adela Mar Rubio

Expediente 553/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
553/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • adela Mar Rubio

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese para obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, toda vez que en proveído de veintiséis de noviembre del presente año, el citado Tribunal Colegiado acusó recibo del oficio por el cual se le remitió el expediente original del juicio de amparo en que se actúa, en donde aceptó la competencia declinada a su favor, y se ordenó su archivo Cúmplase. Lo proveyó y firma electrónicamente Gloria Paulina Aza Plascencia, Jueza Séptima de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, de conformidad con el acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ante Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.NELR/rgg

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por medio del cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el expediente original del juicio de amparo 553/2021, e informa que aceptó la competencia declinada a su favor, para conocer del mencionado juicio de amparo, el cual registró bajo el número 834/2021. Por otra parte, en virtud de que el órgano jurisdiccional oficiante se avocó al conocimiento de la demanda de amparo de la cual este juzgado de amparo declaró que carecía de competencia legal para conocer de ésta, con fundamento en el artículo 214 de Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso j), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Cúmplase. Lo proveyó y firma Gloria Paulina Aza Plascencia, Jueza Séptima de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, quien actúa ante la licenciada Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria que autoriza y da fe.NELR/rgg

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- AVISO: SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por ***************, contra actos que reclama del Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 553/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Incompetencia. Ahora, visto lo manifestado por la quejosa se advierte que el acto reclamado lo es: La resolución dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por el Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado, en el juicio laboral 1100/2021, de su índice, en la que ordenó que previo a acordar la procedencia de la admisión, se remitieran las constancias necesarias al Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí, para que por su conducto, la haga llegar al Centro de Conciliación Laboral con sede en esta ciudad, a fin de que la actora agote la instancia prejudicial de conciliación obligatoria. Partiendo de esta circunstancia, se debe destacar que las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo, son aquellas que deben acatar los órganos de control constitucional, por disposición expresa o implícita de las distintas leyes que regulan a ese juicio, para integrar exactamente el procedimiento, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado o con la persona que solicitó la protección constitucional y revisten el carácter de oficiosas. Asimismo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente que debe analizarse por los órganos jurisdiccionales, en todas las etapas del procedimiento de amparo, pues estimar lo contrario, equivaldría a prorrogar indebidamente la competencia de un órgano jurisdiccional que no lo es, lo que propiciaría la inobservancia de las normas que rigen el juicio constitucional, lo que contravendría lo que establece el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Ahora, la procedencia del juicio de amparo directo, se encuentra regulada en los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170 de la Ley de Amparo, y el diverso 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales por su orden, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) d).- En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales federales o locales;." Resumiendo los dispositivos legales transcritos, se puede deducir que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, que son las que deciden el juicio en lo principal. De lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la solicitante de protección constitucional en su escrito de demanda de amparo se pone en evidencia que este Juzgado de Distrito carece de competencia para resolver del presente juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado lo constituye la resolución dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por el Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en el juicio laboral 1100/2021, que determinó previo a acordar la procedencia de la admisión de la demanda, ordenó remitir las constancias al Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí, para que por su conducto la hiciera llegar al Centro de Conciliación en esta ciudad, a fin de agotar la instancia prejuicial de conciliación obligatoria. En tal virtud, este juzgado de Distrito considera que en el caso se surte la procedencia del juicio de amparo en la vía directa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170 de la Ley de Amparo, y el diverso 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque el acto que se tilda de inconstitucional, constituye una manera en que puede concluir un juicio sin resolverse en lo principal, pues ante la falta de exhibición de las constancias de no conciliación, ordenó remitir el asunto al centro de conciliación para el desarrollo del procedimiento conducente. En efecto, el acto que se reclama en este sumario, decidió sobre la falta de un presupuesto procesal que impidió la continuación del juicio laboral respecto del cual no procede recurso ordinario alguno, dado que se trata de una resolución que determinó, remitir las constancias necesarias al Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí, para que por su conducto se hicieran llegar al Centro de Conciliación Laboral con sede en esta ciudad para agotar la instancia prejudicial conciliatoria, lo que revela un signo inequívoco de terminación del juicio, sin resolver en lo principal, sin que la ley de la materia prevea un recurso ordinario que tenga por objeto revocar dicha determinación. Así se afirma, toda vez que conforme al contenido de los artículos 521, fracción I, 684-E, fracción VIII, tercer párrafo, 684-F, fracción VIII y 872, apartado B, fracción I, todos de la Ley Federal del Trabajo, las constancias de no conciliación, en tanto requisito de la demanda laboral son un presupuesto procesal para el acceso a la vía jurisdiccional y de no presentarse impiden la continuación del juicio. Sin que la determinación reclamada pueda seguir el trato establecido para los casos en que se declina la competencia, dado que se trata de un presupuesto procesal distinto, en el que se inicia un procedimiento nuevo, especial y ajeno al jurisdiccional, ante un órgano administrativo. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis X.1o.T.5 L (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con registro digital: 2023712, Undécima Época, materias(s): Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro: "RESOLUCIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LO ES AQUELLA POR LA QUE EL TRIBUNAL LABORAL REMITE LA DEMANDA AL CENTRO DE CONCILIACIÓN, FEDERAL O ESTATAL, PARA QUE SE AGOTE LA ETAPA CONCILIATORIA PREJUDICIAL Y NO EL ACUERDO DE ARCHIVO DEFINITIVO QUE EMITE UNA VEZ QUE EL CENTRO RESPECTIVO ACUSA RECIBO DEL EXPEDIENTE. Hechos: Diversos trabajadores promovieron juicio laboral sin exhibir las constancias de no conciliación, por lo cual el Tribunal Laboral, previa prevención, ordenó remitir el asunto al Centro de Conciliación respectivo, para agotar el procedimiento prejudicial. Una vez que el Centro acusó recibo, el tribunal dictó un acuerdo de archivó del asunto como concluido. Contra esa determinación los trabajadores promovieron juicio de amparo indirecto; sin embargo, el Juez Federal consideró que su conocimiento correspondía a un Tribunal Colegiado de Circuito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, es aquella por la que el Tribunal Laboral remite la demanda al Centro de Conciliación, Federal o Estatal, ante la falta de exhibición de la constancia de no conciliación, para que se agote la etapa conciliatoria prejudicial y no el acuerdo de archivo definitivo una vez que el Centro respectivo acusa recibo del expediente, al ser un acto emitido después de concluido el juicio. Justificación: Lo anterior es así, pues el juicio de amparo directo procede contra la resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, impidiendo su continuación, y respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, por lo que las resoluciones que impiden en forma total la continuación de un juicio por la falta de algún presupuesto procesal, como pueden ser los requisitos de la demanda, constituyen una manera en que puede concluir un juicio sin resolverse en lo principal. En ese sentido, la reforma constitucional al sistema de justicia laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, originó el principio de conciliación prejudicial obligatoria, el cual posee dos dimensiones: a) como directriz para guiar los actos de interpretación vinculados con ese tema; y, b) como presupuesto procesal para el acceso a los tribunales, al crear una instancia previa, administrativa y obligatoria que busca solucionar los conflictos de naturaleza laboral de forma breve, cercana y especializada a través de métodos alternos. Bajo esta dimensión, la constancia de no conciliación, en tanto requisito que debe exhibirse en la demanda, es un presupuesto procesal -salvo las excepciones legales- para el acceso a la etapa jurisdiccional, pues de no presentarse impide la continuación del juicio. Por tanto, la resolución por la cual el tribunal remite el asunto al Centro de Conciliación ante el incumplimiento de ese requisito, pone fin al juicio laboral, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, ya que: i) no está previsto recurso ordinario alguno que pueda modificar o revocar esa decisión; ii) el juicio no continúa ante la autoridad conciliadora, sino que ésta inicia un procedimiento nuevo, especial y ajeno al jurisdiccional; iii) no podrían seguirse las reglas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para los casos en que se declina la competencia, ya que se trata de un presupuesto procesal distinto (requisitos de la demanda y no competencia); y, iv) en todo caso, no se estaría ante dos órganos jurisdiccionales que puedan conocer -o plantear un conflicto competencial para no hacerlo- en relación con un mismo juicio, sino frente a un órgano jurisdiccional y otro administrativo que conocen de procedimientos de naturaleza distinta. En ese sentido, el acuerdo de archivo definitivo dictado con posterioridad, es una resolución emitida después de concluido el juicio, competencia de un Juzgado de Distrito." En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda que se promueve, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo, al reclamarse una resolución de primera instancia que pone fin al juicio, competencia del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital. Consecuentemente, en términos el artículo 47, de la Ley de Amparo vigente, se ordena: I. Remitir el original del presente sumario Constitucional al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital. II. Formar, el cuaderno de antecedentes respectivo. Autorizado en términos amplios. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Maximiano Castillo Balleza y Carlos Alejandro Bustos Ruiz, por tratarse de un amparo en materia laboral promovido por la parte obrera. Domicilio. Por otra parte, se advierte que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el ubicado en Jardín Hidalgo, número 113, esquina con Pedro Antonio Santos, de la Zona Centro de esta ciudad. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1560, con número de registro 2007298, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL).La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1253, Libro XVI, de Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Exhortación para utilizar el "juicio en línea". En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Ahora, a efecto de privilegiar el trabajo a distancia, tal y como lo establecen los numerales 8 fracciones I y IV; así como el 20, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales, por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, el presente proveído se autoriza únicamente mediante la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, tiene los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa, por lo que al efecto se anexa la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas respectivas. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante la licenciada María Santos Flores Martínez, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por ***************, contra actos que reclama del Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 553/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Incompetencia. Ahora, visto lo manifestado por la quejosa se advierte que el acto reclamado lo es: La resolución dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por el Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado, en el juicio laboral 1100/2021, de su índice, en la que ordenó que previo a acordar la procedencia de la admisión, se remitieran las constancias necesarias al Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí, para que por su conducto, la haga llegar al Centro de Conciliación Laboral con sede en esta ciudad, a fin de que la actora agote la instancia prejudicial de conciliación obligatoria. Partiendo de esta circunstancia, se debe destacar que las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo, son aquellas que deben acatar los órganos de control constitucional, por disposición expresa o implícita de las distintas leyes que regulan a ese juicio, para integrar exactamente el procedimiento, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado o con la persona que solicitó la protección constitucional y revisten el carácter de oficiosas. Asimismo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente que debe analizarse por los órganos jurisdiccionales, en todas las etapas del procedimiento de amparo, pues estimar lo contrario, equivaldría a prorrogar indebidamente la competencia de un órgano jurisdiccional que no lo es, lo que propiciaría la inobservancia de las normas que rigen el juicio constitucional, lo que contravendría lo que establece el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Ahora, la procedencia del juicio de amparo directo, se encuentra regulada en los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170 de la Ley de Amparo, y el diverso 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales por su orden, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) d).- En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales federales o locales;." Resumiendo los dispositivos legales transcritos, se puede deducir que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, que son las que deciden el juicio en lo principal. De lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la solicitante de protección constitucional en su escrito de demanda de amparo se pone en evidencia que este Juzgado de Distrito carece de competencia para resolver del presente juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado lo constituye la resolución dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por el Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en el juicio laboral 1100/2021, que determinó previo a acordar la procedencia de la admisión de la demanda, ordenó remitir las constancias al Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí, para que por su conducto la hiciera llegar al Centro de Conciliación en esta ciudad, a fin de agotar la instancia prejuicial de conciliación obligatoria. En tal virtud, este juzgado de Distrito considera que en el caso se surte la procedencia del juicio de amparo en la vía directa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170 de la Ley de Amparo, y el diverso 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque el acto que se tilda de inconstitucional, constituye una manera en que puede concluir un juicio sin resolverse en lo principal, pues ante la falta de exhibición de las constancias de no conciliación, ordenó remitir el asunto al centro de conciliación para el desarrollo del procedimiento conducente. En efecto, el acto que se reclama en este sumario, decidió sobre la falta de un presupuesto procesal que impidió la continuación del juicio laboral respecto del cual no procede recurso ordinario alguno, dado que se trata de una resolución que determinó, remitir las constancias necesarias al Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí, para que por su conducto se hicieran llegar al Centro de Conciliación Laboral con sede en esta ciudad para agotar la instancia prejudicial conciliatoria, lo que revela un signo inequívoco de terminación del juicio, sin resolver en lo principal, sin que la ley de la materia prevea un recurso ordinario que tenga por objeto revocar dicha determinación. Así se afirma, toda vez que conforme al contenido de los artículos 521, fracción I, 684-E, fracción VIII, tercer párrafo, 684-F, fracción VIII y 872, apartado B, fracción I, todos de la Ley Federal del Trabajo, las constancias de no conciliación, en tanto requisito de la demanda laboral son un presupuesto procesal para el acceso a la vía jurisdiccional y de no presentarse impiden la continuación del juicio. Sin que la determinación reclamada pueda seguir el trato establecido para los casos en que se declina la competencia, dado que se trata de un presupuesto procesal distinto, en el que se inicia un procedimiento nuevo, especial y ajeno al jurisdiccional, ante un órgano administrativo. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis X.1o.T.5 L (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con registro digital: 2023712, Undécima Época, materias(s): Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro: "RESOLUCIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LO ES AQUELLA POR LA QUE EL TRIBUNAL LABORAL REMITE LA DEMANDA AL CENTRO DE CONCILIACIÓN, FEDERAL O ESTATAL, PARA QUE SE AGOTE LA ETAPA CONCILIATORIA PREJUDICIAL Y NO EL ACUERDO DE ARCHIVO DEFINITIVO QUE EMITE UNA VEZ QUE EL CENTRO RESPECTIVO ACUSA RECIBO DEL EXPEDIENTE. Hechos: Diversos trabajadores promovieron juicio laboral sin exhibir las constancias de no conciliación, por lo cual el Tribunal Laboral, previa prevención, ordenó remitir el asunto al Centro de Conciliación respectivo, para agotar el procedimiento prejudicial. Una vez que el Centro acusó recibo, el tribunal dictó un acuerdo de archivó del asunto como concluido. Contra esa determinación los trabajadores promovieron juicio de amparo indirecto; sin embargo, el Juez Federal consideró que su conocimiento correspondía a un Tribunal Colegiado de Circuito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, es aquella por la que el Tribunal Laboral remite la demanda al Centro de Conciliación, Federal o Estatal, ante la falta de exhibición de la constancia de no conciliación, para que se agote la etapa conciliatoria prejudicial y no el acuerdo de archivo definitivo una vez que el Centro respectivo acusa recibo del expediente, al ser un acto emitido después de concluido el juicio. Justificación: Lo anterior es así, pues el juicio de amparo directo procede contra la resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, impidiendo su continuación, y respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, por lo que las resoluciones que impiden en forma total la continuación de un juicio por la falta de algún presupuesto procesal, como pueden ser los requisitos de la demanda, constituyen una manera en que puede concluir un juicio sin resolverse en lo principal. En ese sentido, la reforma constitucional al sistema de justicia laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, originó el principio de conciliación prejudicial obligatoria, el cual posee dos dimensiones: a) como directriz para guiar los actos de interpretación vinculados con ese tema; y, b) como presupuesto procesal para el acceso a los tribunales, al crear una instancia previa, administrativa y obligatoria que busca solucionar los conflictos de naturaleza laboral de forma breve, cercana y especializada a través de métodos alternos. Bajo esta dimensión, la constancia de no conciliación, en tanto requisito que debe exhibirse en la demanda, es un presupuesto procesal -salvo las excepciones legales- para el acceso a la etapa jurisdiccional, pues de no presentarse impide la continuación del juicio. Por tanto, la resolución por la cual el tribunal remite el asunto al Centro de Conciliación ante el incumplimiento de ese requisito, pone fin al juicio laboral, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, ya que: i) no está previsto recurso ordinario alguno que pueda modificar o revocar esa decisión; ii) el juicio no continúa ante la autoridad conciliadora, sino que ésta inicia un procedimiento nuevo, especial y ajeno al jurisdiccional; iii) no podrían seguirse las reglas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para los casos en que se declina la competencia, ya que se trata de un presupuesto procesal distinto (requisitos de la demanda y no competencia); y, iv) en todo caso, no se estaría ante dos órganos jurisdiccionales que puedan conocer -o plantear un conflicto competencial para no hacerlo- en relación con un mismo juicio, sino frente a un órgano jurisdiccional y otro administrativo que conocen de procedimientos de naturaleza distinta. En ese sentido, el acuerdo de archivo definitivo dictado con posterioridad, es una resolución emitida después de concluido el juicio, competencia de un Juzgado de Distrito." En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda que se promueve, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo, al reclamarse una resolución de primera instancia que pone fin al juicio, competencia del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital. Consecuentemente, en términos el artículo 47, de la Ley de Amparo vigente, se ordena: I. Remitir el original del presente sumario Constitucional al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital. II. Formar, el cuaderno de antecedentes respectivo. Autorizado en términos amplios. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Maximiano Castillo Balleza y Carlos Alejandro Bustos Ruiz, por tratarse de un amparo en materia laboral promovido por la parte obrera. Domicilio. Por otra parte, se advierte que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el ubicado en Jardín Hidalgo, número 113, esquina con Pedro Antonio Santos, de la Zona Centro de esta ciudad. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1560, con número de registro 2007298, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL).La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1253, Libro XVI, de Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Exhortación para utilizar el "juicio en línea". En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Ahora, a efecto de privilegiar el trabajo a distancia, tal y como lo establecen los numerales 8 fracciones I y IV; así como el 20, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales, por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, el presente proveído se autoriza únicamente mediante la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, tiene los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa, por lo que al efecto se anexa la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas respectivas. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante la licenciada María Santos Flores Martínez, Secretaria que autoriza y da fe.

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