Adela José Martínez
Expediente 1283/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1283/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Adela José Martínez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo conferido para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiocho de octubre de esta anualidad, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo origen de este juicio, sin que se hubiese hecho valer en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO. II. Protección de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. III. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
(NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN EL JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL AVISO JUDICIAL QUE SE LES DEJÓ CON ANTERIORIDAD)° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. I. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Comisariado de Bienes Comunales de Llano Crucero, Municipio de Santo Somingo Tepuxtepec, Mixe, Distrito de Santiago Zacatepec Mixe del Estado de Oaxaca, fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1283/2022. II. Expediente electrónico y juicio en línea. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o incluso a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. III. Desechamiento. Ahora, es importante destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Bajo ese contexto, vista la demanda de amparo y el escrito de cuenta, se advierte que en este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Al efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el numeral 1º, párrafo último, de la ley de la materia, estipula: "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." Luego, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dice: "ARTÍCULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo transcrito, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se tiene que éste sólo es procedente en contra de actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, la Ley de Amparo también prevé la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, los cuales tendrán el carácter de autoridades responsables únicamente cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos previstos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, es importante destacar que la teoría ha distinguido tres tipos de relaciones jurídicas: a) Relaciones jurídicas de coordinación: entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes. b) Relaciones jurídicas de subordinación: entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales y garantías individuales consagradas en la Constitución. c) Supra a subordinación: son las que existen o se crean entre los órganos estatales, por un lado, como depositarios o ejercitantes del poder de imperio y los sujetos frente a los cuales el poder se desempeña a través de variados actos de autoridad de diversa índole, por el otro. En relación a lo anterior, se cita la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; registro digital: 161133, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Asimismo, la tesis: 2a. XXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 194367, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En ese sentido, los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular (salvo los casos señalados en la ley), sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera del gobernado. Lo anterior, atento a que el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, dispone qué autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, si bien el juicio de amparo procede contra actos de particulares, dichos actos deben ser unilaterales y obligatorios y las funciones del ente que las realice deben estar determinadas por una norma general; esto es, por normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Otro requisito que establece el artículo de referencia para estimar a un particular como autoridad responsable, es que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siendo que por acto de autoridad, se entiende, aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama del Comisariado de Bienes Comunales de Llano Crucero, Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec, Mixe, Distrito de Santiago Zacatepec Mixe del Estado de Oaxaca, los siguientes actos: "a).- La omisión de recibirme mi escrito de fecha nueve de octubre de dos mil veintidós b).- La confiscación de mis bienes, consistente en una fracción de terreno ubicado en Llano Grande Tepuxtepec, Mixe, Oaxaca." Sin embargo, en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, esos actos no resultan actos de autoridad para los efectos de esta instancia constitucional, en razón de que no existe una relación de supra a subordinación entre el quejoso y las referidas autoridades. Lo anterior, encuentra fundamento en el artículo 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 27. [.] VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. [.] La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. [.]". Asimismo, la Ley Agraria en sus artículos 32 y 33 dispone lo siguiente: "Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. "Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." De ahí que los actos reclamados no pueden reputarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que no hay en la ley dispositivo alguno que les otorgue facultad de impero para crear, modificar, reconocer o extinguir algún derecho; es decir, para que actúen frente a los quejosos en una relación de supra a subordinación, sino que se encuentran en un plano de igualdad, es decir, de coordinación, ya que se trata de actos surgidos al interior de una comunidad agraria, donde existe una relación de coordinación en cuanto a los derechos agrarios y obligaciones al interior de ese ente jurídico. Lo anterior, dado que el comisariado de bienes comunales no pertenece a la estructura de decisión, como autoridad del estado de Oaxaca, sino que sólo realiza actos de representación y la ejecución de actos del ejido. Por tanto, el Comisariado de Bienes Comunales de Llano Crucero, Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec, Mixe, Distrito de Santiago Zacatepec Mixe del Estado de Oaxaca, carecen del carácter de autoridades responsables para efectos del amparo; de ahí que resulta improcedente el juicio de amparo promovido en su contra. Al respecto, se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 237168, del tenor siguiente: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones II y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional." Asimismo, la tesis VI.3o.A.27 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, registro digital: 189776, de rubro y texto siguientes: "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: "... si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea." En tales condiciones, al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, y 5º, fracción II, en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO origen de este juicio. IV. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su demanda de amparo. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, al actuario judicial adscrito, para que, en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. VI. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las mismas, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página: 2847, tesis: I.3o.C.725C, Registro No. 167640, Novena Época, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. VII. Notificación y envío de oficios. Finalmente, se ordena al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
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