Adán Quezada Rodríguez

Expediente 724/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
724/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Adán Quezada Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio 5021 firmado electrónicamente por el Secretario del Primer Tribunal Colegido en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el auto de treinta de agosto del presente año, dictado por la superioridad, del que se desprende que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Adán Quezada Rodríguez; medio de impugnación que quedó registrado como amparo en revisión civil 260/2023 de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés.****************************************Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte en auto de tres de julio de dos mil veintitrés, se reservó remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********************, lo que de conformidad con la certificación secretarial que antecede, ya aconteció. ****************************************En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, el juicio de amparo en que se actúa, previo cuaderno de antecedentes que se forme, el original de los escritos de expresión de agravios y copia del mismo para el fiscal de su adscripción, así como un tomo de pruebas; lo anterior para los efectos legales procedentes.****************************************En la inteligencia que se deja disponible el expediente electrónico del presente juicio de amparo 724/2022 para que sea vinculado por la Superioridad a través del Sistema de Integral de Seguimiento de Expedientes, hágase del conocimiento de la Encargada de Sise para tales efectos.************************************************************NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, tres de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el escrito firmado por el quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios, con excepción de la parte recurrente, en razón de que es quien interpone el citado medio de impugnación. Una vez que se encuentren debidamente integrados los autos del expediente en que se actúa, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, para que acuerde lo que en derecho corresponda, debiéndose anexar el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo para el Fiscal de su adscripción, previa formación del cuaderno de antecedentes. Siendo responsabilidad del secretario y del oficial de trámite encargados de este asunto, la remisión oportuna ordenada de las comunicaciones que resulten del presente asunto. Finalmente, en obvio de dilaciones procesales, se les requiere a las autoridades foráneas a fin de que acusen recibo de los oficios que al efecto se giran al correo electrónico oficial (8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx); lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que no se notificó al tercero interesado ******************** la sentencia de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, mediante oficio remítase copia de la misma, a fin de que se encuentre debidamente notificada de la citada sentencia; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO, A LA PARTE TERCERO INTERESADA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO Y EN RAZÓN DE QUE LA PARTE QUEJOSA ADÁN QUEZADA RODRÍGUEZ, o sus autorizados, no comparecieron al Órgano Jurisdiccional de mi adscripción dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del AVISO que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el diecinueve de junio de dos mil veintitrés; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación de la sentencia de dieciséis del mes y año en curso; queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, misma resolución que dice: R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, Adán Quezada Rodríguez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de autoridad que hizo consistir en: III.- "AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS. 1.- Al Juez y Secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán, se les reclama el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, donde se niega la admisión del recurso de revocación interpuesto en contra del diverso de once del mismo mes y año, dictado en el juicio ordinario civil 341/2019. 2.- Al Juez y Secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán, se les reclama el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, donde se niega la admisión del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto en contra del auto de once del mismo mes y año, dictado en el juicio ordinario civil 341/2019. Asimismo, el quejoso expuso que se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal, narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se avocó al conocimiento del asunto y la registró con el número 724/2022; se desechó la demanda por lo que se refiere al Secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Uruapan, Michoacán, se admitió por el titular del referido órgano jurisdiccional; se solicitó informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Por otra parte, en auto de diez de enero de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de terceros interesados al Jefe Regional del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en Uruapan, Michoacán, Nancy Eréndira, Ma. Refugio, Efraín, José Fidencio, Adolfo, Héctor Gerardo y Víctor Hugo, todos de apellidos Quezada Villaseñor, del primero consta acuse del oficio 270/2023 deducido del auto admisorio, por medio del cual se le emplazó a juicio, y a los restantes se les tuvo apersonándose al presente juicio a través de sus mandatarios jurídicos, en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Finalmente, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el siete de marzo de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; además, en razón de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la demarcación territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de técnica del juicio, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados. Apoya lo anterior las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que Adán Quezada Rodríguez reclama del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Uruapan, Michoacán: Los autos de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, donde en su orden, se niega la admisión del recurso de revocación y del incidente de nulidad de actuaciones, respectivamente, ambos interpuestos en contra del diverso de once del mismo mes y año, dictados en el juicio ordinario civil 341/2019. TERCERO.- Existencia de los actos reclamados. Precisados los actos reclamados, corresponde determinar su existencia o inexistencia, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis aislada de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, pues así lo manifestó en su informe justificado, además informó que el once de noviembre de dos mil veintidós, dictó los acuerdos reclamados en el juicio 341/2019, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 133/2020, ordenando girar oficio al Registro Público para dejar sin efectos (en caso de haberse realizado), las cancelaciones que se habían ordenado en la resolución dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil, que había revocado la sentencia de primer grado (en la que se había declarado improcedente la acción de cancelación de anotaciones marginales), para ahora el referido Magistrado ordenar cancelar las anotaciones marginales. La existencia de los actos reclamados, se corrobora con la copia certificada de las constancias del juicio ordinario civil 341/2019, que remitió como complemento a su informe justificado la autoridad responsable, donde se advierte que se emitieron dos acuerdos el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Documental que adquiere el carácter de pública, por tratarse de documento público expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su precepto 2°, respecto de los hechos afirmados por la autoridad que las emitió. Cobran aplicación las jurisprudencias emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal del país de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo a su estudio y para la mejor comprensión del presente asunto, es oportuno hacer relación de los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de la copia certificada del juicio ordinario civil 341/2019. 1.- Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, y el ocho siguiente ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, Adán Quezada Rodríguez, en la vía ordinaria civil, demandó al Jefe Regional del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en esta ciudad, las prestaciones siguientes: "PRIMERO.- La cancelación de las inscripciones y/o anotaciones marginales, inscritas en el libro de propiedad del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, en favor de [.] bajo el número 7 del tomo 3318 (relativa a la escritura 2070 correspondiente a la protocolización de las constancias del juicio de petición de herencia 161/1997, promovido por los hermanos Quezada Villaseñor frente a la sucesión intestamentaria a bienes de Eliseo Quezada Sánchez y Antonia Rodríguez de Quezada). SEGUNDO.- [.] se deje sin efecto las anotaciones marginales y/o inscripciones realizadas en el registro número 7 del tomo 3318 del libro de propiedad de esta ciudad, cancelando dicha escritura de propiedad". Lo anterior pues consideró que con el citado registro, se cancelaron los números y tomos de las propiedades de los finados Eliseo y Antonia que pasaron a favor de sus herederos legítimos hermanos Quezada Rodríguez quienes fueron objeto de cancelación total (respecto de la escritura 2715 registrada con el número 73 del Tomo 1773, relativa a la protocolización de las constancias del juicio sucesorio intestamentario 411/1993 a bienes de Eliseo Quezada Sánchez y Antonia Rodríguez de Quezada). 2.- Dicho procedimiento fue admitido a trámite en auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, bajo el número de expediente 341/2019; se ordenó emplazar a juicio a la parte demandada, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a las pretensiones del actor. 3.- Mediante oficio recibido el catorce de mayo de dos mil diecinueve, el Jefe Regional de Uruapan, Michoacán, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, informó que no es cierto que los tomos y registros relativos al registro 7 tomo 3318, se hayan encontrado trasladados antes de asentar dicho registro, ya que dichos antecedentes registrales fueron trasladados por fracciones, así como porcentajes del 10%, además no se aplicó el registro 19835 tomo 101. 4.- Seguido dicho juicio por sus cauces legales, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, en la cual, el Juez de origen determinó que el actor no tiene interés jurídico para demandar las prestaciones en la forma en que lo hizo, toda vez que si bien aduce que en el tomo 3318 registro 7 se anotaron datos de referencia respecto de bienes que ya se encontraban cancelados o trasladados afirmando que se duplican los registros respecto de dos escrituras, sin mencionar cuál escritura es la que se duplica, que si bien él y sus hermanos adquirieron por sucesión 411/1993, a bienes de Eliseo Quezada Sánchez y Antonia Rodríguez de Quezada, de acuerdo a la escritura 2715, registrada con el número 73, tomo 1773, ello no le da derecho a reclamar lo pretendido pues la cancelación de registros debe contener el consentimiento del titular del derecho, cuando ni siquiera fue demandado en el juicio, como tampoco esa circunstancia hace demostrar el doble registro, además se pudo dar fe que las anotaciones marginales respecto de la escritura inscrita en el Tomo 3318 Registro 7, únicamente se refieren a traslados de dominio relativas a fracciones y no a la totalidad de los inmuebles. 5.- Inconforme con la determinación que antecede, Adán Quezada Rodríguez, interpuso recurso de apelación, del cual conoció y resolvió el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Morelia, Michoacán, bajo el toca 429/2019, en la que determinó revocar la resolución de primer grado, para ahora considerar procedente la acción de cancelación de anotaciones y ordenó la cancelación de los asientos registrales materia de dicho juicio; al considerar que el enjuiciante precisó que en la escritura pública que se registra bajo el número 7, Tomo 3318, se realizó el doble registro de que se trata, además si fue declarado heredero en la escritura 2715, en la cual aparecen varios antecedentes registrales mismas que constan en el instrumento notarial 2070, entonces si tiene interés, justo porque esta última es de fecha posterior a la del actor. 6.- Mediante auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, a petición de la parte actora del juicio natural, se ordenó girar oficio, con los insertos necesarios al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, a fin de que se sirva cancelar las inscripciones marginales que obran en el instrumento público registrado bajo el número 7 del tomo 3318, en la forma y términos indicados en la ejecutoria emitida por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Enviándose para tal efecto, el oficio 345/2020. 7.- Mediante oficio 299/2020, de seis de marzo de dos mil veinte, el Jefe Regional de Uruapan, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado, informó que respecto de la cancelación de los asientos registrales que obran en el instrumento público registrado bajo el número 7, Tomo 3318, hace del conocimiento que dentro de dicho registro se encuentran varias anotaciones en vías de ejecución de amparo, mismas se encuentran vigentes que a la fecha, razón por la cual solicita se le informe si aún con dichas anotaciones provenientes de un órgano federal se realice dicha cancelación; además fue notificado de los oficios 4308 y 4319 del juzgado octavo de distrito, dentro del juicio de amparo 133/2020, en los que se ordenó abstenerse de realizar cualquier acto de cancelación respecto de la escritura pública número 2070 inscrita en esa oficina con el número 7 Tomo 3318, hasta en tanto se resolviera la suspensión definitiva, siendo precisamente la misma por la que se solicita la cancelación. 8.- El veinte de octubre de dos mil veintidós, se recibió la resolución de quince de julio de dos mil veintidós, emitida por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en el toca I-449/2019, en cumplimiento a la ejecutoria del amparo 133/2020, del índice de este juzgado Octavo de Distrito, en la cual, señaló que el treinta de junio del mismo año dejó insubsistente la diversa de seis de enero de dos mil veinte, y dictó otra en la que ordenó reponer el procedimiento dejando insubsistente todo lo actuado incluyendo los actos que en su caso, haya realizado el Jefe Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en Uruapan, derivado de lo sentenciado en el juicio 341/2019. 9.- En auto de veinticuatro de octubre de dos mil veinte, el Juzgado de origen requirió a la parte actora para que ampliara su escrito inicial señalando como demandados a los quejosos del juicio de amparo 133/2020, respecto de quienes se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario, debiendo señalar el domicilio de cada uno de ellos. 10.- El tres y cuatro de noviembre de dos mil veintidós, el Actuario adscrito al juzgado de origen, asentó la imposibilidad de emplazar a los demandados. 11.- El once de noviembre de dos mil veintidós (acto reclamado), el Juez de origen ordenó requerir al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, para que en caso de haberse realizado las cancelaciones de las inscripciones que obran en el instrumento público registrado con el número 7, tomo 3318, se sirva dejar sin efectos las mismas dejando las cosas en el estado que se encontraban, lo que realizó mediante oficio 1871 de la misma fecha. 12.- El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós (acto reclamado), se dijo al actor Adán Quezada Rodríguez que no ha lugar a tenerlo por interponiendo recurso de revocación en contra del auto de once del mismo mes y año, ya que la finalidad del mismo es revocar un auto que fue dictado dentro del cuadernillo de amparo, en cumplimiento a la ejecutoria de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, ante ello, si considera que existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria, es ante el juzgado federal en el cual deberá promover lo correspondiente. 13.- En diverso auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós (acto reclamado), el Juez de origen dijo al actor Adán Quezada Rodríguez que no ha lugar a tenerlo promoviendo incidente de nulidad de notificaciones por lo que ve al auto de once del mismo mes y año, ya que dicho incidente no se encuentra contemplado dentro de la legislación civil, pues la nulidad de actuaciones solamente se contempla para la nulidad de emplazamiento; aunado a lo anterior, el auto que desea se nulifique fue dictado dentro del cuadernillo de amparo, en cumplimiento a la ejecutoria de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, ante ello, si considera que existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria, es ante el juzgado federal en el cual deberá promover lo correspondiente. 14.- En auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se dijo al actor que no ha lugar a tenerlo promoviendo recurso de apelación en contra del auto del once del mismo mes y año, ya que la finalidad del recurso es entrar al estudio del auto apelado el cual se dictó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ante ello, si considera que existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria, es ante el juzgado federal en el cual deberá promover lo correspondiente. 15.- El veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se dijo al actor que no ha lugar a tenerlo promoviendo recurso de apelación en contra del auto de dieciocho del mismo mes y año, mediante el cual se desechó el recurso de revocación e incidente de nulidad, ya que la finalidad del recurso es entrar al estudio de los autos apelados, los cuales fueron dictados en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ante ello, si considera que existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria, es ante el juzgado federal en el cual deberá promover lo correspondiente. 16.- El treinta de noviembre de dos mil veintidós, se dijo al actor que no ha lugar a tenerlo promoviendo recurso de apelación en contra del auto de dieciocho del mismo mes y año, mediante el cual se desechó el recurso de revocación ya que la finalidad del recurso es entrar al estudio de autos que fueron dictados en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ante ello, si considera que existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria, es ante el juzgado federal en el cual deberá promover lo correspondiente. 17.- En diverso auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al actor Adán Quezada Rodríguez, interponiendo recurso de queja contra el auto de veintiocho del mismo mes y año, en el que se tuvo por no admitido el recurso de apelación contra el proveído de dieciocho del mismo mes y año, se ordenó dar vista a la parte demandada para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, asimismo ordenó enviar informe y el expediente a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La copia certificada del juicio ordinario civil 341/2019, adquiere el carácter de documental pública, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país, de rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. Procedencia. Se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte de manera oficiosa la actualización de alguna causa de improcedencia, ni tampoco fueron invocadas por las partes del juicio, motivo por el cual, no se hará mayor pronunciamiento sobre el particular. SEXTO. Conceptos de violación. El quejoso expresó los conceptos de violación insertos en su escrito de demanda, cuya transcripción se hace innecesaria, pues no constituye un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni en alguna otra disposición, bastando que se haga el estudio de los mismos como en derecho corresponda. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En ese orden de ideas, el quejoso en sus conceptos de violación sostiene en síntesis: 1.- Se violan en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque la autoridad responsable en ningún momento señala el número del presunto cuadernillo de amparo, ni hace constar la existencia de dicho cuadernillo; que no fundamenta el auto impugnado; viola el artículo 193 de la Ley de Amparo, porque cualquier órgano jurisdiccional competente de oficio o a petición de parte podrá ordenar que se abra un incidente, lo que no realizó la autoridad competente. 2.- Que el artículo 743 del Código Procesal Civil del Estado, establece que las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no admiten recurso alguno excepto las que impliquen exceso o defecto de lo ejecutado que admiten recurso de apelación. 3.- Que conforme a los artículos 95, 96, 97, 876 y 877 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la nulidad de actuaciones no se contempla únicamente para el emplazamiento, y conforme al referido artículo 876, los incidentes son admisibles hasta antes de que el negocio quede en estado de sentencia y actualmente el juicio 341/2019, se encuentra para emplazar a los litisconsortes SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación son infundados en una parte e inoperante en otra, sin que el presente asunto se encuentre en alguno de los casos de suplencia de la queja previstos en el artículo 79, de la Ley de Amparo. De la lectura de los autos reclamados de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se advierte que la consideración medular por la que el Juez responsable no se admitió el recurso de revocación y el incidente de nulidad de actuaciones respecto del auto de once del mismo mes y año, es porque dicho auto se emitió en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 133/2020, por lo que si el actor considera existe exceso o defecto en su cumplimiento debería promover lo conducente ante este juzgado. En una parte de sus conceptos de violación, el quejoso refiere que se violan en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque la autoridad responsable en ningún momento señala el número del presunto cuadernillo de amparo, ni hace constar su existencia. Lo anterior es infundado, en atención a que el quejoso Adán Quezada Rodríguez, es la parte actora del juicio de origen 341/2019, además fue llamado a juicio como tercero interesado al amparo 133/2020, del índice de este juzgado, incluso promovió recurso de revisión contra la sentencia dictada en dicho juicio de amparo, el cual tuvo como resultado que se confirmara la sentencia concesoria; por tanto, es dable considerar que tuvo conocimiento que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Décimo Primer Circuito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en la ejecutoria dictada el dos de junio de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 22/2022, confirmó la sentencia dictada por este juzgado en el amparo indirecto 133/2020; de ahí que resultara innecesario que el Juez responsable le hubiera hecho precisión del cuadernillo de amparo que se formó con motivo de la sentencia dictada en el juicio de origen y dentro del cual con la emisión del acto reclamado pretende dar cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Por otro lado, contrario a lo alegado por el quejoso, la autoridad responsable sí fundamentó los proveídos reclamados, toda vez que para tal efecto invocó los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, resultando por tanto, infundada esa parte de su concepto de violación donde aduce falta de fundamentación. Tampoco es verdad que la autoridad responsable violente el artículo 193 de la Ley de Amparo, porque no ordenó que se abriera un incidente, en el supuesto de que fuera necesario precisar, definir, concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria; es así, toda vez que esa facultad corresponde al órgano judicial de amparo, conforme al propio precepto que invoca; de ahí lo infundado de que "cualquiera de los órganos judiciales" de oficio o a petición de parte podrá ordenar que se abra un incidente. En otra parte de sus conceptos de violación, el quejoso aduce que el artículo 743 del Código Procesal Civil el Estado, establece que las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no admiten recurso alguno excepto las que impliquen exceso o defecto de lo ejecutado que admiten recurso de apelación. Lo anterior es inoperante, porque parte de una premisa falsa, puesto que de la lectura integral de los escritos presentados el catorce y quince de noviembre de dos mil veintidós, por el actor aquí quejoso ante la autoridad responsable, no se advierte que hubiera promovido el recurso de apelación en contra del auto de once de noviembre del mismo año, sino que fue categórico en referir que interponía en su orden, recurso de revocación e incidente de nulidad de actuaciones respectivamente; de ahí lo inoperante en pretender que la autoridad responsable hubiere admitido a trámite el diverso recurso de apelación que refiere el numeral 743 invocado por el quejoso. Finalmente, resultan inoperantes los conceptos de violación en los que se aduce que conforme a los artículos 95, 96, 97, 876 y 877, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la nulidad de actuaciones no se contempla únicamente para el emplazamiento y que de conformidad con el invocado artículo 876, los incidentes son admisibles hasta antes de que el negocio quede en estado de sentencia y actualmente el juicio 341/2019, se encuentra para emplazar a los litisconsortes. Lo anterior debe considerarse inoperante, debido a que tales argumentos no controvierten la consideración esencial en la que la autoridad responsable se basó para emitir los acuerdos reclamados, en el sentido de que la finalidad del recurso de revocación y el incidente de nulidad de actuaciones, es revocar el auto de once del mismo mes y año, el cual se emitió en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 133/2020, por lo que si el actor considera existe exceso o defecto en su cumplimiento debería promover lo conducente ante este juzgado. Y como el quejoso omitió expresar la causa de pedir que controvirtiera legalmente la determinación de la autoridad responsable, entonces este Juzgado de Distrito encuentra un impedimento técnico que imposibilita el examen de sus manifestaciones que realiza en vía de concepto de violación; y al no advertirse ni siquiera la causa de pedir, no es posible jurídicamente declarar la ilegalidad de los acuerdos reclamados, y los mismos deben quedar incólumes. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO". En ese orden de ideas, al resultar infundados en una parte e inoperantes en otra los conceptos de violación, y como no se actualiza ninguna de las hipótesis que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo para suplir la queja deficiente; es evidente que los acuerdos reclamados no son violatorios de los derechos de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por tanto, procede NEGAR la Protección Federal solicitada. OCTAVO. Publicación de datos personales. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 68, 110 y 113, fracción I, de la citada legislación, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A Adán Quezada Rodríguez, respecto de los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, y por oficio a la autoridad responsable. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Control (electrónico) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

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