Adela Grajales Cundapi
Expediente 924/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/07/2023
Partes del expediente
- Adela Grajales Cundapi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vistos; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de lo que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran contra la determinación de treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las demás partes, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la resolución pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se ubica en la hipótesis establecida en su artículo 20, fracción II, por ser un asunto sobreseído fuera de audiencia; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que no se formó el incidente de suspensión relativo, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20 del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Ahora bien, el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del expediente ********************(un tomo), mediante oficio ********************. Asimismo, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, con sede en esta ciudad, remitió copias certificadas correspondientes al toca civil ********************, de su índice y del expediente ********************, de la estadística del Juzgado Primero del Ramo Familiar de Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad (dos tomos), en apoyo a su informe justificado. En ese tenor, al resultar innecesaria su retención, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes; por lo que tratándose de reproducciones de sus originales, no es necesario requerir acuse de recibo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Juan Pablo Cancino Osorio, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en atención al requerimiento efectuado en auto de veinte de junio de la actual anualidad, remite copia certificada del acuerdo de veintinueve del propio mes y año, dictado en el expediente 260/2023, de su índice. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos el oficio y anexo, para que obren como legalmente correspondan. Por su parte, con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tiene por admitida la documental que remite la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, la cual se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, misma que será valorada, la cual se agrega al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico, constancia la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, porque se tratan de actuaciones certificadas por un fedatario en el ejercicio de su encargo. Córrasele traslado con la misma a las partes. Como cuestión preliminar conviene precisar los siguientes antecedentes: La quejosa Adela Grajales Cundapi y/o Adela Grajales Cundapi de Núñez y/o Adela Grajales Cundapi de la Cruz, promovió el presente juicio de amparo en contra el acto que reclama de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución de once de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación civil 179-B-1C01/2023, de su índice. Ahora, de las constancias que obran en autos se advierte que en la resolución reclamada, la autoridad responsable determinó confirmar el auto de veintiocho de febrero de la actual anualidad, emitido por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla residente en esta ciudad, en el expediente 260/2023, relativo al juicio especial de alimentos, promovido por la aquí quejosa, en contra de María del Carmen de la Cruz Grajales y Esperanza Elizabeth Núñez Grajales -aquí terceras interesadas-, en el que determinó reservarse de proveer respecto de fijar la medida provisional de alimentos, hasta en tanto se entablara la Litis en ese asunto y que constara en autos el estudio socioeconómico practicado a la parte actora. Asimismo, en el auto admisorio del juicio en que se actúa, emitido el ocho de junio de dos mil veintitrés, se determinó requerir informara si ya se había pronunciado respecto a la medida provisional de alimentos, y remitiera constancias para mejor proveer al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, quien mediante oficio JPFT/1927-B/2023, recibido el veinte de junio siguiente, remitió copia certificada del expediente 260/2023, de su índice, relativo a la controversia de orden familiar (juicio especial de alimentos), promovido por la aquí quejosa. Ahora, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, mediante auto de veinte de junio del año en curso, se ordenó requerir a la autoridad citada en el párrafo que antecede, que cumpliera con el requerimiento efectuado en el auto admisorio e informara estado procesal que guardaba el expediente 260/2023, de su índice, relativo al juicio de controversias del orden familiar de petición de alimentos, ello en la inteligencia de que debía informar si ya se había pronunciado en torno a la fijación del pago de la pensión alimenticia provisional a la parte quejosa. Consecuentemente, dicho juez de primera instancia, informó lo conducente, a través del oficio que hoy se provee, del que se advierte que el veintinueve de junio de la actual anualidad, emitió un auto en el expediente 260/2023, de su índice, en el que se pronunció respecto de la fijación del pago de pensión alimenticia provisional a favor de la quejosa Adela Grajales Cundapi y/o Adela Grajales Cundapi de Núñez y/o Adela Grajales Cundapi de la Cruz. En ese tenor, se aprecia que se encuentran las documentales suficientes para resolver el presente asunto. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se indican. El texto del precepto legal citado es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;.". El precepto citado determina que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Ahora, como premisa mayor debe señalarse que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera en la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. Sin embargo, a pesar de lo anterior, en la hipótesis de improcedencia en estudio, el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En consecuencia, si se considera que ha transcurrido el momento en el que surtiría sus efectos el acto reclamado, el amparo deja de tener razón de ser, ya que perseguiría algo que ya se cumplió o en el que sus consecuencias legales han quedado sin materia. En abundamiento, debe señalarse que la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y trascendencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental infringido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En ese tenor, en caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica de la parte quejosa, ni se concretarán, en razón de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, el juicio debe sobreseerse, ya que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el caso, la peticionaria de amparo se duele de la resolución de once de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil número 179-B-1C01/2023, en la que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, residente en esta ciudad, confirmó el auto de veintiocho de febrero del año en curso, dictado en el expediente 260/2023, relativo al juicio especial de alimentos, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, en el que el juez de primera instancia determinó reservarse de proveer respecto de fijar la medida provisional de alimentos, hasta en tanto se entablara la Litis en ese asunto y que constara en autos el estudio socioeconómico practicado a la parte actora. Al respecto, se advierte que dicha resolución ya no podrá producir efecto legal o material alguno, porque con posterioridad a su emisión, durante la tramitación de este juicio de amparo, el veintinueve de junio del año en curso, el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, se pronunció respecto de la fijación de la medida provisional alimentaria a favor de la quejosa Adela Grajales Cundapi y/o Adela Grajales Cundapi de Núñez y/o Adela Grajales Cundapi de la Cruz, determinando que atendiendo al principio de proporcionalidad y tomando en consideración que la parte demandada en el juicio de origen -María del Carmen de la Cruz Grajales y Esperanza Elizabeth Núñez Grajales, aquí terceras interesadas-, no contaban con un trabajo estable que permitiera justificar el monto de sus ingresos; sin embargo, de autos advertía que las demandadas realizaban depósitos por la cantidad de $ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), en el expediente 780/2022, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, lo que le permitía establecer de manera indiciaria la capacidad económica de las mencionadas demandadas. Por ello, decretó como medida provisional de alimentos para cada una de las demandadas, la cantidad que resultara del cincuenta por ciento del salario mínimo general vigente en la entidad, que actualmente asciende a $ 207.44 (doscientos siete pesos 44/100 moneda nacional), que multiplicados al mes arrojaba la cantidad de $ 6,210.00 (seis mil doscientos diez pesos 00/100 moneda nacional), y al aplicarle el cincuenta por ciento decretado, se obtenía el monto de $ 3, 111.06 (tres mil ciento once pesos 06/100 moneda nacional), lo que deberían pagar las demandadas a la parte actora, por concepto de pensión alimenticia. Circunstancia que la titular del juzgado citado hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional federal mediante oficio recibido en esta misma data, al que acompañó, copia del auto de veintinueve de junio de esta anualidad, emitido en el expediente 260/2023, de su índice. En ese sentido, si bien es existente y subsiste el acto reclamado en el presente sumario, no puede ser objeto de análisis en cuanto al fondo, puesto que aun subsistiendo ya no puede surtir efecto legal o material alguno porque dejó de existir el objeto o la materia del mismo, consistente en pronunciamiento de la fijación de la medida provisional alimentaria a favor de la quejosa Adela Grajales Cundapi y/o Adela Grajales Cundapi de Núñez y/o Adela Grajales Cundapi de la Cruz. En ese sentido, las violaciones que se pudieron actualizar en perjuicio de la parte quejosa ya no pueden restituirse, ante la emisión del mencionado auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, de ahí que no pudiera concretarse una eventual concesión de amparo, en razón de la modificación del entorno en donde tuvo su origen, esto es, el juicio especial de alimentos de origen, como se advierte de las constancias allegadas por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla residente en esta ciudad. Explica la anterior consideración, el criterio que dice: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Por lo antes expuesto, carecería de efectos prácticos abordar el estudio del fondo del asunto y, en su caso, el otorgamiento de una eventual concesión del amparo en contra de la resolución reclamada, ya que no subsiste el entorno en el cual se reclamó. De tal suerte que, sería jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que estima violado. En efecto, nada práctico resultaría realizar el estudio de los argumentos vertidos por la parte quejosa, si su objeto o materia ha fenecido al día de hoy, pues es imposible hacer retroactivos los efectos de alguna concesión hacia el pasado y restablecerlos. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de esa legislación. En ese orden de ideas, se deja sin efectos la hora y fecha fijada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, esto es las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Juan Pablo Cancino Osorio, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 924/2023 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en atención al requerimiento efectuado en auto de veinte de junio de la actual anualidad, remite copia certificada del acuerdo de veintinueve del propio mes y año, dictado en el expediente 260/2023, de su índice. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos el oficio y anexo, para que obren como legalmente correspondan. Por su parte, con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tiene por admitida la documental que remite la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, la cual se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, misma que será valorada, la cual se agrega al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico, constancia la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, porque se tratan de actuaciones certificadas por un fedatario en el ejercicio de su encargo. Córrasele traslado con la misma a las partes. Como cuestión preliminar conviene precisar los siguientes antecedentes: La quejosa Adela Grajales Cundapi y/o Adela Grajales Cundapi de Núñez y/o Adela Grajales Cundapi de la Cruz, promovió el presente juicio de amparo en contra el acto que reclama de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución de once de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación civil 179-B-1C01/2023, de su índice. Ahora, de las constancias que obran en autos se advierte que en la resolución reclamada, la autoridad responsable determinó confirmar el auto de veintiocho de febrero de la actual anualidad, emitido por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla residente en esta ciudad, en el expediente 260/2023, relativo al juicio especial de alimentos, promovido por la aquí quejosa, en contra de María del Carmen de la Cruz Grajales y Esperanza Elizabeth Núñez Grajales -aquí terceras interesadas-, en el que determinó reservarse de proveer respecto de fijar la medida provisional de alimentos, hasta en tanto se entablara la Litis en ese asunto y que constara en autos el estudio socioeconómico practicado a la parte actora. Asimismo, en el auto admisorio del juicio en que se actúa, emitido el ocho de junio de dos mil veintitrés, se determinó requerir informara si ya se había pronunciado respecto a la medida provisional de alimentos, y remitiera constancias para mejor proveer al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, quien mediante oficio JPFT/1927-B/2023, recibido el veinte de junio siguiente, remitió copia certificada del expediente 260/2023, de su índice, relativo a la controversia de orden familiar (juicio especial de alimentos), promovido por la aquí quejosa. Ahora, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, mediante auto de veinte de junio del año en curso, se ordenó requerir a la autoridad citada en el párrafo que antecede, que cumpliera con el requerimiento efectuado en el auto admisorio e informara estado procesal que guardaba el expediente 260/2023, de su índice, relativo al juicio de controversias del orden familiar de petición de alimentos, ello en la inteligencia de que debía informar si ya se había pronunciado en torno a la fijación del pago de la pensión alimenticia provisional a la parte quejosa. Consecuentemente, dicho juez de primera instancia, informó lo conducente, a través del oficio que hoy se provee, del que se advierte que el veintinueve de junio de la actual anualidad, emitió un auto en el expediente 260/2023, de su índice, en el que se pronunció respecto de la fijación del pago de pensión alimenticia provisional a favor de la quejosa Adela Grajales Cundapi y/o Adela Grajales Cundapi de Núñez y/o Adela Grajales Cundapi de la Cruz. En ese tenor, se aprecia que se encuentran las documentales suficientes para resolver el presente asunto. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se indican. El texto del precepto legal citado es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;.". El precepto citado determina que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Ahora, como premisa mayor debe señalarse que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera en la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. Sin embargo, a pesar de lo anterior, en la hipótesis de improcedencia en estudio, el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En consecuencia, si se considera que ha transcurrido el momento en el que surtiría sus efectos el acto reclamado, el amparo deja de tener razón de ser, ya que perseguiría algo que ya se cumplió o en el que sus consecuencias legales han quedado sin materia. En abundamiento, debe señalarse que la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y trascendencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental infringido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En ese tenor, en caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica de la parte quejosa, ni se concretarán, en razón de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, el juicio debe sobreseerse, ya que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el caso, la peticionaria de amparo se duele de la resolución de once de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil número 179-B-1C01/2023, en la que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, residente en esta ciudad, confirmó el auto de veintiocho de febrero del año en curso, dictado en el expediente 260/2023, relativo al juicio especial de alimentos, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, en el que el juez de primera instancia determinó reservarse de proveer respecto de fijar la medida provisional de alimentos, hasta en tanto se entablara la Litis en ese asunto y que constara en autos el estudio socioeconómico practicado a la parte actora. Al respecto, se advierte que dicha resolución ya no podrá producir efecto legal o material alguno, porque con posterioridad a su emisión, durante la tramitación de este juicio de amparo, el veintinueve de junio del año en curso, el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, se pronunció respecto de la fijación de la medida provisional alimentaria a favor de la quejosa Adela Grajales Cundapi y/o Adela Grajales Cundapi de Núñez y/o Adela Grajales Cundapi de la Cruz, determinando que atendiendo al principio de proporcionalidad y tomando en consideración que la parte demandada en el juicio de origen -María del Carmen de la Cruz Grajales y Esperanza Elizabeth Núñez Grajales, aquí terceras interesadas-, no contaban con un trabajo estable que permitiera justificar el monto de sus ingresos; sin embargo, de autos advertía que las demandadas realizaban depósitos por la cantidad de $ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), en el expediente 780/2022, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, lo que le permitía establecer de manera indiciaria la capacidad económica de las mencionadas demandadas. Por ello, decretó como medida provisional de alimentos para cada una de las demandadas, la cantidad que resultara del cincuenta por ciento del salario mínimo general vigente en la entidad, que actualmente asciende a $ 207.44 (doscientos siete pesos 44/100 moneda nacional), que multiplicados al mes arrojaba la cantidad de $ 6,210.00 (seis mil doscientos diez pesos 00/100 moneda nacional), y al aplicarle el cincuenta por ciento decretado, se obtenía el monto de $ 3, 111.06 (tres mil ciento once pesos 06/100 moneda nacional), lo que deberían pagar las demandadas a la parte actora, por concepto de pensión alimenticia. Circunstancia que la titular del juzgado citado hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional federal mediante oficio recibido en esta misma data, al que acompañó, copia del auto de veintinueve de junio de esta anualidad, emitido en el expediente 260/2023, de su índice. En ese sentido, si bien es existente y subsiste el acto reclamado en el presente sumario, no puede ser objeto de análisis en cuanto al fondo, puesto que aun subsistiendo ya no puede surtir efecto legal o material alguno porque dejó de existir el objeto o la materia del mismo, consistente en pronunciamiento de la fijación de la medida provisional alimentaria a favor de la quejosa Adela Grajales Cundapi y/o Adela Grajales Cundapi de Núñez y/o Adela Grajales Cundapi de la Cruz. En ese sentido, las violaciones que se pudieron actualizar en perjuicio de la parte quejosa ya no pueden restituirse, ante la emisión del mencionado auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, de ahí que no pudiera concretarse una eventual concesión de amparo, en razón de la modificación del entorno en donde tuvo su origen, esto es, el juicio especial de alimentos de origen, como se advierte de las constancias allegadas por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla residente en esta ciudad. Explica la anterior consideración, el criterio que dice: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Por lo antes expuesto, carecería de efectos prácticos abordar el estudio del fondo del asunto y, en su caso, el otorgamiento de una eventual concesión del amparo en contra de la resolución reclamada, ya que no subsiste el entorno en el cual se reclamó. De tal suerte que, sería jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que estima violado. En efecto, nada práctico resultaría realizar el estudio de los argumentos vertidos por la parte quejosa, si su objeto o materia ha fenecido al día de hoy, pues es imposible hacer retroactivos los efectos de alguna concesión hacia el pasado y restablecerlos. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de esa legislación. En ese orden de ideas, se deja sin efectos la hora y fecha fijada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, esto es las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Juan Pablo Cancino Osorio, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, pone a disposición el correo electrónico oficial scivil1tuxtla.sga@poderjudicialchiapas.gob.mx; y remite constancias en apoyo al mismo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos la comunicación y anexos de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo; con su contenido y anexos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. De igual forma, con fundamento en los preceptos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las documentales anexas al oficio que se provee, consistentes en copia certificada correspondiente al toca civil 179-B-1CO1/2023, de su índice y del expediente 260/2023, de la estadística del Juzgado Primero del Ramo Familiar de Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad (dos tomos), las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, las cuales serán valoradas en el momento oportuno, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Tomando en consideración el volumen de las documentales de referencia, para su mejor manejo se ordena abrir por separado anexos de pruebas (dos tomos), mismos que quedan en la secretaría V de este juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido. Relaciónense en la audiencia constitucional. Por otra parte, la responsable proporciona correo electrónico oficial, para mantener contacto en relación con el presente juicio; en ese sentido, tomando en consideración que se trata de un correo electrónico con dominio oficial, se deberá tomar nota de dicho dato; para que, en el caso de ser necesario, se pueda entablar comunicación a través de dicho medio, en términos del ordinal 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Juan Pablo Cancino Osorio, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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