Adela Mendoza Victoria
Expediente 1657/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1657/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Adela Mendoza Victoria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia terminada de engrosar ocho de noviembre de dos mil dieciséis, a la parte tercera interesada INTERCOM S.A. DE C.V., HOME DEPOT S.A. DE C.V. y ERNESTO HERNÁNDEZ, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, así como los acuerdos subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Finalmente, visto el acuse de notificación de oficio que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos jurídicos conducentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. ...SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO INTERCOM, S.A. DE C.V. HOME DEPOT S.A. DE C.V. Y ERNESTO HERNÁNDEZ LA SENTENCIA DE OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adela Mendoza Victoria, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1657/2016-II-B, promovido por Adela Mendoza Victoria, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Adela Mendoza Victoria, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se previno por acuerdo de veintiséis siguiente. Subsanada, se admitió a trámite por acuerdo de siete de octubre actual, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y los terceros interesados. Luego, por acuerdo de siete de noviembre se fijaron las once horas con dos minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos consiste en: La omisión de dictar laudo en el conflicto laboral 01/64/16. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado y sobreseimiento. Si bien al rendir el informe justificado, la presidenta de la Junta aceptó la existencia del acto reclamado, éste es inexistente, por las razones que se dan a continuación. El acto reclamado consiste en la omisión de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de dictar laudo en el juicio 01/64/16. La conducta omisiva imputada a la autoridad responsable implica un hecho negativo, en concreto, un "no hacer". En la tesis aislada 1a. XXIV/98, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó que la certeza o existencia de un acto de naturaleza omisiva, no se determina únicamente en función de la falta del hecho positivo, sino que debe acudirse a las normas legales que regulan la actividad de la autoridad para comprobar si existe o no la obligación de actuar en el sentido que indica el quejoso. Así, para considerar que se actualiza la omisión en que se dice incurre una autoridad, debe existir previamente la obligación correlativa, determinada por las leyes que regulen su actuación. Por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, con independencia de lo que afirme el quejoso, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades legales que aquélla ineludiblemente esté sujeta realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, de forma oficiosa sin que tenga como presupuesto una condición. La tesis 1a. XXIV/98 dice a la letra: Tesis: 1a. XXIV/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196080 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 53 Tesis Aislada(Común, Administrativa) ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. El acto reclamado emana de un juicio laboral tramitado conforme a la Ley Federal del Trabajo. Antes de continuar, se precisa que los artículos de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se citen, corresponderán a la ley con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, vigentes a partir del día siguiente de su publicación, ya que el conflicto de origen data del dos mil dieciséis, sin obviar la posterior reforma publicada en el aludido medio de comunicación oficial el doce de junio de dos mil quince, empero, ésta no modificó preceptos relativos del procedimiento ordinario del derecho del trabajo. En ese tenor, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, dice en lo conducente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. (.)" Conforme al precepto transcrito, el cierre de instrucción en el procedimiento laboral está sucedido de la elaboración del proyecto de laudo. Luego, dicho cierre es un requisito sine qua non para que la Junta esté en posibilidad de emitir el laudo. La presidenta de la Junta exhibió copias certificadas de diversas constancias del expediente 01/64/16 (fojas 38 a 40 y 47 a 49); las que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De acuerdo con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable, la última actuación en el conflicto de origen corresponde a la de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis (fojas 47 y 48). Mediante esa actuación, la presidenta de la Junta declaró cerrada la instrucción en el juicio 01/64/16 y ordenó su turno para proyecto de resolución en forma de laudo. Ahora bien, la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. Tal consideración se funda en estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. La parte quejosa presentó su demanda de amparo el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. Como quedó apuntado, la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción y ordenó el turno de los autos a proyecto de resolución en forma de laudo, el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. Luego, a la fecha de instauración del juicio de amparo, el conflicto laboral 01/64/16, no se encontraba en estado de resolución, antes, esto ocurrió con posterioridad. Por tanto, a la data en que la quejosa ejerció la acción de amparo, no había surgido la obligación de la autoridad responsable de dictar el laudo, porque el cierre de instrucción sucedió después de la presentación de la demanda de amparo y, tal acto procesal [cierre de instrucción], como se dijo, es un requisito sine qua non para que la Junta esté en aptitud de emitir el laudo. Entonces, la omisión que la quejosa reclama es inexistente, en virtud que a la fecha en que instauró el juicio de amparo, no se actualizaba la obligación correlativa para que la Junta emitiera el laudo; obligación que deriva de la ley que rige el actuar de la autoridad y que en el caso concreto, surge con el cierre de instrucción. Entonces, ya que la certeza o existencia de un acto reclamado omisivo, no se determina sólo en función de la falta del hecho positivo, sino que debe atenderse a las normas legales que rigen la actividad de la autoridad para comprobar si a la data en que se ejerció la acción de amparo, existía o no la obligación de aquélla de actuar en el sentido que exige la parte quejosa para la salvaguarda de su derecho, es inconcuso que al veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, en que la quejosa demandó el amparo contra la omisión de la Junta responsable de dictar laudo en el juicio 01/64/16, la obligación de ésta de emitirlo no había surgido, en virtud que en el juicio no había sido cerrada la instrucción y por ende, no había sido turnado para proyecto de resolución en forma de laudo. Por lo expuesto, el acto reclamado es inexistente, por lo que el juicio de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; máxime que la violación al derecho debe ser actual, esto es, debe existir a la presentación de la demanda de amparo, lo que guarda relación con lo dispuesto por los artículos 1º y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, que el amparo protege a las personas contras normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica. El sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado cuando éste no existe a la presentación de la demanda de amparo, encuentra apoyo en las jurisprudencias 2a./J.3/94 y 1a./J.36/98, ya citadas. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para analizar los conceptos de violación y manifestaciones en torno al acto reclamado, porque aquél [sobreseimiento] no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Dicho impedimento se funda en esta jurisprudencia: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Si bien la autoridad responsable alegó la improcedencia del juicio de amparo, el estudio de tales argumentos resulta innecesario porque ya se determinó el sobreseimiento, de modo que es irrelevante determinar si opera o no otra causa de improcedencia, porque no cambiaría el sentido de este fallo. Tal consideración se sustenta en el siguiente criterio jurisprudencial: Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adela Mendoza Victoria, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON DOS MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por licencia del titular concedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, en términos del oficio CCJ/ST/6388/2016, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de noviembre de dos mil dieciséis.Se tiene por recibido el oficio que signa la JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual informa el estado procesal del juicio laboral 01/64/2016 y remite copia certificada del auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el citado expediente; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes, las que serán tomadas en consideración en la celebración de la audiencia que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo.NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. ISA*
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