Adela Romero Gómez

Expediente 311/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
311/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
25/08/2022

Partes del expediente

  • Adela Romero Gómez
  • Titular de la Receptoría de Rentas de Acuitzio, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. 1. Cambio de Titular. Infórmese a las partes que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós, el titular de este órgano jurisdiccional es el juez Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de tres de agosto de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio SEADS/321/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, para el efecto legal conducente. 2. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en autos, que sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2.1. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.2. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 2.3. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio trámite a éste. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Notificar sentencia autoridad responsable. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha, no obra constancia que acredite que haya sido debidamente notificada la autoridad responsable Titular de la Receptoría de Rentas de Acuitzio, Michoacán, de la sentencia definitiva dictada el ocho de julio de dos mil veintidós, a través del oficio 21585/2022; el cual, fue debidamente enviado a través de la mensajería rápida ESTAFETA, con número de guía 0563566897; la cual, a realizar el rastreo de la misma, en la página web estafeta.com/Herramientas/Rastreo, se advierte que con fecha quince de julio del año en curso, se entregó de manera errónea en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán. En consecuencia, a fin de darle celeridad al presente juicio de amparo y como se advierte del informe justificado rendido por el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica, encargado de la defensa jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y sus unidades administrativas, en representación de la Receptora de Rentas de Acuitzio del Canje, Michoacán, señaló domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas número mil dieciséis, tercer piso, esquina Miguel de Cervantes Saavedra, colonia Ventura Puente, de esta ciudad. Por tanto, se ordena reenviar el oficio 21585/2022 -a través de diverso oficio que de este acuerdo se extraiga-, al Titular de la Receptoría de Rentas de Acuitzio, Michoacán, a fin de que sea debidamente notificada del fallo definitivo dictado, dentro del presente juicio de amparo, en el domicilio señalado en autos para recibir notificaciones. Notifíquese a las partes en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las diez horas con diez minutos del ocho de julio de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro; quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario del juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia del juicio de amparo número 311/2022, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Asimismo, se hace constar que de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ninguna de la partes solicitó su celebración a través del método de videoconferencia, por lo que ante la imposibilidad de su comparecencia física ante el personal actuante, la misma se celebra sin su asistencia, en aras de proporcionar una justicia completa, ya que si bien el artículo 124 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que las partes asistan a su celebración, tal presencia no es requisito de validez para verificarla. Acto continuo, el secretario hace constar que en los presentes autos obra: 1. Escrito de la demanda de amparo promovida por Adela Romero Gómez por propio derecho; 2. Acuerdo emitido el veintidós de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual, que admitió a trámite la demanda de amparo; 3. Escrito de ampliación de demanda; y, 4. Auto de veinte de mayo del año en curso, por el cual se admitió a trámite la mencionada ampliación. Asimismo, se hace constar que obran agregados los informes justificados de la Receptoría de Rentas de Acuitzio del Canje, Michoacán y Director de Catastro del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; además de la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita al juzgado. A lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos dichos informes y otorgada la intervención legal que corresponde a la Representante Social de la Federación. Abierto el periodo probatorio: El secretario da cuenta con las documentales que la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda y con la que la autoridad responsable, adjuntó a su informe justificado. Acto seguido, la Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las referidas pruebas documentales; cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: El secretario hace constar los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, sin que las demás partes realizara manifestaciones en este sentido. Al efecto, la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formulando alegatos y a las demás partes por omisas en formularlos. Se levanta la presente acta para constancia legal, se procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 311/2022; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, Adela Romero Gómez presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos del Receptor de Rentas de Acuitzio, Michoacán. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, la admitió a trámite y registró con el número de juicio de amparo 311/2022. Durante la sustanciación del procedimiento, a través del escrito de diecinueve de mayo del año en curso, la parte quejosa amplió la demanda respecto de diverso acto atribuido al referido receptor y Director de Catastro del Estado de Michoacán, con residencia esta ciudad; la cual fue admitida en los términos planteados. Previos los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que el juicio quedó en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Así, reclama del Receptor de Rentas de Acuitzio, Michoacán, lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la petición formulada el diez de noviembre de dos mil veintiuno. El oficio SFA-SI-DR-ARM-RDRA/2022 de once de abril de dos mil veintidós, en el que la responsable dio respuesta a la aludida solicitud. En tanto que, al Director de Catastro del Estado de Michoacán, con residencia esta ciudad, le atribuye lo siguiente: La negativa de prestar el servicio de catastro, al ser a quien por norma le corresponde la actualización de la base catastral de manera cuantitativa y cualitativa, al ser superior jerárquico del receptor de rentas. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Director de Catastro del Estado de Michoacán, con residencia esta ciudad, ya que, al rendir informe justificado, manifestó que no ha recibido alguna petición, verbal o escrita, por la cual la quejosa haya solicitado la prestación del servicio de catastro. En ese sentido, conviene señalar que por acto reclamado debe entenderse cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo, imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas, conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o fácticas dadas, y que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. De tal manera que los actos reclamados en el juicio de amparo pueden ser de índole positivo, consistente en una decisión o ejecución; o de índole negativo, que pueden traducirse ya sea en determinaciones negativas que implican una manifestación unilateral de la autoridad en donde expresamente no accede a las pretensiones del gobernado, o en omisiones, mismas que, conforme su naturaleza, son aquellas que implican un no hacer y a través de las cuales la autoridad rehúsa a acceder a las pretensiones de los gobernados o a un deber que la ley le obliga a realizar. En ese sentido, de autos se aprecia que no existe una solicitud, verbal o escrita, en la que la autoridad responsable le haya negado la prestación del servicio público de catastro; ni la existencia de una determinación por la cual el Director responsable haya negado la pretensión de la quejosa. De ahí que resulte evidente que no existe el acto negativo que se le atribuye, pues no realizó pronunciamiento en el que negó la prestación del referido servicio. En virtud de lo expuesto, se estima que el acto reclamado en estudio es inexistente; por tanto, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, por lo que a dicha autoridad se refiere. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. En torno a este tópico, el Receptor de Rentas de Acuitzio, Michoacán, negó los actos y omisiones que se le atribuyen. No obstante, por lo que hace a la omisión combatida, dicha negativa se devirtúa, debido a que la parte quejosa exhibió como prueba de su parte el acuse de recibo de la petición formulada el diez de noviembre de dos mil veintiuno; solicitud en la que obra el sello de recibido por parte de la Receptoría de Rentas de Acuitzio del Canje, de esa fecha; lo que, además, se robustece con las manifestaciones asentadas en el informe justificado del Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica, encargado de la defensa jurídica de la Secretaría de Fianzas y Administración del Estado -en representación del Receptor responsable-. En tanto que, por lo que hace a la negativa relativa a la existencia del oficio SFA-SI-DR-ARM-RDRA/2022 de once de abril de dos mil veintidós, la misma se desvirtúa debido a que de las propias manifestaciones asentadas en el informe justificación, se aprecia la existencia del comunicado impugnado; aunado a que las referidas manifestaciones hacen alusión a la inexistencia de las violaciones invocadas por la parte quejosa, no a la del oficio reclamado. Por tanto, son ciertos los actos y omisiones que se atribuyen a cada responsable. Además, la certeza de la omisión y oficio combatidos se corroboran con las constancias allegadas por la responsable en apoyo al informe con justificación. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cesación de efectos En el caso concreto, por lo que hace a la omisión reclamada, el Receptor responsable estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; lo que se estima acertado, como se expondrá a continuación. Conviene señalar que el derecho de petición, consagrado en el artículo 8 constitucional, es uno de los derechos públicos subjetivos que nuestra constitución consagra a favor de los gobernados en las relaciones jurídicas de supra a subordinación entre éstos y el Estado, y el juicio de amparo es el medio de defensa instituido para la salvaguarda de tales derechos. Derecho que comprende dos aspectos, el primero se refiere a la posibilidad de elevar ante cualquier autoridad una petición; el segundo, comprende la obligación a cargo de la autoridad de dar una respuesta a cualquier petición que se formule por escrito, en breve término, debiendo como corolario de ello, hacerlo saber al gobernado, también en breve término; siempre y cuando el gobernado haya designado un domicilio, dentro de la jurisdicción de la autoridad, para tal efecto. Dado que el derecho de petición se encuentra protegido por diversas garantías que cualquier autoridad debe cumplir, existen varios escenarios en que se puede verse violado o desconocido tal derecho y por ello las consecuencias jurídicas son diversas. Así, por ejemplo, si la conducta de la autoridad señalada como responsable es contumaz, y ante una petición formulada por escrito de forma pacífica y respetuosa, simplemente no realiza ninguna actuación, la violación al derecho humano se produce por esa inactividad, y conforme al artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, el efecto de una eventual concesiva en el amparo sería para constreñir a la responsable a que actúe en el sentido que le impone la norma. En cambio, si la autoridad responsable aduce haber dado respuesta a la petición, en el juicio de amparo que al efecto se promueva, a dicha autoridad corresponde demostrar tanto la existencia de la respuesta como su notificación o, bien, la imposibilidad que tuvo para realizar esto último, ya porque el quejoso no haya señalado domicilio para tal efecto, o en el señalado no se pudo practicar la diligencia. Así, la cesación de efectos del acto reclamado ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al concluir, finalizar o cesar su actuación u omisión. Esto implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de estos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto. Así, la razón que justifica la improcedencia establecida en esta porción normativa no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que, ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido a la quejosa en el goce de su derecho humano violado y de la garantía establecida para su protección. En tal virtud, la causal de improcedencia en estudio se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución al quejoso en el pleno goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las garantías establecidas para su protección. Para ello, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se deberá restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; en tanto que, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar aquéllos y cumplir, por su parte, lo que exijan. Con esto, cesan los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste, así como todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Ahora, en el caso del derecho de petición que nos ocupa, los requisitos exigidos por el artículo 8 constitucional se actualizaron durante la substanciación del juicio, y cesaron de esa manera los efectos del acto reclamado, ya que la autoridad responsable venció la contumacia en la que se había colocado y actúo en el sentido de la obligación correlativa que le impone el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se afirma lo anterior, ya que, en este asunto, la parte quejosa reclama la falta de respuesta la petición de diez de noviembre de dos mil veintiuno. Por su parte, el Receptor responsable exhibió el oficio SFA-SI-DR-ARM-RDRA/2022 de once de abril de dos mil veintidós, a través del cual se dio respuesta al planteamiento de la parte quejosa; mismo que fue notificado hasta el once de abril de dos mil veintidós. Así, en dicho comunicado, la autoridad responsable dio respuesta al planteamiento formulado, al indicar que no era viable atender la solicitud en virtud de que se cumplían con los requisitos previstos en los artículos 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán, así como los numerales 99 y 100 del reglamento de dicha norma general. Respuesta que, si bien no fue en el sentido en que se solicitó, lo cierto es que atendió el contenido principal de la petición; y para sustentar el sentido en que se respondió, la autoridad responsable expuso las razones que estimó conducentes. De ahí que, si en el caso concreto, se dio contestación a la petición formulada a la responsable y esta respuesta se suscitó durante la tramitación del juicio de amparo, en atención a la mecánica en cómo opera el derecho de petición es evidente que los efectos de la omisión han cesado. Consecuentemente, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley que rige la materia, respecto de la omisión en estudio. Orienta lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 205/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Inactualización de diversos motivos de improcedencia Realizado el estudio de las causas de improcedencia formuladas por las partes, esta juzgadora inadvierte que se actualice alguna diversa que impida el estudio de los conceptos de violación. Por tanto, procede su análisis, sin que para ello resulte indispensable transcribirlos ya que no existe en la Ley de Amparo alguna disposición que imponga tal formalidad. SEXTO. Estudio de fondo. Síntesis de los conceptos de violación. Ahora, los argumentos de inconformidad exteriorizados por la quejosa se pueden sintetizar de la siguiente forma: El acto reclamado vulnera lo dispuesto en el artículo 1° constitucional, ya que se niega el servicio de catastro por las autoridades, ya que no se aplicó en su favor el principio de convencionalidad en conjunto con las normas secundarias, ya que estipula la obligación de la autoridad de inscribir cualquier predio por el simple actuar propio o a instancia. En otro aspecto, el acto reclamado vulnera lo dispuesto por el artículo 8° constitucional, ya que el mismo prevé que el derecho de petición debe ser satisfecho con una respuesta en breve tiempo, misma que debe ser congruente con lo solicitado. De ahí que la respuesta combatida carezca de fundamentación y motivación, ya que no se indicaron los documentos faltantes para atender su trámite, tampoco cuál procedimiento debía seguir, ni se notificó debidamente el mismo. Finalmente, en relación con lo anterior, se trastoca lo previsto en el artículo 16 constitucional, ya que, de manera lisa y llana, se negó el servicio de catastro a la quejosa; lo que implica que se le prive de pertenecer a la base tributaria. Además, no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no se le notificó el inicio, tampoco se concedió la garantía de audiencia para probar o alegar, a fin de que se pudiera emitir una resolución fundada y motivada. Calificación de los conceptos de violación. Bajo las premisas anteriores, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, analizados los motivos de disenso y de acuerdo con la causa de pedir, se estiman infundados. En efecto, el acto reclamado consiste en el oficio SFA-SI-DR-ARM-RDRA/2022 de once de abril de dos mil veintidós, por el cual la autoridad responsable negó realizar la inscripción de dos predios en la base tributaria de bienes de la jurisdicción municipal y rentística de Acuitzio, Michoacán; esto, ya que la petición de la quejosa se fundó en un ordenamiento abrogado y no se cumplieron los requisitos previstos en los artículos 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán, así como los numerales 99 y 100 del reglamento de dicha norma general. Así, en el motivo de disenso sintetizado en inciso a), la quejosa afirma que se vulnera en su perjuicio el artículo 1º constitucional, ya que la responsable no aplicó un control difuso de constitucionalidad, puesto que estima que, en atención al control de convencionalidad, debieron aplicarse las normas secundarias en el sentido de permitir a la autoridad de inscribir cualquier predio por el simple actuar propio o a instancia; sin embargo, dicho planteamiento resulta infundado. Siguiendo la línea argumentativa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Receptor de Rentas de Acuitzio, Michoacán, es una autoridad administrativa dependiente de la Administración Pública Estatal centralizada, obligada a desempeñar sus funciones de acuerdo al marco legal aplicable al caso concreto y tomando en cuenta el principio de legalidad, según el cual, ningún órgano estatal puede tomar una decisión individual que no sea conforme a una disposición general que haya sido dictada con anterioridad. Dicho principio encuentra una de sus expresiones en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, que implica que los actos de las autoridades deben cumplir, medularmente, con los siguientes requisitos: Deben ser emitidos por autoridades competentes. Deben constar por escrito. Deben señalar los fundamentos en los que la autoridad se apoya para proceder de una determinada manera, y Deben señalar el por qué un caso concreto se adecúa al supuesto previsto en los ordenamientos que fundamenten el acto. Ahora bien, se puede dar el caso de que las autoridades administrativas tengan facultades de libre apreciación sobre el contenido de sus actos o de sus acciones; sin embargo, esas facultades deben estar autorizadas por una ley o un reglamento, y deben desarrollarse conforme a éstos, por ser los que delimitan su esfera competencial. De esta manera, es la ley la que autoriza a un órgano administrativo a actuar con cierta libertad, y es el propio órgano el que debe estar autorizado para fijar las diversas modalidades de su actuación. De lo contrario, una facultad discrecional podría tener como consecuencia la emisión de actos arbitrarios que persiguen una finalidad distinta de la dispuesta en ley. Así, si bien es cierto que la actual redacción del artículo 1º de la Constitución Federal establece la obligación para todas las autoridades del Estado de reparar violaciones a los derechos humanos de las personas, ese mandato no implica que todas las autoridades, incluyendo las que desempeñan funciones administrativas, puedan llevar a cabo algún tipo de control constitucional concentrado o difuso. El Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver el expediente varios 912/2010, delineó el modelo general de control de constitucionalidad y convencionalidad, así como los órganos jurisdiccionales facultados y los medios de control para llevarlo a cabo. Respecto de las autoridades del país -que no fueran jurisdiccionales-, se precisó que, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad. Bajo estas consideraciones, resulta infundado el planteamiento formulado, ya que la autoridad responsable no estaba facultada para realizar un control difuso de constitucionalidad, con el propósito de inaplicar alguna porción normativa vigente como método para efectivizar también el control de convencionalidad; puesto que ello atentaría contra el principio de legalidad que rige el actuar de todas las autoridades administrativas. Cobra aplicación a lo anterior la tesis aislada 2a. CIV/2014 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice lo siguiente: "CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARLO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben cumplir con una serie de obligaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, en términos de la tesis P. LXIX/2011 (9a.) (*), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades administrativas no están facultadas para realizar algún tipo de control constitucional, sea concentrado o difuso; es decir, no pueden declarar la invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una reparación de derechos humanos, ya que ello implicaría desatender los requisitos de procedencia señalados por las leyes para interponer un medio de defensa, y que deben cumplirse de manera previa a un pronunciamiento de fondo del asunto. En todo caso, han de interpretar las disposiciones jurídicas en el sentido más favorable a las personas, pero sin que ello llegue a descuidar las facultades y funciones que deben desempeñar en atención a sus ámbitos competenciales. Aceptar lo contrario, generaría incertidumbre jurídica en franca contravención a otros derechos humanos como los de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales". Sin que se soslaye que, en la aplicación de las normas, en términos del numeral 1 constitucional, todas las autoridades deben realizarla con la interpretación más favorable para las personas; empero, la interpretación de las normas materializada en la determinación de la responsable es acertada, como enseguida se expondrá. En torno a los conceptos de violación sintetizados en los incisos b) y c), la quejosa afirma que no se dio respuesta congruente con lo solicitado, al no indicarle los documentos faltantes ni el procedimiento a seguir, ni se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento; por lo que el acto reclamado carece de una debida fundamentación y motivación. Tales inconformidades resultan igualmente infundadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que mientras un acto privativo comprende la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Por ende, un acto de molestia restringe el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular. Por el contrario, se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. En tal virtud, el artículo 14, párrafo segundo, constitucional exige el respeto a la garantía de audiencia antes de que se produzcan aquellos actos que, en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos. En tanto que, los actos que no produzcan esos efectos, estarán regulados sólo por el numeral 16 de la Ley Fundamental, que prevé la garantía de legalidad y seguridad jurídica que se traduce en la forma del acto autoritario de molestia, el cual debe derivarse siempre de un mandamiento por escrito, pues solamente de esta manera puede observarse la fundamentación y motivación del acto de autoridad. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." De ahí que, contrario a lo aseverado por la quejosa, no era deber de la autoridad responsable otorgar el derecho de audiencia previo a que aconteciera la emisión del acto reclamado, ya que no se pretendió privar de algún derecho; sino que se trata de un acto de molestia. Así, como se señaló, el artículo 16 constitucional prevé el derecho fundamental de seguridad jurídica en favor de los gobernados, al exigir que, para la emisión de cualquier acto de autoridad ha de expresarse, con precisión, el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; cuestiones que se traduce en los tópicos de fundamentación y motivación. Además, deberá existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En ese tenor, la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad, aspecto imperativo que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. A su vez, la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuáles la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Ahora, mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó a la autoridad responsable lo siguiente: "Que por medio del presente ocurso, vengo a solicitar la inscripción de 2 dos predios en la base tributaria de bienes de esta jurisdicción Municipal y rentística. Para los efectos fiscales correspondientes, lo que hago basado en los siguientes: HECHOS: PRIMERO.- Bajo protesta de decir verdad señalo que con fecha 03 tres de noviembre de 1980 mil novecientos ochenta de manera verbal adquirí del señor Juan Bastida Ayala a título de propietaria dos predios rústicos ubicados en la localidad El Ciprés cuya superficie de medidas y colindancia se citarán más adelante. SEGUNDO.- Me permito hacer la descripción de ambos predios: (.) Señalando que en un predio se ubica la vivienda actual y el otro su fin es de uso agrícola. TERCERO.- Desde esa fecha 03 tres de noviembre de 1980 mil novecientos ochenta mantengo la posesión real y material de ambos predios, tal y como lo señala la legislación civil vigente en el estado esto es de manera: En concepto de propietario, Pacífica, Continua y, Pública. CUARTO. En cumplimiento a mis obligaciones y derechos como contribuyente es que acudo ante esta Oficina Administrativa a cumplir con el registro de ambos predios y a pagar las contribuciones que el hecho de su alta en el sistema (catastral) me genere, por ser una obligación de todos los ciudadanos de contribuir de manera equitativa y proporcional al gasto público. QUINTO.- Me permito adjuntar a este escrito de petición, los planos de ambos polígonos, mismos que cuentas con las medidas, colindancias y superficies, además con geolocalización macro y micro, a fin de lograr su debida ubicación y con ello, poder aplicar la tasa contributiva que les corresponda. Fundamento en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 74, 76 y 77 de la Ley de Catastro del Estado de Michoacán". (Lo resaltado es de este juzgado). En atención a dicha petición, el Receptor de Rentas de Acuitzio, Michoacán, emitió el oficio SFA-SI-DR-ARM-RDRA/2022 de once de abril de dos mil veintidós, bajo el razonamiento siguiente: ".Se informa al contribuyente que dicha solicitud mencionada no anexa todos los documentos necesarios para poder dar trámite de manera eficiente, esto toda vez que de la petición que se allegó se desprende que dicho trámite corresponde a un PREDIO IGNORADO, no obstante los artículos de la Ley de Catastro en que funda su petición ya no son vigentes, al haber sido abrogado dicho cuerpo normativo en términos del artículo Tercero Transitorio de la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo, por tanto deberá apegarse al procedimiento legal contemplado en las normativas vigentes. En virtud de lo anterior es que informo que deberá allegar toda la documentación y seguir el procedimiento establecido correspondiente de un predio ignorado ante la Receptoría de Acuitzio del Canje, Michoacán, para así dar continuidad a su solicitud, de conformidad con los artículos en los artículos 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo y 99 y 100 del Reglamento de la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo." (Lo resaltado es de este juzgado). Por ello, con fundamento en los artículos que citó, determinó que era viable atender la petición de la quejosa. Así, se estima acertada la respuesta de la autoridad responsable, pues la autoridad responsable expresó los argumentos y fundamentos con los que atendió de manera completa y congruente con lo solicitado por la parte quejosa. Ello es así, ya que cuando se reclama la respuesta dada al ejercicio del derecho de petición, con el que se pretende atender una solicitud, es preciso que se exponga la fundamentación y motivación que comprenda todos los planteamientos del impetrante; de lo contrario, se dejaría de resolver lo solicitado. Es orientadora la jurisprudencia 2a./J. 67/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido". Para evidenciar lo anterior, en la petición formulada la parte quejosa solicitó el registro de dos predios en la base tributaria de bienes de la jurisdicción municipal y rentística de Acuitzio, Michoacán. Sin embargo, la responsable refirió que no podía atender dicha solicitud, ya que la petición de la quejosa se fundó en un ordenamiento abrogado y no se cumplieron los requisitos previstos en los artículos 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán, así como los numerales 99 y 100 del reglamento de dicha norma general. Esto se traduce en que, la petición central de la quejosa radicó en que la autoridad competente realizara el registro de dos predios ignorados de El Ciprés; en tanto que, la autoridad indicó que no era viable atender la petición pues, no se cumplían los requisitos previstos en las referidas porciones normativas. De ahí que sea evidente que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, pues se citaron los artículos que la autoridad estimó aplicables al caso concreto, mismos que actualizan las hipótesis fácticas en ellas descritas; además, resulta congruente lo expuesto en el oficio SFA-SI-DR-ARM-RDRA/2022 de once de abril de dos mil veintidós, respecto a lo solicitado; es decir, la responsable atendió la petición en el sentido de que era improcedente, ya que no se cumplían los requisitos previstos en los artículos 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley de la Función registral y Catastral del Estado de Michoacán, así como los numerales 99 y 100 del reglamento. Sin que se soslaye el hecho de que la quejosa haya indicado que, en términos del artículo 1° constitucional, debía realizarse la interpretación más favorable para ella a fin de realizar el trámite de inscripción correspondiente; empero, no era factible realizar lo anterior, ya que el motivo por el cual no se accedió a lo solicitado fue el hecho de que no se realizó el planteamiento de inscripción bajo el procedimiento y requisitos que estipula la vigente ley catastral. Así, el derecho de petición no puede llegar al extremo de eximir a las personas de cumplir con los requisitos que prevean las leyes y reglamentos; en todo caso, la obligación de la responsable para cumplir con este derecho fundamental consiste en que se atienda la petición, en que se pronuncie en torno a la procedencia o no de la petición con base en el marco normativo aplicable. De ahí que la respuesta en estudio es acorde a lo dispuesto en los artículos 8° y 16 constitucionales, ya que la responsable do respuesta al planteamiento y le indicó la norma vigente bajo la cual debe formular su petición, así como el procedimiento a seguir y los requisitos necesarios. Por ello, no asiste razón a la quejosa en sus motivos de disenso, puesto que el oficio reclamado cuenta con una debida fundamentación y motivación, porque la responsable fue congruente al dar respuesta a o solicitado. Por las ideas que contiene, resulta aplicable la jurisprudencia PC.XV.J/6 A (11a.) del Pleno del Decimoquinto Circuito, que dice lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al determinar, uno de ellos, que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emita una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión, la negativa a continuar con el trámite ante la falta de un requisito, torna incongruente la respuesta por sustentarla en motivos que no se desprenden de los preceptos legales que se invocaron, mientras que el otro sostuvo que era suficiente la coherencia de lo contestado en relación con la petición para satisfacer esa exigencia, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expresado. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada". Decisión. En ese contexto, al ser infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Adela Romero Gómez, contra el oficio combatido. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adela Romero Gómez, contra el acto y omisión atribuidos al Director de Catastro del Estado de Michoacán, con residencia esta ciudad y Receptor de Rentas de Acuitzio, Michoacán, por los argumentos expresados en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Adela Romero Gómez, por el acto atribuido al Receptor de Rentas de Acuitzio, Michoacán, por las razones y fundamentos precisados en el considerando sexto de la sentencia. TERCERO. En términos del considerando séptimo, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable, el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica, encargado de la defensa jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y sus Unidades Administrativas, en representación de la Titular de la Receptoría de Rentas de Acuitzio, Michoacán, de la ampliación de demanda realizada por la parte quejosa; dése vista a las partes con este, para que se impongan de su contenido. Prueba documental. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se tiene por admitida y desahogada, en razón a su propia y especial naturaleza, la documental que la responsable adjuntó a su informe justificado. Lo anterior, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional. Notifíquese a las partes mediante lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.

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