Adela Cruz Castillo
Expediente 728/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 728/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Adela Cruz Castillo
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Adela Cruz Castillo, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que exhibió con su escrito inicial de demanda. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la devolución de los documentos que refiere la promovente, previo cotejo y compulsa que de ellos se deje en autos. Al respecto, cabe precisar que la quejosa, no exhibió copia de los documentos para la compulsa en cita; sin embargo, ello no constituye un obstáculo para acordar de conformidad su solicitud, pues dicha omisión deberá ser subsanada en el momento en que comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que señala. Para lo anterior, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales, conforme a los artículos 3 y 4, del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para ello, deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II, del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Germán Jaén León, Secretario que da fe.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Adela Cruz Castillo, por propio derecho; contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los Secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 728/2021-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Primeramente, se analiza la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de GERMAN JAEN LEON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.45 07/08/22 12:22:02 actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En la especie este juzgador, estima que en el presente asunto existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos de lo dispuesto por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo.1 El dispositivo referido establece lo que la jurisprudencia ha denominado "principio de definitividad", que parte de la premisa consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para que sea procedente debe agotarse, previamente, la jurisdicción ordinaria. La actualización de la hipótesis de improcedencia invocada requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" GERMAN JAEN LEON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.45 07/08/22 12:22:02 ??????????????? b) Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; c) Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan; d) Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Lo anterior, se corrobora con el artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal, precepto constitucional que resulta claro al establecer que en materia administrativa el amparo procede, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; y que será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. 2 La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiterados criterios ha determinado que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, estipule, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Asimismo, ha sostenido como excepciones al principio de definitividad, cuando se reclaman: 2 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;" GERMAN JAEN LEON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.45 07/08/22 12:22:02 1. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan; 2. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. 3. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por su parte, la Ley de Amparo establece como excepción para agotar el principio de definitividad, lo siguiente: 1. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. 2. Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como lo son entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. 3. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. 4. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. 5. Actos o resoluciones respecto de los cuales se encuentre previsto un recurso o medio de defensa en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por su parte, los criterios jurisprudenciales han referido la siguiente excepción: Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República. Ahora bien, procede verificar si se cumplen con los requisitos señalados con anterioridad en relación al acto que aquí se reclama, para lo cual resulta oportuno enfatizar que el acto reclamado en estudio consiste en lo siguiente: ? El oficio RI/SP/DPSH/DFLV/1493/2021, que contiene la resolución de seis de julio de dos mil veintiuno, por medio de la cual el Encargado del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Estado de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, negó su petición de ajustar el monto de la pensión que GERMAN JAEN LEON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.45 07/08/22 12:22:02 ??????????????? recibe la quejosa por parte de dicho instituto. Precisado lo anterior, se verifica el primero de los requisitos antes señalados, consistente en que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; se advierte que la negativa reclamada proviene de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por cuanto al requisito consistente en que contra el acto reclamado proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, este también se encuentra satisfecho tal como se expone a continuación. En el caso a estudio, la quejosa tiene a su disposición el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.3 Además, a través de dicho juicio, por disposición del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pueden suspenderse los efectos del acto reclamado, porción normativa que señala: "ARTÍCULO 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 3 "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)" GERMAN JAEN LEON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.45 07/08/22 12:22:02 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en GERMAN JAEN LEON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.45 07/08/22 12:22:02 ??????????????? su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad". De lo que colige que, no se exigen mayores requisitos que los previstos en el numeral 128 de la Ley de Amparo, el que dispone: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". En efecto, el primer conjunto normativo señalado, precisa que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal y que se concederá la medida si no se afecta el interés social, no se contravienen disposiciones de orden público y sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. También contempla la concesión de la suspensión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, con la fijación discrecional de garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, con la fijación igual de garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. Por tanto, si el precepto legal en comento no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, es inconcuso que el juicio de amparo indirecto promovido contra dicho acto es improcedente si previamente no se agotó el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, atento al principio de definitividad. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1194, de rubro siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN GERMAN JAEN LEON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.45 07/08/22 12:22:02 CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." En ese orden, la ley que rige los actos no prevé mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, tiene los mismos alcances, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, de ahí que no se actualice la excepción al principio de definitividad consistente en que la ley aludida no prevea la suspensión de la ejecución de los actos, o bien, establezca mayores requisitos. Por lo que, si la parte quejosa no agotó el medio de impugnación correspondiente contra los actos reclamados, es dable concluir que el amparo es improcedente, sin que se advierta que respecto de la misma, se actualice algún caso de excepción de los señalados en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que en principio, el acto reclamado no carece de fundamentación, ya que se señalaron las normas que sirvieron como base para emitir la negativa reclamada, esto es, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De igual forma, la quejosa no realizó únicamente violaciones directas a la Constitución, pues adujo transgresión a ordenamientos secundarios, como al artículo 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 23, segundo párrafo, del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, incluso en el capítulo denominado preceptos constitucionales violados hizo referencia a tales ordenamientos, y no únicamente violaciones directas a la Constitución. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 127-132, Sexta Parte, Materia Común, Página 201, de rubro "RECURSOS ORDINARIOS. VIOLACIONES DIRECTAS Y VIOLACIONES INDIRECTAS DE LA CONSTITUCION." Asimismo, no se advierte que haga valer violaciones únicamente a la garantía de audiencia que contempla el artículo 14 de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, dado que en el capítulo correspondiente a los preceptos constitucionales que contienen las garantías individuales violadas, se pronuncia además de los ordinales 1, 16, 17, 123, 127 fracciones I, V y VI, así como del 133 de la carta magna. Siendo aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Tercera GERMAN JAEN LEON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.45 07/08/22 12:22:02 ??????????????? Parte, Materia Común, Página 119, de rubro "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION." Por otro lado, el juicio contencioso administrativo no se encuentra previsto en un reglamento, sino en una ley, en este caso, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El acto reclamado es de naturaleza administrativa, no penal, por lo que no puede existir una transgresión al artículo 16 constitucional en materia penal, y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales. Tampoco se atacan actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Finalmente, esta determinación no implica una violación al principio pro persona y recurso efectivo, ya que ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página cuatrocientos ochenta y siete, de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." En consecuencia, se debe concluir que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX (principio de definitividad), de la Ley de Amparo, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Adela Cruz Castillo, por propio derecho. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el inmueble ubicado en Segunda privada de la Palma, número 28, edificio D-107, lote 4, colonia Barrio Norte, código postal 52960, Atizapán de Zaragoza, Estado de México por así haberlo indicado. GERMAN JAEN LEON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.45 07/08/22 12:22:02 En términos del último párrafo, del numeral 21 de la Ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al actuario judicial de la adscripción, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Por otro lado, se tiene por autorizado en términos amplios del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo de los Reyes Ayala Torres, toda vez que tiene registrada su cédula profesional, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones, a las diversas personas que menciona al no contar con registro en el sistema aludido. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa proporciona los correos electrónicos adela_cruz_111@hotmail.com y ayalatorre@hotmail.com, así como, los números telefónicos 5585860212 y 5548754437, ténganse los mismos, para estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17 constitucional, sin que esto implique que dichos medios se tengan para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la quejosa, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales3. De igual modo, se hace del conocimiento de la parte quejosa el número telefónico del Secretario encargado del asunto Germán Jaén León, a saber 5553870500, extensión 1384, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. GERMAN JAEN LEON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cb.45 07/08/22 12:22:02 ??????????????? Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma, Óscar Durán Valdés, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, Encargado del Despacho en términos del artículo 141, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2422/2021, de cinco de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Germán Jaén León, Secretario que da fe.
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