Adela Pacheco Rivas y Otros.

Expediente 915/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 31 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
915/2018
Año
2018
Actuaciones
31
Última actuación
05/12/2019

Partes del expediente

  • Director en Jefe del Registro Agrario Nacional
  • Adela Pacheco Rivas y Otros.
  • Adela Pacheco Rivas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Visto: téngase por recibido y agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el escrito presentado por los quejosos *****; a través del cual solicitan copia certificada de diversas constancias y le sean devueltos los documentos que se anexaron al escrito inicial de demanda; en atención a ello, con fundamento en los artículos 278 y 280 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídaseles copia certificada de las documentales que indica, previo recibo que se otorgue en autos para debida constancia legal. Hágase saber que las copias las puede obtener en cualquier día hábil y en el horario establecido por este juzgado federal, y asimismo hágase la devolución de los documentos de referencia, previa copia certificada que de los mismos y razón de su recibo se dejen agregados en autos, para debida constancia.

  2. Principal

    Visto; téngase por recibido el oficio firmado por el Consultor Jurídico en representación del Consejero Adjunto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con sede en la ciudad de México, mediante el cual devuelve el diverso 568, dirigido al PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para notificarle la sentencia de veintiséis de marzo pasado, dictada en este sumario, en virtud de que por oficio 5.AP/ARP/2468/2018 se otorgó la representación presidencial a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la ciudad de México, por lo que solicita que le sea notificado por su conducto; atento a lo anterior, se ordena reexpedir dicha comunicación oficial al domicilio correcto, para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 567, 568, 569, 570 y 572, por los cuales se notificó a las autoridades responsables foráneas Director en Jefe del Registro Agrario Nacional y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ambos con sede en la ciudad de México, Presidente Municipal de San Marcos, Gobernador del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo y Director del Catastro e Impuesto Predial de San Marcos, Guerrero, con sede en San Marcos, la sentencia dictada en este expediente, puesto que al haberse sobreseído el presente juicio de amparo, es a la parte quejosa a quien pudo afectar el sentido del fallo en cuestión y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así las autoridades responsables, conforme a lo dispuesto el artículo 87 de la ley de la materia. Es aplicable por analogía jurídica la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguiente "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD DEFIENDE. Los recursos establecidos en la Ley de Amparo tienen como finalidad reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio de garantías con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación y resolución. Ahora bien, cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de garantías, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional, por lo que dicha resolución a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. En estas condiciones, el presidente de la República carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto por conducto de su delegado, contra la sentencia que sobresee en el juicio respecto de la ley cuya constitucionalidad defiende, pues en tal caso no existe declaración al respecto." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 2214) Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el punto Décimo Primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a la partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente principal, es susceptible de destrucción el cual será destruido, una vez que transcurra el término de cinco años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, además como se desprende de la certificación de cuenta no existen documentos originales insustituibles, y este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Por otra parte se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado. Déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se NEGÓ la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Primero, fracción III del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se hace constar que SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL Y DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, los cuales serán destruidos, el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses y el original transcurridos cinco años contados a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero último párrafo y vigésimo, último párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presenten en el local de este Juzgado y recoja los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA. SE NOTIFICA A LAS QUEJOSAS POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DEL 16 DE ABRIL DE 2019, QUE DICE: Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 567, 568, 569, 570 y 572, por los cuales se notificó a las autoridades responsables foráneas Director en Jefe del Registro Agrario Nacional y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ambos con sede en la ciudad de México, Presidente Municipal de San Marcos, Gobernador del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo y Director del Catastro e Impuesto Predial de San Marcos, Guerrero, con sede en San Marcos, la sentencia dictada en este expediente, puesto que al haberse sobreseído el presente juicio de amparo, es a la parte quejosa a quien pudo afectar el sentido del fallo en cuestión y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así las autoridades responsables, conforme a lo dispuesto el artículo 87 de la ley de la materia. Es aplicable por analogía jurídica la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguiente "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD DEFIENDE. Los recursos establecidos en la Ley de Amparo tienen como finalidad reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio de garantías con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación y resolución. Ahora bien, cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de garantías, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional, por lo que dicha resolución a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. En estas condiciones, el presidente de la República carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto por conducto de su delegado, contra la sentencia que sobresee en el juicio respecto de la ley cuya constitucionalidad defiende, pues en tal caso no existe declaración al respecto." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 2214) Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el punto Décimo Primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a la partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente principal, es susceptible de destrucción el cual será destruido, una vez que transcurra el término de cinco años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, además como se desprende de la certificación de cuenta no existen documentos originales insustituibles, y este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Por otra parte se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado. Déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se NEGÓ la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Primero, fracción III del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se hace constar que SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL Y DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, los cuales serán destruidos, el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses y el original transcurridos cinco años contados a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero último párrafo y vigésimo, último párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presenten en el local de este Juzgado y recoja los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente.

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