Adel Regalado Parada
Expediente 598/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/05/2022
Partes del expediente
- Adel Regalado Parada
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, once de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, de los cuales se advierte que el plazo de cinco días para recurrir el auto de once de abril del año en curso, mediante el cual se decretó el desechamiento del juicio en que se actua, ha transcurrido sin que la parte promovente haya hecho valer en su contra recurso alguno, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. . Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Dulce María Coronel Montiel, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, once de abril de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ********************, por propio derecho; contra actos del Titular de la Unidad de Transparencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano "Correo de México". Integración del expediente. Fórmese el expediente 598/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Precisión de los actos reclamados. En el caso, del examen integral de la demanda de amparo y sus anexos, se desprende que la parte quejosa solicita que a través del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito ejerza control de constitucionalidad sobre los actos siguientes: ".En el presente juicio de garantías el acto reclamado se encuentra conformado por la omisión de recibir y en consecuencia dar respuesta al escrito de fecha 18 de marzo de 2022 que se negó a recibir la autoridad señalada como responsable." Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Sentido de la determinación inicial. Analizado que fue el escrito de demanda de amparo y sus anexos, este Órgano Jurisdiccional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; asimismo, el numeral 62 del citado ordenamiento legal, establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, la jurisprudencia ha explicado que "manifiesto" es cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo "indudable", resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. . En ese contexto, respecto al acto reclamado atribuido al Titular de la Unidad de Transparencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, consistente en la negativa de recepción del escrito que el quejoso pretendió presentar ante la oficialía de partes de dicho Sindicato, lo que trajo como consecuencia la omisión de respuesta al escrito de dieciocho de marzo de dos mil veintidós; lo anterior, este Juzgado Federal considera que se actualizada la causa de improcedencia deducida del artículo 61, fracción XXIII, y el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, que disponen: . De la interpretación de estos numerales se deduce que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias que se susciten por leyes o actos emitidos por una autoridad, transgresores de la Constitución, con el propósito de defender a los gobernados por las violaciones a sus derechos fundamentes tutelados constitucionalmente. Asimismo, que el juicio de amparo deviene improcedente cuando en éste no se reclamen actos de autoridad, la cual, para efectos de este juicio es la que teniendo las características de órgano público que le confieren las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Al respecto, cabe precisar que para identificar los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que los mismos deben cumplir los siguientes requisitos: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga nacimiento en la ley y que el ente tenga facultad administrativa; c) Con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales por medio de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Para emitir esos actos no se requiera acudir a los órganos judiciales ni requiera de la aceptación de la voluntad del afectado. Atento a lo anterior, es de advertir que no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Sobre ese tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios sostuvo que para efectos del amparo, no sólo es autoridad responsable aquélla que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Ahora, para determinar si el acto que por esta vía constitucional se reclama, es de los considerados por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se debe precisar si la autoridad lo realizó actuando con el imperio de la ley, para lo cual se atiende a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación que regulen dichos actos. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias, sin embargo, en este supuesto también se pueden encuadrar algunas de las relaciones entre particulares con el estado, en las cuales, éste último no reviste su carácter de autoridad y está sujeto a una igualdad de planos con el particular. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características un acto no se puede considerar como de autoridad. Así, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, entre sujetos colocados en diferentes planos. Por tanto, es autoridad para efectos del juicio de amparo, la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, esto es, aquella que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y aquella que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, conforme a la Ley de Amparo, en algunos casos excepcionales, la instancia constitucional es procedente contra actos de particulares, de conformidad con los artículos 1º, último párrafo y 5, fracción II, último párrafo, de la ley de la materia; por lo que no es exigible siempre la intervención de algún órgano perteneciente al Estado como autoridad responsable. En otras palabras, así como es factible promover el juicio de amparo contra normas generales, actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados; la ley de la materia actualmente en vigor posibilita que a través de esa vía se controviertan también, en casos de excepción, los actos de particulares. Sin embargo, no basta que en la demanda de amparo se designe como autoridad responsable a un particular, para que por ese motivo se estime improcedente la acción constitucional; sino que la procedencia del juicio de amparo contra particulares está condicionada a que se cumpla con lo siguiente: a) Que esos particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular. b) Dichos actos deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. c) Las funciones del particular señalado como responsable deberán estar determinadas en una norma general. Estas consideraciones encuentran apoyo en la tesis XV.5°.3. K(10ª.), de rubro siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Así, de acuerdo al marco legal antes expuesto, en el caso resulta improcedente esta instancia de amparo, contra el reclamo precisado con antelación, atribuido al Titular de la Unidad de Transparencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, en virtud que no puede considerarse como equivalente al de autoridad administrativa, básicamente porque las funciones del titular de la citada unidad, son parte del sindicato en cuestión, que no está determinada en una norma general, sino, en un estatuto. En efecto, para sostener lo anterior y para un mejor entendimiento, se destaca que el artículo 123, apartado A, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la libertad de coalición y la de sindicalización de los obreros o patrones. Esta norma fundamental se encuentra regulada en el artículo 356, de la Ley Federal del Trabajo, del que se colige que el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, que participa entre las relaciones obrero patronales, de acuerdo con una normativa interna, otorgada por la asamblea de trabajadores o su órgano máximo de gobierno. Luego, de conformidad con los artículos 358 y 359 de la Ley Federal del Trabajo, nadie puede ser obligado a formar parte o no de un sindicato, el cual, está facultado para redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. Bajo esta óptica, es dable sostener que la organización de los trabajadores a través de la constitución de un sindicato, permite a sus integrantes el mejoramiento y defensa de sus intereses, para lo cual tendrán el derecho de redactar normas internas que regulen su funcionamiento y organización; empero, dichas disposiciones que rigen al interior de la organización sindical, no deben ser homologadas a una norma jurídica. En otras palabras, las funciones de los dirigentes de un determinado Sindicato no están determinadas por alguna norma general, sino que derivan de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen la vida interna de dicha asociación, las que provienen del consenso de sus agremiados y no de la voluntad estatal, es decir, la voluntad de sus miembros es la fuente de las disposiciones normativas a las que los mismos se verán sometidos y no la potestad del Estado. En ese tenor, las actuaciones u omisiones de los dirigentes de un sindicato no se ubican en la hipótesis a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que sus funciones no están determinadas por una norma general, sino por sus estatutos, en el caso concreto, de todos los preceptos de los Estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano relativos al funcionamiento de cada uno de sus agremiados y directivos; por lo que en ese sentido, es inconcuso que no puede considerarse que los actos u omisiones de los que ahora se duele el promovente, provengan de una autoridad para efectos del juicio de amparo. En conclusión, el acto que en la especie se reclama al Titular de la Unidad de Transparencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, consistentes en la negativa de recibir su escrito de dieciocho de marzo del año en curso en la oficialía del aludido sindicato, así como sus consecuencias traducidas en la emisión de dar respuesta a la petición del quejoso; no procede el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Incluso, debe decirse que la parte quejosa se duele de una falta de respuesta por parte del Titular de la Unidad de Transparencia del sindicato de mérito, no obstante la negativa de recepción de su escrito; lo que podría considerarse o traducirse en una violación al derecho de petición que tienen todos los gobernados para poder acudir ante cualquier autoridad a formular una determinada solicitud, así como la obligación por parte de las autoridades de responder mediante la emisión de un acuerdo determinado que deben hacer del conocimiento del peticionario en breve término, siempre y cuando éste la haya formulado por escrito y de manera pacífica y respetuosa. Sin embargo, resalta como ya se dijo, que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano responsable no tendría obligación conforme al artículo 8 de la Carta Magna de responderla; aunado a que en todo caso, de acuerdo a lo establecido en dicho precepto constitucional, y a las disposiciones de la Ley de Amparo antes analizadas, el juicio de amparo únicamente puede ser instaurado como medio de defensa del derecho de petición, cuando la solicitud efectuada al servidor público se formule en su calidad de autoridad derivada de la relación de supra a subordinación, y no con base en una relación de coordinación, pues en ese caso actúa como particular. De ahí que la omisión de que se trata no constituye un acto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, susceptible de ser controvertido a través del juicio de amparo, pues, como se dejó establecido, las funciones de los dirigentes sindicales no están determinadas por una norma de carácter general, sino por sus estatutos, los cuales provienen del consenso de sus propios agremiados. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 14/2000-PL, que dio origen a la jurisprudencia número P./J. 42/2001, de contenido siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. . También es aplicable, la tesis XXVI.2 A (10a.), cuyos rubro y texto son: "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. . Asimismo, lo anteriormente determinado, encuentra sustento en la tesis aislada de rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. . Se invoca en apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis XVI.1o.T.34.L dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, de contenido siguiente: "COMITÉ ELECTORAL Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. . Conclusión. En tales condiciones, al actualizarse la improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo que nos ocupa. Domicilio y autorizados. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Por lo que hace al correo electrónico que proporciona, se toma conocimiento del mismo, para los efectos legales a que haya lugar. Acceso a expediente electrónico y notificaciones por dicho medio. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró el nombre de usuario "*************" que corresponde a ***************** Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice las autorizaciones necesarias para tal efecto. En la inteligencia de que las autorizaciones de mérito son independientes de aquéllas otorgadas para la consulta física del expediente, y que en el caso de que sea intención de la parte promovente revocarlas, deberá solicitarlo de manera expresa e independiente. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello.1 Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.2 Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Apercibimiento para las partes que intervendrán. Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: . Y una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: . Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Dulce María Coronel Montiel, que autoriza y da fe.
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