Adan Uribe Herrera
Expediente 502/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 29 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 04/03/2021
Partes del expediente
- Adan Uribe Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Incidental
Mexicali, Baja California, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que el día de hoy se dictó proveído en que se tuvo por consentido el cumplimiento dado al fallo protector, y se ordenó el archivo en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo; mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, de haberse ordenado el presente archivo, conforme con el diverso artículo 20, fracción II, inciso b), del acuerdo general de que se trata. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del expediente original de suspensión contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depuración", mientras que el duplicado "no es de relevancia documental" y "destrucción", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Escrito. Agréguese a los presentes autos, para que obre como corresponda, el escrito signado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, en atención a la vista otorgada en proveído de ocho de febrero pasado, solicita se desahogue una prueba pericial en materia de psicología. Cuestiones previas. Por sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional, por lo que, se ordenó a la autoridad responsable Presidente de la Comisión de Carrera Policial y Régimen Disciplinario para los Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que procediera en los términos siguientes: Dejar insubsistente el acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de separación definitiva ****. Dictar otro acuerdo en el que requiera al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, los criterios, lineamientos, protocolos y metodología que conforman el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, relativos a la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos y socioeconómicos, mismos que el quejoso ofreció como medios de prueba en el procedimiento en cuestión y en su caso dicte las medidas necesarias para allegarse de tales documentales. Una vez Allegadas al procedimiento de separación definitiva PSD/14/2017, las documentales en cuestión, realizar una ponderación de su contenido para establecer en qué medida las pone a disposición del hoy quejoso, para el ejercicio del derecho de defensa. Por auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la Secretaría de la Comisión de Carrera Policial y Régimen Disciplinario para los Agentes de la Policía Ministerial, con residencia en esta ciudad, remitiendo copia certificada del acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado por la Comisión apenas referida, en el que se dejó sin efectos el acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de separación definitiva ****, así como copias certificadas de la cédula notificación del proveído primeramente referido al aquí quejoso así como del oficio ***, con el cual se requirió a la Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja California, los criterios, lineamientos, protocolos y metodología que conforman el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza y/o Nuevo Esquema de Evaluación Focalizado por Contexto y Análisis de Riesgos, expedidos y elaborados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza y/o Centro Nacional de Certificación y Acreditación, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que se le tuvo en vías de cumplimiento. Posteriormente, por oficio y anexo recibidos en este Juzgado de Distrito el veintiuno de octubre de dos mil veinte, la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Policial y Régimen Disciplinario para los Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, presentó los oficios y las páginas que exhiben el Nuevo Esquema de Evaluación Focalizado por Contexto y Análisis de Riesgos es una actualización del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, así como, Criterios ****, para la certificación de procesos de evaluación de los centros de evaluación y control de confianza y los Criterios ***, relativos a la aplicación de evaluaciones de control de confianza y el seguimiento de sus resultados. Enseguida, por oficio *** recibido en este juzgado federal el seis de noviembre de dos mil veinte, la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Policial y Régimen Disciplinario para los Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, remitió en copia certificada los Lineamientos ****, por los que se establecen los criterios de evaluación de control de confianza para el personal de las instituciones de seguridad pública y los Lineamientos ***, por los cuales se establece el proceso para la acreditación de las personas físicas o morales u organismos públicos o privados, cuyo objeto se encuentre relacionado con la aplicación de las evaluaciones de control de confianza, a fin de que presten servicios subrogados a los centros de evaluación y control de confianza federales, estatales y del distrito federal, por tanto, en auto de ocho de febrero del año en curso, se tuvo por cumplimiento el fallo protector. Ahora bien, la parte quejosa, en su escrito de cuenta, manifiesta que la prueba pericial en materia de psicología que ofrece, es necesaria para que se pueda analizar los documentos que la responsable exhibió como cumplimiento al fallo protector, pues añade que, por la especialidad de la materia sólo un psicólogo podría confirmar si en efecto las documentales exhibidas son o no criterio, lineamientos, protocolos y metodología que conforman el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, relativos a la aplicación de los exámenes médicos toxicológicos, psicológicos, poligráficos y socioeconómicos, ya que sólo un experto en la materia podría asegurarlo. No ha lugar. Atento a los argumentos planteados, dígasele a la parte quejosa, que no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, toda vez que a juicio de quien esto resuelve, no se considera necesario dicho medio de convicción para determinar si la autoridad realmente cumplió o no con la sentencia protectora, o si lo hizo con exceso o defecto, además, que con la experticia que ofrece y los fines perseguidos con su desahogo, pretende que se analicen aspectos novedosos que no formaron parte de la ejecutoria de amparo; por lo que, si la parte quejosa estima que las documentales allegadas por las autoridades responsables en el procedimiento de origen y que fueron ofrecidas como medio de convicción por la parte que defiende, aquí quejoso, esto en cumplimiento al fallo protector, no cumple con sus pretensiones, puede acudir ante la autoridad responsable a hacer valer los medios ordinarios de defensa que estime pertinentes y que le otorgan la legislación aplicable a la materia. [.]Lo anterior tiene sustento, por su contenido, en la tesis 1ª./J.76/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la federación el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2008030, que a la letra dice: Época: Décima Época Registro: 2008030 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 28 de noviembre de 2014 10:05 h Materia(s): (Común) Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Énfasis añadido. Cumplimiento consentido. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir los documentos que en copia certificada u originales hubiere exhibido; lo anterior previa cita que deberá hacer a fin de que pueda tener acceso a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, conforme lo establecen los artículos 2 y 4 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus del COVID-19"; con el apercibimiento que de no hacerlo así, el documento de que se trate podrá ser destruido junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, inciso B), del citado acuerdo. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a ocho de febrero de dos mil veintiuno. Estado procesal de autos. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional, Por lo anterior, se le ordenó a la autoridad responsable Presidente de la Comisión de Carrera Policial y Régimen Disciplinario para los Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que procediera en los términos siguientes: "i. Deje insubsistente el acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de separación definitiva ****. ii. Dicte otro en el que requiera al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, los criterios, lineamientos, protocolos y metodología que conforman el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, relativos a la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos y socioeconómicos, mismos que el quejoso ofreció como medios de prueba en el procedimiento en cuestión y en su caso dicte las medidas necesarias para allegarse de tales documentales. iii. Una vez Allegadas al procedimiento de separación definitiva *****, las documentales en cuestión, deberá realizar una ponderación de su contenido para establecer en qué medida las pone a disposición del hoy quejoso, para el ejercicio del derecho de defensa. En el entendido de que si permite el acceso total o parcial a aquéllas que contenga información confidencial o reservada, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio." Causa ejecutoria. Por proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia dictada, por tanto, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: i. Dejar insubsistente el acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de separación definitiva **. ii. Dictar otro acuerdo en el que requiera al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, los criterios, lineamientos, protocolos y metodología que conforman el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, relativos a la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos y socioeconómicos, mismos que el quejoso ofreció como medios de prueba en el procedimiento en cuestión y en su caso dicte las medidas necesarias para allegarse de tales documentales. iii. Una vez Allegadas al procedimiento de separación definitiva ****, las documentales en cuestión, realizar una ponderación de su contenido para establecer en qué medida las pone a disposición del hoy quejoso, para el ejercicio del derecho de defensa. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la Secretaría de la Comisión de Carrera Policial y Régimen Disciplinario para los Agentes de la Policía Ministerial, con residencia en esta ciudad, remitiendo copia certificada del acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado por la Comisión apenas referida, en el que se dejó sin efectos el acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de separación definitiva ****, así como copias certificadas de la cédula notificación del proveído primeramente referido al aquí quejoso así como del oficio ****, con el cual se requirió a la Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja California, los criterios, lineamientos, protocolos y metodología que conforman el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza y/o Nuevo Esquema de Evaluación Focalizado por Contexto y Análisis de Riesgos, expedidos y elaborados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza y/o Centro Nacional de Certificación y Acreditación, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que se le tuvo en vías de cumplimiento. Posteriormente, por oficio y anexo recibidos en este Juzgado de Distrito el veintiuno de octubre de dos mil veinte, la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Policial y Régimen Disciplinario para los Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, presentó los oficios y las páginas que exhiben el Nuevo Esquema de Evaluación Focalizado por Contexto y Análisis de Riesgos es una actualización del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, así como Criterios *****, para la certificación de procesos de evaluación de los centros de evaluación y control de confianza y los Criterios ****, relativos a la aplicación de evaluaciones de control de confianza y el seguimiento de sus resultados, lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Vista con cumplimiento. Con dicho oficio y anexo, por proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables. Desahogo de la vista y requerimiento a la autoridad responsable. La parte quejosa hizo manifestaciones al respecto y mediante proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, se requirió a la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Policial y Régimen Disciplinario para los Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, para que remitiera los Lineamientos ***** y Lineamientos ****, por considerarlos necesarios para estar en posibilidad de determinar si se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, por oficio ***** y anexo recibidos en este Juzgado de Distrito el seis de noviembre de dos mil veinte, la Secretaria de la Comisión de Carrera Policial y Régimen Disciplinario para los Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de todas las constancias que conforman los lineamientos, metodología y protocolos que conforman el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, así como los Lineamientos ****** y Lineamientos *****, que le fueron solicitados, lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo Vista con cumplimiento. Con dicho oficio y anexo, por proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable dejó insubsistente el acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente PSD/14/2017, y dictó otro en el que requirió al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, los criterios, lineamientos, protocolos y metodología que conforman el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, relativos a la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos y socioeconómicos, mismos que el quejoso ofreció como medios de prueba en el procedimiento en cuestión y en su caso dicte las medidas necesarias para allegarse de tales documentales, las que puso a disposición del quejoso con el oficio CCPRD/403/2020 y anexo recibidos en este Juzgado de Distrito el seis de noviembre de dos mil veinte. Vista con el presente auto. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de la Materia, por lo cual, dése vista a la parte quejosa, por el plazo de quince días, contado a partir de la legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibida para el caso que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mexicali, Baja California, a nueve de noviembre de dos mil veinte. Autoridad informa sobre cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Policial y Régimen Disciplinario para los Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue formulado mediante proveído de treinta de octubre del año en curso, dado que remite las constancias en dicho auto requeridas, lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio y anexo de referencia, así como con las demás constancias que obran en autos, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente.
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