Adela García Torres

Expediente 759/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
759/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Adela García Torres
  • H. Congreso del Estado Libre Y Soberano de Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    En diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con el escrito de la parte que lo suscribe, registrado en oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 24666. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexos, procedentes del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimocuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, mediante el cual remite el tomo en copia certificada que le fue remitido para la substanciación del presente recurso, e informa que mediante resolución declaró sin materia recurso de queja 429/2022, interpuesto por la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, contra el proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes, sin que resulte realizar mayor pronunciamiento en razón de que el uno de julio del año en curso, se dictó sentencia. Acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Sise (S.I.S.E). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Omar Osvaldo Ruiz Silva, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra de la sentencia que la que se sobreseyó el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso a), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contando al día siguiente del en que surta la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que se hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoseles de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de correspondiente que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE

  3. Principal

    A las nueve horas del veintiocho de julio de dos mil veintidós, y por no haberse presentado a oír notificación personal, se tiene por hecha a la parte quejosa ***********, la notificación a través de lista, de la determinación de veintidós de julio de dos mil veintidós, de conformidad con los artículos 27, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.-

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a las nueve horas con cinco minutos del uno de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 759/2022-V, promovido por Adela García Torres, por propio derecho. Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistido del licenciado Omar Osvaldo Ruiz Silva, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda (fojas 02 a 07); auto admisorio de veinte de mayo de dos mil veintidós (fojas 08 a 11); constancias de notificación de las partes e informes justificados. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables que los suscriben, los cuales serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Abierto el período probatorio, el secretario certifica que la parte quejosa ofreció las pruebas documentales que considero necesaria. El Juez acuerda: Con fundamento en lo previsto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia naturaleza, las pruebas documentales aludidas en el apartado precedente y por 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [2] precluido el derecho de las demás partes para ello. Se cierra el período de pruebas. A continuación, se procede a abrir el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por precluído el derecho de las partes para hacerlo. Se declara cerrado el período de alegatos. Cerrado el período de alegatos y no habiendo diligencias pendientes por desahogar ni promoción que acordar, se declara cerrada la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 759/2022- V, promovido por Adela García Torres, por propio derecho. ANTECEDENTES: PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. El veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veintidós y, en con ella, el artículo 22, fracción XXI, así como los diversos 11, 12, y 13 de dicha ley. Esta constituye la norma reclamada. Luego, la parte quejosa reclama como acto de aplicación de la citada normativa, el pago realizado por los siguientes conceptos: 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [3] Amparo indirecto 759/2022-V Interesado Número de permiso Fecha de pago Concepto Monto aplicado Derecho de refrendo (Artículo 22, fracción XXI) $13,095.54 (trece mil noventa y cinco pesos 54/100 moneda nacional) Ajustes (Menos) -$5,074.52 (cinco mil setenta y cuatro pesos 52/100 moneda nacional) Fomento de la educación (Artículo 11) $3,273.89 (tres mil doscientos setenta y tres pesos 89/100 moneda nacional) Asistencia social (Artículo 12) $1,964.33 (mil novecientos sesenta y cuatro pesos 33/100 moneda nacional) Universidad Autónoma de Nayarit (Artículo 13) $1,964.33 (mil novecientos sesenta y cuatro pesos 33/100 moneda nacional) Aportación Cruz Roja (no reclamado) $1.00 (un peso 00/100 moneda nacional) Adela García Torres 97001529 29 de abril del 2022. Comisión Bancaria (no reclamado) $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional) TOTAL $15,227.57 (quince mil doscientos veintisiete pesos 57/100 moneda nacional) SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Dieciocho de mayo de dos mil veintidós (fojas 2 a 7). Admisión sin incidente de suspensión: Veinte de mayo de dos mil veintidós (fojas 8 a 11). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Veintitrés de mayo de dos mil veintidós (foja 13), quien no formuló pedimento. 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [4] Interposición de recurso de queja contra la admisión de demanda: Veintiséis y veintisiete de mayo de dos mil veintidós (fojas 18 a 25). Celebración de audiencia constitucional: Uno de julio de dos mil veintidós. CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza administrativa, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.1 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. 1 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [5] Amparo indirecto 759/2022-V De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que las autoridades responsables y los actos reclamados son los siguientes:2 1. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. a) La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, publicada el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado; en particular, el artículo 22, fracción XXI, en relación con los numerales 11, 12 y 13 de la propia legislación. 2. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. b) La expedición, promulgación y orden de publicación de los dispositivos señalados en el inciso a). 2 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También apoya lo expuesto la jurisprudencia P./J. 49/96 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Materia Común, Página 58, con número de registro 200066, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto." 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [6] 3. Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. c) El acto de aplicación de los preceptos señalados en el inciso a), consistente en el pago realizado por los conceptos de derecho de refrendo, respecto del permiso número 970001529, así como de los impuestos de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, por la cantidad total de $15,227.57 (quince mil doscientos veintisiete pesos 57/100 moneda nacional), como se desprende de la copia simple del formato de pago y pago, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit. Sin que se proceda a emitir algún tipo de pronunciamiento respecto de las cantidades de $1.00 (un peso 00/100 moneda nacional) y $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), que por conceptos de aportación a la Cruz Roja y comisión bancaria, enteró la parte quejosa, toda vez que no son objeto de controversia, ni las disposiciones que las prevén fueron señaladas como acto reclamado. No. Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Fojas 1 Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. El citado inciso a) Acepta 37 a 43 2 Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. El citado inciso b) Acepta (promulgación y orden de publicación) Niega (expedición) 32 a 34 3 Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit El citado inciso c) Niega 46 a 49 TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [7] Amparo indirecto 759/2022-V 3.1. ACTOS RECLAMADOS RESPECTO A LA AUTORIDAD IDENTIFICADA CON EL NUMERAL 2 (INCISO B, EXPEDICIÓN). No es cierto el acto reclamado al (2) Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, consistente en la expedición, del artículo 22, fracción XXI, en relación con los numerales 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Lo anterior, toda vez que rendir su informe justificado, negó los citados actos que se le atribuyen, pues adujo que dentro de sus facultades constitucionales se encuentra, entre otras, únicamente la promulgación y orden de publicación de las leyes y reglamentos, de conformidad con el artículo 69, fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.3 En ese contexto, el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, 3 "Artículo 69. Son facultades y obligaciones del Gobernador: [.] II. Sancionar, promulgar y ejecutar las leyes y decretos dados por el Poder Legislativo y formar en la parte administrativa los reglamentos necesarios para su más exacta observancia. [.]" 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [8] b) Cuando no se demuestre su existencia. Así, la prueba de la no existencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por la parte quejosa, conduce al sobreseimiento. En tales condiciones, debe decretarse el sobreseimiento respecto del acto consistente en la expedición del artículo 22, fracción XXI, en relación con los numerales 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia,4 ante su inexistencia, por no ser facultad de dicha autoridad responsable, tal acto atribuido y al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa. 3.2 ACTO RECLAMADO RESPECTO A LA AUTORIDAD IDENTIFICADA CON EL NUMERAL 3 (INCISO C). El Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, al momento de rendir su informe justificado negó el acto 4 Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número PC.I.P. J/54 K, del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, perteneciente a la décima época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil diecinueve, con número de registro digital 2019326, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CON INDEPENDENCIA DE QUE OTRAS TAMBIÉN SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LO ACEPTEN. La causal de sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, en términos del precepto y fracción citados, se actualiza cuando las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, lo niegan o cuando el quejoso no prueba su existencia en la audiencia constitucional, con independencia de que otras autoridades también señaladas como responsables lo admitan, pues la aceptación del acto reclamado por estas últimas, salvo casos de excepción, no desvirtúa la negativa de las autoridades a quienes de manera independiente y autónoma se les atribuyó por el quejoso, por lo que dicha causal de sobreseimiento es de estudio preferente a la diversa de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, relacionada con la actualización de alguna causal de improcedencia." 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [9] Amparo indirecto 759/2022-V reclamado, consistente en el cobro de los conceptos de derecho de refrendo, respecto del permiso número 970001529, así como de los impuestos de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respectivamente. Lo anterior, sobre la base de que la parte quejosa no acreditó haber realizado el pago reclamado a favor de su representada, conforme al ejercicio fiscal dos mil veintidós, pues no adjuntó a su demanda documento fehaciente que acredite el acto de aplicación, respecto a dicho ejercicio fiscal. Por tanto, como se precisó, ante la negativa de la autoridad responsable ejecutora, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto de la aplicación de la porción normativa reclamada, pues las pruebas ofrecidas por la parte quejosa resultan insuficientes para desvirtuar la negativa de mérito. En efecto, el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [10] b) Cuando no se pruebe su existencia. Así pues, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por la quejosa, conduce al sobreseimiento. En relación con el supuesto precisado en el inciso b, si al rendir informe justificado la autoridad responsable niega el acto que le fue reclamado, corresponde a la parte quejosa aportar los medios de prueba pertinentes a fin de desvirtuar esa negativa. Luego, si a pesar de dicha negativa, la quejosa no demuestra la existencia del acto que reclamó en la demanda de amparo, lo conducente, como se dijo, es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, por identidad jurídica sustancial, la tesis jurisprudencial número 284, publicada en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". En efecto, la parte quejosa atribuye a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Finanzas, la aplicación de la ley combatida, en específico, el cobro de los derechos e impuestos contenidos en dichos preceptos impugnados. 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [11] Amparo indirecto 759/2022-V Sin embargo, como ya se estableció, dicha autoridad negó el acto de aplicación que se le atribuye; por lo que, ante dicha negativa, la parte quejosa tenía la carga procesal de aportar los medios de convicción que considerara pertinentes para desvirtuarla; no obstante, ésta no lo hizo de esa manera, pues la probanza que adjuntó a su escrito de demanda es insuficiente para hacerlo. Lo anterior se considera de esa manera, toda vez que las constancias allegadas por la promovente del amparo al presente sumario consistentes en impresión del formato de pago y pago a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, respecto al pago de derechos relativo al permiso número 970001529, no demuestran el acto de aplicación de los artículos reclamados relativos al ejercicio fiscal dos mil veintidós, pues la documental exhibida no demostró fehacientemente que dicha peticionaria de amparo hubiera realizado el pago por el derecho de refrendo del permiso en cuestión, pues la probanza que adjuntó a su escrito de demanda es insuficiente para hacerlo. Ello es así, en virtud de que la constancia allegada por la promovente del amparo al presente sumario (foja 07) consistente en copia simple de formato de pago y pago respecto al permiso número 970001529, del que se advierte un sello ilegible, no demuestra el acto de aplicación de los artículos reclamados, pues no es apta ni suficiente para acreditar los pagos que alega, toda vez que se trata de copia simple que sólo constituye indicio de su contenido. En efecto, no se puede otorgar valor probatorio en cuanto a su autenticidad de la copia simple de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dicha probanza por sí sola, y dada su 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [12] naturaleza, no es susceptible de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se puede confeccionar, por ello, es menester adminicularla con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tiene el carácter de indicio al no haber sido perfeccionada con otros medios de convicción que la robustezca. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia I.3o.C. J/37, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Registro: 172557, Tomo XXV, Mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. Aunado a lo anterior, del expediente de amparo no se advierte la existencia de acto alguno en el cual la autoridad responsable materia del presente considerando hubiera aplicado dicha disposición o se hubiere actualizado la hipótesis normativa correspondiente; de ahí la inexistencia del acto de aplicación reclamado de dicha autoridad. Por tanto, toda vez que la autoridad recaudadora responsable ejecutora negó el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo y las probanzas aportadas por ésta son 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [13] Amparo indirecto 759/2022-V insuficientes para demostrar la existencia del acto reclamado, lo conducente es sobreseer respecto del acto reclamado en el presente juicio; lo anterior con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues, se reitera, correspondía a la parte quejosa allegar medios de prueba con los cuales demostrara que al promover demanda de amparo le habían sido aplicados los normativos combatidos. Por ende, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio únicamente por los actos y autoridades materia del presente considerando, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, al, rendir su informe justificado aceptó expresamente la existencia del acto que se le reclama identificado en el inciso a), consistente la discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, publicada el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado; en particular, el artículo 22, fracción XXI, en relación con los numerales 11, 12 y 13 de la propia legislación. 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [14] Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen identificados en el inciso b), consistente en la promulgación y orden de publicación de la citada legislación tildada de inconstitucional y sus artículos precisados. Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba5 . QUINTO. PROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional. En relación con tal precepto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, toda vez que considera, que la parte quejosa no acreditó la afectación del acto reclamado que invoca y que no se vulneraron los derechos humanos de la misma. 5 Tiene aplicación, Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [15] Amparo indirecto 759/2022-V En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII,6 en relación con el diverso 5o.,7 fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,8 respecto de los preceptos legales impugnados por la parte quejosa, ya que aquélla no demostró que le hubieran sido aplicadas. En ese sentido, debe destacarse que el quejoso manifiesta en el escrito de demanda que impugna las normas reclamadas, a saber, artículo 21, fracción XXI, en relación con los diversos 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, publicada el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, a partir del primer acto de aplicación. De esta manera, para estar en posibilidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia en comento y, posteriormente, determinar si en el caso concreto se actualiza o no, es indispensable primero, precisar si en el caso se está en presencia de una norma heteroaplicativa o autoaplicativa. 6 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [...]". 7 "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...]". 8 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [16] Para tales efectos, es necesario precisar que en el presente juicio de amparo resulta aplicable la noción de interés jurídico, toda vez que la quejosa reclama una afectación sobre la titularidad de un derecho subjetivo que aduce tener, con motivo de la obligación de ajustarse a lo previsto en la norma combatida, basado en la circunstancia de que debía pagar el derecho de refrendo de permiso de alcoholes ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por lo que estima que se le afecta el ejercicio de sus derechos, por lo que necesariamente requiere acreditar una lesión actual y directa sobre la esfera de derechos de dichas actividades que realiza. En ese entendido, cuando el peticionario acude a la instancia constitucional reclamando que el acto de autoridad vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, tal circunstancia debe demostrarse en forma fehaciente; es decir, no debe existir lugar a duda que el acto impugnado le ocasiona un daño, un perjuicio o un menoscabo en sus derechos, de tal manera que si el interés jurídico no se encuentra plenamente acreditado la demanda de amparo resulta improcedente. Esto es, para que la parte quejosa se encuentre en posibilidad de reclamar constitucionalmente el acto pronunciado por la autoridad primeramente debe demostrar de forma indubitable ser el titular del derecho subjetivo que se ve afectado con la emisión de ese acto, no así que su titularidad se infiera con base en presunciones. 9 9 Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, observable en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época; de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [17] Amparo indirecto 759/2022-V Una vez delimitada que en el caso es aplicable la noción de interés jurídico, es oportuno precisar algunos aspectos relacionados con la distinción entre normas de carácter autoaplicativas, respecto de las heteroaplicativas. En esa medida, el Pleno del más Alto Tribunal de la Nación ha establecido para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas que conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho y de esa forma adujo que cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Y en cambio el Tribunal Pleno precisó, que cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [18] norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. 10 Al tenor de este criterio jurisprudencial, las normas impugnadas en este asunto (artículo 22, fracción XXI, en relación con los diversos 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veintidós) son de individualización condicionada y, por ende, heteroaplicativas, tal como se advierte de su contenido, el cual es del tenor literal siguiente: "Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el ejercicio fiscal 2020 "Artículo 11. El Impuesto para el fomento de la educación se causa con una tasa del 25 por ciento, de acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit". "Artículo 12. El impuesto para la asistencia social se causa con una tasa del 15 por ciento, de acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit". "Artículo 13. El impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, se causa con una tasa del 15 por ciento, de acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit.". 10 Cobra aplicación la Jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, de Julio de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época, Materias Constitucional y Común, con registro 198200, de rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.". 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [19] Amparo indirecto 759/2022-V La Secretaría de Administración y Finanzas, recaudará y enterará el impuesto especial de conformidad con lo siguiente: I. Deberá enterar el impuesto al Patronato administrador de éste, en un plazo máximo de cinco días hábiles después de cada mes recaudado. II. Contará con una cuenta bancaria específica para la recepción del ingreso y previa autorización de la autoridad competente. Otorgará mandato especial e irrevocable a la institución bancaria en la que se aperture dicha cuenta, facultándola para transferir la totalidad de los saldos disponibles a la cuenta bancaria y número de referencia que proporcione el Patronato. III.- Dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, presentará un informe ante el Patronato que registre las operaciones realizadas y el monto al que asciende los enteros realizados durante el mes inmediato anterior. Dicho informe deberá formar parte del avance de gestión financiera trimestral correspondiente." [.] ""Artículo 22 La Secretaría de Administración y Finanzas tendrá a su cargo la expedición de permisos para la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas. Los derechos por otorgamiento de permisos de funcionamiento de establecimientos en el ramo, traspasos, cambio de domicilio, cambio de giro y duplicados, se causarán y pagarán de conformidad con la Ley que Regula los establecimientos Dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit, sujeto a las siguientes tarifas expresadas en Unidad de Medida y Actualización (UMA), que se señalan a continuación: CONCEPTO EXPEDICIÓN DE PERMISO TRIFA EN UMA VIGENTE REFRENDO ANUAL TARIFA EN UMA VIGENTE XXI.- Centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza. 145.1 63.5 Así, las disposiciones legales transcritas, en esencia, regulan el pago de permiso de alcoholes por giro de centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza; así como el pago de un 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [20] impuesto para el fomento a la educación, asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit. En ese sentido, las normas reclamadas en esta vía constitucional requieren que se actualice una condición para poder actualizar la aplicación de las mismas, ya que tal circunstancia acontecerá cuando el gobernado pague por los derechos de permiso de alcoholes por giro de centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza. Como puede advertirse, las normas reclamadas son de naturaleza heteroaplicativa, pues la aplicación jurídica o material de aquéllas, se halla sometida a la realización de un acto diverso que condicione su aplicación; en ese sentido, el quejoso adujo comparecer al presente asunto por la aplicación de las normas generales impugnadas a partir de un acto concreto de su aplicación; de manera que su reclamo se encuentra condicionado a la existencia del acto concreto de aplicación que afecte un derecho subjetivo; por lo que necesariamente requiere acreditar una lesión actual y directa sobre la esfera de derechos de dichas actividades que realiza, con motivo de la legislación reclamada, se insiste, a partir de la existencia de un acto concreto de su aplicación.11 11 Se invoca como criterio orientador la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Registro: 2006963, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [21] Amparo indirecto 759/2022-V En ese sentido, la quejosa reclama una afectación sobre la titularidad de un derecho subjetivo que aduce tener como contribuyente, ya que estimó que se le impone pagar una contribución que es inequitativa y desproporcional, ya que se introducen elementos extraños para el cálculo del pago por la inscripción de un documento público; por ello, es incuestionable que, para que las normas reclamadas afecten su esfera jurídica, en primer lugar, se requiere se ubique en el supuesto previsto por las normas y éstas se materialicen a través de un acto de aplicación, lo cual, en el caso, acontecería en la hipótesis de que la peticionaria de amparo hubiera pagado el derecho por dicha inscripción. La quejosa manifestó contar con un permiso de alcoholes número 97001529, por lo cual pagó por su refrendo la cantidad de $15,227.57 (quince mil doscientos veintisiete pesos 57/100 moneda nacional) ante una institución bancaria, el veintinueve de abril de dos mil veintidós. Sin embargo, como se analizó en el considerando tercero de la presente resolución, el acto concreto de aplicación resultó ser inexistente, ya que la documental exhibida no demostró sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico.". 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [22] fehacientemente que dicha peticionaria de amparo hubiera realizado el pago por los derechos de refrendo. En ese contexto, respecto de los preceptos reclamados por el quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la ley de la materia, pues no quedó evidenciada la existencia de un acto concreto de aplicación de las normas generales combatidas en esta vía constitucional. Sobre esa base, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5o., fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.(.).". Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, ya que cuando las prerrogativas que tiene el gobernado reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo faculta a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [23] Amparo indirecto 759/2022-V En ese sentido, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo se integra por: 12 a) Un derecho legítima o jurídicamente tutelado, y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En relación con lo que se expone, el artículo 107 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.).". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra normas generales. Para tal efecto, el citado normativo regula dos supuestos: I. El primero se actualiza cuando por su sola entrada en vigor una norma general causa un perjuicio (autoaplicativas); II. El segundo, cuando la afectación se ocasiona con motivo del primer acto de aplicación de la norma reclamada (heteroaplicativas). Así pues, en tratándose de amparo contra normas generales heteroaplicativas, como la que se reclama en esta instancia constitucional, es necesario que exista un acto concreto de 12 Es sustento de lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página: 60, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [24] aplicación que cause perjuicio al quejoso, pues la sola vigencia de éstas no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. Es decir, las leyes heteroaplicativas requieren que se cumpla la condición contenida en ellas para poderse individualizar en los gobernados, ya que las obligaciones previstas no surgen por su sola entrada en vigor. De ahí que cuando se reclame una norma, ésta requiera de un acto concreto de aplicación anterior a la presentación de la demanda de amparo, para causar perjuicio, pues de no existir, el juicio constitucional resulta improcedente.13 Por tanto, la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una norma con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de amparo, dado que dicho acto constituye el presupuesto para que pueda constatarse la existencia del perjuicio en la esfera jurídica del gobernado y, en virtud de que, en este caso, no existe acto concreto de aplicación de las leyes impugnadas en esta vía constitucional -tal como se expuso en el considerando tercero-, se concluye que la parte quejosa carece del interés jurídico para combatirlas. Lo anterior, no obstante los medios de prueba allegados por el quejoso consistentes en: 1. Copia simple de una impresión de formato de pago y pago del permiso 97001529. Sin embargo, dicho documento carece, por sí mismo, de valor probatorio y sólo genera la simple presunción de la existencia 13 Es sustento de lo considerado, en lo conducente, la tesis P. LXXXV/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Novena Época, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.". 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [25] Amparo indirecto 759/2022-V del documento reproducido; de modo que al poseer únicamente valor indiciario, debe ser adminiculado con otros elementos probatorios distintos para justificar el hecho que se pretende demostrar, lo que no ocurrió en el presente juicio. En lo conducente y por identidad jurídica, sustenta lo anterior el criterio con número de registro digital: 185215, Instancia: Primera Sala, Novena Época, materias(s): Común, tesis: 1a./J. 71/2002, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Enero de 2003, página 33, siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, delo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [26] cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste.". Máxime que, como se dijo, la quejosa no allegó diversos medios de prueba que corroboraran el contenido del documento descrito. En consecuencia, al haberse demostrado la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 5o., ambos de la Ley de Amparo, lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo respecto a los actos y autoridades aquí analizados, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, del referido ordenamiento. Finalmente, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que lo anterior representa un agravio a las partes en el presente juicio de amparo.14 En mérito del resultado obtenido, se estima innecesario estudiar las diversas causales de improcedencia que se invocaron en el presente juicio por las partes que así lo manifestaron, dado que su examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de esta resolución. 15 14 Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 49 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". 15 Por su aplicación al caso y por identidad de razones, es de citarse la tesis de jurisprudencia 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo viii , Agosto de 1998, visible en el Semanario Judicial 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [27] Amparo indirecto 759/2022-V SEXTO. COMUNICACIÓN A TRIBUNAL COLEGIADO. Hágase saber el contenido de la presente resolución al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, con relación al recurso de queja 429/2022, interpuesto contra el proveído por el que se admitió la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. SÉPTIMO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XII, 63, fracciones IV y V, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Adela García Torres, respecto a los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos y razones expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Infórmese el contenido de esta resolución al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, en términos del considerando sexto de esta resolución. de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de Amparo Indirecto 759/2022-V [28] TERCERO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Omar Osvaldo Ruiz Silva, Secretario que autoriza y da fe. OORS Numero de oficios: 22843, 22844, 22845 y 22846 Juicio de amparo 759/2022-V El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, sie

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