Adela Moreno Bravo

Expediente 612/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
612/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • Adela Moreno Bravo
  • Adela Moreno Bravo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintitrés de junio del año en curso, en el que se tuvo no presentada la demanda de amparo promovida por ********************...se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archívese el presente expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones respectivas. Con fundamento en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Por otra parte, en autos obran documentos exhibidos por la parte quejosa susceptibles de devolución; en esa medida, requiérasele para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, será destruida.

  2. Principal

    Vista la cuenta, se aprecia que feneció el término de tres días concedido a los quejosos, en auto de quince de junio del año en curso, a fin de que comparecieran a este juzgado a reconocer como suyas las firmas que obran al calce de los escritos registrados con los folios 9259 y 9317, así como en la demanda de amparo que originó el presente expediente, dada la diferencia entre ellas que a simple vista advirtió este juzgado; sin que lo hayan hecho. Asimismo, se observa que concluyó el plazo de cinco días otorgado a los quejosos, en auto de nueve de junio de este año, para que cumplieran con la prevención ahí formulada, sin que lo hayan realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en los proveídos de mérito y, con fundamento en el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda de amparo promovida por Adela Moreno Bravo, María Esther Moreno Bravo y Juan Vázquez Ramírez, así como los escritos registrados con los folios 9259 y 9317.-

  3. Principal

    gréguense a los autos los escritos aparentemente firmados por ********************, ******************** y ********************, mediante los cuales se pretende cumplir con la prevención formulada en auto de nueve de junio del año en curso. Al respecto, resérvese proveer sobre su contenido, en virtud de que las firmas plasmadas en los escritos de cuenta, a simple vista, difieren con las asentadas en la demanda de amparo que originó el presente juicio, tal como se aprecia en las imágenes que de dichos escritos a continuación se insertan: Demanda de amparo Escrito registrado con el folio 9317 Escrito registrado con el folio 9259 De ahí que este órgano jurisdiccional no tenga certeza de que las firmas plasmadas en los escritos de cuenta y en la demanda provengan de los promoventes y, en consecuencia, que sean ellos quienes efectivamente exteriorizaron su voluntad al suscribirlos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 1/2011, sostuvo: "En síntesis, de lo precisado en los párrafos precedentes se puede concluir lo que a continuación se señala: a) La firma es el medio idóneo para individualizar a la persona que suscribe un documento y cumple la función de exteriorizar su voluntad al aceptar la declaración que en él se contiene. b) La huella digital es más idónea para individualizar al sujeto, pero no es suficiente para reemplazar la firma, ya que no sirve como prueba de voluntad. c) La firma a ruego es un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar. d) Existen leyes que señalan que cuando el interesado no sepa leer o escribir, bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, por lo que si la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 12, señala que la personalidad se justificará en la misma forma que determine la Ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, entonces la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no puede establecer exigencias mayores a las señaladas en dichas leyes, por lo que se debe admitir la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales. e) Del análisis sistemático de las exigencias establecidas para la admisión de la demanda en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se desprende que no se encuentra previsto el requerimiento de ratificación de la huella digital, cuando viene acompañada de firma a ruego, por lo que resulta evidente que su exigencia contraviene las disposiciones que regulan el procedimiento en el juicio constitucional". En tales condiciones, requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a este juzgado, debidamente identificados, para que manifiesten, bajo protesta de decir verdad y teniendo en cuenta las sanciones que prevé el artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, si reconocen como suyas las firmas que obran al calce tanto de los escritos de cuenta registrados con los folios 9259 y 9317 como de la demanda, asimismo, si ratifican su contenido; apercibidos con que de no presentarse dentro del plazo que se les indica, se tendrán no presentados los escritos de cuenta, así como la demanda de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 258, consultable en la página 174, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del tenor siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.- Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas.". Ahora, en caso de ser ratificados los escritos de referencia y la demanda y, de advertir una diferencia notoria entre las firmas ratificadas y la plasmada durante la diligencia respectiva, este juzgado estará en aptitud de ordenar de oficio la práctica y desahogo de la prueba pericial en grafoscopía y caligrafía, a fin de verificar si las firmas que calzan dichos escritos corresponden a las firmas de los promoventes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 59/2017 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2014436, de texto y rubro siguientes: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." Hágase del conocimiento de los promoventes que el artículo 237, fracción III, de la ley de materia, faculta a este órgano jurisdiccional a dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos que podrían ser constitutivos de alguno de los delitos previstos en la Ley de Amparo, como podría ser el caso de quien se conduzca con falsedad en el presente juicio de amparo, y ratifique como suya una firma que no fue emitida de su puño y letra. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis derivada de la contradicción 204/2016, con registro digital 2014917, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato."

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Adela Moreno Bravo, María Esther Moreno Bravo y Juan Vázquez Ramírez, por propio derecho, contra actos del Juez Civil de Partido especializado en Materia Familiar de Irapuato, Guanajuato; fórmese expediente y regístrese con el número 612/2023-VI. Con fundamento en el artículo 13, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este juzgado designa como representante común de la parte quejosa a Adela Moreno Bravo, sin perjuicio de que dicha parte la sustituya por otro u otra con posterioridad. En atención a lo anterior, antes de proveer lo conducente respecto de la demanda, con fundamento en las fracciones II y IV del artículo 114, en relación con las fracciones III y IV del diverso 108 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con copia para cada una de las partes, cumpla con lo siguiente: Primero. Indique la fecha en que se emitió el acto reclamado identificado con el número "2" del apartado relativo de su demanda de amparo; pues omitió precisarla. Segundo. Toda vez que, entre los actos que reclama en el presente juicio, señala determinaciones por las cuales se le impusieron multas económicas, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable ejecutora al Jefe de la Oficina Recaudadora de Salamanca, Guanajuato; ello, en consideración a que todos los quejosos refieren tener su domicilio en aquel municipio. Se apercibe a la parte quejosa con que en caso de no cumplir con la presente prevención, se tendrá no presentada la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del invocado artículo 114 de la Ley de Amparo. Dado que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, no cumplió con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia; por tanto, ésta y las subsecuentes notificaciones hágansele por lista de acuerdos. Se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-

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