Addler Israel Castro Euan
Expediente 665/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 665/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Addler Israel Castro Euan
Actuaciones
- Principal
MESA VI.- Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el cuatro de abril de dos mil veintidós, por este Juzgado, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
MESA II. Agréguese a estos autos únicamente para que obre en autos, el oficio remitido por la Directora de Normatividad Registral del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, toda vez que por auto de nueve de marzo del año en curso, se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VIII.- Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Trámite del incidente de suspensión. Vista la copia simple del escrito de ampliación de demanda de amparo y aclaratorio, promovida por ***, contra actos del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Subdelegación Mérida Norte. Nora Liliana Guadiana Urias, y otras autoridades, con fundamento en los artículos 125, 128 y 130, de la Ley de Amparo, a petición de parte, se sigue este incidente de suspensión. Solicitud del informe previo Con fundamento en el diverso numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo, mediante oficio al que se acompañará copia de la demanda, solicítese informe previo a las autoridades responsables; mismos que deberán rendir por duplicado y dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS siguientes a la notificación de este acuerdo, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado, se presumirá cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, en términos del artículo 142 de la ley invocada, y se les impondrá una multa de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Pruebas Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia incidental relativa. Actos por los que se pide la suspensión. Ahora bien, en este caso, la parte quejosa solicita la suspensión provisional respecto de los siguientes actos: 1.- Por cuanto al Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Subdelegación Mérida Norte. Nora Liliana Guadiana Urias, se refiere: a) La resolución de fecha trece de enero de dos mil veintidós con número de oficio: 33010037/22, mediante el cual se ordenó la notificación por estrados del crédito fiscal número IMSSCOB/33/01/001182/2011 de fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, por un importe de $719,229.31 (son: setecientos diecinueve mil doscientos veintinueve pesos con treinta y un centavos moneda nacional). 2.- Respecto de la Jefa de Oficina para Cobros de la Subdelegación Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social: a) El mandamiento de ejecución de fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, con oficio número Z381249010101121M-X820, relativa a la diligencia de notificación y embargo, por un importe de $719,229.31 (son: setecientos diecinueve mil doscientos veintinueve pesos con treinta y un centavos moneda nacional). b) El requerimiento número IMSSCOB/330/01/001182/2021 de fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, folio SIARA IMSSCC3301/2021/001182, dirigido a hacendario dirigido a Sandro García Rojas en su calidad de Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, a fin de que realizara el aseguramiento, bloqueo de cuentas o traslado de saldo, por un importe de $719,229.31 (son: setecientos diecinueve mil doscientos veintinueve pesos con treinta y un centavos moneda nacional). 3.- Por cuanto al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Sandro García Rojas, con sede en la Ciudad de México: a) El congelamiento de todas sus cuentas bancarias de la quejosa de las instituciones siguientes: SANTANDER número cuenta clabe 014910605691168968, HSBC número cuenta clabe 021910064059014262, BANORTE número cuenta clabe 072694004171291832 e INBURSA número cuenta clabe 036910500456477867; y 4.- Respecto del Ejecutor Fiscal E-10330698 de la Subdelegación Merida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, Departamento de Cobranza, Oficina para Cobros, Julio Cesar Zavala Díaz: a) El diverso citatorio de fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, para la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución de la cantidad de $719,229.31 (son: setecientos diecinueve mil doscientos veintinueve pesos con treinta y un centavos moneda nacional, y b) El acta de requerimiento de pago y embargo de fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, para la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución del importe de $ 719,229.31 (son: setecientos diecinueve mil doscientos veintinueve pesos con treinta y un 719,229.31 (son: setecientos diecinueve mil doscientos veintinueve pesos con treinta y un centavos moneda nacional). Naturaleza de los actos Ahora bien, por lo que ve a la suspensión provisional solicitada, respecto de todos los actos señalados en los números 1, 2 y 4, los cuales han sido emitidos y ejecutados, SE NIEGA la medida cautelar, toda vez que tales actos por su naturaleza, tienen el carácter de consumados y contra éstos resulta improcedente otorgar tal medida, pues de lo contrario se daría efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente, esto de conformidad a la tesis jurisprudencial cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". Se niega la suspensión provisional. Sin embargo, existen consecuencias las cuales si pueden ser suspendidas, como lo es el indicado en el número 3 relativo al congelamiento de las cuentas bancarias de la quejosa de las instituciones siguientes: SANTANDER número cuenta clabe ****, HSBC número cuenta clabe ***, BANORTE número cuenta clabe *** e INBURSA número cuenta clabe ***, por lo que se procede a resolver al respecto. En primer lugar, respecto del congelamiento de la cuenta bancaria de la quejosa de la institución SANTANDER número cuenta clabe ***, en la cual le es depositada la pensión por jubilación y viudez a la quejosa, se satisfacen los requisitos del artículo 128, en tanto que fue solicitada por la peticionaria de amparo y no sigue perjuicio al interés social ni contraviene disposiciones de orden público. En segundo lugar, dado que en la especie se estima actualizada la figura de apariencia de buen derecho. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado criterio en el sentido de que para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares del caso, "lo que implica que el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante". Esto se traduce, según la jurisprudencia en cita, en la necesidad de que se actualizasen dos extremos para obtener la medida cautelar, a saber: 1) apariencia del buen derecho, y 2) peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se declarará la inconstitucionalidad del acto impugnado. Por su parte, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida, como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, el juzgador puede analizar esos elementos, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, tiene la facultad de dictar las medidas pertinentes que no impliquen propiamente una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva, si los actos impugnados son o no constitucionales. En tal caso, el efecto de la suspensión será interrumpir un determinado estado de cosas mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se declaran infundadas las pretensiones del actor porque la apariencia del buen derecho fuera equivocada, tales actos puedan reanudarse. Ahora bien, la ponderación de lo anterior con el interés social implica que no se ponga en peligro la seguridad o la economía nacional, a las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, o bien, sin afectar gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con dicha suspensión pudiera obtener el solicitante. Por tanto, en la especie, para determinar si debe o no concederse la suspensión provisional debe atenderse a que se cumplan los siguientes requisitos: Que en un asomo superficial al fondo del asunto, pueda adelantarse la concesión del amparo en virtud de la inconstitucionalidad de los actos reclamados (apariencia de buen derecho). Que esperarse a la emisión del fallo en el juicio principal, frustraría los derechos de los quejosos; y Que la concesión no implique poner en peligro la seguridad o la economía nacional, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, o bien, afecte gravemente a la sociedad. En esas condiciones, cabe señalar que en el caso concreto es posible adelantar un fallo concesorio, pues la autoridad responsable ha embargado cuentas de la quejosa, entre las que se encuentra aquella donde le es depositada su pensión por jubilación, no obstante que ha sido criterio de diversos órganos jurisdiccionales federales que dicha pensión goza de una protección especial que la torna inembargable. Se afirma lo anterior, pues debe entenderse que una persona recibe una pensión por jubilación una vez que ha cumplido con un tiempo considerable de servicio y que, por tanto, se ubica en una etapa de vida en la que, para mantener un estilo de vida digno y adecuado para la edad, se requiere de mayor solvencia financiera. Por consiguiente, la pensión adquiere las cualidades de un auténtico salario mínimo, pues es lo menos que requiere el pensionado para mantener su estilo de vida, con la dignidad y los cuidados propios de la edad. Sirven de orientación a lo anterior, los siguientes criterios: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA A UN ADULTO MAYOR EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, CON BASE EN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA.-..." "PENSIÓN JUBILATORIA. EL ALCANCE DE SU PROTECCIÓN CONTRA EL EMBARGO, OTORGADA EN LA FRACCIÓN VIII, APARTADO A, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ESTÁ DELIMITADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.-..." En tal virtud, el primero de los requisitos para la actualización de la apariencia el buen derecho se encuentra satisfecho. También el segundo, queda satisfecho en atención a todos los razonamientos contenidos en los criterios citados, sobre el peligro inminente y la difícil reparación de los daños que podrían causarse de no concederse la medida cautelar, pues al constituir la pensión por jubilación el mínimo vital de las personas, en atención a las particularidades de quienes acceden a ella, es evidente que no se puede poner en riesgo su subsistencia al disminuirla mediante acto de autoridad alguno. Finalmente, el tercero requisito se satisface ya que la concesión de la medida cautelar no implica poner en peligro la seguridad o la economía nacional, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni afecta gravemente a la sociedad; tan es así, que en el juicio de origen han existido otros medios para hacer frente al adeudo cuyo pago se pretende, que no ponen en riesgo inmediato la subsistencia de la justiciable. En mérito de lo anterior, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a la quejosa para el efecto de que no se realice retención alguna de las cantidades que recibe por concepto de PENSIÓN POR JUBILACIÓN en la cuenta aperturada en la institución bancaria denominada SANTANDER número cuenta clabe ***, con motivo del requerimiento número IMSSCOB/330/01/001182/2021 de fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, folio SIARA IMSSCC3301/2021/001182, dirigido a hacendario dirigido a Sandro García Rojas en su calidad de Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva en los presentes cuadernos incidentales. La concesión de esta medida se otorga sin que sea necesario fijar garantía a la quejosa, en atención a su especial situación de vulnerabilidad, lo cual deberá hacerse del conocimiento del Instituto citado en esta resolución, quien tiene intervención en el cumplimiento de la misma. Por otra parte, respecto de las diversas cantidades que percibe por pensión de viudez y que también le es depositada en la cuenta aperturada en la institución bancaria denominada SANTANDER número cuenta clabe 014910605691168968, y de las diversas cantidades que obran en sus cuentas bancarias a nombre de la quejosa en las instituciones bancarias denominadas HSBC número cuenta clabe ***, BANORTE número cuenta clabe *** e INBURSA número cuenta clabe ***, el efecto de esta medida cautelar es para que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que las autoridades responsables no dispongan de los fondos contenidos en ellas hasta en tanto se notifique sobre la suspensión definitiva solicitada en estos autos incidentales. Esta suspensión surte sus efectos de la siguiente manera: a). En caso de que no exista un crédito fiscal determinado y que se haya decretado con base en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, sin prejuzgar sobre las consecuencias fiscales que pudieran actualizarse por la conducta omisiva del contribuyente, esta suspensión surtirá sus efectos sin necesidad de otorgarse garantía. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2ª./J. 26/2007, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 299 del Tomo XXV, Marzo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CUENTAS BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO SURTE EFECTOS SIN GARANTÍA ALGUNA.-..." b) En caso de que el aseguramiento de las cuentas bancarias de la parte quejosa DERIVE DE ADEUDOS FISCALES O EL COBRO DE CONTRIBUCIONES, surtirá sus efectos esta medida cautelar concedida, de conformidad con lo previsto en el artículo 135 de la Ley de Amparo que dice: "Cuando el amparo se solicite en contra e actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables." Por tanto, esta medida surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, lo que deberá acreditar la parte quejosa. Informe previo. Agréguese a éstos autos el informe previo respecto del escrito inicial de demanda, suscrito por el Director y Directora Contenciosa adscritos a la Dirección General Contenciosa, en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la ciudad de México, y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo, al celebrarse la audiencia incidental relativa. Asimismo, se tiene como correo electrónico para oír y recibir notificaciones de la citada responsable, el señalado en su oficio de cuenta; y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a los que nombra en dicho ocurso. Celebración de la audiencia incidental. En consecuencia, toda vez que los actos reclamados en el escrito inicial de demanda y los que han sido materia de ampliación de demanda, respecto de los que también se ha resuelto respecto de la medida cautelar solicitada, a fin de resolver en forma congruente y respecto de todas las autoridades que han quedado señaladas como responsables, se impone DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración, tanto de los actos materia del escrito inicial de demanda como de su ampliación, las TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II.- Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto la cuenta que antecede, se ACUERDA: toda vez que no obran en autos los informes justificados del DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL y DIRECTOR EN JEFE DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, ambos con sede en la Ciudad de México, ni los acuses de recibo de los oficios 210/2022 y 2011/2022 de fecha trece de enero del año en curso, a través de los cuales se les solicitó lo rindieran. Por lo anterior, y en obvio de mayores dilaciones gírese oficio a las referidas autoridades mediante mensajería acelerada (ESTAFETA), con transcripción del presente proveído, así como el diverso acuerdo de auto de trece de enero del año en curso, adjuntando copia simple del escrito de demanda; a fin de que de inmediato rindan sus respectivos informes justificados, el que deberán rendir con firma original, vía telegráfica o mediante oficio con firma criptográfica (FIREL) o e.firma de la persona que lo suscriba a fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto, subsistiendo el apercibimiento decretado en dicho auto de trece de enero del año en curso. NOTIFÍQUESE.
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