Adela Flores Hernandez
Expediente 580/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Adela Flores Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la resolución ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, y toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del artículo 17 fracción III, inciso b) el cuaderno incidental original es conservable, atendiendo a que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitada; por tanto el expediente deberá ser transferido al archivo de concentración después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. ARCHIVO Con fundamento en el artículo 9° del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el asunto como concluido. SIN DOCUMENTOS ORIGINALES Se precisa que el presente juicio de amparo no contiene documentos originales pendientes de devolver. DESTINO Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es conservable, porque se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 17, fracción III, inciso a), el expediente deberá ser transferido al archivo de concentración después de tres años. ANOTACIONES Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca en funciones de Jueza de Control, el disco compacto DVD que remitió como apoyo a su informe justificado, el cual contiene diversos archivos digitales relativos a la carpeta judicial ******************** de su índice, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII"... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 580/2023 promovido por ADELA FLORES HERNANDEZ, contra actos de la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control; y, R E S U L T A N D O: ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza penal, seguido ante un juzgado del orden federal con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que se reclama el auto de vinculación a proceso de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dictado contra ADELA FLORES HERNANDEZ, por la comisión del hecho que la ley señala como el delito CONTRA LA SALUD, en la modalidad de TRANSPORTE DE MARIHUANA, previsto y sancionado por el artículo 194, fracción I, en relación con el 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, en relación con los artículos 234, 235, 236 y 479 de la Ley General de Salud, en la carpeta judicial 314/2023. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. ES CIERTO el acto reclamado, ya que así lo manifestó la autoridad responsable en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Así como de conformidad con la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004362, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: 1. En audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, calificó de legal la detención de la imputada ADELA FLORES HERNANDEZ, dictó auto de vinculación en su contra por el hecho que la ley señala como el delito CONTRA LA SALUD, en la modalidad de TRANSPORTE DE MARIHUANA, previsto y sancionado por el artículo 194, fracción I, en relación con el 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, en relación con los artículos 234, 235, 236 y 479 de la Ley General de Salud y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, todo dentro de la carpeta judicial 314/2023. Siendo el auto de vinculación a proceso únicamente el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: 1. La resolución de vinculación a proceso emitida en audiencia inicial adolece de una exacta fundamentación y motivación, ya que la juez de control de forma errónea consideró que con las pruebas aportadas estableció que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que la imputada participó en su comisión. De la misma manera, la Juez de Control hizo una indebida adecuación de los hechos al tipo penal y con ello una inadecuada valoración de los datos probatorios. 2. La Juez de Control subsanó las deficiencias de la Fiscalía al incorporar información que se traduce en prueba en contra de su defendida, ya que la Fiscalía no aportó con datos de prueba el lugar de partida de la imputada y su destino para determinar el delito de transporte. Que la Juez de Control erróneamente consideró que se acredita la acción de transporte por el hecho de considerar que la imputada fue detenida en carretera federal en tránsito, sin embargo el delito imputado no encuadra en la descripción típica del delito, porque la unidad en la que fue asegurada la imputada no es de carga. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta materia para suplir en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, al ser la quejosa la imputada en la carpeta judicial de donde emana el acto reclamado. Al respecto, el auto de vinculación a proceso que se estudia se encuentra regulado por el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresa: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. A su vez, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales determinan los requisitos que han de cumplirse para la emisión de un auto de vinculación a proceso: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Como se puede apreciar de la anterior transcripción, para que sea válido el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que previamente se comunique la imputación a la indiciada, en la que se debe indicar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, que se le otorgue la oportunidad de declarar y que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho delictivo y que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así también, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé qué debe entenderse por dato de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, esto es, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo; es decir, se habla únicamente de indicios, los que necesariamente deben ser razonables. Bajo este contexto, del análisis de la videograbación que contiene la audiencia que tuvo lugar en el proceso penal, remitida por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, con pleno valor probatorio al tener la naturaleza de una documental pública, se advierte la audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, relacionada con la imputación que se formuló a la aquí quejosa y en la posteriormente, se le dictó auto de vinculación a proceso. De ellas se determina que en el caso, el auto de vinculación a proceso reclamado, cumple con los requisitos señalados previstos en la norma constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir: 1. Que se haya formulado la imputación. 2. Que se haya otorgado a la imputada la oportunidad para declarar. 3. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 4. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El primero de tales requisitos relativo a que se haya formulado la imputación, está satisfecho, pues en audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés (minuto 00:37:32 al minuto 00:42:41 del archivo denominado AUDIENCIA INICIAL PARTE 1), se comunicó la imputación a ADELA FLORES HERNANDEZ, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito CONTRA LA SALUD, en la modalidad de TRANSPORTE DE MARIHUANA, previsto y sancionado por el artículo 194, fracción I, en relación con el 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, en relación con los artículos 234, 235 y 479 de la Ley General de Salud, conducta desplegada en términos de los artículos 7°, fracción II, 8° y 9°, párrafo primero y 13, fracción II, del Código Penal Federal. Lo anterior, de los hechos del informe policial homologado y puesta a disposición suscrita por Jose Guadalupe Perez Hernandez, Dante Eduardo Meza Espinoza y Jesús Pozos Flores, elementos de la Policía Federal Ministerial, de quince de mayo de dos mil veintitrés, se advierte que aproximadamente las nueve horas de esa fecha, salieron de las oficinas que ocupa la Fiscalía General de la Republica en Matías Romero Avendaño, a bordo de su vehículos oficiales a efecto de realizar acciones de investigación inherentes a su cargo, respecto de una diversa orden de aprehensión; sin embargo al ir circulando sobre carretera federal 190, tramo Tapachula-Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con dirección a Juchitán se detuvieron siendo aproximadamente las diez horas para comprar aguas para el camino, por lo que al momento de bajarse de los vehículos oficiales, los abordó una persona del sexo femenino que dijo responder al nombre de Esperanza Martínez que dijo ser originaria de la Ventosa, quien es de tez morena, complexión gruesa y cabello chino, quien al verlos uniformados les dijo que quería acusar a una mujer que vendía droga ya que estaba harta de que las autoridades no hicieran nada; que hace unos veinte minutos más o menos ella se encontraba en la parada del sitio de taxis en Niltepec, y vio que llego la señora Adela Flores, a esperar taxi, quien es la mujer que se dedica a la venta de marihuana y que ahí es donde la compra y se la lleva para la Ventosa, a venderla, y que eso le consta ya que es la que ha enviciado a su hijo y sobrinos, dando las características del taxi y de la persona que lleva la droga, retirándose del lugar, sin darles sus generales; ante tal circunstancia y para atender la denuncia por operatividad y a fin de corroborar lo manifestado, abordaron los vehículos y retrocedieron aproximadamente a 500 metros, sobre el carril con la misma dirección a Juchitán, a fin de evitar que la señora o el taxista al notar su presencia desviara su camino, cuando tuvimos a la vista un taxi con las características señaladas por la denunciante, con número económico 01-415TX-JUCH-192, del sitio Santiago Niltepec, Oaxaca, con placas de circulación 84-30-SJM mismo que venía de Niltepec, con rumbo a Juchitán, procediendo el elemento José Guadalupe Pérez Hernández a marcarle el alto, identificándome plenamente como Policía Federal Ministerial, con voz fuerte ante el conductor quien dijo responder al nombre de José Luis Gálvez Medina y los pasajeros, indicándoles el motivo de su presencia en esencia que se recibió una denuncia dándoles todos los datos aportados, percatándose desde el exterior del vehículo, que la persona que les había descrito momentos antes la señora Esperanza, se encontraba en medio de otras dos mujeres mismas que estaban en la parte trasera del vehículo, solicitándole al conductor y a las pasajeras una revisión a lo que accedieron voluntariamente descendiendo del taxi los pasajeros y el conductor, solicitándole a su vez al conductor nos permitiera realizarle una inspección al vehículo, manifestándonos este que sí, procediendo el elemento Dante Eduardo Meza Espinoza a realizar la inspección a la cajuela del vehículo, al abrirla de manera inmediata se desprende un olor con las características a marihuana, percatándose el elemento Dante que en la cajuela solo había un maleta color rosa y un tambo de color blanco con azul con la leyenda COMEX, los cuales desprendían un olor fuerte a marihuana, preguntando a quien pertenece esa el maleta y el tambo, contestándoles de manera inmediata el Chofer del Taxi es de la señora de blusa roja, señalándonosla con su mano, manifestando la señora que dijo responder al nombre de Adela Flores Hernández, que si eran suyos, que es fruta que vende y su ropa, solicitándole si nos permitía una revisión al tambo y a la maleta, accediendo de manera voluntaria, por lo que el Agente Dante procedió a inspeccionar la maleta de color rosa, la cual en su interior contenía diversas prendas, así como dos paquetes envueltos con cinta adhesiva color café, los cuales desprendían el olor fuerte y característico a la marihuana, procediendo el compañero a realizar un corte corroborando que en el interior dichos paquetes contienen hierba verde y seca con las características físicas de la marihuana, así mismo al realizarle la inspección al tambo de color blanco con azul con la leyenda COMEX, este contenía en su interior primero una capa de mangos y al fondo se localizan dos paquetes de igual manera envueltos con cinta de color café, mismos que desprenden un olor fuerte a la marihuana, el compañero procede a realizar el corte y efectivamente en el interior se localiza hierba verde y seca con las características físicas de la marihuana, se le pregunta a la persona de nombre Adela Flores Hernández, quien dijo ser propietaria de la maleta y el tambo si contaba con el permiso correspondiente para transportar dicho estupefaciente, contestando que no, que no contaba con ningún permiso, por lo que siendo aproximadamente las diez horas con quince le informó el elemento José Guadalupe Pérez Hernández, que quedaba detenida por el delito de Contra la Salud, haciéndole del conocimiento los derechos que le asisten como persona detenida, manifestando de manera espontánea el taxista que el desconocía lo que la señora transportaba ya que el solo presta un servicio, y toda vez que no se le encontró a dicho taxista objeto ilícito alguno se podía retirar del lugar, por lo que se procedió a realizar el aseguramiento de una maleta de tela de color rosa en su interior con diversas prendas de vestir, un paquete confeccionado con cinta canela que en su interior contiene hierba verde y seca con las características físicas de la marihuana, un paquete confeccionado con cinta canela que en su interior contiene hierba verde y seca con las características físicas de la marihuana, un tambo de color blanco con la leyenda "Comex", un paquete confeccionado con cinta canela que en su interior contiene hierba verde y seca con las características físicas de la marihuana, un paquete confeccionado con cinta canela que en su interior contiene hierba verde y seca con las características de la marihuana; procediendo a trasladar a la persona detenida Adela Flores Hernández, así como los indicios, a las oficinas ubicadas en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, procediendo a realizar el informe policial homologado, la certificación medica correspondiente y el registro nacional de detenciones, dejando a disposición del Agente del Ministerio Público Federal a dicha persona. El segundo de los requisitos, consistente en que se otorgara a la imputada la oportunidad para declarar también se encuentra colmado, ya que en la aludida audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, una vez que le fueron explicadas las prerrogativas que tiene como imputada y asistido de defensa pública, no emitió declaración alguna (minuto 00:45:00 al minuto 00:46:33 del archivo denominado AUDIENCIA INICIAL PARTE 1). Ahora, para justificar el tercero de los requisitos que se exigen para el dictado de un auto de plazo constitucional, consistentes en que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión, en la audiencia inicial de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, el juez responsable otorgó el uso de la voz a la representación social quien realizó la solicitud de vinculación a proceso, (minuto 00:46:39 al minuto 01:06:40 del archivo denominado AUDIENCIA INICIAL PARTE 1) sustentando su petición en los siguientes datos de prueba: 1. El objeto material consistente en cuatro paquetes de forma irregular confeccionados en material sintético envueltos en cinta adhesiva de color café que contenían Cannabis Sativa L., comúnmente conocido como marihuana con un peso neto de dos kilos trescientos gramos, considerado como estupefaciente. 2. Dictamen en materia de química forense de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, signado por la perito Erika Emmanuelle León Martinez, Perito Oficial en Balística Forense adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, en el que concluyó: que los indicios 1.1; 1,2; 2,1; y 2.2 corresponden a Cannabis Sativa L., sustancia considerada como estupefaciente. 3. Diverso dictamen de química forense de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, signado por la perito Erika Emmanuelle León Martinez, Perito Oficial en Balística Forense adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, en el que realizó el pesaje de los cuatro indicios y corroboró que se trataba de vegetal verde y seco y corresponde a Cannabis Sativa L. 4. Inspección de los indicios de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, realizada por la Agente de la Policía Federal Ministerial Guadalupe Ávila Baxin, adscrita a la Subsede de Matías Romero de la Fiscalía General de la República. 5. Inspección de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, realizada por la Agente de la Policía Federal Ministerial Guadalupe Ávila Baxin, adscrita a la Subsede de Matías Romero de la Fiscalía General de la República, respecto de una maleta de tela y un tambo de materia de plástico color blanco con azul. 6. Dictamen de fotografía forense de quince de mayo de dos mil veintitrés, emitido por el perito Miguel Ángel Santiago Rojas. 7. Informe policial homologado y puesta a disposición de quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por Jose Guadalupe Perez Hernandez, Dante Eduardo Meza Espinoza y Jesús Pozos Flores, de quince de mayo de dos mil veintitrés. 8. Inspección del lugar realizada por la Agente de la Policía Federal Ministerial Guadalupe Ávila Baxin, adscrita a la Subsede de Matías Romero de la Fiscalía General de la República. 9. Oficio 4C-4C.3.2406-2023, suscrito por Diego Miguel Gregorio, suscrito por el Jefe de los Servicios de Salud de Oaxaca, en donde se hizo constar que no se encontró permiso expedido a favor de la señora Adela Flores Hernandez para el uso de estupefacientes. Luego de la enunciación de los datos de prueba, la representación planteó los argumentos por los que consideró que se reúnen los requisitos para dictar auto de vinculación a proceso contra la imputada. Posteriormente, en uso de la voz la imputada solicitó que se resolviera su situación jurídica en esa misma audiencia (minuto 01:06:50 al minuto 01:08:17 del archivo denominado AUDIENCIA INICIAL PARTE 1). Acto seguido, la autoridad responsable concedió el uso de la voz a la defensa de la imputada (minuto 01:09:16 al minuto 01:47:53 del archivo denominado AUDIENCIA INICIAL PARTE 1), quien como teoría del caso indicó que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público no acreditaban el hecho que la ley señala como delito además de que no existía la probabilidad de que la imputada participó en su comisión, asimismo indicó que la Fiscalía encuadró erróneamente la conducta típica atribuida a su defendida por las consideraciones que expuso en el desarrollo de la audiencia de vinculación a proceso. Analizados los datos de prueba que fueron proporcionados por parte de la Fiscalía y los argumentos y de la defensa de la imputada, llevaron a concluir a la Juez de Control que la hipótesis que hasta ese momento prevalecía para sustentar la vinculación a proceso de ADELA FLORES HERNANDEZ, era su probable intervención en el hecho que la ley señala como el delito CONTRA LA SALUD, en la modalidad de TRANSPORTE DE MARIHUANA, así como en su realización, conforme a la fecha, lugar y el modo de comisión narrado por los elementos aprehensores (minuto 00:00:30 al minuto 00:49:00 del archivo denominado AUDIENCIA INICIAL PARTE 2). Esos hechos encuadraban en la hipótesis prevista los artículos 194, fracción I en relación con el 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, en relación con los artículos 234, 235 y 479 de la Ley General de Salud. Dichos numerales disponen: CÓDIGO PENAL FEDERAL "Artículo 194.- Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que: I.- Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud; Para los efectos de esta fracción, por producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico, y por comerciar: vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico. Por suministro se entiende la transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos. [.]." "Artículo 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública. El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del autor o participe del hecho o la reincidencia en su caso. Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción. Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destinen a la impartición de justicia, o bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables." LEY GENERAL DE SALUD "ARTÍCULO 234. Para los efectos de esta Ley, se consideran estupefacientes: [.] CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas. [.] Los isómeros de los estupefacientes de la lista anterior, a menos que estén expresamente exceptuados. Cualquier otro producto derivado o preparado que contenga substancias señaladas en la lista anterior, sus precursores químicos y, en general, los de naturaleza análoga y cualquier otra substancia que determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General. Las listas correspondientes se publicarán en el Diario Oficial de la Federación." "ARTÍCULO 235. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV. Lo que establezcan otras Leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V. Se deroga. VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud." Ahora, los referidos preceptos del Código Penal Federal contienen el tipo penal de contra la salud, en la modalidad de transporte de Cannabis Sativa L., conocida comúnmente como marihuana, sanciona la hipótesis consistente en que a quien trasporte alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194, ambos de referido Código, se impondrá de diez a veinticinco años de prisión y de cien hasta quinientos días multa. Para la actualización de ese ilícito, se requieren los elementos siguientes: a) La existencia de uno de los narcóticos señalados en el artículo 193 del Código Penal Federal, en el caso, CANNABIS sativa mariguana. b) Que alguien la posea con fines de transporte. c) Lo haga sin el permiso correspondiente. Así, los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público y analizados por la Juez responsable evidencian el hecho que la ley señalada como delito de contra la salud, en la modalidad de transporte de Cannabis Sativa L., conocida comúnmente como marihuana. Los datos de prueba ofrecidos por los agentes del Ministerio Público fueron valorados correctamente por la juez de Control responsable, apreciándolos de manera conjunta, integral, armónica, libre y lógica, por lo que correctamente consideró que los mismos son idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probable participación de la ahora quejosa, de conformidad con los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, como bien lo refirió la responsable, con los anteriores medios de convicción quedaron acreditados los hechos siguientes: La existencia de marihuana, respecto de la que en audiencia no hubo debate; quedó corroborada, además se estableció el peso que fue mayor a cinco kilos. Se acredita una posesión por parte de Adela Flores Hernandez, al haber sido la persona que traslada dicho estupefaciente en el interior de un taxi, además de que ella misma fue la persona que reconoció que en donde fue localizado el estupefaciente era de su propiedad. Que la finalidad era llevar el estupefaciente de un punto geográfico a otro, ya que el taxi en el que fue detenida iba en movimiento. Asimismo, la autoridad Sanitaria en el Estado, informó que Adela Flores Hernandez, no tenía permiso para poseer o usar ese estupefaciente. La forma de intervención de la imputada fue de manera dolosa. Hechos que constituyen el delito CONTRA LA SALUD, en la modalidad de TRANSPORTE DE MARIHUANA, previsto y sancionado por el artículo 194, fracción I, en relación con el 193, párrafo primero, ambos del Código Penal Federal, en relación con los artículos 234, 235 y 479 de la Ley General de Salud. De ahí que, contrario a lo manifestado por la quejosa en sus conceptos de violación, la juez responsable sí fundó y motivó su resolución; además, hizo del conocimiento de la sujeto activo el delito que se le imputa, señaló el lugar en el que ocurrió, la fecha y circunstancias en que se cometió el ilícito, además, relacionó y valoró todos los datos del Ministerio Público; también, precisó que existe la probabilidad de que la imputada cometió la conducta prevista en el tipo penal en comento. En esas condiciones, al existir datos de prueba que demuestran la probable responsabilidad de la ahora quejosa, contrario a lo que se alega en los conceptos de violación, se estima que el juez de la causa procedió con apego a derecho, al concluir que los datos de prueba fueron bastantes para demostrar, en grado de probable, que Adela Flores Hernandez cometió el hecho ilícito de mérito y, por ello, procedía dictarle auto de vinculación a proceso. Por lo tanto, el auto de vinculación a proceso se encuentra debidamente fundado y motivado; porque la Juez responsable señaló los artículos aplicables al caso concreto; los cuales sirvieron de base para acreditar el hecho que la ley señala como delito CONTRA LA SALUD, en la modalidad de TRANSPORTE DE MARIHUANA, acontecido el quince de mayo de dos mil veintitrés; asimismo, desglosó los elementos que a su consideración acreditan de manera probable la existencia de ese hecho. Cabe agregar, como correctamente lo señaló la responsable en el acto reclamado, que no son necesarios elementos de prueba que demuestren de manera fehaciente los hechos de que se trata; pues lo importante es que no hay dato de prueba que demuestre que la quejosa participó en el hecho ilícito que se recrimina, además de que, en el dictado del auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es mínimo, de tal forma que con los datos señalados por la autoridad ministerial, se demuestra la participación en grado probable de la quejosa como sujeto activo, y en su caso, en la etapa de investigación complementaria, las partes, entre ellas quien solicita el amparo, pueden recabar medios de convicción que desvirtúen la comisión de la conducta que se le atribuye para ser analizados en la etapa de juicio (si se llega a ella); sobre todo, porque en el acto reclamado solamente se fija la materia de la investigación por el hecho que la ley señala como delito, porque existen indicios razonables que demuestran la probabilidad de que lo cometió. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia(s): Penal, página 360, de la Décima Época, con registro 2014800, del siguiente contenido; "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Además, se destaca que, contrario a lo manifestado por la quejosa, en relación con que no se acredita la modalidad de transporte, pues no se confirmó el lugar de salida y el destino final, además de que el estupefaciente no iba en un vehículo de carga; debe decirse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el término "transportación" en el delito contra la salud, debe entenderse como la realización de movimientos que implican el desplazamiento del narcótico a un lugar distinto de aquel en que se encontraba; de igual forma, señaló que para la actualización del delito contra la salud en su modalidad de transporte de narcóticos, previsto en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, es innecesario acreditar los puntos geográficos de origen y destino del estupefaciente cuando el traslado es en un vehículo una carretera, ya que sólo se requiere como elemento esencial que éste desplace el narcótico de un medio geográfico a uno diverso, pues la conducta se actualiza de momento a momento mientras esté en curso el traslado en cualquier unidad de motor (vehículo) sin necesidad de que sea de carga. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 49/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 670, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2018145, del tenor siguiente: "DELITO CONTRA LA SALUD, EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTE DE NARCÓTICOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. PARA SU ACTUALIZACIÓN ES INNECESARIO ACREDITAR LOS PUNTOS GEOGRÁFICOS DE ORIGEN Y DESTINO DEL ESTUPEFACIENTE CUANDO EL TRASLADO ES EN UN VEHÍCULO DE CARGA SOBRE UNA CARRETERA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el término "transportación" en el delito contra la salud, debe entenderse como la realización de movimientos que implican el desplazamiento del narcótico a un lugar distinto de aquel en que se encontraba, con independencia de la distancia que exista, es decir, para su configuración no se requiere que dicho desplazamiento se realice hasta el lugar que se tenía previsto como destino final, sino que basta su traslado del lugar donde se obtuvo a otro. Así, para la actualización del delito contra la salud en su modalidad de transporte de narcóticos, previsto en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, es innecesario acreditar los puntos geográfico de origen y destino del estupefaciente cuando el traslado es en un vehículo de carga sobre una carretera, ya que sólo se requiere como elemento esencial que éste desplace el narcótico de un medio geográfico a uno diverso, pues la conducta se actualiza de momento a momento mientras esté en curso el traslado del estupefaciente. Además, el hecho de que elementos de seguridad detengan el vehículo de carga en el que el sujeto activo desplaza el narcótico en una vía de comunicación, es un aspecto que revela, por sí solo, que ha tenido lugar su traslado, porque la acción abarcó lugares distintos que implicaron dicho transporte para efectos de la fracción I del artículo citado; esto es, cuando se detiene al activo a bordo del vehículo de carga que circulaba en una carretera, en el que se encontró el narcótico, se configura la modalidad de transporte, al margen de que se demuestre o no por el órgano acusador el lugar en el que comenzó el desplazamiento del estupefaciente, en virtud de que, dadas las circunstancias en que fue encontrado en el vehículo que circulaba en una carretera, hace patente su traslado de un punto geográfico a otro, ya que la acción comprendió lugares distintos e implicó un desplazamiento real". Finalmente, conforme a la legalidad del ejercicio de ponderación que realizó la Juez de Control y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación, se advierte los datos de prueba de las partes fueron valorados correctamente sin que este órgano tenga facultades para sustituir la ponderación de esos datos de prueba. Es aplicable, la Jurisprudencia 1a./J. 28/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la página 260, del Libro 79; octubre de 2020, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, Décima Época, que dice: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia." En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ADELA FLORES HERNANDEZ, contra actos de la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ...contra actos de la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintitrés. Glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe justificado de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca en funciones de Jueza de Control, sin emitir mayor pronunciamiento, toda vez que en auto de diecinueve de junio del año en curso, se acordó lo conducente, al haberse recibido el mismo comunicado de cuenta, vía interconexión. Por otra parte, del estado de los autos, se advierte que el diecinueve de junio del año en curso, se reservó acordar respecto a la admisión del disco compacto hasta en tanto se recibiera de manera física en este juzgado, lo cual ya aconteció y se corrobora con la certificación que antecede, por tanto, provéase lo que en derecho corresponda. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo y conforme a la certificación secretarial de cuenta, se admite el disco compacto exhibido por la mencionada responsable, el cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Intégrese a este expediente el disco compacto que remite la autoridad responsable, con las medidas de seguridad pertinentes. NOTIFÍQUESE.
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