Adda Luz del Pilar González Herrera

Expediente 1210/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1210/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Adda Luz del Pilar González Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por ADDA LUZ DEL PILAR GONZÁLEZ HERRERA, contra el acto que reclama del Subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con su admisión, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En principio es de señalarse que de la lectura integral de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama la negativa a la cuantificación de los incrementos aplicados a su pensión por jubilación desde enero de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contenida en el oficio ISS100.31.300.302.1.0816.05.2021 de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Al respecto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que contra el acto reclamado procede el juicio de nulidad. El principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que a su vez consagra el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que tratándose de actos de autoridad distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previamente a promover el juicio de amparo, se debe agotar el recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar ese acto, siempre y cuando no se exijan mayores requisitos para la obtención de la suspensión del acto, que aquéllos que la Ley de Amparo, ni plazo mayor que el indicado para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con la citada ley de la materia. Para que se actualice la causa de improcedencia aludida, es necesario que concurran las condiciones siguientes: - Se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; -Pueda ser modificado o revocado de oficio, o mediante la interposición de un recurso, juicio o medio de defensa legal; y, - Que se conceda la suspensión con los mismos requisitos que exige la Ley de Amparo y no se establezca un plazo mayor que otorgado para dictar la suspensión provisional, independientemente de que el acto sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con la citada ley de la materia. En el caso, se reúnen los requisitos precisados; el primero se cumple en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como lo es el ISSSTE Delegación Yucatán Además, dicho acto puede controvertirse a través del juicio contencioso administrativo conforme a lo establecido en el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con lo que se actualiza la segunda condición. Finalmente, también se satisface la última circunstancia, atinente a que el juicio contencioso administrativo no exige mayores requisitos para la concesión de la suspensión que los previstos en la presente instancia constitucional, ni el plazo es mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. La inaplicación de las excepciones al principio de definitividad, se sustentan en las jurisprudencias siguientes: 2a./J. 130/2013 (10a.), Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, página 1446, 2004553, de título: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." 2a./J. 19/2015 (10a.), Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 783, 2008807, con rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." 2a./J. 27/2016 (10a.), Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1194, 2011289, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Ahora, respecto de la segunda condición, conviene precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las resoluciones del ISSSTE que modifican la cuota pensionaria son impugnables a través del juicio contencioso administrativo, conforme a lo establecido en el actual artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tal como lo concluyó en la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 326, registro electrónico 177279, que dice: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." Además, la jubilada puede combatir -vía procedimiento jurisdiccional- en cualquier momento la determinación que fije incorrectamente la cuantía o la base de la pensión, al ser imprescriptible. Jurisprudencia 2a./J. 115/2007, Novena Época, Tomo XXVI, Julio de 2007, página 343, registro electrónico 171969, que indica: "PENSIÓN Y JUBILACIÓN. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN LA CUAL SE FIJA INCORRECTAMENTE AQUÉLLA O EL SALARIO BASE PARA CALCULARLA, PODRÁ IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Conforme al artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, el derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible, por lo que en atención al principio elemental de la ciencia jurídica, consistente en que las acciones duran el mismo tiempo que los derechos de donde dimanan, se considera que es también imprescriptible la acción por medio de la cual se tutela el estricto cumplimiento de ese derecho, motivo por el que podrá promoverse en cualquier tiempo la demanda en la cual se impugne la resolución definitiva en la que se afirme que se fijó incorrectamente la pensión jubilatoria o la cuota diaria para calcularla, y no en el plazo de 45 días previsto en el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, porque la norma contenida en el indicado numeral 186 es especial y por ello debe prevalecer sobre la regla general instituida en el precepto citado." Sobre el tema específico del incremento de la pensión, el Máximo Tribunal estableció que el amparo indirecto es improcedente cuando se demande la determinación y cálculo del aumento de los montos pensionarios, lo que reflejó en la jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 988, registro electrónico 2003874, que señala: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo." De lo anterior, resulta patente que la parte inconforme está obligada a acudir al juicio de nulidad previamente a promover el amparo, pues dicho medio de defensa no exige mayores requisitos para la concesión de la suspensión que los previstos en la ley de la materia, aunado a que es la vía idónea implementada por el legislador para controvertir la determinación de la autoridad de seguridad social de incrementar los montos pensionarios en la forma en que lo hizo. No representa obstáculo a la conclusión alcanzada la excepción en el sentido de que se trate de una violación directa a la Constitución, pues los planteamientos constituyen, en realidad, un tema de mera legalidad y el tribunal administrativo es competente para analizar la fundamentación y motivación de los actos de autoridad, así como la aplicación retroactiva de la ley de ahí que pueda resolver eficazmente las transgresiones constitucionales que se invocan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 175-18, tercera parte, página 119, registro electrónico 237480, que refiere: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda promovida por ADDA LUZ DEL PILAR GONZÁLEZ HERRERA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de amparo y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a CARLOS ARMANDO DENIS GONZÁLEZ. Ahora bien, respecto a su solicitud de que se le otorgue, el acceso al expediente electrónico a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, proporcionando para ello sus nombres de usuarios: "addaluz" y "licdenis", relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los citados usuarios, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar y promover en el mismo con sus nombres de usuarios "addaluz" y "licdenis", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Asimismo, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa las notificaciones que sean de carácter personal que sean necesarias durante la contingencia sanitaria, mediante el correo electrónico que se encuentra plasmado en la demanda de amparo, por la parte promovente, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia parte promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía, quedando a salvo el derecho de la parte quejosa para señalar uno diverso si conviene a sus intereses. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

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