Adela Arizmendi Bernal

Expediente 1134/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1134/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
14/10/2019

Partes del expediente

  • Adela Arizmendi Bernal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 39 a 41), mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, ha causado estado. Por ello, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, este expediente transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica.

  2. Principal

    Visto el oficio y anexos enviados por la Secretaria Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado que le corresponde a dicha autoridad, al cual adjuntó copia certificada del auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral ******************** y que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora bien, cabe recapitular que del escrito inicial de demanda se aprecia que la parte quejosa destacó como actos reclamados: "LA OMISIÓN DE HACER EFECTIVA LA MULTA FIJADA A LA PARTE DEMANDADA POR LA CONTUMACIA DE CUMPLIR EL LAUDO, COMO PARTE DE LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DEL LAUDO DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2014; en términos de los artículos 81, 95, 96, 97 y 98 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Mientras que en los antecedentes narró: 6.- Con fecha 13 de junio del 2019, se solicitó a la responsable para que hiciera efectiva la medida de apremio fijada a la demandada por la contumacia de cumplir el laudo, sin que a la fecha haya hecho efectiva dicha medida de apremio. PRECISANDO QUE EL NATURAL SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEL LAUDO EN LA CUAL YA SE DESAHOGARON TODAS LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN Y SOLO QUEDA LA DEMANDADA CUBRA LA CONDENA QUE LE FUE IMPUESTA, SIENDO ESTA LA ÚLTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. Por lo cual, los actos reclamados consisten en: Omisión del Presidente de Conciliación y Arbitraje del Estado, de atender la promoción de trece de junio del año en curso, a través de la cual solicitó hacer efectivo el apercibimiento decretado a la parte demandada, por incumplimiento al laudo. No pasa desapercibido que la quejosa destacó como acto reclamado, la omisión de aplicar las medida de apremio a la parte demandada para vencer su contumacia de cumplir el laudo; empero, aquella circunstancia deriva de la falta de acuerdo a la promoción que en tal sentido presentó el trece de junio de dos mil diecinueve. Concerniente a dicho acto reclamado, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Porque, de las constancias que como apoyo remitió la autoridad responsable laboral de cuenta a su informe justificado, se aprecia que por auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 37-38), atendió entre otras promociones, la presentada el trece de junio del año en curso, por el apoderado de la parte actora aquí quejosa, al acordar hacer efectivo el apercibimiento decretado al Ayuntamiento demandado, esto es, le aplicó una multa de trescientos días de salarios mínimos vigentes en la región, establecidos en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley 51 del Estado. También lo requirió nuevamente para que procediera a exhibir el pago de la cantidad a que fue condenado en el laudo dictado en el juicio laboral de origen ********************. Con lo anterior, se advierte que la afectación reclamada en el presente juicio ha sido colmada en su totalidad, cesando los efectos del acto reclamado. Causal de improcedencia que evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la aquí agraviado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Además, si bien en el acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 37-38), la potestad laboral dio respuesta a la promoción que le presentó la parte quejosa el trece de junio del año en curso; lo cierto es que, volvió a requerir a la parte demandada el pago de la cantidad de $256,074.89 (doscientos cincuenta y seis mil setenta y cuatro pesos 89/100 moneda nacional), para lo cual le otorgó un plazo de diez días hábiles, y la apercibió para el caso de incumplimiento, en aplicarle una multa por el equivalente a trescientos cincuenta días de salario mínimo. Por ende, tal proveído implica la continuación del procedimiento de ejecución del laudo, puesto que al haberse requerido nuevamente el cumplimiento del laudo a la parte demandada, es obvio que está encaminado a lograr su ejecución, sin paralizar dicho procedimiento. Entonces, aun cuando se respetara la vista a la parte quejosa con el informe justificado y constancias allegadas por parte de la autoridad responsable, el análisis constitucional del proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, es improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV párrafo segundo, de la Ley de Amparo; ya que el juicio de amparo indirecto será procedente únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, pudiendo reclamarse hasta ese momento todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa a la parte quejosa. Y en el caso, en el auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, no se aprobó o reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado, o la imposibilidad de cumplimiento, sino que se proveyó su continuación, por lo que tampoco afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Como resultado de lo anterior, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes analizada, ello obliga desde este momento a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veintiséis de septiembre del año actual.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito y anexo signado por el apoderado legal del Ayuntamiento Constitucional de Juan R. Escudero, Guerrero; de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le tiene por reconocida su personalidad con la constancia que anexa y con apoyo en el arábigo artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngasele por apersonado al presente juicio de amparo. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, el que señala en el escrito que se provee, lo anterior no obstante de que si bien el artículo 26, inciso I, fracción II de la Ley de Amparo, señala que las notificaciones a las autoridades responsables o las que tengan el carácter de terceros interesados deberán realizarse por medio oficio que se gire a su residencia oficial; sin embargo, a efecto de dar celeridad a las notificaciones que en su caso lleguen a efectuarse a dicha parte procesal y para no contrariar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene el que señala en la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante, en caso de revocar el domicilio señalado sin designar nuevo, las notificaciones se realizarán a través de oficio enviado a su sede oficial. Gírese oficio de notificación del presente proveído al mencionado ayuntamiento tercero interesado, mismo que deberá ser entregado por conducto del actuario judicial adscrito a este juzgado federal en el domicilio procesal ubicado en esta ciudad, debiendo levantar la razón correspondiente a efecto de que sea agregada el juicio en que se actúa. Luego, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a *****, porque no consta que se encuentre registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales atendiendo a la certificación de cuenta; por ende no se cumplió con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, penal tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." Así se tiene a *****, sólo por autorizado para oír notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las demás facultades que tienen los autorizados en términos amplios. Finalmente, téngasele informando que informando que el treinta de agosto de dos mil diecinueve, recibió el oficio ***, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a éste Juzgado, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su momento procesal oportuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de la Materia, expídanse una vez que se dicte la sentencia respectiva las copias fotostáticas que refiere.

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