Adan Pina Jijon

Expediente 1328/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1328/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Adan Pina Jijon

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su representante legal en la Ciudad de Oaxaca de Juárez; por lo que con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, XII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 5°, 33 fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 115 a 117, de la Ley de Amparo. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 1328/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará o de plano. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado que le atribuye la parte promovente al Instituto Mexicano del Seguro Social consiste en la omisión de dar respuesta al escrito de diez de octubre de dos mil veintidós, relativo a su solicitud de liquidación. Ahora, de lo anterior se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Del primer precepto citado, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5º, fracción II, de la Ley de la materia, se desprende que la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. En ese tenor, por autoridad responsable se entiende todo órgano dotado de facultades que implican poder de decisión y ejecución, esto es, que realiza actos de naturaleza jurídica que afectan la esfera de los particulares y la de imponer a estos sus determinaciones unilateralmente, modificando o alterando situaciones jurídicas concretas. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/977, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Así, al tomar en cuenta las consideraciones contenidas en el criterio invocado, es dable concluir que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público otorgadas por la norma jurídica, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella (unilateralmente). Dicho de otro modo, es autoridad la persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado otros precedentes en relación con el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y estableció que es aquella que con fundamento en una norma legal pueda emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; por tanto, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con el particular, independientemente de su naturaleza formal; b) Que esa relación tenga su origen en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, la nota distintiva del concepto jurídico de autoridad responsable, consiste en el ente público que, actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular, mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad. Así, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa motu proprio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público; por tanto, se conserva así en la Ley de Amparo el concepto jurídico de "autoridad responsable", que sobre dicho concepto normativo ya existía respecto de la anterior ley. En ese sentido, el acto de autoridad debe ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo y coercitivo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos, entre las que se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Ahora, tratándose de los órganos del Estado, estos pueden actuar en dos tipos de relaciones: de supra a subordinación y en relaciones de coordinación; en las primeras, actúan como autoridad frente a particulares y sus actos contienen las características de unilaterales, coercitivos e imperativos; en las últimas, no cuentan con ese poder de mando y realizan actividades como cualquier particular. En ese orden de ideas, en el caso en particular, el quejoso reclama la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su representante legal en la ciudad de Oaxaca, de dar contestación a su escrito de diez de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó su liquidación. En esa tesitura, del contenido del escrito de diez de octubre de dos mil veintidós, presentado por el aquí quejoso, se advierte que, si bien se hace mención a un despido injustificado, cierto es que, de la propia relatoría del quejoso en dicho ocurso, se advierte que continúa laborando para el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que se estima, demuestra que la petición ahí formulada se realizó en un plano de coordinación trabajador-patrón y no de supra subordinación En ese contexto, se considera que dicha omisión no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, por tratarse de una relación jurídica que se encuentra en un plano de coordinación entre particulares (un trabajador y su empleador). Así, al ente público señalado como responsable no le asiste tal calidad para efectos del juicio de amparo, en tanto que lo solicitado por el quejoso, tiene su origen en la relación laboral que existe entre ellos, pues le solicita un pago al que estima tener derecho con motivo de esa relación de trabajo que mantienen, lo que denota que no estamos ante un genuino acto de autoridad; sino de una pretensión de pago que corresponde ser dilucidada en la instancia común. Pues es, el acto atribuido a la citada autoridad, no creó, modificó o extinguió situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, menos aún tuvieron sustento en facultades otorgadas por una norma general, al tener en primer término, la autoridad responsable el carácter de patrón. De ahí que se estime que lo ahora reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues dicha omisión existe bajo relación de trabajo, es decir, en igualdad de condiciones. Desde esa perspectiva, la omisión aquí reclamada es un acto que no encuadra como el de uno de autoridad, sino que se trata de una controversia entre un trabajador (quejoso) y su empleador (Instituto Mexicano del Seguro Social), En mérito de lo anterior, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, al ser notoria y manifiesta la improcedencia, con fundamento en los numerales antes citados, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Habilitación de días y horas. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala; y como autorizados para tal efecto a las personas menciona, como lo solicita expresamente. Medios electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza al Secretario Judicial adscrito para que firme el oficio que derive de la presente determinación. Notifíquese personalmente al quejoso.

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