Adda Lizbeth Cámara Huchin
Expediente 556/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Adda Lizbeth Cámara Huchin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación.Notifíquese personalmente.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo del Titular de la Unidad Jurídica de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Campeche, con residencia en esta ciudad, con el que, en cumplimiento al requerimiento efectuado el doce de julio del presente, remite copia de las constancias con las que informa haber dado cumplimiento al fallo protector. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del oficio de cuenta y anexos que acompaña, así como con el diverso registrado con el folio 14362 por el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, y para tal efecto, córraseles traslado con copias simples de ellos. Con el apercibimiento que en caso de ser omiso, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente con las constancias que obran agregadas en el presente juicio. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Perla Fabiola Estrada Ayala, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Campeche, quien actúa asistida de María Fernanda Maya Uribe, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, doce de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos, el oficio y anexo del Titular de la Unidad Jurídica de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Campeche, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en representación de la autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal Campeche del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de dicho Instituto, informa que por misiva ********************, la Subdelegada de Prestaciones, comunicó que por diverso ********************, notificó a la parte quejosa a través de su autorizado, que se dejó insubsistente el oficio ********************, de doce de abril de dos mil veintidós, y que se dejó de incorporar a su esfera jurídica en lo presente y en lo futuro, en numeral 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto que por ley se expide la Ley del ISSSTE, y se reintegrará la suma correspondiente a la pensión por viudez ********************, a fin de devolver los descuentos bajo el concepto 48 "Compatibilidad de pensión"; y solicita se le conceda una prórroga para dar cumplimiento con la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo. En ese contexto, se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento, y se le concede el término improrrogable de cinco días hábiles, siguientes al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que remita las constancias con las que se acredite el cumplimiento del fallo concesorio, bajo apercibimiento que de no hacerlo se hará efectiva la multa decretada en proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese. Lo proveyó y firma Perla Fabiola Estrada Ayala, Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, quien actúa asistida de Verónica Monserrat del Jesús Aguirre Pérez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, treinta de junio de dos mil veintitrés. Se agrega a los autos, el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el original del expediente 556/2022 del índice de este juzgado federal, y remite el testimonio de la ejecutoria emitida en el cuaderno auxiliar 516/2023 por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, Xalapa de Enríquez, Veracruz, formado con motivo del toca de amparo en revisión 610/2022, de la que se desprende que confirmó la resolución emitida en este asunto, concediendo el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Se tienen por recibidos los autos; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro respectivo y extráiganse del cuaderno de antecedentes las actuaciones posteriores a la remisión del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito con sede en esta ciudad, y glósense únicamente éstas al presente expediente, en razón de que las copias certificadas que lo conforman son innecesarias en el expediente por obrar los originales de las que proceden. Acúsese recibo. Ahora, toda vez que el citado Tribunal por ejecutoria de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, CONFIRMÓ la sentencia emitida en este juicio de amparo y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión la quejosa ************, se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Subdelegada de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal Campeche del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de Campeche, para que dentro del término de tres días hábiles, den cumplimiento al fallo protector dictado en este expediente. En el entendido, que de la lectura integral de la resolución emitida por este Juzgado, se advierte que dichas responsables deberán dar cumplimiento en los siguientes términos: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. En virtud de lo anterior, al resultar el acto reclamado violatorio de los derechos humanos de seguridad y previsión sociales consagrados en el artículo 123 apartado B, constitucional, lo procedente es otorgar a la parte quejosa, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Subdelegada de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal Campeche del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Deje sin efectos el oficio SP/DPSHT/0713/2022 de doce de abril de dos mil veintidós, así como sus consecuencias, como: la liquidación de cobros indebidos, derivados de la pensión por viudez, ascendentes a $64,528.65 (Sesenta y cuatro mil quinientos veintiocho pesos, sesenta y cinco centavos, moneda nacional). Emita otro en el que: desvincule del ámbito jurídico de la quejosa el numeral declarado inconstitucional, esto es, declare que no se aplique en el futuro, ni en vía de consecuencia a la agraviada dicho dispositivo; y, ordene se pague a la parte quejosa ADDA LIZBETH CÁMARA HUCHIN, la pensión por viudez que le otorgó su cónyuge JOSÉ ANTONIO MAS UITZ, a partir del ocho de febrero de dos mil veintidós, con registro 970187, en forma completa. Asimismo, se pronunciará, con plenitud de jurisdicción, en relación con las prestaciones accesorias solicitadas e incrementos que, en su caso, le correspondan por el referido concepto (viudez), debiendo atender a la circunstancia de que la devolución no implica cantidades respecto de las cuales se hubiese actualizado la prescripción para obtener su devolución. Esto es, la autoridad responsable, deberá emitir una nueva determinación, acerca de la liquidación de pago, relativa a la pensión de viudez, constreñida a no aplicar el precepto declarado inconstitucional, que establece la limitación de no poder ser beneficiario de más de una pensión; y si existen diferencias a reintegrar a la quejosa, por concepto de pago de esa pensión, debe devolverlas. La devolución de mérito habrá de proceder de la forma siguiente: Por lo que se refiere a los descuentos realizados con fundamento en el artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones a los trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio, deberá considerar que a partir de que cause ejecutoria el presente fallo, queda firme el reconocimiento del derecho que le asiste a la parte quejosa, a solicitar la devolución de los descuentos o el pago íntegro de las pensiones y que la devolución no procede por cantidades o descuentos respecto de los que se haya actualizado la prescripción. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que estatuye: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción 11, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción 1, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, Noviembre de 1999.Tesis: P. /J. 112/99. Página: 19) "AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE LA EJECUTORIA PROTECTORA RESPECTO DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN. Cuando los efectos de una sentencia de amparo se extienden hasta los actos de aplicación de la norma declarada inconstitucional, debe entenderse no sólo en cuanto a los actos de aplicación reclamados en la demanda sino también respecto de aquellos que aunque no se precisaron, son una consecuencia directa e inmediata de la aplicación de la norma, pero no deben incluirse aquellos cuya restitución depende de la interpretación de preceptos que conforman el contexto legal del ordenamiento al cual pertenece la disposición declarada inconstitucional y que no fueron materia de la litis en el juicio de amparo, pues para determinar en ejecución los alcances de la sentencia, no es permisible hacer la interpretación de preceptos diversos al impugnado, cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad no fue puesta a la consideración de la potestad judicial en el juicio de amparo, sino que la restitución del derecho del quejoso, para volverlo al estado en que se encontraba hasta antes de la violación constitucional reclamada, debe realizarla la autoridad responsable dentro del marco legal al que pertenece la norma impugnada y no en contravención a él." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, marzo de 2001. Tesis: 2a. XVll/2001. Página: 189.) Ahora bien, es preciso señalar que las autoridades aquí responsables no tienen superior jerárquico que ordene su debido cumplimiento, de conformidad con el artículo 192, párrafo tercero, de la ley de la materia en vigor. Se apercibe a dichas autoridades responsable que de no dar cumplimiento dentro del término concedido, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), tomando en consideración que el valor de la medida y actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 M.N.), de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dispone: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Notifíquese.
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