Adela Meléndez Ginez
Expediente 753/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 27/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Adela Meléndez Ginez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós en la que se sobreseyó en este asunto, por lo que con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintisiete de diciembre de dos mil veinticinco. Asimismo, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 7.5 arábigo 2 y 8.1.2 arábigo 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, puesto que se negó en definitiva la medida cautelar solicitada; por lo que se establece como fecha probable veintisiete de diciembre de dos mil veinticinco, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Igualmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Adjúntese copia de este proveído para que sea glosada en los cuadernos incidentales correspondientes a este juicio de amparo para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquellos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas respectivas. Notifíquese por lista a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Ivette Caballero Rodriguez, secretaria con quien actúa y da fe.ICR/asvvCertificación: La secretaria certifica que la promoción, documento, auto y/o resolución que antecede, coinciden en su totalidad con el expediente electrónico e impreso, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo. Doy fe.
- Principal
En Boca del Río, Veracruz, a las trece horas del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 753/2022, presidida por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de René Antonio Sorcia Galván, secretario con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como en el Acuerdo General 21/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado con relación al periodo de vigencia, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte, inicia la presente audiencia sin asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario hace relación de constancias, de las que destacan el escrito de demanda, cumplimiento de prevención, ratificación de demanda e informes justificados. A lo anterior el juez acuerda: ténganse por relacionadas las referidas constancias. Abierto el periodo de pruebas, el secretario hace constar como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexó a su escrito de demanda, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, no así las supervinientes que anunció al no haberse actualizado ninguna; de la responsable Comisión del Agua del Estado de Veracruz, las documentales que anexó a su informe justificado, mientras que del Instituto Metropolitano del Agua las documentales que exhibió junto con su informe con justificación y la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, no así las supervinientes que anunció al no haberse actualizado ninguna. Acto seguido, el Juez acuerda: se admiten y desahogan dichas probanzas, por su propia y especial naturaleza, acorde con lo señalado en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean valoradas al resolver el presente asunto; por lo que se cierra el referido periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación formuló pedimento alguno; por lo que el juez concluye el presente periodo. Con lo anterior, se dan por terminadas las dos primeras etapas de esta audiencia, y se turnan los autos para dictar la resolución correspondiente, que es del tenor siguiente: Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 753/2022, promovido por Adela Meléndez Ginez contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Primero. Por escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado el veintinueve siguiente a este juzgado, Adela Meléndez Ginez y otros, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos detallados en el escrito de demanda. Segundo. En proveído de uno de agosto siguiente se ordenó la separación material de los autos, así como que se formaran los expedientes correspondientes por cada uno de los promoventes. De manera que con copia certificada de la demanda de amparo y anexos, se remitieron dichas constancias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para que registrara el nuevo asunto. Tercero. Como resultado de lo anterior, en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 1637 mediante el cual se adjuntó la demanda de amparo promovida por Adela Meléndez Ginez, que se registró en el libro de gobierno de este órgano de control constitucional con el número de juicio 753/2022, misma que se previno. Cuarto. Así, cumplidos por la promovente la prevención y requerimiento realizados, respectivamente, en autos de dieciséis y veintinueve de agosto del año en curso, por acuerdo de seis de septiembre del presente año, se admitió la demanda de amparo, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se solicitaron a las autoridades responsables sus informes justificados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Quinto. Previa sustanciación del juicio, una vez integrado el expediente, se efectuó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables 1) Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, 2) Director del Instituto Metropolitano del Agua con sede en Veracruz, Veracruz, 3) Comisión del Agua del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, y 4) Gerente del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, GRUPO MÁS en Veracruz: - El inadecuado estado en el que se recibe el agua potable en el domicilio ubicado en calle Malinche 787-B, Infonavit los Volcanes, Veracruz. - El aviso de corte del servicio de agua potable, saneamiento y drenaje, en el domicilio ubicado en Malinche 787-B, Infonavit los Volcanes, Veracruz. -El cobro por concepto de falta de pago del servicio de suministro de agua potable, en relación al inmueble ubicado en calle Malinche 787-B, Infonavit los Volcanes, Veracruz. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, el Director del Instituto Metropolitano del Agua con sede en Veracruz, Veracruz y la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara pruebas que desvirtuaran esas negativas. En ese tenor, al no existir los actos señalados, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio por lo que a dichas autoridades se refiere, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia y en la jurisprudencia número 1002, consultable en la Segunda Parte, Salas y Tesis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que aparece bajo el tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Existencia del acto reclamado. Si bien la autoridad responsable Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con residencia en Veracruz, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado, esto lo hizo por señalar que "no tiene registrado ningún inmueble a su nombre ya que el sistema informático registral de mi representada no arroja coincidencia alguna". No obstante, la parte quejosa adjunto a su demanda de amparo, el aviso de corte del servicio de agua emitido por la citada autoridad, del cual se advierte va dirigido con relación al inmueble ubicado en calle Malinche 787, manzana 100, lote 12, interior B, unidad habitacional Los Volcanes, donde refiere la promovente que radica; por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados. Quinto. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia son de orden público, por tanto, de estudio preferente, tal como lo determina el artículo 62 de la Ley de Amparo, mismas que deberán estudiarse de oficio por el juzgador, sean alegadas o no por las partes. A efecto de determinar lo conducente, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Norma Fundamental y por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda, de acuerdo con el texto del señalado numeral 62. En el caso, la autoridad responsable Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, con residencia en Veracruz, Veracruz, argumenta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; y quien esto resuelve considera que dicho planteamiento es fundado, por lo que se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Para justificar la anterior afirmación, en principio procede traer a contexto lo que disponen los artículos 5, fracción I, y 6, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" De los citados preceptos se colige que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, fijándose así uno de los principios rectores del juicio constitucional, que es el interés jurídico, el que debe entenderse como la afectación real que una persona sufra en sus bienes jurídicos reales u objetivos, y sólo en el caso de que se produzca dicha afectación, en forma personal, puede estimarse que ha nacido ese interés en quien concurre ante la potestad federal reclamando el respeto a sus derechos públicos subjetivos. Esto es, el interés jurídico a que aluden los preceptos en cita, consiste en el derecho que asiste a un particular (persona física o moral) para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. En ese tenor se trata de una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular, por lo que no todo gobernado está facultado para acudir ante la potestad constitucional en demanda de protección, pues ello sólo puede hacerlo quien verdaderamente resienta una afectación real, actual y directa en su esfera jurídica de derechos. Por su parte, el numeral 61 invocado establece que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. De ahí que la afectación que produce el acto de autoridad debe ser demostrada por la parte quejosa a través de medios de convicción fehacientes, pues el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a la parte quejosa y no al juez resolutor. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 305, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 324, Tomo II, materia procesal constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, con registro 1002371, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Además, dicho elemento de procedibilidad debe probarse fehacientemente y no conjeturarse con base en presunciones; pues así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 289, visible en la página 309, Tomo II, Materia Procesal Constitucional 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917 a septiembre de 2011, con registro 1002355, de título y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En el caso, la parte quejosa señaló como actos reclamados: - El inadecuado estado en el que se recibe el agua potable en el domicilio ubicado en calle Malinche 787-B, Infonavit los Volcanes, Veracruz. - El aviso de corte del servicio de agua potable, saneamiento y drenaje, en el domicilio ubicado en Malinche 787-B, Infonavit los Volcanes, Veracruz. -El cobro por concepto de falta de pago del servicio de suministro de agua potable, en relación al inmueble ubicado en calle Malinche 787-B, Infonavit los Volcanes, Veracruz. Al respecto, únicamente ofreció en el presente juicio constitucional, las documentales siguientes: Constancia de residencia respecto del inmueble ubicado en La Malinche 787-B, entre J.B. Lobos- Áreas Verdes, Infonavit los Volcanes, Veracruz. Aviso de corte relacionado con el servicio prestado en dicho domicilio ubicado, registrado ante la operadora del servicio de agua potable con número de inmueble 109482; con el nombre de usuario Ligia Escalante García. Constancias que únicamente podrían acreditar que la nombrada quejosa habita el inmueble que dice resulta afectado por un corte de suministro de agua potable, saneamiento y drenaje, y que ese inmueble tiene contratado tal servicio, pero a nombre de la usuaria Ligia Escalante García. De manera que son ineficaces para acreditar los extremos que pretende la quejosa, ya que no acredita que sea titular del derecho que se dice vulnerado, porque no exhibe constancia alguna que revele que el inmueble en el que dice se llevó a cabo el acto de autoridad, cuenta con un contrato de servicio de agua potable a su nombre. Resulta así, pues con las pruebas de referencia solo acredita la existencia de una relación contractual de la autoridad responsable con Ligia Escalante García. En efecto, de las referidas documentales no se desprende que la aquí quejosa sea la titular del mencionado servicio de agua potable; y tampoco exhibió contrato alguno relacionado con dicho servicio. De modo que dichas probanzas no son eficaces para acreditar que la parte quejosa tenga un derecho derivado de un contrato relacionado con la prestación del mencionado servicio en el citado bien inmueble, por lo que al no probar que sea el titular de ese derecho, no puede exigirse a la autoridad responsable que respete un derecho que al momento no se ha probado que exista. Es así, porque en todo caso los derechos y obligaciones existentes, derivados de dicho contrato, gravitan en la esfera jurídica de la citada Ligia Escalante García, no de la quejosa. De ahí que los documentos exhibidos por la quejosa no son aptos para acreditar la afectación a su interés jurídico, ya que éste no puede inferirse con base en presunciones, sino que debe probarse plenamente, dado el carácter excepcional que tiene el procedimiento constitucional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 288, Volumen 139-144, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 232562, de rubro y texto siguientes: "IMPUESTO DEL 15% ADICIONAL ESTABLECIDO POR LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE EL PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS QUE ESTABLEZCA LA LEY DE INGRESOS. DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA. FALTA DE INTERES JURIDICO. Si se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 521 reformado y 931 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, así como la ley de ingresos de dicha dependencia, ni el informe justificado que rinda el jefe del Departamento de Contribuciones de Agua de la Tesorería del Distrito Federal, ni el recibo de pago que el quejoso aporte al presentar su demanda, son aptos para demostrar por sí solos, ni aun adminiculados, el interés jurídico del peticionario, al resultar que no es verdad que con ellos se acredite que el agraviado sea el obligado al pago de los derechos fiscales que en aplicación de la ley reclamada se cobra al "usuario de la toma", puesto que en los recibos de pago expedidos por la Tesorería del Distrito Federal por concepto de "derechos por servicio de agua", se formula la liquidación fiscal correspondiente y se dirigen "al usuario de la toma". Por otra parte, si en el informe justificado se reconoce que sí son ciertos los actos que el quejoso le atribuye a esta autoridad informante en su demanda de amparo, pero solamente en cuanto respecta a la aplicación de los artículos 521 y 931 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, de lo anterior puede inferirse, únicamente, que la autoridad ejecutora que rindió el mencionado informe con justificación aplicó los preceptos legales que se tachan de inconstitucionales y efectuó las liquidaciones contenidas en las documentales aportadas por la parte quejosa al presentar su demanda, las cuales, como ya se dijo, se dirigen "al usuario de la toma", pero no puede colegirse que en tal informe justificado la autoridad citada admita que quien suscribe la demanda de garantías sea el usufructuario de las tomas de agua que se gravan con el tributo, pues no se dice a nombre de quien se tienen registradas las cuentas mencionadas en las oficinas fiscales, ni se proporciona ningún otro dato de que pudiera advertirse, siquiera de manera presuntiva, la identidad del quejoso con la del causante del gravamen, y en tales circunstancias, es evidente que ni los recibos de pago ni el informe justificado de cuyo examen se trata, son aptos para demostrar el interés jurídico del quejoso." De igual forma, sustenta lo anterior, la jurisprudencia 293, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, tomo VI, Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Octava Época, que establece lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En este sentido, se hace patente que la parte quejosa no demostró su interés jurídico para reclamar los actos que se traducen en el reclamo de la calidad del agua, aviso de corte de suministro de agua potable y cobro por la falta de pago del mismo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. De ahí que respecto del acto reclamado procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Finalmente, dado el sentido en el que se dicta la presente resolución, resulta innecesario abordar el estudio de las diversas causales de improcedencia invocadas por las responsables. Sexto. Tratamiento de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11, 68 y 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que durante la integración del expediente, las partes no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, publíquense los mismos, con supresión de datos sensibles, entre ellos, los relativos a los menores de edad involucrados en el asunto; en la inteligencia de que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta cuando la soliciten. Séptimo. Expedición de copias. Ahora bien, en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la sentencia, lo cual acarrearía la distracción del personal actuante de este juzgado en realizar los acuerdos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 753/2022 promovido por Adela Meléndez Ginez, respecto de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la sentencia que ahora se dicta en términos del penúltimo considerando de esta resolución. TERCERO. Expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese...
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para esta fecha, pero por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por rendido el informe justificado del Titular de la Dirección General del Instituto Metropolitano del Agua, con residencia en Veracruz, Veracruz, mismo que se dejó a vista de las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dicho auto fue notificado por lista de acuerdos el catorce de octubre pasado, por lo que iniciará el plazo de ocho días que contempla el aludido numeral. En ese sentido, a fin de dar oportunidad a que transcurra el plazo en comento, en observancia de las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y se señalan para su verificativo las trece horas del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, para su celebración. En la inteligencia que se fija la mencionada fecha para la celebración de la audiencia en comento, atento a que así lo permiten las condiciones imperantes en la actualidad, derivadas de que hasta esta data todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación continúan laborando bajo un esquema de trabajo de asistencia controlada, el cual se ha prorrogado hasta el siete de agosto de dos mil veintidós, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 21/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma la vigencia del similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, conforme al cual los órganos tienen asignado un horario presencial de labores restringido -distinto del habitual-, con un límite de personal que puede asistir a desempeñar labores presenciales. Se precisa lo anterior, en atención a lo establecido en la Circular 1/2022 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se indicó que, atento a la dinámica actual de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, debía justificarse en los acuerdos respectivos las razones por las cuales no fuera posible atender a los tiempos que establecen las leyes, derivado de la disminución de las actividades presenciales. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio firmado por la Titular de la Dirección General del Instituto Metropolitano del Agua, con residencia en Veracruz, Veracruz, a través del cual rinde informe justificado en términos de lo que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el cual se le da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tienen como medios de prueba las documentales que adjuntó al informe que ahora se recibe, las cuales serán consideradas en el momento procesal oportuno como lo dispone el artículo 119 de la ley de la materia, De igual forma, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe de cuenta y como delegados para tales efectos a las personas que ahí menciona, de conformidad con el artículo 9 de la ley que rige la materia. Notifíquese.
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