Adela Arizmendi Bernal

Expediente 627/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
627/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
02/02/2017

Partes del expediente

  • Adela Arizmendi Bernal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no realizó manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin embargo, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, la que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 182 a 184), se recibió la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad capital; en la que el órgano colegiado, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad capital, realizara lo siguiente: Deje insubsistente, únicamente, la parte del acuerdo de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, donde niega imponer la multa al demandado. Dicte un nuevo acuerdo en el que reitere lo que no fue materia de concesión e imponga multa al demandado en los términos del artículo 95 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente. La multa la dirija específicamente al servidor público que tenga la representación del ayuntamiento, es decir, en su calidad de persona física. 2. Trámites de la responsable. Con el fin de dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad capital, informó lo siguiente: A través del oficio 16862/2016 de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, adjuntó copia certificada del acuerdo de dos de diciembre de dos mil dieciséis, en el que dejó sin efectos el auto de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, únicamente en la parte en la que el Tribunal no acordó de conformidad la solicitud de imposición de la multa en los términos que lo solicitó el apoderado legal de la parte actora. (foja 189). Luego el presidente del tribunal laboral informó mediante oficio 16875/2016, que dictó un nuevo acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciséis (foja 202), en el que se advierte que ordenó imponer la multa al Ayuntamiento demandado, pero específicamente a una persona física que tenga la representación del mismo, por lo cual adujo que la multa de doscientos salarios mínimos, la imponía a Aracely Gómez Montes, quien funge como Síndica Procuradora del Ayuntamiento demandado de Juan R, Escudero, Guerrero, la cual asciende a una cantidad de $14,608.00 (catorce mil seiscientos ocho pesos 00/100 moneda nacional). Finalmente, a través del oficio 322/2017, remitió copia certificada del acuse de recibo del diverso oficio 802/2017, dirigido a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero (foja 221 a 222), en el que el órgano laboral ordena se imponga a la Síndica Procuradora Aracely Gómez Montes, la multa de doscientos días de salarios mínimos misma que equivale a $14,608.00 (catorce mil seiscientos ocho pesos 00/100 moneda nacional). 3. Verificación del cumplimiento. De las actuaciones remitidas por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad capital, se acredita en primer término que dejó insubsistente el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, únicamente en la parte en la que no acordó de conformidad la solicitud de imposición de la multa en los términos que lo solicitó el apoderado legal de la parte actora, asimismo, dictó otro acuerdo en el cual impuso la multa de doscientos días de salario mínimo a la persona física representante del ayuntamiento demandado, en concreto a la Síndica Procuradora Aracely Gómez Montes, la cual equivale a $14,608.00 (catorce mil seiscientos ocho pesos 00/100 moneda nacional) y finalmente remitió el acuse de recibo del oficio enviado a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, a través del cual el órgano laboral solicitó a dicha dependencia hiciera efectiva la aludida multa, por lo cual es inconcluso que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO. Por tanto, una vez transcurridos cinco años a partir de la presente emisión de este auto procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado en el domicilio señalado en autos.

  2. Principal

    En un principio, visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis (foja 204), se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, con las cuales dijo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizando dicha parte procesal diversas manifestaciones al respecto. Sin embargo, del auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis (foja 202) se aprecia que el órgano laboral ordenó girar oficio al Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para que hiciera efectiva la multa impuesta a la síndica procuradora del ayuntamiento demandado; sin que al auto de referencia anexara copia certificada del oficio enviado, donde conste que fue recibido por dicha Secretaría. Se apercibe al titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, esto es a, Bernardo Ortega León que de no cumplir con este requerimiento se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la cantidad de $3,652.00 (tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha Unidad de Medida y Actualización es de $73.04 (setenta pesos 04/100 moneda nacional); lo anterior con apoyo en los artículos 237 fracción I, 238 y 259, todos de la Ley de Amparo. Finalmente, no se desatiende, las diversas manifestaciones realizadas por el autorizado del quejoso, sin embargo como se dijo en párrafos precedentes una vez que la autoridad responsable remita la constancia solicitada se realizará el pronunciamiento relativo.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por **************, apoderado legal de la parte quejosa en el presente juicio, a través del cual vierte manifestaciones con relación a la vista dada en auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, con las constancias remitidas por la autoridad responsable, con las que dice dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa; en ese entendido, dichas argumentaciones se tomaran en consideración al momento de emitir el pronunciamiento relativo al cumplimiento o no de la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    En un principio, visto el oficio y anexo de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual adjunta copia certificada del acuerdo de dos de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral ****, en el cual refiere que deja insubsistente únicamente la parte del acuerdo de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis, en el cual se negó a imponer la multa al demandado y dictó otro en el que impuso multa al Síndico Procurador del Ayuntamiento demandado. Ahora bien, en la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad capital, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que la responsable: Por ende, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, autoridad responsable que de no dar cumplimiento, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que dicha Unidad de Medida y Actualización es de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional). Además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación de los funcionarios públicos contumaces ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal.

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