Adán Ortiz González (Representante)
Expediente 709/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Adán Ortiz González (Representante)
- ADÁN ORTIZ GONZÁLEZ (REPRESENTANTE) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
INFORMA Agréguese a sus autos, únicamente para que obre como en derecho corresponda, el oficio de cuenta del FISCAL DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, recibido vía correo electrónico, en virtud de que por proveído de dieciséis de agosto del año en curso, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto.
- Principal
Agréguense los oficios de cuenta con sus anexos, recibidos vía correo electrónico institucional; visto su contenido, se provee lo siguiente: CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO La Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de San Andrés Calpan, Puebla y Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, remite la información requerida, por lo que cumple con lo ordenado en auto de veinticinco de julio de la presente anualidad. DESECHADA Este juzgado estima que la demanda fue promovida por una persona que no estaba legitimada para ello, lo que la hace notoriamente improcedente y, por ende, se desecha de plano. Se pasa a explicar. Con la demanda de amparo se tomó conocimiento de que, a decir de Adán Ortiz González, Pablo Santiago Ortiz González estaba incomunicado. Las razones esenciales que con ese respecto expresó el promovente, fue que después de que el quejoso fue detenido no sabía en dónde se encontraba, que la plataforma del Registro Nacional de Detenciones indicaba que estaba en el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5, que al acudir le informaron que ahí no se encontraba; además de que lo buscó en otros lugares de detención de personas y no localizó a su hermano Pablo Santiago Ortiz González. Luego, con la diligencia practicada el treinta de junio del año en curso, el actuario judicial dio fe de la búsqueda del quejoso hasta que lo encontró; destacó que se constituyó en el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5 en donde fue informado que el quejoso Pablo Santiago Ortiz González ya no se encontraba ahí, porque fue trasladado a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla; lugar en el que el actuario lo encontró en donde fue puesto a disposición por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Regional de San Andrés Calpan, y que en ese momento aún no estaba asignado a algún juez. En diligencia de esa misma fecha, el quejoso ratificó la demanda ante el actuario judicial y manifestó que "sí está incomunicado". De las documentales enviadas por las citas autoridades ministeriales se advierte que el impetrante de amparo no estuvo incomunicado, pues consta la diligencia de veintiocho de junio de dos mil veintidós, practicada a las veintidós horas con treinta minutos, dentro de la carpeta de investigación FGEP/ CDI/ FIR/ CALPAN -I/ 007377/2022, en la que la representante social permitió al quejoso hacer una llamada, a lo que éste contestó que no tener deseo de realizarla porque sus familiares estaban enterados de que estaba detenido y le hablaron a su abogado particular Ernesto Adán Carrasco Martínez quien ya estaba enterado; incluso éste firmó esa acta. Acto continuo, se le hizo saber que tenía derecho a nombrar a su abogado y en caso de no hacerlo se le asignaría un defensor social a lo que manifestó en ese momento que nombraba como su abogado particular al Licenciado Ernesto Adán Carrasco Martínez, quien se encontraba en el interior de las instalaciones del Ministerio Publico, solicitando que le asistiera en su declaración ministerial; posteriormente, se tuvo al citado lego protestando el cargo conferido por el quejoso directo. Circunstancias que implican la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con los eventos y circunstancias que la autoridad responsable evidencia y corrobora con las documentales que anexa se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues Adán Ortiz González, con el fin de justificar su legitimación para promover en nombre de Pablo Santiago Ortiz González, manifestó, que éste se encontraba incomunicado. Es decir, el promovente invocó una situación que lo legitimaba para promover la demanda de amparo en nombre de otro, con el fin de ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo que es del texto que a continuación se cita: "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el referido artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, el promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Adán Ortiz González, estuviera en aptitud de promover en nombre de Pablo Santiago Ortiz González, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que las constancias que remitieron las autoridades antes citadas se advierte que el aquí directo quejoso no se encontraba incomunicado y, por ende, imposibilitado para promover la demanda de amparo en que se actúa. Lo anterior, ya que pese a que, Adán Ortiz González, bajo protesta de decir verdad, sostuvo que Pablo Santiago Ortiz González, se encontraba incomunicado; sin embargo, se puede advertir que éste no estuvo incomunicado; lo que implica que ha estado en aptitud o en posibilidad de ejercer sus derechos. Ante ello, resulta evidente que Adán Ortiz González, carecía de legitimación para promover la demanda de amparo en nombre de Pablo Santiago Ortiz González. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede desechar la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Por tanto, se dejan sin efectos las medidas provisionales de suspensión que le fueron concedidas al quejoso respecto de los actos reclamados. Sin que sea óbice a lo acordado en este auto que en diligencia de treinta de junio de la anualidad que transcurre Pablo Santiago Ortiz González, al ser requerido por el Actuario judicial haya manifestado que ratificaba la demanda promovida en su nombre, pues, con ello, no se puede convalidar un acto procesal que fue iniciado ilegítimamente por quien en términos de ley no se encontraba facultada para hacerlo; además, en el momento en el que dijo que estaba incomunicado, fue cuando el actuario informó que aun no se le asignaba el juez que se haría cargo de su asunto, circunstancia que posiblemente lo motivo a hacer la afirmación de incomunicación. Además, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Empero, en el caso, como ya se indicó, no se actualizó el supuesto previsto en el artículo 15, porque al iniciarse el juicio de amparo por una persona no reconocida en la ley no pudo surgir la relación jurídico-procesal, en virtud que a la presentación de la demanda no se encontraba satisfecho el presupuesto procesal de legitimación en el proceso, por parte de quien inició el juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa
- Principal
Agréguense los oficios de cuenta con sus anexos, recibidos vía correo electrónico institucional; visto su contenido, se provee lo siguiente: CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO La Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de San Andrés Calpan, Puebla y Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, remite la información requerida, por lo que cumple con lo ordenado en auto de veinticinco de julio de la presente anualidad. DESECHADA Este juzgado estima que la demanda fue promovida por una persona que no estaba legitimada para ello, lo que la hace notoriamente improcedente y, por ende, se desecha de plano. Se pasa a explicar. .. Acto continuo, se le hizo saber que tenía derecho a nombrar a su abogado y en caso de no hacerlo se le asignaría un defensor social a lo que manifestó en ese momento que nombraba como su abogado particular al Licenciado Ernesto Adán Carrasco Martínez, quien se encontraba en el interior de las instalaciones del Ministerio Publico, solicitando que le asistiera en su declaración ministerial; posteriormente, se tuvo al citado lego protestando el cargo conferido por el quejoso directo. Circunstancias que implican la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con los eventos y circunstancias que la autoridad responsable evidencia y corrobora con las documentales que anexa se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues Adán Ortiz González, con el fin de justificar su legitimación para promover en nombre de Pablo Santiago Ortiz González, manifestó, que éste se encontraba incomunicado. Es decir, el promovente invocó una situación que lo legitimaba para promover la demanda de amparo en nombre de otro, con el fin de ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo que es del texto que a continuación se cita: "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el referido artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, el promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Adán Ortiz González, estuviera en aptitud de promover en nombre de Pablo Santiago Ortiz González, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que las constancias que remitieron las autoridades antes citadas se advierte que el aquí directo quejoso no se encontraba incomunicado y, por ende, imposibilitado para promover la demanda de amparo en que se actúa. Lo anterior, ya que pese a que, Adán Ortiz González, bajo protesta de decir verdad, sostuvo que Pablo Santiago Ortiz González, se encontraba incomunicado; sin embargo, se puede advertir que éste no estuvo incomunicado; lo que implica que ha estado en aptitud o en posibilidad de ejercer sus derechos. Ante ello, resulta evidente que Adán Ortiz González, carecía de legitimación para promover la demanda de amparo en nombre de Pablo Santiago Ortiz González. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede desechar la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Por tanto, se dejan sin efectos las medidas provisionales de suspensión que le fueron concedidas al quejoso respecto de los actos reclamados. Sin que sea óbice a lo acordado en este auto que en diligencia de treinta de junio de la anualidad que transcurre Pablo Santiago Ortiz González, al ser requerido por el Actuario judicial haya manifestado que ratificaba la demanda promovida en su nombre, pues, con ello, no se puede convalidar un acto procesal que fue iniciado ilegítimamente por quien en términos de ley no se encontraba facultada para hacerlo; además, en el momento en el que dijo que estaba incomunicado, fue cuando el actuario informó que aun no se le asignaba el juez que se haría cargo de su asunto, circunstancia que posiblemente lo motivo a hacer la afirmación de incomunicación. Además, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Empero, en el caso, como ya se indicó, no se actualizó el supuesto previsto en el artículo 15, porque al iniciarse el juicio de amparo por una persona no reconocida en la ley no pudo surgir la relación jurídico-procesal, en virtud que a la presentación de la demanda no se encontraba satisfecho el presupuesto procesal de legitimación en el proceso, por parte de quien inició el juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Vistos los autos; mediante proveído de uno de julio del año en curso se le concedió un plazo de tres días a la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Regional de San Andrés Calpan, Puebla, Licenciada Ariana Pérez Vargas para que remitiera lo siguiente: La hora, fecha y motivos por los cuales tuvo detenido y bajo su disposición, al quejoso directo Pablo Santiago Ortiz González. El número de carpeta de investigación que fue integrada. La hora y fecha en que dejó de tenerlo a disposición, los motivos de ello; de ser así, la denominación de la autoridad a la que lo puso a disposición. Para lo cual, la autoridad ministerial requerida deberá remitir copias cotejadas de las constancias que apoyen ese informe (todo lo actuado en la carpeta de investigación), dentro de las cuales deberá incluir todas aquellas que estén relacionadas con la comunicación del quejoso con sus familiares, abogados, amistades o persona de su confianza, ya sea de manera telefónica o en forma presencial, las cuales deberán venir completas, debidamente ordenadas y legibles. Requerimiento que fue ordenado igualmente se notificara en la vía electrónica mediante acuerdo de siete de julio de la anualidad en curso a los correos y teléfono: 1.- unidaddeinvestigacioncalpan@gmail.com 2.- arys.pva1@gmail.com Con número de teléfono: 22 13 61 28 85. A la presente data, no obra esa información ni las documentales solicitadas, aun cuando ha transcurrido en exceso el plazo otorgado para que diera cumplimiento al requerimiento realizado por esta potestad federal. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase nuevamente a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Regional de San Andrés Calpan, Puebla, Licenciada Ariana Pérez Vargas, para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la fecha de notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo solicitado por esta potestad federal mediante acuerdo de uno julio del año en curso y remita la información solicitada y las constancias correspondientes; lo anterior, para que este Juzgado de Distrito esté en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda, subsistiendo los apercibimientos decretados en dicho auto. Además, que de no dar cumplimiento cabal a este mandato judicial en el tiempo y la forma precisados, estará incurriendo en grave desacato, que generará que el suscrito rector del procedimiento ordene dar vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción para que proceda en consecuencia; lo anterior, en el entendido que la ley de la materia fija los plazos en que se deben desahogar cada una de las etapas procesales dentro del juicio de amparo en que se actúa y la urgencia en el cumplimiento a la suspensión de plano decretada, lo contrario repercutiría en el retardo en la prosecución del presente procedimiento, violando con ello una cuestión de orden público en detrimento de la parte quejosa. En mérito de lo anterior, dese vista al Fiscal General del Estado de Puebla a fin de que en uso de sus facultades y como superior jerárquico de la citada autoridad responsable, proceda a requerirle para que de manera inmediata de cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional federal, habida cuenta que ya transcurrió en exceso el plazo concedido para que remita la información que le fue solicitada y con ello se encuentra retrasando la integración del presente sumario constitucional en detrimento de los derechos fundamentales de la parte quejosa. ENVÍO DE LAS COMUNICACIONES VÍA ELECTRÓNICA. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o por correo certificado, según corresponda.
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