Adela Acosta Esquer
Expediente 1519/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1519/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Adela Acosta Esquer
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, informe las gestiones y trámites efectuados para tal fin; en el entendido que los efectos para los cuales se emitió la sentencia concesoria, fueron para lo siguiente: "1. La autoridad responsable desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contenida en ese precepto legal, de aportar una cuota del (7%) siete por ciento del monto de su pensión por concepto de servicio médico, y no se le aplique en el presente ni en el futuro, mientras se encuentre vigente. 2. Devuelva a la parte quejosa, de forma actualizada, en una sola exhibición, las cantidades que le fueron descontadas por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, a partir de que se ostentó sabedora del acto de individualización en su perjuicio - ********************-, hasta el último descuento que haya realizado." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las once horas con diecinueve minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendidos por las responsables, el cual fue registrado con folio 16064. Revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado. Asimismo, se hace constar que el presente juicio se tramitó en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 118 de la ley de la materia; asimismo, certifico que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. El juez acuerda: se tiene por hecha la relatoría anterior y por visto el contenido de la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes; y, en relación con la inexistencia de tercero interesado, se ratifica lo determinado, dado que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo; finalmente, en cuanto al informe justificado rendido por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, agréguese a los autos para que se tome en consideración al dictar el fallo. Pruebas. Se tiene a la responsable en cita ofreciendo las pruebas documentales que anexa, así como la confesional expresa, presuncional en su triple aspecto legal, lógico y humano e instrumental de actuaciones, las cuales serán tomaran en cuenta en la presente audiencia, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con la prueba documental ofrecida por la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda, así como las documentales ofrecidas por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quien además ofertó la confesional expresa, presuncional en su triple aspecto, e instrumental de actuaciones. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente, por razón de turno, a este juzgado, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Por proveído de veintinueve de septiembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de derechos, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos de cuya ejecución se verifica dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, circunstancia que lo dota de competencia.. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, los siguientes: El descuento sobre el monto del importe relativo al pago de la jubilación a partir del mes de septiembre de dos mil veintitrés y subsecuentes, con motivo de la aplicación del artículo 25, fracción I, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (en lo sucesivo ISSSTESON), por concepto de "Servicio Médico". Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), no obstante que por conducto del jefe de la Unidad Jurídica, aceptan parcialmente lo reclamado y su inconstitucionalidad; ello, en razón de que, de los propios argumentos que opone en su informe, se desprende la existencia del reclamo planteado por la quejosa. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Es así, más aún que el artículo 96, en su fracción IV, de la Ley del ISSSTESON, refiere: "Artículo 96. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora tendrá las siguientes funciones: (.) Otorgar jubilaciones y pensiones;" De dicho numeral, se desprende que el ISSSTESON, es el encargado de otorgar las pensiones correspondientes; por tanto, si bien, existe un departamento encargado de realizar la deducción que refiere la parte quejosa, dicho instituto tiene la obligación de vigilar que la pensión que se otorgue, deba contener las deducciones debidamente legitimadas, y la citada autoridad responsable, tiene mayor jerarquía que las áreas en que se divide el instituto quien otorga el pago pensionario a la aquí quejosa, entidad de la cual es responsable su director y, por tanto, su representante en términos del artículo 109, fracciones I, V, de la Ley del ISSSTESON. Además, la veracidad del acto que se reclama se corrobora con la prueba documental exhibida por la quejosa, relativa al recibo de pago de nómina de su pensión y la diversa, aportada por el propio jefe de la Unidad Jurídica del instituto responsable, correspondiente al dictamen pensionario de la peticionaria y al recibo de nómina por pago de pensión; documentos a los que se otorga valor probatorio pleno, conforme los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Análisis de Causas de improcedencia En este apartado debe examinarse si existe alguna causal que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por conducto del jefe de la Unidad Jurídica, hace valer las causales de improcedencia que derivan del artículo 61, de la Ley de Amparo, a saber, las relativas a las fracciones XIII y XIV, relacionadas con el consentimiento expreso y tácito de la norma controvertida, pues substancialmente argumenta que la quejosa tuvo conocimiento del descuento que se le efectúa desde el primer pago pensionario que se le hizo. Lo anterior resulta infundado. Es así, pues no existe en autos prueba apta alguna de la que se desprenda que la quejosa tuvo conocimiento pleno del reclamo constitucional en fecha distinta a la que refiere en su demanda bajo protesta de decir verdad, esto es, el ********************; de modo que si la demanda de amparo fue presentada el veintisiete del mes y año referidos, resulta claro que no había transcurrido el término de quince días que para su presentación prescribe el numeral 17 de la ley de la materia, que cita la autoridad responsable. No se soslaya la existencia en autos de la documental relativa al dictamen de pensión, que el Instituto responsable remitió a este órgano, de la que se desprende que en su resolutivo primero se concedió a la aquí quejosa, pensión jubilatoria y que al sueldo regulador se le aplicaría el descuento por concepto de servicio médico que la ley establece en el artículo 25 fracción I. En efecto, tal documento no es apto para evidenciar que la quejosa tuvo conocimiento de la aplicación del artículo reclamado desde la fecha en la que inició el pago de su pensión, pues como se dijo, no se advierte que el descuento que se aplicaría al pago de la quejosa, tendría como fundamento el artículo 25 fracción I de la Ley 38 reclamada; pues del dictamen en comento, únicamente se asentó el precepto, sin identificar la legislación. De ahí que, aun adminiculada dicha documental, resulta insuficiente para verificar el fundamento legal del descuento aplicado a la quejosa, en términos del artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, toda vez que no evidencia de manera certera e infalible que el descuento que se dijo sería aplicado en el monto de la pensión otorgada, establecido en el numeral 25, fracción I, de la ley, por concepto de servicio médico, correspondiera a la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para que la beneficiaria de la pensión, estuviera en aptitud de conocer de manera plena la procedencia y fundamento el descuento de que se trata. Lo anterior se establece así, porque las causas de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones, de conformidad con la siguiente jurisprudencia, que no se opone a la actual Ley de Amparo, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esa medida, debe prevalecer en el presente asunto, lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la quejosa en relación con el conocimiento pleno del acto reclamado; de ahí, que no se pueda sostener que la peticionaria conociera desde el primero de los pagos pensionarios de la aplicación del precepto reclamado. Por tanto, al no estar acreditado que la impetrante de amparo haya tenido conocimiento completo del acto reclamado de forma que consintiera el reclamo constitucional -pues no se advierte que conociera el sustento legal de la deducción-, en consecuencia, para determinar si la presentación de la demanda fue oportuna, debe atenderse a la fecha de conocimiento manifestada por la promovente de amparo, a saber, el ********************. Bajo esa óptica, son infundadas la causa de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. La decisión alcanzada es acorde con los razonamientos expuestos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 179/2003-SS, en la que estableció que el primer acto de aplicación de una norma es susceptible de generar la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito, en caso de que la parte inconforme no la impugne dentro de los quince días siguientes a aquél en que tuvo pleno conocimiento del mismo, siempre y cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos motivo de impugnación y el sustento legal de tal actuación, cuestión esta última que debe acreditarse fehacientemente, lo cual no se desprende fehacientemente del recibo de pago en el caso. Dado que no existen diversas causales de improcedencia, y este juzgador no advierte alguna que de manera oficiosa se actualice; por tanto, se procederá enseguida a analizar el fondo del asunto. Consideraciones jurídicas Son fundados los argumentos expuestos a manera de conceptos de violación, suplidos en su deficiencia en la medida necesaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Para atender con adecuada información el problema planteado, es pertinente destacar, a título de antecedentes, que la parte quejosa tiene el carácter de jubilada ante el ISSSTESON, y recibe una pensión mensual menos una deducción, la cual tiene fundamento en el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. En el caso particular, la parte quejosa reclama el referido descuento que establece el precepto legal mencionado, en específico su fracción I, por un cargo del siete por ciento sobre el monto de la pensión que percibe -según se aprecia de la constancia relativa al recibo de pago-, por concepto de servicio médico. Refiere, que la aplicación del artículo que tilda de inconstitucional infringe el derecho humano a la salud y a cualquier otra garantía que atente contra su dignidad y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades, dado que las autoridades deben interpretar las leyes favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. Explica que al realizarse los descuentos de la pensión que recibe del ISSSTESON, con aplicación y sustento del artículo 25 fracción I, de la Ley del ISSSTESON, le condicionan a pagar una cuota a fin de que pueda disfrutar del resto de prestaciones que otorga la Ley y ello le otorga un trato igual como jubilado que a los trabajadores en activo, lo cual no se encuentra justificado, por lo cual se vulneran en su perjuicio los principios de igualdad; citando como apoyo la tesis jurisprudencial P./J.27/2016, con registro 2012803, de rubro: "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL PREVER LA OBLIGACIÓN DE LOS PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DE CUBRIR UN PORCENTAJE DE SU PENSIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 1º. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". Substancialmente resulta fundado el concepto de violación sintetizado, y suficiente para conceder el amparo solicitado. Es así, pues el descuento a los pensionados o pensionistas, como cuota del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, en términos de la fracción I del artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, vulnera el derecho a la seguridad social, ya que dicha norma local, conforme al criterio del Alto Tribunal, establece una medida contraria a los derechos a la igualdad y no discriminación, reconocidos en los artículos 116, fracción VI y 123, apartados A, fracción XXIX y B, fracción XI, de la Constitución Federal, al no estar constitucionalmente permitidos los descuentos a los pensionados para contribuir a las prestaciones de seguridad social, a las cuales ya cotizaron como trabajadores en activo, por lo que debe cesar su aplicación por parte de la autoridad administrativa. Dichas consideraciones derivan de la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, cuyo rubro dice: "DESCUENTO DE LA CUOTA DEL SEGURO DE ENFERMEDADES NO PROFESIONALES Y DE MATERNIDAD A LOS PENSIONADOS O PENSIONISTAS. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA P./J.27/2016 (10a.)]" Además, en la ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintisiete de octubre de dos mil quince, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, consideró entre otros aspectos, lo que a continuación se transcribe: "SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Inconstitucionalidad de la obligación a los pensionados de aportar un porcentaje de su pensión percepción para diversos usos. (Artículo 16, tercer y cuarto párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California) El artículo impugnado literalmente dispone lo siguiente: "Artículo 16. Todo trabajador comprendido en el artículo 1o. de este ordenamiento, deberá aportar al instituto una cuota obligatoria del salario base de cotización, acorde a lo establecido en las Leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. "Dicho porcentaje se aplicará a los rubros siguientes: "I. Para cubrir el Seguro de Enfermedades No Profesionales y de Maternidad, y "II. Para tener derecho a las prestaciones señaladas en las fracciones III a XI y XIII a XIV del artículo 4o. "Los pensionados y pensionistas cubrirán al Instituto, previo descuento que se realice, un porcentaje de su pensión que disfrute destinada a la reserva técnica prevista en el artículo 126 para el régimen de pensiones y jubilaciones. "Dichas cuotas serán las que se establezcan en las Leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California." La parte actora considera que el artículo 16, tercer y cuarto párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, transgreden los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, así como el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 26 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que se vulnera el derecho de igualdad en materia de seguridad social, y los principios de previsión social y equidad, al obligarse a los pensionados al igual que los trabajadores en activo a un porcentaje de sus respectivas percepciones para cubrir el monto de las prestaciones establecidas en la ley y los gastos de administración correspondientes. Lo anterior, argumentan, implica un trato inequitativo entre un trabajador en activo y un pensionado, pues la cuota impuesta al trabajador en activo se justifica ya que su economía no se ve afectada al poder incrementar su salario escalando puestos o compaginar su función con otra labor, mientras que el pensionado, sólo puede ver incrementado el monto de su pensión en proporción al porcentaje que aumenta el salario mínimo general de la zona. Agrega el argumento de que la finalidad de todo fondo de pensiones radica en que cuando se haya otorgado la pensión, ésta se cuantifique con base en las aportaciones realizadas durante la vida laboral y en relación con el porcentaje correspondiente a los años trabajados. Lo anterior es fundado, ya que la norma reclamada aplica deducciones a los trabajadores en activo así como a los pensionados o pensionistas, por lo que existe un trato igual respecto de categorías distintas que no se encuentra justificado constitucionalmente. De un análisis de los artículos constitucionales y convencionales citados por el promovente, se advierte que los mismos se refieren de manera principal al principio de igualdad y no discriminación y en específico al artículo 123, donde se establecen las bases mínimas para la seguridad social, fijándose los rubros mínimos que ésta debe de cubrir, que incluyen el concepto de jubilación. Por su parte, este Tribunal encuentra que los artículos 26, 28 y 29 del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo,(12) establecen que la edad prescrita para acceder a las prestaciones de vejez no deberá exceder de una cierta edad (75 años) y que tiene un mínimo de años de cotización. Todos los demás elementos que se contienen en el apartado B del artículo 123, se refieren a derechos, garantías y bases mínimas de los trabajadores en activo, tales como: duración de la jornada diaria, días de descanso, vacaciones, escalafón, salarios, etcétera, los cuales no aplican ya a los jubilados o pensionados. Así, resulta evidente para este Tribunal que la situación de trabajador en activo es un rango de edades y de años laborales en los que el trabajador se desarrolla con ciertos derechos y expectativas que en el momento en el que su vida laboral activa termina desaparecen. En el caso de Baja California, todo trabajador al servicio del Estado debe aportar al instituto una cuota obligatoria del salario base de cotización, que sirve para cubrir seguro médico y de maternidad, y otras prestaciones de seguridad social. Por su parte, los pensionados y pensionistas deberán cubrir al instituto un porcentaje de su pensión -cuyas cuotas serán determinadas en las leyes correspondientes- que será destinado para cubrir diversos gastos y servicios del instituto. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 101/2014, este Tribunal Pleno determinó que el descuento de montos de las pensiones que corresponden a los pensionados para el mantenimiento del fondo de pensiones es inconstitucional ya que genera una situación desigual entre el trabajador en activo y el pensionado. Tenemos que a nivel constitucional al trabajador en activo se le atribuyen ciertas características como: la percepción de un salario por un trabajo personal subordinado, la potencialidad de ascenso por escalafón, la suma de años por antigüedad, así como la expectativa de derecho de que cuando se cubran los requisitos de edad y tiempo de cotización pueda acceder a una jubilación. Por otro lado, al pensionado, ya no se le atribuyen ninguna de estas características, ya que su ingreso sólo dependerá de lo fijado por la ley y de los distintos índices para su actualización y ya no de los elementos que componen una relación de trabajo subordinada, por lo que ya no puede esperar una mejora o cambio en sus prestaciones. Finalmente, la aportación que el trabajador en activo hace al fondo de seguridad social, en este caso por solidaridad en cuentas colectivas, para el posterior pago de estos montos de pensión o, es durante el transcurso de su vida activa y no cuando ya está en esa condición de pensionado, esto es, un pensionado no aporta para su propia pensión o jubilación o para los trabajadores en activo que en un futuro vayan a estar en esa condición. Se advierte que el artículo 2o., fracciones XI y XII, de la ley impugnada hace una distinción entre pensionados y pensionistas, al determinar que los primeros son los trabajadores retirados definitivamente, mientras que los segundos son las personas que reciben el importe de una pensión, originada por tener el carácter de familiar o dependiente económico del trabajador fallecido o pensionado fallecido.(13) Esta distinción no modifica el análisis de igualdad a realizar, toda vez que ambas categorías están constituidas por beneficiarios que tienen el derecho a recibir una pensión en términos de ley por el simple hecho de que el trabajador realizó las aportaciones correspondientes al régimen de pensiones. Por tanto, se entiende que el reclamo aplica para los beneficiarios de una pensión, independientemente de si se trata del trabajador jubilado directamente o de alguno de sus beneficiarios. Desde esta perspectiva, los pensionados o pensionistas se encuentran en situaciones distintas a los trabajadores en activo, y no existe una justificación constitucional que permita que a estos individuos que se encuentran en situaciones distintas se les trate de la misma manera, cobrándoles para el pago de sus mismas pensiones. El artículo 1o. de la Constitución, en sus párrafos primero y quinto, establecen el principio de igualdad y no discriminación el cual, para ser limitado o configurado por parte del legislador mediante la generación de un trato desigual para personas iguales o igual para personas desiguales, tienen que encontrar una justificación constitucionalmente legítima, en especial cuando la distinción entre tipos de sujetos es realizada por la misma Constitución, como en el caso ya analizado del artículo 123. Sin embargo, este Tribunal considera que esta justificación no se encuentra en la Constitución Federal, ni es posible desprenderla de las convenciones aplicables al caso que se analiza. No se desconoce que la reforma se haya justificado por los problemas financieros en que se encuentra el instituto estatal y la necesidad del establecimiento de un porcentaje de aportación por parte de los jubilados para el fondo de pensiones con el fin de asegurar su viabilidad económica y del cobro futuro de las pensiones, lo que posteriormente se avaló por el Congreso Local en el procedimiento legislativo, si bien es una situación de suma gravedad sobre la cual se deben encontrar soluciones, no constituye una finalidad constitucional legítima para limitar o desaparecer la distinción analizada entre jubilados o pensionados y trabajadores en activo y generar un trato igual en lo que corresponde a las aportaciones para el fondo de pensiones del Estado. La estructura del sistema de pensiones del Estado de Baja California, al ser de beneficio definido de conformidad a las fórmulas que determine la ley, hace que sea muy complicado justificar constitucionalmente la posibilidad de hacer descuentos sobre las pensiones, puesto que la actualización del estatus de pensionado o pensionista debe ser suficiente para darle acceso de forma íntegra a los montos de pensión que se fijaron de forma previa. Cuando un trabajador está en activo y recibiendo un salario, el mismo aporta una cantidad para el día en que se pensione, y este sistema está establecido para crear un fondo solidario para sufragar pensiones y servicios; y cuando el trabajador se retira lo que se crea es un derecho a obtener una pensión, que en el presente caso se vería reducida al volverle a pedir al pensionado o pensionista una cantidad para un sistema de pensiones del que él ya no está participando activamente, sino pasivamente. La norma reclamada aplica deducciones tanto a los trabajadores en activo que a los pensionados o pensionistas, por lo que existe un trato igual respecto de categorías distintas que no se encuentra justificado constitucionalmente, independientemente de que los porcentajes de descuento a trabajadores sean distintos que los de los pensionados o pensionistas.(15) El problema de constitucionalidad planteado reside en que se pretenda hacer descuentos a los pensionados y pensionistas y no propiamente el monto de los descuentos que se llevan a cabo. Los pensionados aportaron durante toda su vida para recibir un beneficio en forma de una pensión por retiro, razón por la cual no es posible exigir que sigan contribuyendo al fondo de retiro u otros servicios, tal y como lo hacían cuando tenían el estatus de trabajadores. La circunstancia de establecer la obligación a los pensionados o pensionistas de contribuir al propio sistema de pensiones va en contra la racionalidad del sistema de retiro por beneficio definido que consiste en aportar para recibir una pensión definida en el momento del retiro. En este sentido, los costos para sostener el sistema (servicios, pensiones, gastos administrativos, etc.) deben ser calculados para ser considerados en las cuotas que aportan los trabajadores en activo. Esto significa que se debe excluir del régimen a los pensionados y pensionistas de forma absoluta, ya que de lo contrario éste se convierte en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario. De este modo, al existir una clara diferencia entre trabajadores en activo y los pensionados/pensionistas y no encontrarse una justificación constitucionalmente legítima para un trato que no reconozca esta diferencia, este tribunal considera que este concepto de invalidez es fundado y, por tanto, debe declararse la invalidez del párrafo tercero y párrafo cuarto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para quedar como sigue: Ver votación 5 (.) Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 19/2015 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 10 y 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. TERCERO. Se declara la invalidez por extensión de los artículos 2, fracción II, en la porción normativa que indica "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", y 122, fracción II, en la porción normativa que señala "pensionados y pensionistas", de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; así como de los diversos 2, fracción II, en la porción normativa que cita "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", 9 y 11, fracción I, de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la Fracción I, apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social; y de los artículos 2, fracción II, en la porción normativa que refiere "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", 7 y 9, fracción I, de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la Fracción II, apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social." De la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 27/2016 (10a.), cuyo rubro y texto a continuación se citan: "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL PREVER LA OBLIGACIÓN DE LOS PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DE CUBRIR UN PORCENTAJE DE SU PENSIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, transgrede los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que vulnera el derecho de igualdad en materia de seguridad social y los principios de previsión social y equidad, al obligar a los pensionados y pensionistas, al igual que a los trabajadores en activo, a aportar un porcentaje de sus respectivas percepciones a efecto de cubrir el monto de las prestaciones establecidas en la referida ley y los gastos de administración correspondientes, toda vez que la obligación se impone a categorías de trabajadores diversas, cuyas características y prerrogativas son distintas pues, a diferencia de los pensionados y pensionistas, los trabajadores en activo perciben un salario y poseen determinadas expectativas de derecho, entre las cuales se encuentra la jubilación, mientras que el ingreso del pensionado depende de lo fijado por la ley y de los índices establecidos para su actualización, sin que subsistan los elementos que componen una relación de trabajo subordinada. Es así que al desvirtuar el carácter solidario del sistema de retiro, además de vulnerar el derecho de igualdad, la referida obligación resulta contraria a la racionalidad del propio sistema." De la ejecutoria y jurisprudencia reproducidas se advierte que el Pleno del Máximo Tribunal del país retomó el criterio sustentado al resolver la acción de inconstitucionalidad 101/2014, en el sentido de que en un sistema de pensiones solidario por beneficio definido, resulta violatorio de los principios de igualdad y de previsión social, obligar al pensionado a realizar aportaciones al fondo de pensiones del cual ya es beneficiario, porque su estatus no es el mismo al de un trabajador en activo. Ello, porque a nivel constitucional al trabajador en activo se le atribuyen ciertas características como son: la percepción de un salario por un trabajo personal subordinado, la potencialidad de ascenso por escalafón, la suma de años por antigüedad, así como la expectativa de derecho de que cuando se cubran los requisitos de edad y tiempo de cotización pueda acceder a una jubilación. En tanto que al pensionado, ya no se le atribuyen ninguna de estas características, porque su ingreso sólo dependerá de lo fijado por la ley y de los distintos índices para su actualización, pero ya no de los elementos que componen una relación de trabajo subordinada, de ahí que ya no puede esperar una mejora o cambio en sus prestaciones. Además, que la aportación que el trabajador en activo hace al fondo de seguridad social, por solidaridad en cuentas colectivas, para el posterior pago de estos montos de pensión, se realiza durante el transcurso de su vida activa y no cuando está en la condición de pensionado; esto es, un pensionado no aporta para su propia pensión o jubilación o para los trabajadores en activo que en un futuro vayan a estar en esa condición. Dicho criterio, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también lo hizo extensivo a todas las cuestiones atinentes a servicios que incluye el régimen obligatorio para los trabajadores en activo, como son los seguros de enfermedades no profesionales y maternidad, y demás prestaciones o servicios de seguridad social señaladas en la ley. Lo anterior, porque estableció que al ser la ley examinada, de beneficio definido conforme a las fórmulas en ella contenidas, tornaba muy complicado justificar constitucionalmente la posibilidad de hacer descuento sobre las pensiones, puesto que la actualización del estatus de pensionado o pensionista debe ser suficiente para darle acceso de forma íntegra a los montos de pensión fijados previamente. Precisó que cuando un trabajador está en activo y recibiendo un salario, aporta una cantidad para el día en que se pensione, sistema que está establecido para crear un fondo solidario para sufragar pensiones y servicios; y cuando el trabajador se retira, se crea un derecho a obtener una pensión, que en el presente caso se vería reducida al volverle a pedir al pensionado o pensionista una cantidad para un sistema de pensiones del que él ya no está participando activamente, sino pasivamente. Por ello, el Alto Tribunal estableció que al aplicarse deducciones tanto a trabajadores en activo como a pensionados o pensionistas se les da un trato igual a categorías distintas, lo cual no está justificado constitucionalmente. Lo anterior, al margen de que los porcentajes de descuentos para una y otra categoría sean distintos, porque el problema de constitucionalidad reside en que se le aplican descuentos a pensionados o pensionistas, lo que se considera contrario a la racionalidad del sistema de retiro por beneficio definido, el cual consiste en aportar para recibir una pensión definida en el momento del retiro. En ese contexto, el Alto Tribunal del país sostuvo que los costos para sostener el sistema como son los servicios previstos en la ley -entre los que se encuentra el servicio médico-, pensiones, gastos administrativos, entre otros, deben ser calculados para ser considerados en las cuotas que aportan los trabajadores en activo; lo cual significa que se debe excluir del régimen a los pensionados o pensionistas de forma absoluta, ya que de lo contrario este se convierte en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario. Situación que llevó al Tribunal Pleno a declarar la invalidez de las normas reclamadas y, por extensión, de todas aquéllas en que se viera reflejada la obligación de los pensionados o pensionistas de realizar aportaciones para sostener de manera integral el sistema de pensiones y las prestaciones o servicios de seguridad social que ello conlleva. Ahora, en el presente caso, la Ley del ISSSTESON participa del carácter solidario en el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social, lo cual se advierte de sus artículos 16 y 21, conforme a los cuales, en su financiamiento confluyen las aportaciones del trabajador y el Estado-patrón. Asimismo, el sistema de jubilaciones y pensiones en el Estado de Sonora, al igual que en el Estado de Baja California, también es de beneficio definido, pues conforme a los artículos 59 y 59 Bis de la Ley del ISSSTESON, el derecho a la jubilación, pensión por vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte se genera cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentran en los supuestos establecidos en la propia ley y satisfacen los requisitos correspondientes, y los montos otorgados por este concepto se incrementarán solamente en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, o conforme al índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento. Además, para garantizar el monto de las pensiones y jubilaciones así como el otorgamiento de los demás servicios o prestaciones de seguridad social a que son acreedores sus beneficiarios, se constituye el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Instituto, el cual es administrado a través de un fideicomiso cuya operación y reglamentación está prevista en el acto jurídico de su constitución. En ese contexto, conforme a la Ley del ISSSTESON cabe concluir que una vez que el trabajador en activo cumple los requisitos señalados para obtener el derecho a una pensión, se hace acreedor a la obtención de la percepción respectiva, que se cuantifica en función de la antigüedad en el servicio público y al monto de las cotizaciones enteradas al instituto; sin posibilidad alguna de obtener ingresos adicionales y aspirar a aumentar su categoría como sucede en tratándose de los trabajadores en activo, aunado que la obtención de esa pensión es incompatible con el desempeño del trabajo remunerado. Ahora, el artículo 25 de la Ley del ISSSTESON establece lo siguiente: "Artículo 25. La cuota del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad que establece este Artículo en favor de pensionistas y de sus familiares derechohabientes, se cubrirá en la siguiente forma: I. Siete por ciento, a cargo del pensionista, sobre la pensión que disfrute, cuyo descuento será hecho por el Instituto; II. Siete por ciento de la misma pensión a cargo del Estado u organismo público incorporado a que corresponda. Para el efecto establecido en la fracción II, el Instituto remitirá el día 15 de cada mes la nómina de los pensionistas a la Tesorería General del Estado, a fin de que esta Dependencia entregue en la quincena inmediata, la cantidad que resulte por concepto de aportación del Gobierno del Estado. En la misma forma se procederá cuando se trate de organismos incorporados. La misma cuota dará a los pensionistas el derecho a las demás prestaciones que les otorga esta ley.". Como se advierte, la citada porción normativa impone a la pensionada la obligación de aportar el siete por ciento de su pensión para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y maternidad. En ese contexto, de acuerdo con las consideraciones sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, las cuales resultan obligatorias para este órgano jurisdiccional, debe concluirse que con la imposición de la citada obligación se violan en perjuicio de la parte quejosa los principios de igualdad y previsión social establecidos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción XI, de la Ley Fundamental, por cuanto que, al margen de las diferencias de las cuotas impuestas entre los trabajadores en activo y pensionados, se otorga un trato similar a personas que se encuentran en situaciones jurídicas distintas. Situación que amerita la exclusión absoluta de la parte quejosa del régimen que la obliga a aportar un porcentaje de su pensión para destinarlo a la prestación del seguro de enfermedades no profesionales y maternidad o servicio médico, ya que de lo contrario, éste se convertiría en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario, según razonó el Alto Tribunal del país. Finalmente, resulta relevante dejar sentado que el presente fallo es congruente con las ejecutorias dictadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en los amparos en revisión 667/2018 y 633/2018, respectivamente, en los cuales esencialmente declararon la inconstitucionalidad del artículo aquí reclamado respecto del cobro del servicio médico a los pensionados y jubilados del ISSSTESON, con base en los razonamientos condensados en la jurisprudencia P./J. 27/2016. Igualmente, cabe destacar que el Pleno del Quinto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2019, de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, llegó a la conclusión de que los efectos de la concesión de la protección constitucional respecto del artículo declarado inconstitucional, debe comprender, únicamente, a partir del acto de aplicación que motivó la promoción del juicio de amparo, el cual no necesariamente lo constituye aquél en el que cronológicamente se aplicó por primera vez a la parte quejosa el precepto tildado de inconstitucional, sino aquel respecto del que tuvo conocimiento de que se materializó en su perjuicio. Así, dicho Pleno argumentó que, lo anterior, además es acorde con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 842/2018, en el que determinó que como el amparo contra leyes sólo puede tener efectos presentes y futuros, no se podían invalidar actos anteriores al último acto de aplicación en que se sustentó la procedencia del amparo y, por ende, la devolución de los descuentos previstos en los artículos reclamados en dicho asunto, sólo procede a partir de la fecha en que la parte inconforme manifestó que tuvo pleno conocimiento de la individualización de la norma general en su perjuicio. Decisión En tal virtud, como el artículo 25, fracción I, de la Ley del ISSSTESON resulta violatorio de los principios de igualdad y previsión social contenidos en los artículos 1 y 123, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: 1. La autoridad responsable desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contenida en ese precepto legal, de aportar una cuota del (7%) siete por ciento del monto de su pensión por concepto de servicio médico, y no se le aplique en el presente ni en el futuro, mientras se encuentre vigente. 2. Devuelva a la parte quejosa, de forma actualizada, en una sola exhibición, las cantidades que le fueron descontadas por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, a partir de que se ostentó sabedora del acto de individualización en su perjuicio -********************-, hasta el último descuento que haya realizado. En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que como lo estableció la Segunda Sala del Máximo Tribunal en la contradicción de tesis 124/2017 y reasunción de competencia 147/2019 anteriormente mencionados, es factible conceder el amparo en contra de la aplicación subsecuente de los descuentos periódicos al monto de una pensión de seguridad social, al revertirle la característica de ser inminentes, por ser actos reclamados expresamente en el presente juicio, cuya inconstitucionalidad quedó evidenciada. Atento a la conclusión alcanzada, es innecesario el estudio de los diversos conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues no le causarían mayor beneficio al ya otorgado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto de los actos señalados en el punto II, por las razones y para los efectos referidos en los diversos apartados V y VI de esta sentencia. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de derechos, se desprende que no ha sido posible el emplazamiento de la parte tercera interesada, ejido Trece de Julio, municipio de Guaymas, Sonora. Asimismo, se advierte que por acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós, se requirió a la delegación en Sonora de la Procuraduría Agraria, a fin de que, en el ámbito de su competencia, convocara a la asamblea de ejidatarios, para elegir a los integrantes necesarios en los órganos de representación y vigilancia, o bien, que informara el impedimento para cumplir con ello. El catorce de marzo siguiente, se tuvo por recibido un escrito presentado por la parte quejosa, en el que informó el domicilio de diversas personas que aparentemente son ejidatarios del citado ejido tercero interesado; por ello, se requirió a la delegación en Sonora del Registro Agrario Nacional, para que informara el resultado que de la solicitud de trámite presentada por Herman Luis Pujol Rochín, el dieciocho de febrero de dos mil veinte, a efecto de inscribir el acuerdo de asamblea del ejido Trece de Julio, celebrada en el rancho El Guayacán, el treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve; el veinticinco siguiente, se agregó otro escrito de la misma parte, en el que proporcionó otra lista de los nombres y domicilios de supuestos ejidatarios, así como el oficio de veinte de julio de dos mil diecisiete, firmado por el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional, en el que señala que conforme a sus registros existían veintisiete ejidatarios y proporcionó una lista con sus nombres. Posteriormente, el seis de abril de dos mil veintidós, se acordó el oficio firmado por el encargado de la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sonora, por medio del cual informó que la solicitud referida fue calificada en sentido negativo, en virtud de que la documentación presentada no reunió los requisitos de forma y fondo; para apoyar su informe anexó copia certificada de la calificación registral. Destacado lo anterior, y a fin de no dilatar la secuela procesal en este juicio de derechos, a virtud de la falta de emplazamiento a juicio del ejido Trece de Julio, municipio de Guaymas, Sonora y, en consecuencia, el desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, este juzgador estima conducente llamar a juicio al citado ejido otorgándole su representatividad a la Procuraduría Agraria, acorde a las consideraciones siguientes: Los artículos 21, fracciones I, II y III, 22, 23, fracciones III y XII, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, fracción I, 35, 36, fracción III, 37, 38, 39, 135 y 136, fracciones I, IX y XI, de la Ley Agraria, se advierte, en lo que interesa destacar, que los órganos que conforman un ejido son la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia; la asamblea es el órgano supremo, en la que participan todos los ejidatarios, se debe de reunir por lo menos una vez cada seis meses y es de su exclusiva competencia la elección y remoción de los miembros que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, así como determinar la conclusión del régimen ejidal, previo dictamen de la Procuraduría Agraria. En cuanto a la Procuraduría Agraria destaca que está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios y ejidos, cuando así se lo soliciten o de oficio; y, puede representarlos en asuntos y ante autoridades agrarias y judiciales en los juicios en los que sean parte. En relación con lo anterior, es importante precisar lo que señalan los artículos 2, 4, 5, fracciones III, V, IX, XIII y XV, 28, fracción VIII, 60 y 61 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria. En esas condiciones, y atendiendo a la relatoría de constancias, en específico la circunstancia de que se allegó copia simple de la asamblea de doce de septiembre de dos mil diecinueve, celebrada por el ejido tercero interesado para efectos de cumplir con una sentencia agraria y con la finalidad de elegir integrantes que ocuparan las vacantes de presidente y tesorero del comisariado ejidal, en la cual se hizo constar que el padrón de ejidatarios amparaba a veintiséis y que a la asamblea habían asistido dieciséis, así como del acuse de recibo de la solicitud registral con sello de recibido en el Registro agrario Nacional, relativa a la solicitud de registro del acta de asamblea, respecto la cual, debe destacarse, la autoridad agraria refirió que fue calificada en sentido negativo, ya que la documentación presentada no reunió los requisitos de forma y fondo, concretamente se señaló que no atendió el considerando tercero de la resolución dictada en el juicio agrario 304/2009, en tanto que se ordenó que sería la delegación de la Procuraduría Agraria quien convoque y asista a la asamblea. En conclusión, si conforme a la información que han proporcionado las autoridades agrarias, no se advierte que se encuentren vigentes los órganos de representación y vigilancia del ejido tercero interesado, ni se desprende que los ejidatarios solicitaran convocar a la asamblea por medio de la Procuraduría Agraria, para elegir integrantes de esos órganos ejidales y regularizar su situación jurídica, con fundamento en los artículos 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75 de la Ley de Amparo, 135 y 136 de la Ley Agraria, se confiere a la Procuraduría la representación del ejido en la substanciación de este juicio de derechos -como tercero interesado-. En efecto, se designa como representante legal del ejido Trece de Julio, municipio de Guaymas, Sonora, a la Procuraduría Agraria; por tanto, hágasele del conocimiento la designación que precede, para los efectos legales a que haya lugar, y requiérasele para que, dentro del plazo de tres días siguientes al en que quede debidamente notificada, asuma la representación jurídica del ejido referido; hecho lo anterior, emplácesele a juicio mediante oficio. Notifíquese; mediante oficio a la Procuraduría Agraria, así como a las autoridades responsables, electrónicamente a la parte quejosa y al tercero interesado José Antonio Castillo Puga y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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