Addel Rocabruno Sanchez y Otros.

Expediente 909/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
909/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Addel Rocabruno Sanchez y Otros.
  • Addel Rocabruno Sanchez
  • Chris González Balbuena, y otros

Actuaciones

  1. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, mediante el cual remite la promoción registrada con número de folio interno 15406, relativa al informe de suspensión de plano rendido por la Subprocuradora para Niños, Niñas y la Familia Región Norte I, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad. 1.1 Acuerdo. Sin embargo, respecto a su contenido resulta innecesario hacer especial pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de veintiocho de julio de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo, el cual se declaró firme en once de agosto siguiente, y se ordenó su archivo como asunto concluido.

  2. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  3. Principal

    1. Recepción. Téngase por recibido el oficio 23656/2022 y anexo, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, por medio del cual remite el juicio de amparo 945/2022, promovido por .., y del menor de quien se reserva su identidad para ser identificado a través de sus iniciales L.A.R.G, contra actos del Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, en virtud de haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. 2. Competencia. Al efecto, con fundamento en los artículos 33, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; acúsese recibo. 3. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 909/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 4. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se obtiene que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4.. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 5. Acto reclamado. En el caso a estudio, se reclama del Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, el acto consistente en la privación de libertad y/o detención con fines de deportación de los quejosos a su lugar de origen e incomunicación. 6. Improcedencia de la demanda de amparo. Este órgano jurisdiccional considera que la demanda de amparo es improcedente, porque respecto de los actos reclamados, de acuerdo a lo expresado por el promovente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. 6.1 Litispendencia. De acuerdo con la causal establecida en la fracción X del artículo 61 de la ley de la materia, es improcedente el juicio de amparo contra actos que son materia de diverso juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por la misma quejosa, contra las mismas autoridades y similares actos reclamados. En efecto, en su escrito de demanda se reclama en favor de los quejosos directos Chris González Balbuena, Addel Rocabruno Sánchez, Wendy González Rigores, la privación de la libertad, incomunicación y deportación, ejecutada por parte del Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Sobre el particular, como se asentó en la certificación de cuenta, debe destacarse que es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito que ante este Juzgado de Distrito se encuentran radicados los juicios de amparo 862/2022 y 863/2022; el primero, promovido por ...; y, el segundo, también promovido por ..., que son las mismas partes quejosas en el presente asunto; señaló los mismos actos reclamados y autoridades responsables; inclusive del cotejo de las demandas con la presente, se puede constatar que se trata de los mismos escritos. Las actuaciones de los juicios de amparo 862/2022 y 863/2022 se invocan en este asunto como hecho notorio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el arábigo 2 de esta última, ya que se trata de un expediente del índice de este órgano jurisdiccional. Sin que sea el caso adjuntar copia certificada de las constancias correspondientes a los juicios de amparo antes anotados. De lo expuesto, queda evidenciada de manera plena la existencia de la figura de la litispendencia en el juicio de amparo. 6.1.1 Criterio legal. Resulta aplicable al caso la tesis I.11o.C.31 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Así como la jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También sirve de apoyo en lo conducente la tesis XIII.3o.4 K del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y la jurisprudencia 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7. Se desecha demanda. En esas condiciones, el presente asunto resulta improcedente de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es inconcuso que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada. 8. Autorizado. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo al licenciado Armando Benjamín Andrade Salado, por tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 9. Consulta y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica, al solicitante con nombre de usuario "...". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva; lo anterior, en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 9.1 Instrucción a oficial judicial A. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 10. Correo electrónico y número telefónico. Se tiene al promovente proporcionando como correo electrónico y número telefónico los que señala en su escrito, en el entendido de que se establecerá para comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus. de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales, de quien se acordará su autorización en amplios términos del citado artículo una vez que registren su cédula en el mencionado sistema; y 11. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 12. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 13. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 14. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 15. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaria hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 16. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI, y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

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