Adela Alvarez Orozco
Expediente 862/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- ADELA ALVAREZ OROZCO y Otros.
- Adela Alvarez Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual se ordenó desechar de plano la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. En consideración de que en el presente expediente obran documentos originales de la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 11, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, hágase saber a dicha quejosa, que tiene el plazo de noventa días para recoger sus documentos, apercibida de que, en caso de no hacerlo, tales documentos serán destruidos junto con el presente expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En esta fecha se publica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, que dice: Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual se ordenó desechar de plano la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. En consideración de que en el presente expediente obran documentos originales de la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 11, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, hágase saber a dicha quejosa, que tiene el plazo de noventa días para recoger sus documentos, apercibida de que, en caso de no hacerlo, tales documentos serán destruidos junto con el presente expediente. Notifíquese
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de Adela Álvarez Orozco, representante común de los quejosos, a través del cual desahoga los requerimientos formulados en auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, y al efecto manifiesta que reclaman la ilegalidad del oficio DGSC/SPDyV/195/2020. En consecuencia, se dejan sin efectos los apercibimientos decretados en esa fecha y se provee. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo, ya que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en el artículo 61 de dicho ordenamiento legal, pues dicho dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos... Entendiéndose por estos elementos, de forma respectiva, que el motivo sea patente y absolutamente claro del contexto de la demanda, así como de los documentos que se encuentren glosados en el expediente formado con motivo de ésta; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. En el caso, de una lectura integral a la demanda de garantías, se advierte que los promoventes acuden a esta instancia a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos que a continuación se precisan:... Asimismo, señalan como acto reclamado el oficio DGSC/SPDyV/195/2020 de trece de agosto del año en curso. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. Dicho lo anterior, este Juzgador constitucional estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debió acudir al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. A efecto de analizar la causal de improcedencia invocada, se transcriben los artículos 107, fracción IV, Constitucional y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, los que son del siguiente literal:... Del supuesto normativo inserto con antelación se deduce que, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina de, definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII de la Constitución Federal; 61, fracciones XIV, XVIII y XX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra resoluciones respecto de las cuales la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha resolución, la quejosa previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que no podría modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que la solicitante del amparo tilda de inconstitucional y, por ende, el no agotamiento del principio de definitividad. Así, como se ha establecido en líneas que preceden, el juicio de amparo, sólo procede en casos excepcionales, es decir, cuando se advierta alguna excepción al citado principio de definitividad que le rige. Ciertamente, existen hipótesis constitucionales y legales que exentan al accionante de amparo de colmar la vía ordinaria de impugnación a saber: ... Asentado lo anterior, conviene recordar que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar, como ha quedado establecido en párrafos que anteceden, el oficio DGSC/SPDyV/195/2020 de trece de agosto del año en curso. Entonces, en atención al precepto de la Ley de Amparo inserto con antelación, es de considerase que tal acto debe ser combatido a través del juicio de nulidad, previo a la promoción del juicio de amparo, a efecto de cumplir con el citado principio de definitividad que rige esta materia, de conformidad con el artículo 3, fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, cuyo texto es:... Ciertamente, en contra de ese acto en el presente asunto no se actualiza algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, toda vez que la parte promovente no se ostenta como tercero extraño a juicio, el acto reclamado no resulta de imposible reparación, asimismo, tampoco deriva del orden penal, ni reclama a través del presente juicio de amparo alguna ley con motivo del primer acto de aplicación; no importa peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y, no alega ausencia o carencia total de fundamentación. Tampoco existen violaciones directas a la Constitución General, toda vez que del contexto integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hace depender la inconstitucionalidad de los actos reclamados de cuestiones de legalidad. En otro orden de ideas, cabe precisar, que la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, prevé la suspensión de los efectos de los actos reclamados en términos de los artículos 71 y 72, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en el artículo 124 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, para otorgar la suspensión definitiva de los actos reclamados. Consecuentemente, la parte quejosa se encuentra obligada a agotar el juicio de nulidad, en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues aquel medio de defensa no prevé mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado, máxime que tiene por efecto nulificar los actos emitidos por autoridades administrativas en la Ciudad de México... En consecuencia, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual pueden revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin que la ley que regula ese medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para efectos de suspender el acto reclamado, y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX del citado ordenamiento legal. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, válidamente procede desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Adela Álvarez Orozco, Oscar Jovane Nolasco Álvarez y Leticia Nolasco Álvarez... Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En esta fecha se publica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, que dice: Agréguese a los autos el escrito de Adela Álvarez Orozco, representante común de los quejosos, a través del cual desahoga los requerimientos formulados en auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, y al efecto manifiesta que reclaman la ilegalidad del oficio DGSC/SPDyV/195/2020. En consecuencia, se dejan sin efectos los apercibimientos decretados en esa fecha y se provee. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo, ya que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en el artículo 61 de dicho ordenamiento legal, pues dicho dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos... Entendiéndose por estos elementos, de forma respectiva, que el motivo sea patente y absolutamente claro del contexto de la demanda, así como de los documentos que se encuentren glosados en el expediente formado con motivo de ésta; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. En el caso, de una lectura integral a la demanda de garantías, se advierte que los promoventes acuden a esta instancia a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos que a continuación se precisan:... Asimismo, señalan como acto reclamado el oficio DGSC/SPDyV/195/2020 de trece de agosto del año en curso. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. Dicho lo anterior, este Juzgador constitucional estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debió acudir al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. A efecto de analizar la causal de improcedencia invocada, se transcriben los artículos 107, fracción IV, Constitucional y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, los que son del siguiente literal:... Del supuesto normativo inserto con antelación se deduce que, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina de, definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII de la Constitución Federal; 61, fracciones XIV, XVIII y XX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra resoluciones respecto de las cuales la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha resolución, la quejosa previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que no podría modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que la solicitante del amparo tilda de inconstitucional y, por ende, el no agotamiento del principio de definitividad. Así, como se ha establecido en líneas que preceden, el juicio de amparo, sólo procede en casos excepcionales, es decir, cuando se advierta alguna excepción al citado principio de definitividad que le rige. Ciertamente, existen hipótesis constitucionales y legales que exentan al accionante de amparo de colmar la vía ordinaria de impugnación a saber: ... Asentado lo anterior, conviene recordar que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar, como ha quedado establecido en párrafos que anteceden, el oficio DGSC/SPDyV/195/2020 de trece de agosto del año en curso. Entonces, en atención al precepto de la Ley de Amparo inserto con antelación, es de considerase que tal acto debe ser combatido a través del juicio de nulidad, previo a la promoción del juicio de amparo, a efecto de cumplir con el citado principio de definitividad que rige esta materia, de conformidad con el artículo 3, fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, cuyo texto es:... Ciertamente, en contra de ese acto en el presente asunto no se actualiza algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, toda vez que la parte promovente no se ostenta como tercero extraño a juicio, el acto reclamado no resulta de imposible reparación, asimismo, tampoco deriva del orden penal, ni reclama a través del presente juicio de amparo alguna ley con motivo del primer acto de aplicación; no importa peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y, no alega ausencia o carencia total de fundamentación. Tampoco existen violaciones directas a la Constitución General, toda vez que del contexto integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hace depender la inconstitucionalidad de los actos reclamados de cuestiones de legalidad. En otro orden de ideas, cabe precisar, que la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, prevé la suspensión de los efectos de los actos reclamados en términos de los artículos 71 y 72, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en el artículo 124 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, para otorgar la suspensión definitiva de los actos reclamados. Consecuentemente, la parte quejosa se encuentra obligada a agotar el juicio de nulidad, en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues aquel medio de defensa no prevé mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado, máxime que tiene por efecto nulificar los actos emitidos por autoridades administrativas en la Ciudad de México... En consecuencia, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual pueden revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin que la ley que regula ese medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para efectos de suspender el acto reclamado, y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX del citado ordenamiento legal. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, válidamente procede desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Adela Álvarez Orozco, Oscar Jovane Nolasco Álvarez y Leticia Nolasco Álvarez... Notifíquese
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