin que actualmente haya concluido el trámite y emitido la respuesta solicitada por la impetrante de amparo, porque si bien se informó de dichos acuerdos a la aquí quejosa, los cuales incluso le fueron notificados en forma personal, de éstos no se deriva una respuesta completa y congruente con la petición realizada, pues hasta el momento no se ha resuelto de forma definitiva sobre tal solicitud. En ese sentido, tampoco se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII de artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que subsiste el acto reclamado pero no puede surtir efecto legal alguno. Lo anterior, porque de conformidad con la tesis 2a. XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196442, se tiene que la diferencia entre la causa de improcedencia en estudio, y la diversa de cesación de efectos contenida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, radica en que la primera surge por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, mientras que la segunda acontece por la actividad o participación de ella, como se advierte del contenido de tal criterio, el cual es del texto siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. De ahí que lo alegado por las autoridades responsables, radica en el sentido de que dieron contestación a la solicitud de la quejosa, es decir, realizaron un acto tendiente a subsanar la omisión reclamada, sin que evidenciaran los motivos por los cuales se pueda considerar que existe imposibilidad para que los efectos de la omisión reclamada se realicen por causas ajenas al actuar de la voluntad de las autoridades responsables; sino que como se dijo, tales causas de improcedencia, se sustentan en argumentos que constituyen el estudio del fondo del asunto, a fin de determinar si subsiste o no la omisión de contestar la solicitud de la quejosa; por tanto, como se dijo, no se actualizan dichas causas de improcedencia invocadas. Ahora bien, las autoridades responsables [1] Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos y sus integrantes, así como el [2] Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, sostienen que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 1, fracción I y 5, fracción II, en su interpretación en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto que se reclama. No se actualizan tales planteamientos, toda vez que las autoridades responsables tienen tal carácter para efectos del juicio de amparo, ya que el derecho de petición reconocido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, por lo que cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público dé respuesta a tal petición, tal como apoya por sus consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011948, de rubro y texto siguientes: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 93/2018 (10a.), de la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2017817, del contenido siguiente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada. Asimismo, si bien las mismas autoridades referidas señalan diversos preceptos, de sus argumentos se advierte que lo que sostienen, es que también se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, ya que la quejosa debió agotar el principio de definitividad y promover un juicio ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con los artículos 123, apartado B, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. No se actualiza dicha causa de improcedencia, en virtud de que la parte quejosa, reclama la omisión de dar contestación a su escrito en el que solicitó se le concediera una pensión por jubilación, la cual carece de forma absoluta de fundamentación y motivación. En efecto, si bien puede haber omisiones reclamables vía juicio de nulidad o cualquier otro medio de defensa, no es necesario agotarlos cuando la omisión ocurre sin ningún marco de referencia normativa que permita al gobernado saber precisamente a qué vía acudir para impugnar la omisión que afecta sus derechos, pues de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión. Por lo que en ese sentido, la ausencia de fundamentación y motivación, actualiza una excepción al principio de definitividad prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que precisamente sucede en el caso en estudio, en que se reclama una omisión carente de la misma, tal como ilustra al respecto la jurisprudencia PC.XVIII.P.A.J/9 K (10a), de Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con registro 2022575, del contenido siguiente: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO ACATARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A UN DECRETO PENSIONARIO EN RELACIÓN CON EL AUMENTO SALARIAL CORRESPONDIENTE. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de cumplir con lo establecido en un decreto pensionario en relación con el aumento salarial correspondiente, es innecesario acatar el principio de definitividad antes de promover el juicio de amparo indirecto, pues ese acto, por su naturaleza, implica que no existe mandamiento escrito que funde y motive la causa legal de tal proceder, sin que la Ley de Amparo haga distinción sobre a qué tipo de actos se les debe exigir fundamentación y a cuáles no; en consecuencia, se actualiza la excepción al principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XX, último párrafo, de la Ley de Amparo. Lo expuesto máxime que la aquí quejosa reclama violaciones directas a la constitución, de ahí que se actualicen dichas excepciones al principio de definitividad. Cabe señalar como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo, en razón de que tales asuntos derivaron de amparos sustanciados por este juzgado, que en el Estado de Morelos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito ha sido coincidente con lo aquí determinado al resolver los recursos de queja 123/2020 y 183/2020, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Decimoctavo Circuito, en la ejecutoria de veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictada en el amparo en revisión 110/2020, en las cuales se estableció que tratándose de actos como los aquí reclamados, resultaba procedente el juicio de amparo, al reclamarse una transgresión al artículo 8º de la Constitución Federal. En tales términos, al no haber sido planteada diversa causa de improcedencia, ni advertirse de oficio su actualización, se procede al estudio de fondo del asunto. VII. Análisis de constitucionalidad de los actos reclamados. Es fundado el concepto de violación alegado por la quejosa y suficiente para conceder el amparo solicitado en los términos que se precisarán en el siguiente considerando. La parte quejosa aduce en su concepto de violación que la omisión reclamada infringe el derecho de petición previsto en el artículo 8° constitucional, debido a que presentó, ante las autoridades responsables un escrito el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en el que solicitó pensión por jubilación, sin que le hayan dado respuesta completa. Lo anterior es fundado, porque efectivamente las autoridades responsables no han dado una respuesta a la solicitud de la quejosa de forma congruente y completa, en el sentido de que le resuelvan sobre la procedencia o no de la pensión solicitada, ni mucho menos le han notificado tal determinación. En efecto, el derecho de petición contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, básicamente consiste en que frente a toda petición que se formule a la autoridad por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ésta tendrá la obligación de emitir un acuerdo y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve termino. En el caso concreto, la quejosa presentó el veintiuno de julio de dos mil veintidós, ante la Secretaría municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, un escrito en el que solicitó una pensión por jubilación (foja 32 del amparo indirecto). Petición a la cual no ha recaído contestación o acuerdo escrito, por parte de la autoridad a la que fue dirigida, que de forma congruente y completa dé una respuesta a la petición de la parte quejosa. Lo anterior, pues si bien actualmente se encuentran las autoridades responsables sustanciando el expediente 437/2022, toda vez que el Secretario municipal responsable mediante acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, turnó dicha solicitud a la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos, a efecto de que acordara lo correspondiente, la cual mediante acuerdo de treinta y uno de julio siguiente, tuvo por recibidos los autos del expediente relativo, para emitir el dictamen correspondiente dentro del plazo que establece el artículo 16 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos, lo cual hizo del conocimiento de la impetrante de amparo a través de la notificación respectiva, no se advierte que tal solicitud de pensión haya sido resuelta. Se afirma de tal forma, pues si bien de las copias certificadas relativas al expediente 437/2022, remitidas por la [1] Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos y sus integrantes, así como por el [3] Secretario municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, se advierte que una vez recibido el citado expediente por la citada Comisión Dictaminadora, ésta emitió acuerdo en el que tuvo por recibidos los autos para emitir el dictamen correspondiente dentro del plazo señalado en el numeral 16 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos, determinación que incluso dio a conocer a la quejosa mediante la notificación realizada el siete de julio de dos mil veintitrés, lo cierto es que dicha respuesta no se considera que sea completa y congruente con la petición hecha, pues hasta el momento no se ha resuelto sobre la solicitud. Siendo que esta prerrogativa fundamental no se reduce a la simple exigencia de una respuesta, sino que la misma debe ser congruente y completa, entendiendo por esto de que no se trata de una congruencia formal en la que se responda simplemente a lo solicitado, sino que debe proporcionar al solicitante la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad, para así evitar prácticas dilatorias, sin que la aquí quejosa hasta la actualidad tenga certeza del sentido en que va a ser resuelta su petición, tal como lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 62/2022 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2025580, del contenido siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al analizar la violación al derecho de petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mientras uno de ellos sostuvo que en el juicio de amparo no procede analizar la congruencia de la contestación acaecida a la solicitud del quejoso, ello en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), el otro consideró que sí se debe analizar tal circunstancia, derivado del contenido de dicha jurisprudencia y de las diversas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se reclama la violación al derecho de petición, la persona juzgadora debe analizar la congruencia de la respuesta con la petición formulada a la autoridad, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra, toda vez que la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), al establecer en su texto: "... con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición ...", implica que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado y, como efecto de ello, que el operador jurídico lo determine, esto es, si lo que contesta la autoridad tiene una relación lógica con la solicitud planteada por la persona peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional. Justificación: Lo anterior, por la necesidad de que se garantice la protección efectiva del derecho humano previsto en el artículo 8 constitucional y así resulta acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la respuesta se debe referir efectivamente a lo peticionado, de modo que guarde una consecuencia lógica al efecto. Incluso podría tratarse de algún requerimiento de datos que la autoridad precise para estar en condiciones de proceder en torno a la solicitud. Esto, sin que la persona juzgadora esté constreñida a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria. Además, la respuesta en estudio tampoco puede tenerse como una justificación que soporte el tiempo en que ha incurrido la autoridad para resolver el trámite solicitado por el quejoso, ya que ha transcurrido el breve término que dispone el artículo 8º constitucional, pues desde la presentación del escrito de mérito a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, transcurrieron más de seis meses, y desde que se presentó la solicitud para que su pensión se le diera el trámite de una de jubilación, más de un mes, y considerando que hasta la fecha en que se emite la presente determinación no se tiene evidencia de que se haya resuelto respecto a la solicitud de la amparista, se tiene que el lapso otorgado transcurrió en exceso para que se determinara lo procedente, ello pues conforme al artículo 38, fracción LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y diverso 20 de las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, el propio legislador estableció el término de treinta días hábiles para resolver solicitudes de pensiones. Además, de sostener que basta para cumplir el derecho de petición el que sólo se emita un acuerdo en el que se establezca que se resolverá lo conducente, sin resolver efectivamente la solicitud, se dejaría en incertidumbre a la parte quejosa de saber cuándo acontecerá dicha situación (resolver su solicitud), y lo que llevaría a que las autoridades cuando se les reclamara una violación a tal prerrogativa, simplemente se limitarían a señalar de forma evasiva que aún faltan actuaciones para cumplir con su trámite, sin demostrar que durante el transcurso del tiempo existe una justificación real y fehacientemente probada que justifique la demora. Lo que transgrede la seguridad jurídica de la parte amparista, al no otorgarle certidumbre de cuándo será cumplida la obligación de las autoridades, siendo que seguiría prolongándose esa afectación al no obtener una resolución real a su petición, incluso podría llevarse al extremo de obligar a la parte promovente a que interminablemente promueva diversos juicios de amparo por violación a su derecho de petición, al considerar en cada uno de ellos colmada su prerrogativa con la respuesta que dé la autoridad en el sentido de que posteriormente le dará una respuesta, lo que vaciaría de contenido este derecho fundamental, tal como apoya la jurisprudencia con registro 250711, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del contenido siguiente: PETICIÓN, DERECHO DE. Este tribunal no encuentra justificación a la pretensión de las autoridades responsables de que se sobresea un juicio de amparo promovido por violación al derecho de petición, no con el argumento de haber dado ya la respuesta constitucionalmente obligada para ellas, sino mediante defensas y argumentos que sólo hacen que transcurra aún más tiempo antes de acatar el mandato constitucional. La defensa constitucional aceptable a la violación del artículo 8o., es la demostración de que se ha notificado al quejoso la respuesta a su petición. Lo contrario puede dar la impresión de que las autoridades responsables procuran entorpecer, por vía de litigio, la obtención por el particular de una resolución negativa que dichas autoridades desearían dar, pero que no pueden fundar correctamente en derecho, y que sería más rápidamente anulada por medio de las defensas conducentes si se contesta, que si se acude a la evasión de la respuesta como primera providencia. Y los tribunales se harían partícipes, en alguna forma, de esa posible conducta, si aceptaran que con sutilezas procesales las autoridades se abstengan de dar respuestas rápidas, formales y oportunas, a las peticiones que les son elevadas. Es por lo anterior que la contestación no puede considerarse como tal, esto es, aquélla que respeta el derecho tutelado por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, la omisión reclamada resulta violatoria de derechos, pues la autoridad responsable, en estricto cumplimiento al aludido derecho fundamental, debía haberse pronunciado resolviendo su solicitud, sin embargo, de autos se desprende que ello no ha acontecido. Sin que sea impedimento a lo aquí considerado que el quejoso no haya señalado como autoridad responsable a las diversas autoridades que participan en el trámite de su acuerdo de pensión, pues como ya se mencionó las autoridades señaladas como responsables son quienes actualmente tienen a su cargo el trámite de la pensión en cuestión, de allí que sean las directamente obligadas a dar resolución al mismo, en este momento procesal, atendiendo al acto reclamado y el estado en que se encuentra el asunto, conforme a la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 2005150, que establece: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Aunado a que en todo caso, en el supuesto de ser necesario, las demás autoridades que tengan intervención en dicho trámite, podrán ser vinculadas a efecto de cumplir con la sentencia protectora, mediante la realización de los actos que le corresponden conforme a sus atribuciones, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, sin que ello implique que por dicha circunstancia no tengan injerencia las aquí responsables, pues como ya se precisó, las mismas cuentan actualmente con las facultades para hacer efectivo el derecho de la amparista. Cabe precisar que en sentidos similares fueron resueltos los amparos en revisión 50/2023 y 608/2022 de los Primer y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoctavo Circuito, respectivamente, en los que determinaron que no era impedimento para conceder la protección constitucional respecto de las autoridades que tenían intervención respecto de la omisión reclamada por la quejosa, al existir otras autoridades diversas que podían tener participación en dicha omisión, pues en todo caso podían ser vinculadas al cumplimiento del fallo protector, determinaciones que constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo, en razón de que tales asuntos derivaron de amparos sustanciados por este juzgado. En tales condiciones, al resultar fundado el concepto de violación analizado procede otorgar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para los efectos precisados en el siguiente considerando. VIII. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se especifica que la concesión del amparo es para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, las autoridades responsables [1] Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos y sus integrantes, [2] Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y [3] Secretario municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, realicen lo siguiente: En el ámbito de sus respectivas competencias, y con plenitud de atribuciones, de manera congruente y completa den contestación al escrito presentado por la parte quejosa el veintiuno de julio de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó se le concediera una pensión por jubilación -el cual actualmente se encuentran sustanciando en el expediente 437/2022, y del que mediante acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los autos del expediente relativo a tal escrito de solicitud, para emitir el dictamen correspondiente dentro del plazo que establece el artículo 16 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos-, y le notifiquen tal respuesta. En el entendido de que lo anterior no obliga a las autoridades responsables a resolver en determinado sentido, ni prejuzga sobre la procedencia de la solicitud, pues cuentan con libertad para ello. Con la precisión de que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la presente resolución, con independencia de que hayan sido señaladas o no como responsables, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para su acatamiento, ello con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Adela Silva Flores, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas, por las razones establecidas en el considerando III de este fallo. Segundo. Se CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Adela Silva Flores, contra el acto reclamado a las autoridades responsables señaladas, por las razones analizadas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en la última parte de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    Juicio de Amparo 215/2023-5 Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca Morelos, a las diez horas con veinticinco minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública, Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia sin asistencia de las partes, no obstante de encontrarse debidamente notificados de ello del juicio de amparo 215/2023, promovido por ******, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, el secretario hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio, ampliación de la demanda y acuerdo que la admite, e informes justificados rendidos por las autoridades responsables respecto de la demanda y también de su ampliación. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: El secretario procede a dar cuenta con las pruebas que anexó la parte quejosa a su demanda y las que adjuntaron las autoridades responsables a su respectivo informe. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas documentales, exhibidas por la por la parte quejosa y las de la autoridad responsable. Se cierra el presente periodo. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: Se da cuenta que ninguna de las partes los formuló. Enseguida la Jueza acuerda: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos; asimismo, se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. Se cierra el presente periodo. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. (Firmado electrónicamente) Nadyelly López Guevara Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos (Firmado electrónicamente) Rosa María Luna Mercado Secretaria del Juzgado En veinticinco de febrero de dos mil veintidós Rosa María Luna Mercado, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, certifica: que la hora del cierre de la audiencia contenida en la evidencia criptográfica correspondiente a las firmas electrónicas, no coincide con la hora de la audiencia precedente, en razón de la carga de trabajo existente en este órgano jurisdiccional, tanto en audiencias como trámite y atención a las partes que asisten a consultar sus expedientes. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por las autoridades responsables Presidente Municipal, Secretario Municipal, Tesorero Municipal, Oficial Mayor, Subdirectora de Recursos Humanos, Consejero Jurídico, Contralor Municipal, Secretario Técnico, todos del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en su calidad de Integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos y Síndica Municipal y Representante legal del Ayuntamiento, todos de Cuautla, Morelos; por lo que entre la fecha de notificación de ese informe a la quejosa y el día de hoy -señalado para la audiencia constitucional-, no media un plazo de al menos ocho días. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, segundo y cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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