Adela Moran Corona

Expediente 512/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
512/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
05/07/2016

Partes del expediente

  • Adela Moran Corona
  • Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta del Sistema Penal Acusatorio de Tlalnepantla, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto de dieciséis de junio del presente año, mediante la cual sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Adela Moran Corona; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. Conclusión a la que se arriba, sin que obste que no se encuentra notificada del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, la totalidad de las autoridades, pues atendiendo al sentido de la misma, las autoridades responsables carecen de legitimación para promover el recurso de revisión en su contra. Apoyan a lo anterior, los criterios que a continuación se identifican y transcriben: "Novena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXIV, Septiembre de 2006Página: 308Tesis: 2a./J. 127/2006JurisprudenciaMateria(s): Común REVISIÓN. LA AUTORIDAD QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. La legitimación para que las autoridades responsables interpongan el recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, sólo se genera cuando la resolución que decida sobre la suspensión definitiva del acto reclamado pueda causar una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones; pero tal perjuicio no debe ser meramente hipotético, sino un hecho real, cuya demostración incumbe a las autoridades que invoquen su presencia, como uno de los presupuestos necesarios para interponer el recurso. Ahora bien, si al rendir informe previo las autoridades recurrentes negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, y a pesar de tal negativa, sin prueba en contrario, el Juez de Distrito o superior de la autoridad responsable, en su caso, concede la suspensión definitiva, esa resolución no puede ocasionar perjuicio a las autoridades recurrentes, porque ante la inexistencia de los actos reclamados, según su informe, la suspensión otorgada no les priva del derecho a ejecutar acto alguno, ni restringe su libertad de acción; circunstancia que implica una falta de interés jurídico para que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso confirme, modifique o revoque la resolución impugnada; de ahí que, siendo la posible afectación al interés jurídico un presupuesto indispensable para la legitimación del recurrente en el juicio de garantías, el recurso de revisión que se interponga en esas condiciones resulta improcedente conforme al artículo 87 de la Ley citada." "Octava ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación83, Noviembre de 1994Página: 84Tesis: XX. J/74JurisprudenciaMateria(s): Común AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." En consecuencia y atento a la certificación de cuenta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Asimismo, de conformidad con el punto décimo séptimo del acuerdo en cita, se atendió la digitalización de las constancias, las cuales coinciden con su original e) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. f) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. g) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Seis de Sistema Acusatorio, Adversarial y Oral en Tlalnepantla de Baz, a través del cual rinde informe justificado. Ahora, del informe justificado que remite la autoridad responsable, así como de las constancias anexas al mismo, se estima que en el caso en estudio se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, de la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: Por revocación; y, Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haberse emitido el laudo correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues respecto al acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia, consistió en la orden de presentación y/o detención y/o aprehensión y su ejecución, por lo que se colige sobrevino una cesación por revocación, pues de las constancias que adjuntó la responsable, se advierte que el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable ordenó cancelar el oficio de presentación de nueve de marzo de dos mil dieciséis, enviado al Comisario de la Policía Ministerial en Tlalnepantla, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para la presentación del aquí quejoso ante dicha responsable (fojas 55 y 56). Luego, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación y dar por concluido el procedimiento del cual emanó el acto tildado de inconstitucional, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Son aplicables al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales son del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (S.J.F. y su Gaceta, novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38) "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." (S.J.F y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 210). En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, prevista para realizarse a las once horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la circular CCJ/05/2016 de diez de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que no obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta del Sistema Penal Acusatorio de Tlalnepantla Estado de México, a pesar de estar debidamente notificado tal y como se advierte del acuse que obra en autos (foja 35) Ahora, a fin de que este juzgado tenga mayores elementos al momento de resolver el presente sumario requiérase al Procurador General de Justicia del Estado de México, para que instruya al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta del Sistema Penal Acusatorio de Tlalnepantla Estado de México, a fin de que rinda el informe justificado que le fue solicitado mediante oficio 2846/2016 de diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Con el apercibimiento tanto para el Procurador General de Justicia del Estado de México, como para la Agente del ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta del Sistema Penal Acusatorio de Tlalnepantla Estado de México, que de ser omisos, o no manifestar la imposibilidad que tengan para cumplir con lo requerido, se les impondrá a cada uno una multa de cien días de salario mínimo vigente, de conformidad con los numerales 237 fracción I, y 259 de la ley de la materia. Por tanto, a fin de que se cumplimente lo anterior, y no violar las reglas que rigen el juicio de garantías o causar un menoscabo en los derechos fundamentales de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las once horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciséis. En otro orden, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, agréguense a los autos la razón de cuenta, mediante la cual la fedataria judicial adscrita, manifiesta la imposibilidad para notificar el oficio 2849/2016, dirigido a la autoridad responsable denominada por el quejoso como Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por las razones que expone. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado a la quejosa ***, en auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, se deja de tener como autoridad responsable las señaladas en líneas que anteceden, por tanto, suspéndase toda comunicación con estas; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el escrito de cuenta signado por la quejosa ***, a través del cual, solicita se difiera la audiencia constitucional señalada para el trece de junio del presente año, por las razones que ahí expone. Ahora bien, respecto de la referida solicitud, se hace de su conocimiento que en caso de que se cumpla con la hipótesis a que la promovente refiere, se proveerá los conducente; no obstante, de ser el caso contrario, se dictará el acuerdo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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