Addy Noemí Martínez Muñoz

Expediente 146/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
146/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Addy Noemí Martínez Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    :: Visto el estado que guarda el presente juicio y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo solicitado; por tanto, es susceptible su depuración, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general. Por otra parte, toda vez que las autoridades responsables 1) Juez Oral del Juzgado Primero Familiar Oral y 2) Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Instrucción adscrita al Juzgado Primero Familiar Oral, ambas de Primera instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, remitieron tres discos compactos certificados, los cuales ya no resultan necesarios, se ordena su devolución a las citadas autoridades. Luego, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa los documentos que exhibió en este juicio previa toma de razón por su recibo. Ahora, para poder realizar la entrega de dichos documentos, la parte quejosa deberá agendar previa cita en el Portal de Servicios en Línea dentro del micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el entendido que deberá acatar las medidas sanitarias al momento de acudir a este órgano jurisdiccional; lo anterior, con fundamento en los artículos 2° fracción VII, 3°, 7°, párrafo tercero del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y Único del Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte promovente que una vez que agende la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea dentro del micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", a fin de confirmar su asistencia en la fecha y hora que agendó y que de manera previa este juzgado pueda realizar las gestiones necesarias para la entrega de los referidos documentos, se comunique con el secretario encargado del trámite del presente asunto Osvaldo Hernández Romero, al número telefónico 998-187-8767.

  2. Principal

    :: En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 146/2022-IV, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran los informes justificados de las autoridades responsables; en consecuencia; el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Juez Oral del Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo ofrecieron pruebas documentales; de igual forma, la referida autoridad responsable, así como la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Juez de Instrucción adscrita al Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, ofrecieron tres discos compactos certificados, sin que las demás partes aportaran medio de prueba alguno; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales, las cuales se desahogan por sí mismas dada su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por concluida la fase probatoria de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; luego, el Juez acuerda: toda vez que las partes no formularon alegatos, dese por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 146/2022-IV, promovido por Addy Noemí Martínez Muñoz, por conducto de su mandatario judicial Pedro Celis Vázquez, contra actos del Juez Oral del Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno en esa misma fecha a este juzgado de distrito, Addy Noemí Martínez Muñoz, por conducto de su mandatario judicial Pedro Celis Vázquez, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1] Juez Oral del Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y del 2] Juez de Instrucción adscrito a dicho juzgado, por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; actos que hace consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO: - - - 1. Lo constituye la resolución pronunciada FUERA DE AUDIENCIA de fecha 13 de enero del presente año para resolver en sentencia el divorcio unilateral promovido por el hoy tercero perjudicado en contra de mi mandataria dentro del expediente 575/2021 en el juzgado primero familiar oran en Cancún. - - - 2. Lo constituye el proveído de fecha (sic) como consecuencia de la audiencia que se videograbó, dictó la primera de las autoridades responsables." SEGUNDO. Radicación, prevención y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el veintiuno de febrero de dos mil veintidós en este juzgado de distrito, por auto de veintidós siguiente, se radicó con el número 164/2022-IV y se previno a la parte promovente para que acreditara su personalidad; cumplida la prevención, en proveído de treinta y uno de marzo de la presente anualidad se admitió a trámite; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se reconoció el carácter de tercero interesado a Lázaro Laines Hernández, quien en su oportunidad fue emplazado a juicio; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos atribuidos a autoridades jurisdiccionales en materia civil, que carecen de ejecución material y la demanda se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto, que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hacen consistir en: Del 1] Juez Oral adscrito al Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo: a) La resolución dictada en audiencia de trece de enero de dos mil veintidós en el expediente 575/2021 del índice del Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en que se declaró disuelto el vínculo matrimonial entre la quejosa y su cónyuge; se aprobaron ciertas cláusulas de la propuesta de convenio y se otorgó a las partes plazo común de cinco días a efecto de hacer valer en vía incidental sus pretensiones respecto a las cláusulas en las que no hubo consenso. Del 2] Juez de Instrucción adscrito al Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo: b) El acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós emitido en el juicio de origen, en que no se acordó favorable la solicitud de la parte ahora quejosa para aclarar la resolución referida en el inciso que antecede. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se ha precisado el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable 1] Juez Oral adscrito al Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al rendir su informe justificado negó en la existencia del acto que se le reclama, señalado en el inciso a) del considerando tercero de esta sentencia; sin embargo, con posterioridad realiza manifestaciones que evidencian su certeza, en el sentido de que el trece de enero de dos mil veintidós emitió resolución en el juicio de origen, en la que declaró disuelto el vínculo matrimonial entre la quejosa y su cónyuge; aprobó ciertas cláusulas de la propuesta de convenio y se otorgó a las partes plazo común de cinco días a efecto de hacer valer en vía incidental sus pretensiones respecto a las cláusulas en las que no hubo consenso. Por su parte, la autoridad responsable 2] Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Juez de Instrucción adscrita al Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al rendir informe justificado convino en la existencia del acto que se le reclama, señalado en el inciso b) del considerando tercero de esta sentencia. En todo caso, la existencia de los actos reclamados se corrobora con el contenido de los discos compactos certificados remitidos por las autoridades responsables, que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. En efecto, de dichas constancias emerge que se allegó fotocopia certificada del expediente del que emanan los actos reclamados, de la que se advierte la existencia del acuerdo reclamado de uno de febrero de dos mil veintidós, así como copia de audio y video de la audiencia de trece de enero de dos mil veintidós, en que la juez oral responsable declaró disuelto el vínculo matrimonial entre la quejosa y su cónyuge; aprobó ciertas cláusulas de la propuesta de convenio y se otorgó a las partes plazo común de cinco días a efecto de hacer valer en vía incidental sus pretensiones respecto a las cláusulas en las que no hubo consenso. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora, respecto al acto reclamado señalado en el considerando tercero, inciso a), consistente en resolución dictada en audiencia de trece de enero de dos mil veintidós en el expediente 575/2021 del índice del Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, el suscrito juzgador advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." [.] "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que en este caso es de quince días, porque se cuestiona una resolución emitida dentro de un juicio de naturaleza civil oral. En ese orden de ideas, se precisa que la ley de la materia prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse, a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley y no inferirse con base en indicios. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la resolución dictada en audiencia de trece de enero de dos mil veintidós en el expediente 575/2021 del índice del Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en que se declaró disuelto el vínculo matrimonial entre la quejosa y su cónyuge; se aprobaron ciertas cláusulas de la propuesta de convenio y se otorgó a las partes plazo común de cinco días a efecto de hacer valer en vía incidental sus pretensiones respecto a las cláusulas en las que no hubo consenso. Luego, del análisis del medio óptico que contiene audio y video de dicha audiencia y que fue valorada previamente, se desprende que tanto la quejosa Addy Noemí Martínez Muñoz, como su mandatario judicial Pedro Celis Vázquez estuvieron presentes en la misma y se les tuvo por notificados de lo ahí resuelto en ese momento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 917 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo ; notificación que surtió efectos en esa misma data -trece de enero de dos mil veintidós-, como lo prevé el diverso artículo 118, párrafo segundo, de la legislación en consulta . Por tanto, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo contra el acto reclamado en estudio transcurrió del catorce de enero al tres de febrero de la presente anualidad, con exclusión de los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de enero del año en cita, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Sin embargo, de la boleta de turno se desprende que la presente demanda fue presentada el veintiuno de febrero de dos mil veintidós; es decir, fuera del plazo de quince días que disponen el artículo 17 de la Ley de Amparo; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. No pasa desapercibido para este juzgado de distrito que la parte quejosa pretende basar su reclamo en el hecho de que lo resuelto en la audiencia a la que asistió presencialmente el trece de enero de dos mil veintidós no coincide con la versión escrita de dicho fallo que se agregó a los autos del juicio de origen, pues refiere que en la audiencia oral no se abordó el análisis de las actas de nacimiento de los hijos, ni se determinó que únicamente son hijos del ahora tercero interesado. Sin embargo, dicho argumento es erróneo, pues de la reproducción del audio y video de la audiencia en comento, se advierte que la juez responsable dijo lo siguiente: ".que el promovente compareció ante este juzgado a solicitar la disolución del vínculo matrimonial que lo une a la ciudadana ADDY NOEMI MARTÍNEZ MUÑOS. Dando cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 977 del Código de Procedimientos Civiles y 798 del Código Civil, ambos ordenamientos del Estado, exhibiendo al efecto la copia debidamente certificada del acta de matrimonio, mismo que se celebró bajo el Régimen de Sociedad Conyugal; cabe referir que el promovente manifestó que durante su matrimonio se procreó a sus hijos ciudadanos IVÁN ERNESTO, CARLOS ENRIQUE y WENDY BEATRIZ de apellidos LAINES MARTÍNEZ, exhibiendo las copias certificadas de las actas de los antes citados, sin embargo de las mismas se advierte que únicamente el cónyuge es padre de los antes citados, por lo que se deja a salvo el derecho de los mismos para hacerlos valer en la vía y forma que corresponda; asimismo, exhibió la propuesta de convenio de fecha veinte de abril del año dos mil veintiuno, visible a fojas cuatro y cinco de autos. Mediante acuerdo de fecha siete de diciembre del año dos mil veintiuno, se hizo constar que la cónyuge contesto fuera de termino la vista que se le diera del divorcio solicitado; asimismo mediante acuerdo de fecha quince de diciembre del año dos mil veintiuno, juez de instrucción aclaro que esta contesto en término la vista que se le diera; se acató lo dispuesto por el artículo 985 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado, exhortando la suscrita Juez a los cónyuges a la reconciliación, quienes manifestaron su voluntad de disolver el vínculo matrimonial que los une; se analizó la propuesta de convenio; asimismo, el Fiscal del Ministerio Público, manifestó no tener objeción alguna en que se disuelva el vínculo matrimonial. En tal virtud debe concederse el divorcio solicitado y aprobarse las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, QUINTA y SEXTA, de la propuesta de convenio de fecha veinte de abril del año dos mil veintiuno, por existir consenso entre las partes; por cuanto a las cláusulas TERCERA y CUARTA, que no hubo consenso debe otorgarse a las partes el plazo común de cinco días previsto en el artículo 985 Quater del código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 892 fracción V, 985 Ter, 985 Quater, 985 Quinties del código de Procedimientos Civiles y 798 fracción I del Código Civil, ambos ordenamientos del Estado." Es decir, contrario a lo que refiere la parte quejosa, la autoridad responsable sí abordó el análisis de las actas de nacimiento que refiere, así como de la paternidad de los cónyuges en la audiencia a la que asistieron tanto la amparista como su mandatario judicial el trece de enero de dos mil veintidós, por lo que estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo en contra de dicha resolución, dentro de los plazos y términos previstos por la Ley de Amparo. Por lo tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado del 1] Juez Oral adscrito al Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, señalado en el inciso a), del considerando tercero, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en términos del dispositivo 63, fracción V, de la ley de la materia. Luego, este órgano de control constitucional estima que el presente juicio es procedente en relación al acto reclamado señalado en el inciso b) del considerando tercero, al no haber invocado las partes alguna causa de improcedencia ni advertirse de oficio que se actualice alguna. Por lo tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por la que no se surte alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no se tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "No. Registro: 205800 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia, procede abordar el análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo. El concepto de violación planteado por la parte quejosa es infundado, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, la parte quejosa reclama en esta del 2] Juez de Instrucción adscrito al Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, el acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós emitido en el juicio de origen, en que no se acordó favorable su solicitud para aclarar la resolución pronunciada en audiencia de trece de enero de la presente anualidad. Al respecto, la parte quejosa expresa como concepto de violación que es incorrecto que la juez de instrucción responsable no accediera a aclarar la resolución de trece de enero de dos mil veintidós, toda vez que el escrito mediante el cual formuló su solicitud de aclaración lo presentó el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, misma fecha en que la fue notificada en forma personal la determinación que pretendía aclarar. Como se dijo, el concepto de violación planteado por la parte quejosa es infundado, pues refiere que el veinticuatro de enero de dos mil veintidós fue notificado personalmente de la resolución que pretende aclarar, de trece de enero del año en cita; motivo por el cual su solicitud de aclaración fue presentada en tiempo y forma -el mismo veinticuatro de enero de la presente anualidad-. Sin embargo, de la reproducción del audio y video de la audiencia de trece de enero de dos mil veintidós, se advierte que contrario a lo que refiere la parte quejosa, tanto Addy Noemí Martínez Muñoz, como su mandatario judicial Pedro Celis Vázquez estuvieron presentes en la misma y se les tuvo por notificados de lo ahí resuelto en ese momento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 917 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo; notificación que surtió efectos en esa misma data -trece de enero de dos mil veintidós-, como lo prevé el diverso artículo 118, párrafo segundo, de la legislación en consulta. Por lo tanto, como lo asentó la autoridad responsable en el acuerdo reclamado de uno de febrero de dos mil veintidós, la solicitud de aclaración fue presentada en forma extemporánea ya que no se pidió al día hábil siguiente, como lo dispone el artículo 77, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles Para el Estado de Quintana Roo ; es decir, el diecisiete de enero del año que transcurre. En efecto, de las constancias que integran el expediente de origen y que fueron valoradas previamente se aprecia que la solicitud de aclaración fue presentada el veinticuatro de enero de dos mil veintidós; es decir, en forma extemporánea como acertadamente lo asentó la juez de instrucción responsable. Por tanto, ante lo infundado del concepto de violación, sin que se aprecie queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Addy Noemí Martínez Muñoz, por conducto de su mandatario judicial Pedro Celis Vázquez, contra el acto que reclama del Juez de Instrucción adscrito al Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, señalado en el considerando tercero, inciso b), de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto promovido por Addy Noemí Martínez Muñoz, por conducto de su mandatario judicial Pedro Celis Vázquez, contra el acto que reclama del Juez Oral adscrito al Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, señalado en el considerando tercero, inciso a), por los motivos expuestos en el diverso considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Addy Noemí Martínez Muñoz, por conducto de su mandatario judicial Pedro Celis Vázquez, contra el acto que reclama del Juez de Instrucción adscrito al Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, señalado en el considerando tercero, inciso b), por los motivos expuestos en el diverso considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    ::Visto el estado que guardan los autos se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de junio de dos mil veintidós.

  4. Principal

    ::Visto el estado que guardan los autos se desprende que aún no se logra el emplazamiento del tercero interesado Lázaro Laines Hernández, ordenado mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las nueve horas con cuarenta minutos del diez de junio de dos mil veintidós

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