Adán Ruiz López
Expediente 829/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Adán Ruiz López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
PRAL 829/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Se expide copia. Agréguese un escrito del quejoso ********************; mediante el que solicita se le expida copia simple de todo lo actuado en este juicio de amparo; al respecto, se provee: Hágase del conocimiento del agraviado que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran los acuerdos emitidos en autos, en razón de que los mismos se firman electrónicamente. Ahora, no obstante que los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes y, así, a través del usuario autorizado para ello, se estará en condiciones de consultar todas las actuaciones que se integrarán al expediente electrónico con firma electrónica y descargar los documentos que requiera, como así lo dispone el segundo párrafo del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; considerando que el promovente no ha solicitado el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, expídasele copia simple de aquellas constancias agregadas físicamente, previa identificación y razón de entrega que se deje en el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 829/2023 MESA 2 Visto, para resolver el juicio de amparo número 829/2023; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Presentación. Mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, Adán Ruiz López, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridades responsables que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. 1.2. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y prevención. Por auto de fecha veintinueve de agosto del año que transcurre, con la demanda de amparo se ordenó formar expediente electrónico con el número 829/2023 y se previno al quejoso para que aclarara esa promoción y manifestara si también señalaba como actos reclamados: - El oficio MTM/RCMDE/DCMDE/168/2023, fechado el veinte de julio de dos mil veintitrés, por el que la directora de Comercio, Mercados y Desarrollo Económico del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca respondió la petición que le realizó el doce de julio de ese año; de ser así, precisara la fecha en que fue notificado del mismo. - Y La desposesión de su local; en caso de que lo hiciera, señalara la ubicación, giro comercial y características de este último. Tercero. Admisión. En acuerdo dictado el once de septiembre de este año se tuvo a la parte quejosa cumpliendo con la prevención formulada y aclarando que también señala como acto reclamado la desposesión del local ubicado en Portal Florida, localizado entre las calles de avenida Dos de Abril y Nicolás Bravo, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en el que, dice, expende nieves tradicionales; asimismo, refirió que no reclama el oficio MTM/RCMDE/DCMDE/168/2023, signado por la directora de Comercio, Mercados y Desarrollo Económico del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Ante ello, se admitió a trámite la promoción inicial, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, quien no formuló pedimento, se pidió de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y se citó a la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, reformado por el diverso Acuerdo General 30/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil veintidós, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y los actos se reclaman a autoridades residentes en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, consisten en: a) La instrucción girada a la directora de Comercio, Mercados y Desarrollo Económico del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para dar contestación a sus escritos fechados el doce y veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en los términos en que fueron realizadas las respuestas. Lo que reclama al presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. b) El oficio MTM/RCMDE/DCMDE/192/2023, el que, dice, se originó la omisión de datos y el acceso a la información consagrada en el artículo 6 de la Constitución Federal. Que atribuye a la directora de Comercio, Mercados y Desarrollo Económico del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. c) La desposesión del local ubicado en Portal Florida, localizado entre las calles de avenida Dos de Abril y Nicolás Bravo, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en el que, refiere, expende nieves tradicionales. Que combate a las dos autoridades citadas. Tercero. Inexistencia de diversos actos reclamados a las autoridades responsables. Al rendir su informe justificado, el presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, negó la existencia de los actos que se le atribuyen. Por su parte, la directora de Comercio, Mercados y Desarrollo Económico de esa Municipalidad negó la existencia de uno de los actos que le reclama el agraviado, relativo a la desposesión del local ubicado en Portal Florida, localizado entre las calles de avenida Dos de Abril y Nicolás Bravo, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en el que, señala, expende nieves tradicionales. En consecuencia, ante la falta de pruebas que demuestren que el presidente Municipal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca instruyó a la directora de Comercio, Mercados y Desarrollo Económico, para que respondiera las peticiones que el quejoso realizó en ocursos fechados el doce y veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en el sentido en que lo hizo y que ambas autoridades lo desposeyeron del referido local comercial; con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de esos actos y autoridades responsables. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de un acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la directora de Comercio, Mercados y Desarrollo Económico del Ayuntamiento Constitucional de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, consistente en la emisión del oficio MTM/RCMDE/DCMDE/192/2023. Al respecto, señaló que con la respuesta otorgada en ese oficio no se omiten datos ni se niega al quejoso el acceso a la información consagrada en el artículo 6º de la Constitución Federal, dado que este último ejerció su derecho de petición cuando solicitó se le expidiera copia certificada de la documentación que acredita la titularidad y derechos del local comercial en cuestión, a lo que su autoridad otorgó una respuesta en el oficio que se combate en esta instancia. De ahí que, señala, el promovente debe fundarse en el artículo 8º constitucional y no en el precepto 6º de la ley suprema, puesto que son prerrogativas de naturaleza diferente. Además, aduce, el quejoso no acudió a las oficinas de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca a solicitar esa información ni lo hizo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y que la documentación que pide incluye datos personales a los que, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sólo sus titulares podrán acceder; por lo que su negativa de proporcionar la copia certificada que le fue solicitada no vulnera el artículo 6º de la Constitución Federal, toda vez que se ajusta a las restricciones legales y procedimientos establecidos para la protección de dichos datos. La existencia del acto reclamado se corrobora con la documental que la autoridad anexó como justificación a su informe, con valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Quinto. Causas de improcedencia. No se advierten motivos de improcedencia que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan, por lo que se analiza el fondo del asunto. Sexto. Conceptos de violación. La parte quejosa vertió diversos conceptos de violación, mismos que no se transcribirán literalmente, al no existir disposición de la Ley de Amparo que obligue hacerlo, ni se le deja en estado de indefensión, atento a la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 830 del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Séptimo. Estudio del fondo del asunto. El agraviado, sustancialmente, alega que la respuesta contenida en el referido oficio contraviene el principio de legalidad, así como el derecho de acceso a la información pública, al negarle la entrega oportuna de la información pública y condicionarlo a acreditar la titularidad de los derechos del local y funcionamiento comercial cuyos datos solicita, toda vez que la autoridad responsable no citó los fundamentos y motivos que justifican esa determinación. Antecedentes. Previo a realizar el análisis de ese motivo de disenso hecho valer por el quejoso, se precisan, como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: I. En escrito presentado el treinta y uno de julio último, Adán Ruiz López, con fundamento en los artículos 6º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 9 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; 68 de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado, 7 y demás relativos del Reglamento de Mercados, así como del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, solicitó a la directora de Comercio, Mercados y Desarrollo Económico del Ayuntamiento Constitucional de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca: a) Le expida copia certificada del permiso, licencia o autorización que se haya otorgado a la persona que, adujo, actualmente tiene derecho sobre el local comercial que refiere. b) En caso de que hubiese existido una revocación del permiso o una cesión de derechos, se le informe el procedimiento que se llevó a cabo para otorgar a esa persona un permiso respecto a ese local. c) Si se trató de una revocación de permiso, se le otorgue la cédula que acredite que le notificaron la resolución que avala el procedimiento y, en caso de que se tratara de una cesión de derechos, se le proporcione la solicitud de traspaso firmada por el cedente y cesionario. II. En respuesta a ese ocurso, la citada autoridad responsable emitió el oficio MTM/RCMDE/DCMDE/192/2023 de fecha nueve de agosto de dos mil veintitrés, de contenido siguiente: ". ." Del documento digitalizado que constituye el acto reclamado, se advierte que la directora de Comercio, Mercados y Desarrollo Económico del Ayuntamiento Constitucional de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en atención a las peticiones que el quejoso realizó en escrito presentado el treinta y uno de julio del año en curso, señaló que, con la finalidad de contar con elementos de prueba suficientes respecto a la titularidad de los derechos sobre el local comercial que refiere, el peticionario, previamente, debía presentar ante la autoridad municipal original o copia certificada del permiso municipal de inicio de operaciones, continuación de operaciones de los años subsecuentes a su inicio y recibos de pago oficial por dichos conceptos, respecto del funcionamiento comercial de la caseta con giro de nieves denominada "El Pingüino"; dado que no acredita ser su permisionario; lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Reglamento de Mercados Públicos de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. En el caso, el motivo de disenso que hace valer la parte quejosa se estima fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, toda vez que: - En principio, en el oficio MTM/RCMDE/DCMDE/192/2023, fechado el nueve de agosto de dos mil veintitrés, no se precisan las facultades y atribuciones de la funcionaria emisora, de las que se pueda desprender que se encuentra en posibilidad de atender lo peticionado. - No se cita el fundamento que justifique que la información solicitada es de aquella que deba ser catalogada como reservada o confidencial y que, por ello, el quejoso deba acreditar su titularidad, para lograr su obtención. Lo que ocasiona que la determinación contenida en ese documento carezca de fundamentación y motivación. - Incluso, la vulneración a derechos advertida se patentiza aún más, por el hecho de que en su informe justificado la directora de Comercio responsable señaló que el impetrante no acudió a las oficinas de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca a solicitar la información, ni lo hizo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. El derecho fundamental de petición que se consagra en el artículo 8º de la Constitución Federal se traduce en que, ante una petición elevada por escrito y en forma respetuosa, la autoridad correspondiente está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciéndosela saber al solicitante, sin que ello implique que la contestación deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues, atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Ahora, el tema de transparencia y acceso a la información pública que se trata se sustenta, principalmente, en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado precepto constitucional establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral (jurídica) o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. De tal forma, con el objeto de garantizar el acceso ciudadano a la información, en ese numeral se consagra el principio de máxima publicidad, conforme al cual las autoridades están obligadas a buscar siempre la mayor publicitación de la información pública, así como a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Ahora, en la fracción III de dicho artículo se complementó el mandato constitucional al señalar que toda persona, sin acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. Para la efectiva tutela de este derecho, en la fracción IV se precisó que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, los cuales se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece la propia Constitución. En concordancia con lo anterior, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información, de observancia general en toda la República, indica en su artículo 23 que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, en el ámbito municipal, entre otros. Para el cumplimiento de los objetivos de la referida legislación, su numeral 24, fracción VIII señala que los sujetos obligados, entre éstos, los Ayuntamientos de los Municipios, deberán cumplir, entre otras obligaciones, los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional. En ese sentido, el numeral 25 de la legislación en comento precisa que los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en esa ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas. Por su parte, la fracción IV del artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca dispone que los Ayuntamientos son sujetos obligados para los efectos de esa legislación. En tanto que el artículo 10, fracción XVII, de la misma legislación estatal establece que los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información deberán de designar a los titulares de las Unidades de Transparencia, quienes dependerán directamente del titular del sujeto obligado. También, el numeral 71, fracción VI, de la referida ley estatal refiere que la Unidad de Transparencia tendrá a su cargo la atención de las solicitudes de información de transparencia, así como los mecanismos de coordinación para el debido cumplimiento de dichas obligaciones. En el caso, atendiendo a los argumentos expuestos en párrafos que anteceden, se advierte que la directora de Comercio, Mercados y Desarrollo Económico del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca transgrede los principios de legalidad y máxima publicidad, así como el derecho fundamental de acceso a la información pública, pues, en principio, en el oficio reclamado no señala aquellos preceptos que fijan su propia competencia, a fin de que pueda establecerse de manera clara que las peticiones que atiende se encuentran dentro de su campo de acción, es decir, que se encuentra facultada para atender las solicitudes de acceso a la información. Tampoco explica por qué la información solicitada es de aquella que deba ser catalogada como reservada o confidencial y que, por ello, el quejoso deba acreditar su titularidad para lograr su obtención; ni precisa las razones por las que es necesario que el particular acuda a una unidad distinta a obtener la información indagada, como lo refirió en su informe justificado. Es necesario precisar que tanto el derecho de acceso a la información, como el derecho de petición, no son excluyentes entre sí, sino complementarios, de manera que si a través del ejercicio de este último el gobernado acude ante una autoridad a solicitar datos o informes, la autoridad no puede negar su otorgamiento so pretexto de que esa solicitud debía ejercerse por la vía de acceso a la información, sino que debe analizar si dicha información se relaciona con las funciones que tiene legalmente atribuidas y, en su caso, si se trata de información pública de la que pueda tener libre acceso el solicitante, esto es, que no sea reservada o confidencial; pues, sostener que la autoridad administrativa puede negarse a otorgar datos o informes que una persona requiera en ejercicio del derecho de petición, implicaría vaciar de contenido este derecho fundamental. De ahí que, tratándose de un escrito de petición en el cual, directa o indirectamente, se solicite acceso a la información pública, las autoridades se encuentran constreñidas a observar que toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona; que el derecho de acceso a la información se rige por el principio de máxima publicidad y que, en caso de restringirse o limitarse, la procedencia de tales excepciones siempre deberá ser acreditada plenamente por los sujetos obligados, quienes deberán motivar la clasificación de la información, señalando las razones y circunstancias especiales que los llevaron a concluir que, en el caso particular, se ajusta al supuesto de excepción. Ilustra a lo anterior, por las razones que informa, la tesis I.4o.A.7 A (11a.), con registro digital 2023922, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 8, diciembre de 2021, Tomo III, página 2199, de texto siguiente: "ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. NO ES EXIGIBLE ACREDITAR UN INTERÉS LEGÍTIMO EN EL ESCRITO DE PETICIÓN MEDIANTE EL CUAL, DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE SOLICITE, A MENOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS JUSTIFIQUEN FEHACIENTEMENTE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL, ACREDITANDO TALES EXTREMOS PARA VALIDAR LA RESTRICCIÓN (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO). Hechos: Una persona, por su propio derecho y a nombre de una asociación vecinal, que fue afectada en su vivienda por la construcción de un edificio realizada en un predio colindante, al observar que de los datos públicos contenidos en la página de Internet de una Alcaldía de la Ciudad de México se advertían fotos de una fachada que no correspondía al inmueble en construcción, presentó escrito de petición ante la autoridad competente en la Alcaldía para que revisara y verificara si se ajusta a derecho el trámite denominado "alineamiento y número oficial", llevado a cabo por el propietario o poseedor del inmueble en construcción. La respuesta a la parte afectada fue en el sentido de que, conforme al artículo 35 Bis de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, no se podía atender su solicitud, toda vez que ni ella ni la asociación son los titulares o causahabientes respecto del trámite referido, además de que no acreditaron su interés legítimo. Inconforme, promovió juicio contencioso administrativo en el que se declaró la nulidad de la resolución impugnada, por lo que la autoridad interpuso recurso de apelación, en el que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa local reconoció la validez de la sentencia, la cual fue impugnada por aquélla mediante juicio de amparo directo. Sin embargo, el escrito de petición no fue revisado adecuadamente y mucho menos atendido por la autoridad demandada, ni por el Pleno señalado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no es exigible acreditar un interés legítimo en el escrito de petición mediante el cual, directa o indirectamente se solicite el acceso a la información pública, a menos que los sujetos obligados justifiquen fehacientemente que se trata de información reservada o confidencial, acreditando tales extremos para validar la restricción, pues los derechos fundamentales no pueden ser disminuidos injustificadamente por normas de carácter formal o interpretaciones desmesuradas. Justificación: Lo anterior, porque como lo sostuvo este tribunal en la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/95, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. SU RELACIÓN DE SINERGIA CON EL DERECHO A LA INFORMACIÓN.", entre el derecho de petición y el de acceso a la información existe una sinergia, pues se encuentran vinculados y relacionados, en la medida que garantizan a los particulares el derecho no sólo a que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término, sino a que sea con información completa, veraz y oportuna de que disponga o razonablemente deba disponer la autoridad, lo que constituye un derecho fundamental tanto de los individuos como de la sociedad. De ahí que, tratándose de un escrito de petición en el cual, directa o indirectamente se solicite acceso a la información pública, forzosamente deba atenderse al contenido del artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública. Asimismo, de una interpretación sistemática de los artículos 4, 100 y 102 a 105 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 2, 3, 4, 169, 170 y 173 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se colige que las autoridades locales se encuentran constreñidas a observar que toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona; que el derecho de acceso a la información se rige por el principio de máxima publicidad y que, en caso de restringirse o limitarse, la procedencia de tales excepciones siempre deberá ser acreditada plenamente por los sujetos obligados, quienes deberán motivar la clasificación de la información, señalando las razones y circunstancias especiales que los llevaron a concluir que, en el caso particular, se ajusta al supuesto de excepción. Además, los sujetos obligados deberán, en todo momento, aplicar una prueba de daño. En este contexto, no resulta exigible acreditar un interés legítimo para, a través de un escrito de petición, tener acceso a información pública, a menos que los sujetos obligados justifiquen fehacientemente que se trata de información reservada o confidencial, acreditando tales extremos para validar la restricción, pues los derechos fundamentales no pueden ser disminuidos injustificadamente por normas de carácter formal o interpretaciones desmesuradas". En esa tesitura, debe considerarse que el derecho de petición y el de acceso a la información no se excluyen entre sí, sino que se encuentran estrechamente relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el derecho, no sólo a que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término, además que se haga con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o razonablemente deba disponer la autoridad, lo que constituye un derecho fundamental tanto de los individuos como de la sociedad. En esas condiciones, válidamente se puede afirmar que cuando una autoridad ante la que se ejerció el derecho de petición estima que la información debe solicitarse por conducto de la unidad de transparencia correspondiente -como así lo refirió la directora de Comercio en su informe justificado-, la observancia a ese derecho fundamental no se limita a que comunique esa circunstancia al particular; sino conlleva a remitir a dicha unidad la respectiva petición, y cuando ésta tenga conocimiento de lo pedido, deberá emitir la respuesta conducente, haciéndola del conocimiento del gobernado. Sustenta a lo así determinado el criterio que sostuvo la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a. CLVI/98 con registro digital 194918, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 437, que dispone: "PETICIÓN. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OTORGADA POR UNA VIOLACIÓN A TAL DERECHO, EN CASO DE QUE LA COMPETENCIA PARA EMITIR LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE SE VEA MODIFICADA, VINCULA, INCLUSIVE, A LA AUTORIDAD QUE INCORPORA EN SU ESFERA COMPETENCIAL LAS ATRIBUCIONES RESPECTIVAS. Si se otorga la protección constitucional respecto de la omisión de una autoridad en dar respuesta a una solicitud elevada de manera pacífica y respetuosa previamente a que su competencia legal fuera modificada, trasladándose las atribuciones para emitirla a una diversa autoridad, los efectos vinculatorios de la sentencia concesoria no se limitan a que a aquella ante la que se pidió haga del conocimiento del gobernado su falta de competencia, sino conlleva a remitir a esta última autoridad la respectiva documentación y, cuando ésta tenga conocimiento de lo pedido, emita respuesta, haciéndola del conocimiento del gobernado; ésta conclusión deriva del hecho de que la ejecución de las sentencias de amparo, traducida en la restitución en el goce de la garantía violada, corresponde no solamente a las autoridades participantes en el juicio de garantías, sino a cualquier otra que por sus funciones deba intervenir en ello". Octavo. Efectos de la sentencia de amparo. Por lo expuesto, al ser fundado el motivo de disenso vertido por la parte quejosa, procede conceder el amparo y protección Federal solicitada, para el efecto de que la directora de Comercio, Mercados y Desarrollo Económico del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca: a) Deje insubsistente el oficio MTM/RCMDE/DCMDE/192/2023 de fecha nueve de agosto de dos mil veintitrés. b) En su lugar, emita otro en el que de manera fundada y motivada, precise cuáles son los preceptos que fijan su competencia y, por tanto, delimitan su campo de acción, a fin de que pueda establecerse si se encuentra legalmente facultada o no, para proporcionar la información solicitada por el justiciable. c) En caso de que reitere que la referida información deba solicitarse a través de la Unidad de Transparencia de ese Municipio, deberá fundar y motivar esa determinación, indicando las razones por las que la información solicitada es de aquélla que deba ser catalogada como reservada o confidencial y que, por eso, el particular debe acudir a diversa instancia para lograr su obtención. d) Hecho lo anterior, y solamente en el caso de que considere que la solicitud debe realizarse a través de la Unidad de Transparencia, entonces deberá remitir la solicitud del peticionario a ese organismo, notificándole a éste dicha circunstancia. Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca: En el supuesto de que se remita a la referida autoridad la petición del aquí quejoso, deberá dar respuesta a su solicitud, en un plazo no mayor a diez días, como así lo establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, debiendo notificar dicha respuesta al particular en el domicilio señalado en su escrito respectivo. Noveno. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Adán Ruiz López, respecto a los actos reclamados, consistentes en: a) Instrucción girada a la directora de Comercio, Mercados y Desarrollo Económico del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para dar contestación a sus escritos fechados el doce y veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en los términos en que fueron realizadas las respuestas. Que reclama al presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. b) La desposesión del local ubicado en Portal Florida, localizado entre las calles de avenida Dos de Abril y Nicolás Bravo, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en el que, refiere, expende nieves tradicionales. Que combate al citado presidente Municipal y a la directora de Comercio, Mercados y Desarrollo Económico, ambos del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. En términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia Federal ampara y protege al quejoso Adán Ruiz López, contra el oficio MTM/RCMDE/DCMDE/192/2023, de fecha nueve de agosto de dos mil veintitrés, que atribuye a la directora de Comercio, Mercados y Desarrollo Económico del Ayuntamiento Constitucional de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; en términos del considerando cuarto y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución. Tercero. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
INC 829/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído dictado el diez de octubre del año en curso se agregaron los informes justificados de las autoridades responsables 1° presidente Municipal y 2° directora de Comercio, Mercado y Desarrollo Económico, ambos del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; lo que se hizo del conocimiento de la parte quejosa el día en que se actúa. 2. Diferimiento de la audiencia constitucional. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes procesales queden notificadas con la anticipación debida de los citados informes justificados y se impongan de su contenido, así como de la documental anexa al mismo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las diez horas con dos minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. 2. Forma de notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen los oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite; con excepción de las partes procesales a quienes deban notificarse vía electrónica o interconexión. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 829/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintitrés. 1. Informes justificados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense los oficios del 1° presidente Municipal y 2° directora de Comercio, Mercado y Desarrollo Económico, ambos del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mediante los que rinden informe justificado; con los mismos dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. 2. Pruebas. Conforme a lo dispuesto en el precepto 119 de ese ordenamiento legal, se tiene a la segunda autoridad oficiante ofreciendo como pruebas a) la instrumental de actuaciones y b) presuncional legal y humana; las que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. 2. Delegados y domicilio. Por último, con base en lo establecido en los diversos numerales 9° y 28, fracción I, de la Ley Amparo, téngase a las citadas responsables señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican y como delegados a las personas que mencionan. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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